El programa de Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales, ejecutado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha sido un fracaso previsible.
Una de las estadísticas más empleadas para evaluar el desempeño de un gobierno es la generación de empleos durante su administración. La lógica detrás de esta evaluación –que no necesariamente es la más adecuada– es que hay una correlación entre generación de empleos y bienestar económico. Por esta razón, los gobiernos tradicionalmente eligen políticas públicas que esperan que sean capaces de incrementar el número de empleos.
Pero hay dos tipos de empleo que una política pública es capaz de generar o propiciar: 1) empleos productivos y 2) empleos improductivos.
El programa de pavimentación del gobierno federal actual ha generado empleos del segundo tipo; es decir, empleos improductivos.
El empleo improductivo es aquel que genera una ilusión de mayor número de empleos en el corto plazo, pero que, al restar capacidad productiva de la economía, termina mermando la generación de empleo en el largo plazo.
El programa de pavimentación del gobierno federal depositaba en las comunidades la responsabilidad de construir la infraestructura carretera y vial requerida en la región con mano de obra local. La intención era dejar de asignarle la tarea a grandes constructoras para usar, en su lugar, a trabajadores de las propias comunidades. El resultado del programa, sin embargo, ha sido un déficit de infraestructura significativo en el que las obras, incluso, han presentado serias deficiencias. Además, el sector de la construcción se ha contraído en 0.5% pese al avance económico de otros sectores en el contexto de una recuperación económica menguante. En un reporte de Expansión se indicó lo siguiente:
«La auditoría 25/2019 realizada por el Órgano Interno de Control de la SCT, y citada por el diario Reforma, señaló 16 observaciones en el primer año en el que se implementó el programa. Se autorizaron 45 caminos en Oaxaca, de los cuáles se revisaron 22, que suman 141.9 kilómetros por un monto total de 563.6 millones de pesos.
Se determinó que el control de calidad en su edificación fue deficiente, ya que no presentaron pruebas de resistencias de concretos. Incluso, algunas obras quedaron inutilizables antes de su conclusión»[1].
¿Por qué era previsible este fracaso?
El trabajo es un medio, no un fin en sí mismo. El trabajo improductivo resulta cuando invertimos el sentido de esa afirmación. Cuando el gobierno implementa un programa cuyo propósito explícito es la generación de empleo y no la generación de bienes y servicios valiosos, el resultado recurrente es la multiplicación de tareas inútiles.
Obras públicas como las del presidente entorpecen la generación de empleos porque detraen recursos de actividades productivas. El dinero que López Obrador debió tomar de los contribuyentes para el ejercicio del programa significó la reducción correspondiente del dinero en los bolsillos de los contribuyentes para otros emprendimientos. Para el gobierno federal es más sencillo malgastar el dinero de los contribuyentes, pues por regla general es más fácil gastar despreocupadamente el dinero ajeno que el propio.
Más aún, pensemos en cómo el mal estado de las carreteras construidas por el programa significará un derroche posterior de recursos. Una mala obra pública se paga, como mínimo, dos veces. Primero, con los recursos que se sacrificaron para construirla; segundo, con los recursos que habrá que gastar para reconstruirla, corregirla y mejorarla. La reconstrucción y mejora requerirá emplear mano de obra nuevamente. Pero esa mano de obra podría haber estado mejor empleada en la satisfacción de otras necesidades y deseos de la comunidad. Como la comunidad tendrá menos bienes y servicios, no tendrá suficientes recursos para estimular otros sectores e industrias. A largo plazo, el mayor empleo requerido por el programa destruirá una mayor proporción de empleo en otras latitudes de la economía.
El fracaso del programa tiene que ver, también, con una de las características del gobierno federal más distintivas que ya he señalado: su desconfianza del sector privado. El gobierno federal asocia palabras como «privatización» y «concesiones» a la corrupción. Piensa que destinar recursos al sector privado o concederle la explotación de un recurso a cambio de una contraprestación es perjudicial, inmoral y corrupto. Ciertamente podrían señalarse malversaciones de recursos pasadas que involucraron asociaciones del sector público y privado. Pero la experiencia demuestra que el gobierno puede ejecutar mejor su tarea de proveer bienes públicos si la asigna a quienes son más eficientes en su provisión. El sector privado tiene conocimiento técnico, capital intelectual y una cadena de proveedores con la cual no cuentan las comunidades a las que el gobierno asigna recursos en el programa. Este conjunto de activos lo ponen en mejor posición para invertir en infraestructura carretera. El gobierno gastaría menos recursos del contribuyente; habría más recursos libres para la promoción de otros sectores económicos; carreteras de mejor calidad y un mayor porcentaje del PIB invertido en construcción.
¿Y si el programa, de hecho, facilita la corrupción? El programa es menos transparente de lo que sería un programa tradicional de concesión al sector privado. Con la pantalla exterior de que beneficia a las comunidades, es más probable que sirva a una malversación de fondos y el enriquecimiento de unos cuantos grupos de intereses.
De modo que el programa fracasa en dos frentes: en la generación de empleos y el combate a la corrupción. La sociedad civil debería demandar un replanteamiento de la política y menos recursos derrochados de su bolsillo.
[1] https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/03/01/derrumban-carreteras-autoconstruidas-impulsadas-amlo