La crisis política en Ecuador constituye el resultado de un prolongado proceso de debilitamiento institucional, polarización política y deterioro de las condiciones económicas y sociales que se agudizó durante los últimos años.
Desde el mandato de Lenin Moreno (2017-2021), el país enfrentó una creciente fragmentación política, una disminución de la confianza ciudadana en las instituciones y un aumento del descontento social provocado por las medidas de ajuste económico, la reducción del gasto público y las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Al asumir la presidencia en mayo de 2021, Guillermo Lasso heredó un escenario caracterizado por una Asamblea Nacional altamente fragmentada, sin una mayoría legislativa que respaldara su programa de gobierno, lo que generó constantes enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La falta de consensos políticos dificultó la aprobación de reformas económicas, tributarias y laborales consideradas prioritarias para la recuperación del país, mientras que las acusaciones de corrupción y la pérdida de credibilidad de las instituciones profundizaron la crisis de gobernabilidad. Paralelamente, Ecuador experimentó un notable incremento de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado, reflejado en enfrentamientos entre bandas criminales, motines en centros penitenciarios y un aumento histórico de los homicidios, convirtiendo la seguridad ciudadana en una de las principales preocupaciones nacionales.
A esta situación se sumó el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, afectados por el desempleo, el incremento del costo de los alimentos y combustibles, la pobreza y la desigualdad, factores que impulsaron las masivas protestas de junio de 2022 lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Durante dieciocho días, miles de manifestantes bloquearon carreteras y realizaron movilizaciones en distintas provincias para exigir la reducción del precio de los combustibles, el control del costo de la canasta básica, mayores inversiones en salud, educación y agricultura, así como políticas de protección para los sectores más vulnerables. Las protestas derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, ocasionando víctimas fatales, cientos de heridos y significativas pérdidas económicas, lo que evidenció la incapacidad del Estado para resolver el conflicto mediante el diálogo en sus primeras etapas. Aunque el gobierno alcanzó posteriormente acuerdos con las organizaciones indígenas, la inestabilidad política persistió debido a la continua confrontación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. En 2023, esta tensión alcanzó su punto máximo cuando el Legislativo inició un juicio político contra Guillermo Lasso por presunto peculado relacionado con contratos de la empresa pública FLOPEC. Frente a la posibilidad de ser destituido, el presidente invocó el mecanismo constitucional de la «muerte cruzada», previsto en el artículo 148 de la Constitución de 2008, disolviendo la Asamblea Nacional y convocando elecciones anticipadas. Esta decisión representó un hecho sin precedentes en la historia democrática del Ecuador y confirmó la profunda crisis institucional que atravesaba el país, marcada por la incapacidad de los poderes del Estado para construir acuerdos políticos estables, responder a las demandas sociales y enfrentar el avance del crimen organizado.
En este contexto de incertidumbre política, debilitamiento institucional e inseguridad creciente se desarrolló la campaña para las elecciones extraordinarias de 2023, escenario en el que ocurrió el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, un acontecimiento que evidenció la gravedad de la crisis y el impacto de la violencia criminal sobre la democracia ecuatoriana.
El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en las elecciones extraordinarias de 2023, marcó un punto de inflexión en la crisis política y de seguridad del Ecuador. El atentado ocurrió el 9 de agosto de 2023, cuando Villavicencio fue atacado con arma de fuego al salir de un acto de campaña en Quito, hecho que generó conmoción nacional e internacional y evidenció la creciente influencia del crimen organizado sobre la vida política del país. Su muerte se produjo en un contexto caracterizado por el aumento de los homicidios, las extorsiones, los secuestros, los enfrentamientos entre bandas criminales y las masacres carcelarias, fenómenos asociados a la expansión del narcotráfico y a la disputa por el control de rutas estratégicas para el tráfico de drogas.
Esta ola de violencia puso de manifiesto las limitaciones del Estado para garantizar la seguridad ciudadana y proteger a los actores políticos durante el proceso electoral. Como respuesta, el gobierno decretó el estado de excepción y reforzó la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para asegurar el desarrollo de las elecciones. El asesinato de Villavicencio no solo alteró el curso de la campaña presidencial, sino que también fortaleció el debate sobre la necesidad de implementar políticas integrales para combatir el crimen organizado, fortalecer las instituciones de seguridad y recuperar la confianza ciudadana en el sistema democrático ecuatoriano.
En la actualidad, Ecuador enfrenta una compleja crisis multidimensional que afecta la estabilidad política, económica y social del país. El principal desafío es la inseguridad, impulsada por el fortalecimiento del crimen organizado, el narcotráfico y las disputas entre bandas delictivas por el control de rutas estratégicas para el tráfico de drogas. Esta situación ha provocado un aumento de los homicidios, las extorsiones, los secuestros, los atentados y otros delitos que han generado temor e incertidumbre entre la población.
Paralelamente, el país enfrenta problemas estructurales como el desempleo y el subempleo, que limitan las oportunidades económicas y afectan especialmente a los jóvenes. A ello se suman la corrupción, la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas y la persistente polarización política, factores que dificultan la implementación de políticas públicas eficaces y la consolidación de la gobernabilidad democrática. En el ámbito social, persisten deficiencias en los sistemas de salud y educación, así como desigualdades territoriales y económicas que afectan el acceso a servicios básicos y reducen la calidad de vida de la población. Aunque el gobierno ha implementado estrategias para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad mediante la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los resultados continúan siendo objeto de debate debido a la persistencia de la violencia y a los desafíos que representan las organizaciones criminales.
En conjunto, estos problemas reflejan la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado, promover el desarrollo económico, generar empleo y aplicar políticas integrales que permitan reducir la violencia, combatir la corrupción y recuperar la confianza de la ciudadanía en la democracia.
Desde una perspectiva libertaria, la crisis política en Ecuador refleja las consecuencias de un Estado incapaz de garantizar sus funciones esenciales: proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. La constante confrontación entre los poderes públicos, la inestabilidad institucional, la corrupción y el crecimiento del crimen organizado evidencian las limitaciones de un sistema político que ha priorizado los conflictos de poder sobre la protección de los derechos fundamentales. Asimismo, el asesinato de Fernando Villavicencio y el incremento de la violencia muestran la pérdida del monopolio efectivo de la seguridad por parte del Estado, permitiendo que organizaciones criminales influyan en la vida política y social del país.
Desde esta visión, la solución a la crisis requiere fortalecer el Estado de derecho, garantizar una justicia independiente, proteger las libertades individuales, combatir la corrupción con instituciones transparentes y promover una economía basada en la libre empresa y el respeto a la propiedad privada. Un Estado limitado, pero eficiente en el cumplimiento de sus funciones esenciales, contribuiría a generar estabilidad, seguridad y confianza para el desarrollo económico y democrático del Ecuador.
Dorieth Alfaggeethd Aponte Piñeros: Activista político defensor de la democracia y la libertad; conduce el Space semanal en X de la Alianza Libertaria de Iberoamérica.
X: @Doriethaponte