Los últimos datos del Ministerio de Justicia (italiano) destacan que, en comparación con una capacidad reglamentaria global, en las 189 instituciones penitenciarias italianas, de 51.347 plazas , calculadas sobre la base del criterio de 9 metros cuadrados por recluso individual + 5 metros cuadrados para los demás, el número de presos asciende a 60.637, de los cuales 2.615 son mujeres y 18.985 extranjeros. De ellos, 9.348 se encuentran a la espera de sentencia en primera instancia, 6.346 no han sido sentenciados definitivamente y 44.555 han recibido sentencia firme. A ellos hay que sumar los 319 internados en casas de trabajo, colonias agrícolas, etc. y los 69 en situación transitoria. Según Antigone, la asociación “por los derechos y garantías en el sistema penitenciario”, la fotografía del sistema penitenciario muestra en realidad prisiones en ruinas, hacinamiento y condiciones de vida degradadas para los reclusos y el personal, y se encuentra ya el 31 de diciembre de 2023. , un crecimiento extremadamente rápido del hacinamiento carcelario con una tasa oficial de hacinamiento del 117,2 por ciento.
“También es motivo de preocupación el estado ruinoso de muchas instituciones – especifica la asociación. El 31,4 por ciento de las cárceles visitadas fueron construidas antes de 1950 . La mayoría de ellos incluso antes de 1900 . En el 10,5 por ciento de los establecimientos visitados no todas las celdas tenían calefacción. En el 60,5 por ciento había celdas donde no se garantizaba agua caliente durante todo el día y en cualquier época del año. En el 53,9 por ciento de las instituciones visitadas había celdas sin duchas . En el 34,2 por ciento de los institutos visitados no existen espacios para el trámite. En el 25 por ciento no hay gimnasio o no está funcionando. En el 22,4 por ciento no hay campo deportivo , o no está funcionando.” Una situación verdaderamente preocupante, que llega a ser incluso alarmante por el elevado número de suicidios dentro de los muros de los centros penitenciarios : sólo en 2024, hasta el momento, 49 reclusos y 5 agentes se han quitado la vida .
Se han presentado numerosas propuestas para intentar resolver este grave problema, como la reactivación de las penas sustitutivas de las penas de prisión no superiores a cuatro años , la introducción de una libertad anticipada especial, incluso retroactiva, la adopción de una disposición de clemencia colectiva y, más precisamente, de un indulto condicional , junto con la construcción de nuevos institutos. Por último, la iniciativa del Ministro de Justicia Carlo Nordio con el decreto “prisiones vacías” , una “intervención amplia y estructural que aborda orgánicamente otro sector del sistema de ejecución penal”, que debería aliviar la presión sobre las prisiones italianas, con medidas como transferir a ciertos prisioneros, como aquellos con una sentencia restante baja , drogadictos y aquellos condenados por delitos específicos, a comunidades, para simplificar la liberación anticipada y otros momentos destinados a aumentar el contacto de los prisioneros con el mundo exterior. Si bien estas propuestas tienen el mérito de mantener viva la atención sobre la situación denunciada y exigir medidas decisivas, no consideran, sin embargo, que el desafío más difícil que debe enfrentar el sistema de justicia penal es el hacinamiento carcelario . Los métodos típicos han demostrado ser costosos e ineficaces y han llevado a una asignación subóptima de recursos ya escasos que afectan a todos los elementos de la justicia proporcionada por el Estado: policía , tribunales y prisiones .
Por lo tanto, es necesario un nuevo enfoque, que siga algunas orientaciones diferentes, que también surgieron en el debate iniciado a mediados de los años 1970 , que identifican en la iniciativa privada la posibilidad de obtener modelos penitenciarios capaces de proporcionar las mejores condiciones para los más bajos. costo posible. Se podría así seguir el camino de la privatización de las prisiones , que no debe entenderse, sin embargo, como suele ocurrir, como sinónimo de subcontratación a favor de una empresa privada que produce bienes o servicios que antes eran producidos exclusivamente por el sector público, al que estaría vinculado por una concesión administrativa . Desde esta perspectiva, la subcontratación parece, como mucho, sólo “una privatización parcial o incompleta”, porque el proceso de toma de decisiones todavía permanece en la arena política, bajo la influencia de intereses políticos particulares y no de ciudadanos privados que actúan empresarialmente como compradores individuales. . La privatización debe considerarse más bien como la transferencia del Estado a particulares de la propiedad, el funcionamiento y la responsabilidad de las prisiones, lo que implica la gestión, a veces la construcción y, cuando sea necesario, incluso la financiación de instalaciones penitenciarias enteras por empresas penitenciarias privadas de jure.
En cambio, estarían vinculados contractualmente con las administraciones estatales, tendrían que cumplir estándares de calidad claramente definidos y podrían implementar programas eficaces, proporcionar servicios adecuados y emplear personal calificado. Estas empresas operarían en el mercado y, estimuladas por la competencia, podrían construir edificios con estructuras adecuadas, emplear personal calificado y así crear las mejores condiciones para producir servicios de mayor calidad a menores costos que los que actualmente brinda el Estado. Ni siquiera dependerían de la financiación estatal , lo que significa que los contribuyentes no se verían obligados a pagar impuestos por los servicios de una organización privada. Los medios de financiación, de hecho, procederían del producto de las actividades, que muchas empresas aprovecharían para realizar en los centros penitenciarios utilizando la mano de obra presente allí, con los internos que elegirían libremente trabajar y que podrían Incluso se permitirá una mayor elección de institución penitenciaria .
A diferencia de lo que ocurre hoy, los salarios de los trabajadores corresponderían a los de los no presos con calificaciones similares, mientras que el principio económico según el cual en un mercado sin obstáculos, cualquier empresa que ofrezca salarios inferiores a los del mercado sería desbancada por las empresas competidoras. La actividad dentro de las prisiones sería ciertamente más productiva ya que las comunidades penitenciarias serían seguras y pacíficas , situadas en un contexto empresarial, que sería juzgado por el mercado. A su vez, los presos trabajarían sin limitaciones de tiempo ni interrupciones por los desplazamientos de ida y vuelta de casa al trabajo, alentados por las favorables condiciones laborales y la calidad que se les garantizaría, además con un trato económico y de seguridad social. Incluso tendrían la oportunidad de mejorar su bagaje cultural y profesional a través de la educación y la formación y, en consecuencia, de obtener mejoras salariales, facilitadas por los empleadores o la empresa penitenciaria porque aumentarían sus beneficios.
Una vez cumplida la pena, se facilitaría su posterior reintegración a la sociedad y al mundo laboral. Al respecto, Alexis de Tocqueville escribió : “El interés de los presos exige que nunca estén inactivos, el de la sociedad quiere que trabajen del modo más útil. El trabajo no es rentable sólo porque sea contrario a la ociosidad; queremos también que el recluso aprenda trabajando una profesión cuyo ejercicio le permitirá vivir cuando salga de prisión”. En el entorno penitenciario, un modelo así planteado también sería útil para prevenir todas las formas de violencia y los peligros de fuga , y para reducir drásticamente la peligrosidad de los condenados y reincidentes, especialmente de los delitos graves. Evidentemente, a los presos se les garantizarían los tratamientos de salud necesarios , pero no se les permitiría consumir drogas , lo que acabaría reduciendo la productividad laboral y la rentabilidad de las empresas. Ellos, y no los contribuyentes, también serían responsables de los costos de prisión, así como de la compensación a las víctimas del delito .
En conclusión, el programa puede parecer audaz, pero eso no significa que sea inalcanzable. Es cierto que expulsaría a la política y la burocracia del sistema penitenciario, conduciendo así a la abolición del monopolio estatal coercitivo . Sin embargo, sometiendo todas las iniciativas y funciones al mercado competitivo se resolverían muchos problemas de las instituciones penitenciarias, en primer lugar el de la superpoblación, y se producirían importantes repercusiones beneficiosas para las personas y para toda la sociedad. ¿Por qué no intentarlo?
Agradecemos al autor su permiso para publicar su artículo, publicado originalmente en L’Opinione delle Libertà: https://t.co/3IPZPwiH6p
Sandro Scoppa: abogado, presidente de la Fundación Vincenzo Scoppa, director editorial de Liber@mente, presidente de la Confederación Catanzaro y Calabria.
Twitter: @sandroscoppa