Introducción:

Aunque los subsidios se justifican con el pretexto de promover una producción valiosa y reducir los desequilibrios productivos, la realidad cuenta una historia diferente, como el uso irracional y malversado de los recursos. Particularmente, en lo que respecta a los subsidios a los productores de maíz, estos han sido revisados por la Auditoria Superior de la Federación, revelando una vez más, temas de corrupción y nunca el fin en sí mismo, que es la mejora de las condiciones de los productores.

Es bien sabido que muchos funcionarios gubernamentales reciben grandes subsidios agrícolas para la producción de alimentos. Este sesgo a favor de los grandes y medianos productores está presente en casi todos los programas de apoyo agrícola en México.

Por otro lado, es bien sabido que el sistema de cluster que utilizan estas empresas hace que, aunque las subvenciones no las obtengan por cuenta propia, otras pymes sí las obtienen y también forman parte de la misma cadena de producción de grandes empresas, corporaciones y políticos.

Cabe señalar que, estos programas pretenden combatir la pobreza desde un burdo asistencialismo y no generando mejores ingresos a partir del estímulo de actividades productivas.

Otro problema con los esquemas de subsidios al campo, es que fomentan la corrupción y la malversación de fondos públicos, aparentemente para apoyar a los agricultores que sufren pérdidas de cosechas, por ejemplo, debido a la falta de transparencia en las listas de beneficiarios publicadas oficialmente de los principales programas de esta administración

En este trabajo, nos daremos a la tarea de evidenciar las políticas improvisadas que han lastimado al sector productor de maíz y nuestra propuesta de solución, en función de alcanzar economías de escala sin pena de perjudicar a los contribuyentes. 

Precios de garantía y arancel a las exportaciones

Los productores mexicanos se enfrentan a un serio problema de producción de Maíz, sobre todo en el norte del país por falta de lluvias. De acuerdo con Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM), la producción de Maíz entre 2012 y 2023, creció un 20.31%, mientras que la demanda por este grano, se disparó a un 41.29%, lo que ha provocado que las importaciones llegaran a un 81% para compensar este déficit.

Para 2023, las previsiones del gobierno sobre producción de Maíz, alcanzan los 27.9 millones de toneladas; sin embargo, debido al rezago tecnológico en los procesos de siembra y las malas condiciones climáticas, como la escasez de lluvias, se estima una cosecha de 20 millones, lo que representa un déficit de 8 millones al cierre del año.

Bajo este contexto de alta demanda y baja producción, los precios del maíz podrían sufrir un encarecimiento, lo que afecta no sólo a productos de la canasta básica como la tortilla, sino a los forrajes para vacas, cerdos y gallinas, por lo que el traslado de precios podría impactar a la carne, leche y huevo.

En ese sentido, diversos productores de maíz en el país, han pedido que el gobierno federal imponga coberturas de precios, o también llamados precios de garantía, de 7,000 pesos por tonelada de maíz, impulsado por la caída de los precios en la Bolsa de Chicago. Es decir, se enfrentan a una doble disyuntiva: por un lado, hay una caída histórica de la producción, pero este no se ve reflejado en un alto precio porque depende de un mercado exterior. Las implicaciones de este fenómeno de precios, podría extenderse a la producción de granos como frijol y sorgo. Lo precios de garantía, sólo elevarían artificialmente sus precios y ganancias, pero en algún momento, ese beneficio transitorio terminará por provocarles pérdidas cuando el mercado perciba que no es justo pagar un precio tan alto cuando lo pueden adquirir a un menor precio en el mercado, incluso, negro o de contrabando.

Por su parte, el gobierno federal implementó una política que desincentiva las exportaciones de maíz, imponiendo un arancel del 50% para aumentar los granos disponibles de maíz en el país y la eliminación de aranceles impuestos sobre su importación. No obstante, esto contribuyó al que el precio del maíz no refleje su escasez en México, impidiendo a los productores venderlo a un precio más elevado al exterior, lo que podría ayudarlos a cubrir, de primera instancia, sus costos de producción, sin hablar todavía de una rentabilidad.

Que el producto se mantenga en territorio nacional no garantiza la regulación del costo, ya que se corre el riesgo de que las harineras y comercializadoras del país acaparen el producto y controlen el precio del insumo.

Por otra parte, los productores han manifestado que, el gobierno federal, ha eliminado programas que fomentan la productividad de los agricultores, sustituyéndolos por subsidios sociales como el programa «Producción para el Bienestar» o el programa “Sembrando Vida”, lo cual no generan mayor producción y que responden a apoyos asistencialistas.

Bajo esos criterios, una de las maneras en que los productores pueden hacer frente a la crisis de producción, es mediante la comprar de bienes de capital para aumentar la productividad, reducir sus costos totales y obtener un mayor margen de ganancia (también llamadas economías de escala).

Propuesta de riesgo crediticio compartido

El «Riesgo Compartido» es una herramienta de desarrollo que permite canalizar recursos públicos, privados o mixtos para reducir las brechas financieras de los inversionistas y sus limitaciones iniciales, obteniendo el capital de riesgo o crédito necesario para la puesta en marcha y la operación exitosa de su proyecto.

El riesgo compartido es una ventaja útil porque aprovecha el esfuerzo general para promover la producción de alimentos y puede reducir la regresividad de la distribución de incentivos porque puede aplicarse desde la base hasta la cima de la pirámide de producción. Es una forma particularmente útil de transformar a los pequeños y medianos productores en sujetos de crédito e incluirlos en el grupo objetivo de la mayoría de los planes de capitalización y aumentar su competitividad.

Es un medio para garantizar la eficiencia, la justicia y la sostenibilidad proporcionando a los agricultores para el acceso a conocimientos técnicos e insumos. Por lo tanto, este programa evita los límites bajo los cuales los subsidios pueden volverse socialmente y financieramente insostenibles.

Prácticamente, las instituciones financieras otorgan mejores condiciones de crédito a sectores muy volátiles como el sector agrícola, bajo la garantía de que la banca de desarrollo, en caso de impago por parte de los productores, esta pueda hacerse cargo del pasivo con el banco. 

Según un estudio de realizado por la CEPAL[1]   el estímulo financiero por medio del riesgo compartido, es un objetivo muy importante para promover el desarrollo productivo y territorial y el empleo. Las mejores experiencias internacionales muestran a los productores fuertemente integradas en redes productivas y tecnológicas, que les permiten mejorar su productividad y reducir sus brechas tecnológicas respecto a las firmas más grandes bajo este esquema.

De allí que resulte necesario orientar los procesos financieros hacia sectores, redes productivas y tecnologías que potencien estos objetivos y sean articulados de manera complementaria con los servicios que ofrece la banca comercial.

Asimismo, este objetivo se vincula con los desafíos estadísticos y de la evaluación de la efectividad de las políticas.

El siguiente diagrama explica a sucinta, cómo opera la banca de desarrollo en función de mejorar los procesos productivos:

[1] Banca de desarrollo e inclusión financiera de las pequeñas y medianas empresas. (s. f.). repositorio.cepal. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/f7c1de3f-8f45-4978-8911-f96d2af555fe/content

Una vez, exhibido los anteriores puntos, en resumen, el gobierno debe realizar las siguientes acciones:

Que el gobierno federal, en conjunto con la banca de segundo piso o banca de desarrollo, creen un programa de riesgo crediticio compartido, en donde la banca de primer piso, otorgue créditos simples preferenciales para la compra de bienes de capital, refaccionarios o industriales por parte de los productores de maíz, y que, a su vez, la banca de segundo piso, inicie acciones de capacitación para una inclusión más ágil de los productores con la banca comercial, así como la capacitación constante para su pronta inclusión financiera.

De esta manera, ayuda a aumentar el suministro de crédito a productores que, difícilmente, serían atendidos por la banca tradicional. Asimismo, contarían con equipo necesario para la producción, para la compra de maquinaria, innovación, a la tecnología y a la tecnificación.