El sociólogo y politólogo estadounidense Charles Tilly acuñó una de las ideas más incómodas, pero veraces, de la ciencia política. Según él, los Estados modernos se parecen, en su formación, al crimen organizado. No porque todos los gobernantes sean delincuentes, sino porque el mecanismo es muy reconocible. El Estado reclama para sí el monopolio de la fuerza, te cobra por ejercerlo y, a cambio, te ofrece protección frente a amenazas que, en ocasiones, él mismo ha contribuido a crear. Quien concentra la fuerza termina también vendiendo protección frente a ella. Lo único que cambia es la legitimidad del proceso.
El matón de la mafia cobra por protegerte de un peligro que, muchas veces, él mismo ha creado. El Estado cobra impuestos y promete protegernos de los peligros que no podemos afrontar solos, como la inseguridad, la enfermedad, la pobreza, la violencia o el abandono. La diferencia entre una cosa y la otra debería ser inmensa porque el Estado tiene leyes, límites, jueces, parlamento, elecciones y una obligación moral que ninguna banda criminal posee. Pero nada impide que unos gobernantes se hagan con el control de las instituciones del Estado y esa diferencia comience a desvanecerse.
Una banda de crimen organizado, al menos, no le exige a usted que alabe su superioridad moral. No le pide que la considere feminista, progresista y ecologista mientras le vacía el bolsillo. No convierte su extorsión en un festival de eslóganes. Cobra y no te parte las piernas. Punto. Que una banda criminal tiene más honor que el PSOE de Pedro Sánchez lo hemos visto claramente con el clan de los Rochos en Badajoz.
Por eso lo que estamos viviendo es tan nauseabundamente obsceno. El ciudadano entrega una parte cada vez mayor de su renta a un Estado que se vende como protector universal. Paga impuestos, tasas, cotizaciones, peajes regulatorios y una infinita burocracia. A cambio, recibe un poder político que se considera con derecho a intervenir en cada rincón de su vida, que recauda más que nunca, pero que se gasta el dinero de todos en cualquier cosa, menos en lo que los españoles necesitamos.
No deberíamos tener que utilizar un tren como metáfora. Que funcione debería formar parte de las certezas elementales de un estado moderno. Usted compra un billete, se sube a una infraestructura pública y llega a su destino en tiempo y forma. Es lo normal. Pero aquí ya ni siquiera hablamos de llegar tarde. Hablamos de no llegar vivo. Entonces recuerdas que tu país lo dirige el marido de la contable de la sauna, Adán, y, de repente, todo empieza a cobrar sentido.
Bertrand de Jouvenel, otro politólogo, nos explicó que el poder moderno crece merced a dispersar su cabeza visible. Ya no hay un rey al que exigir cuentas. Hay ministerios, empresas públicas, consejeros, reguladores, direcciones generales, gabinetes, comités, protocolos… Todos gestionan algo. Todos son imprescindibles. Pero si algo sucede, nadie responde. Nunca. El poder se vuelve inmenso precisamente porque se vuelve borroso, difuso.
Eso es lo que el Gobierno que detenta el poder en España ha perfeccionado con despreciable maestría. Un Estado enorme, caro y moralmente insolvente. Un Gobierno que reclama obediencia absoluta, pero que considera ilegítimo que se le exijan explicaciones. Un Gobierno que hace listas de periodistas y los clasifica por su grado de afinidad al poder. Un Gobierno que quiere eliminar a jueces molestos. Un Gobierno de presuntas orgías en Paradores y de sobrinas en ADIF. Un Gobierno que confunde el servicio público con una red de lealtades, enchufados, amigos, putas y consignas. Un Gobierno indecente repleto de canallas sinvergüenzas.
Y esto tiene consecuencias mucho más graves de lo que parece. Foa y Mounk (hoy van de politólogos) advirtieron hace ya un tiempo de la creciente desconexión entre los ciudadanos y la democracia liberal. Su hallazgo era particularmente inquietante entre los jóvenes porque una parte cada vez mayor había dejado de considerar la democracia como un valor en sí misma, mostrándose más abierta a soluciones autoritarias. El fin nunca justifica los medios, pero nuestros jóvenes comienzan a creer que sí. Y lo creen porque la democracia pierde su razón de ser cuando quienes la gobiernan la convierten en una máquina de extracción, propaganda e impunidad.
Alguien que paga impuestos y no puede acceder a una vivienda, que ve deteriorarse los servicios públicos y comprueba que nadie asume responsabilidades cuando el Estado fracasa, no necesita leer a Carl Schmitt para perder la fe en el sistema. Le basta con mirar alrededor. Con descubrir que paga cada vez más, recibe cada vez menos y que, cuando algo sale mal, el poder siempre encuentra alguien a quien culpar. A pocos se les escapa, ya que vivimos en un régimen predatorio.
Podréis fabricar todas las Maricármenes que queráis porque vuestra parroquia seguirá comprando el relato. Pero sabed que cada abuso, cada mentira y cada responsabilidad que nadie asume va dejando detrás algo mucho más profundo. Millones de ciudadanos que ya no desconfían solo de vosotros, sino del sistema entero. Vuestro daño va a durar mucho más que vosotros. Morirá el perro, pero no se acabará la rabia.
Publicado originalmente por The Objective: https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2026-11-02/muerto-el-perro-articulo-manuel-fernandez-ordonez/
Manuel Fernández Ordóñez.- Doctor en Física Nuclear y Máster en Marketing Digital. Profesor en la Universidad Francisco Marroquín, escritor, divulgador, columnista y conferenciante TEDx. Su último libro es: ‘Nucleares Sí, Por Favor‘ (Ed. Deusto).
X: @fdezordonez