Los gobiernos son malos escogiendo ganadores y aún peores señalando perdedores. Las políticas de cero emisiones netas y el intervencionismo de corte keynesiano aplicados en Canadá y el Reino Unido han demostrado que la intervención estatal puede producir resultados mucho peores de lo previsto. El resultado ha sido un aumento de los costes, incentivos distorsionados y un debilitamiento del crecimiento de la productividad, además de una mayor dependencia de los combustibles fósiles para cubrir los picos de demanda, exactamente como habían anticipado los economistas de la escuela austriaca.
Lo que se vendió como una fórmula de prosperidad y «crecimiento verde» ha terminado erosionando la asequibilidad, sin lograr una expansión más sólida ni sostenible.
No resulta sorprendente que dos de los grandes ejemplos mundiales de intervencionismo verde, el Reino Unido y Canadá, se hayan convertido en casos de fracaso económico. Durante años se argumentó que estas políticas necesitaban tiempo para demostrar sus beneficios. Hoy ya no es discutible que el estancamiento y la recesión en ambos países son, en buena medida, autoinfligidos.
El cero neto en Canadá y el Reino Unido no es una política aislada, sino todo un régimen de objetivos, regulaciones, límites, subvenciones y nuevas exigencias burocráticas.
El plan federal canadiense para alcanzar las emisiones netas cero en 2050 combina subidas de los impuestos al carbono, regulaciones prescriptivas, mandatos tecnológicos y esquemas de inversión pública destinados a desviar capital de los combustibles fósiles hacia proyectos «verdes» seleccionados políticamente.
En el Reino Unido, el «Net Zero Growth Plan» del Gobierno también se apoya en límites regulatorios, compromisos de gasto y políticas industriales orientadas a abandonar progresivamente la energía convencional y remodelar sectores enteros mediante planificación desde arriba.
Este es un ejemplo clásico de intervencionismo. El Estado intenta sustituir las señales de precios del mercado y el juicio empresarial por una estructura energética e industrial políticamente preferida. Y termina logrando lo contrario de lo que promete. En lugar de apoyarse en el conocimiento descentralizado, la competencia, la tecnología y la destrucción creativa —dispersos entre millones de consumidores y empresas—, los regímenes de cero neto parten de la premisa de que políticos y reguladores saben exactamente qué tecnologías deben imponerse, cuál debe ser la combinación energética «correcta» y a qué velocidad debe producirse la transición.
En un mercado abierto, los precios y los beneficios coordinan la producción a lo largo del tiempo, y los empresarios interpretan los precios como señales sobre escaseces reales y preferencias de los consumidores. Sin embargo, las políticas de cero neto manipulan deliberadamente esas señales. Los impuestos al carbono, las subvenciones y los mandatos regulatorios alteran los precios relativos no porque hayan cambiado las preferencias o las escaseces subyacentes, sino porque los responsables políticos han decidido penalizar ciertas actividades y subvencionar otras.
Todo ello se justifica mediante una premisa ideológica y poco fiable sobre los costes de las externalidades. Los gobiernos se presentan como si supieran calcular con precisión esos supuestos costes externos e intentan imponer una señal de precios determinada por criterios ideológicos. El resultado son enormes distorsiones que, en última instancia, terminan beneficiando precisamente a las industrias «viejas» y supuestamente «perdedoras».
Los gobiernos no parecen preocuparse por el fracaso de estas políticas. Los burócratas suelen concluir que el intervencionismo no ha funcionado porque no hubo suficiente intervencionismo. Por ello imponen nuevas cargas y regulaciones, al tiempo que se presentan como la solución a los problemas de inflación y estancamiento que ellos mismos han contribuido a generar.
En Canadá y el Reino Unido, esto ha empujado grandes cantidades de capital hacia proyectos no rentables, que sólo pueden sobrevivir gracias al apoyo político y no por una demanda real del mercado. Las «estrategias industriales verdes» desplazan inversión de otros sectores, especialmente de la energía tradicional y la industria manufacturera, incluso cuando esos sectores siguen ofreciendo mayor valor a menor coste para los consumidores.
La teoría austriaca predice que el crédito politizado y las subvenciones generan mala inversión: proyectos que parecen viables bajo tipos de interés y precios distorsionados, pero que no logran cubrir sus costes cuando se retira el apoyo público o cuando la carga fiscal se vuelve insostenible.
El crecimiento de la productividad a largo plazo en Canadá ha caído desde tasas anuales superiores al 3 % en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta menos del 1 % desde el año 2000, pese a sucesivas oleadas de activismo político y retórica «proproductividad». La inversión empresarial crónicamente débil y el escaso progreso tecnológico aparecen como factores clave de este deterioro, lo que sugiere que la combinación de políticas aplicada no ha creado un entorno propicio para una innovación genuina, de abajo arriba. Cuanto más dependen las decisiones de inversión del favor regulatorio y del acceso a subvenciones, menos dependen de la evaluación empresarial de las preferencias de los consumidores y de la rentabilidad a largo plazo.
El cero neto también ha perjudicado la asequibilidad exactamente del modo que cabría esperar desde la perspectiva austriaca cuando los gobiernos interfieren en los precios relativos. La fijación de precios del carbono, los mandatos de energías renovables y las restricciones a los proyectos de combustibles fósiles aumentan directamente los costes energéticos al encarecer o restringir fuentes de energía fiables. Estos mayores costes de los insumos se trasladan después al transporte, los alimentos, la vivienda y los bienes manufacturados, erosionando los salarios reales y el nivel de vida.
Tanto en Canadá como en el Reino Unido, la asequibilidad se ha convertido en un asunto político central. Los hogares afrontan facturas más altas de electricidad y gas, costes crecientes de combustible y mayores gastos de vivienda, mientras los gobiernos insisten en que la transición es «procrecimiento» y «proempleo». Desde la óptica austriaca, esta contradicción no sorprende: cuando el Estado eleva deliberadamente el coste de las fuentes energéticas dominantes y limita la inversión en tecnologías eficientes elegidas por el mercado, el resultado inevitable son precios más altos y una menor renta real para los consumidores, especialmente para los hogares de ingresos bajos y medios.
El C.D. Howe Institute ha calculado los costes que implican justificar proyectos públicos de «estímulo» en función de sus beneficios. Según sus estimaciones, un estímulo típico en servicios públicos en Canadá necesita generar al menos 73 céntimos de beneficio por cada dólar gastado, mientras que muchos proyectos de infraestructura deben mejorar la productividad en al menos 61 céntimos por dólar sólo para ser socialmente aceptables. Esto ilustra la dificultad que tienen los programas fiscales discrecionales para producir ganancias netas reales de productividad, especialmente cuando se diseñan en torno a objetivos políticos como el cero neto y no en torno a la demanda de los consumidores.
Dinero barato, presupuestos expansivos y crecimiento débil
La política energética es sólo una parte del problema. Canadá y el Reino Unido también han aplicado en los últimos años políticas fiscales y monetarias muy expansivas, justificadas bajo el lenguaje de la estabilización keynesiana y el “estímulo”. Los bancos centrales recortaron los tipos de interés y ampliaron sus balances, mientras los gobiernos incurrieron en grandes déficits para financiar programas de transferencias, paquetes de inversión pública y subvenciones selectivas.
Estas políticas generan un auge artificial al empujar los tipos de interés por debajo de su nivel de mercado, fomentando endeudamiento e inversión que no están respaldados por ahorro genuino. Cuando esto se combina con políticas climáticas e industriales intervencionistas, el resultado es una doble distorsión: no sólo se abarata artificialmente el coste del capital por la actuación de los bancos centrales, sino que además su asignación queda sesgada por objetivos políticos y criterios burocráticos.
La persistente debilidad del crecimiento de la productividad en ambos países refleja ese resultado. Pese a las oleadas de estímulo e intervención, ni Canadá ni el Reino Unido han vuelto a las tasas de crecimiento tendencial de décadas anteriores. La investigación sobre las causas del estancamiento de la productividad en las economías avanzadas señala como grandes problemas la escasa inversión empresarial, el mal uso de los recursos y la incertidumbre regulatoria, exactamente aquello sobre lo que advierte la teoría austriaca cuando los gobiernos intentan controlar la demanda y gestionar sectores enteros.
Al mismo tiempo, la política monetaria y fiscal laxa ha alimentado la inflación de activos y los auges inmobiliarios, agravando los problemas de asequibilidad sin conseguir que los salarios reales crezcan al ritmo del coste de la vida. Para los economistas austriacos, este patrón es previsible: la expansión del crédito infla los precios de los activos y fomenta el apalancamiento, mientras el gasto deficitario desvía recursos de la actividad privada productiva hacia usos políticamente seleccionados, sin resolver los obstáculos estructurales que frenan la innovación y el emprendimiento.
La “dinámica del intervencionismo” descrita por economistas austriacos como Frank Shostak y Huerta de Soto resume lo que está ocurriendo ahora en Canadá y el Reino Unido. Las intervenciones iniciales —precios del carbono, subvenciones y dinero ultrabarato— generan efectos secundarios como mayores costes energéticos, mala asignación del capital y presiones inflacionistas. En lugar de revertir esas políticas, los gobiernos responden con nuevas intervenciones: topes de precios, impuestos extraordinarios, controles de alquileres, transferencias selectivas y nuevos paquetes de estímulo.
Más niveles de intervención añaden complejidad, incertidumbre y presión de los grupos de interés. Esto absorbe talento y capital que podrían destinarse a actividades productivas y los redirige hacia el arbitraje regulatorio y la búsqueda de rentas. Al final, el sector privado deja de centrarse en servir al consumidor y pasa a dedicar más esfuerzos a navegar el laberinto normativo, competir por subvenciones y adaptar sus modelos de negocio al riesgo político, no a las señales del mercado.
Este proceso tiende a empujar a las economías mixtas hacia más intervención y más impuestos, porque las distorsiones y contradicciones acumuladas se vuelven insostenibles. El aumento de la deuda pública, el estancamiento crónico de la productividad y el creciente malestar por el coste de la vida son señales de que la actual combinación de políticas en Canadá y el Reino Unido se acerca a un punto de ruptura.
La escuela austriaca
Un enfoque austriaco de los problemas de crecimiento, productividad y asequibilidad en Canadá y el Reino Unido partiría del principio contrario: reducir radicalmente el papel del Estado en la asignación del crédito, la planificación industrial y las decisiones energéticas. El objetivo sería restaurar un verdadero proceso de formación de precios en los tipos de interés, los mercados energéticos y la asignación de capital, en lugar de utilizar los bancos centrales y la política fiscal para diseñar la demanda y sostener sectores favorecidos políticamente.
Ello exigiría poner fin al estado de «emergencia permanente» en la política monetaria y permitir que los tipos de interés reflejen las preferencias temporales y el ahorro real, en lugar de depender de la discrecionalidad de los bancos centrales. También implicaría revertir los mandatos de cero neto, las prohibiciones tecnológicas y las subvenciones selectivas, para que empresarios y consumidores puedan decidir qué fuentes de energía y qué tecnologías satisfacen mejor sus necesidades al menor coste. Además, supondría pasar de un gasto público guiado por decisiones políticas a un marco de reglas claras, menor intervención estatal, protección de los derechos de propiedad, cumplimiento de los contratos e impuestos y regulaciones bajos y estables.
Bajo ese régimen, el capital dejaría de ser empujado hacia proyectos de moda dependientes de subvenciones. Los empresarios volverían a guiarse por pérdidas y ganancias no distorsionadas, descubriendo las estructuras productivas que realmente se ajustan a las preferencias de los consumidores y a las posibilidades tecnológicas. A largo plazo, este enfoque es el único compatible con una mayor productividad, un crecimiento más rápido de los salarios reales y mejoras genuinas en la asequibilidad.
En suma, el decepcionante crecimiento y el deterioro de la asequibilidad en Canadá y el Reino Unido no son fallos del mercado. Son el resultado previsible de superponer el intervencionismo del cero neto a unas políticas macroeconómicas ya inflacionarias y basadas en el déficit. La solución no pasa por más de lo mismo, sino por un giro decidido hacia el dinero sólido, la disciplina fiscal y una verdadera libertad económica.
Publicado originalmente en The Epoch Times España: https://www.epochtimes.es/noticias/cero-emisiones-netas-y-estatismo-la-receta-del-estancamiento-41650.html
Daniel Lacalle.- es Doctor en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas, además de gestor de fondos de inversión. Casado y con tres hijos, reside en Londres. Es colaborador frecuente en medios como CNBC, Hedgeye, Wall Street Journal, El Español, A3 Media and 13TV. Tiene un certificado internacional de analista de inversiones CIIA y un máster en Investigación económica.
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