Introducción

El análisis empírico de las diversas corrientes ideológicas exige remitirse a sus paradigmas históricos de implementación: el modelo soviético para el socialismo, el caso de Hong Kong para el capitalismo, y los regímenes de Italia y Alemania durante la primera mitad del siglo XX para el fascismo. Bajo esta misma lógica comparada, el estudio de la Doctrina Social de la Iglesia Católica encuentra su principal referente práctico en Portugal. Es imperativo precisar que esta correspondencia se inscribe exclusivamente en la concepción primigenia del corpus teológico, tal como fue estructurada en las encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimo anno. Aunque dicha doctrina ha registrado una innegable evolución diacrónica a través de sucesivos concilios, el ordenamiento estatal portugués se erige como el arquetipo fáctico derivado de aquellos documentos pontificios fundacionales para la instauración de un Estado cristiano.

Antecedentes

La trayectoria del dictador portugués se distinguió por el aislamiento, sustentada en un temperamento inflexible y de extrema austeridad. En su calidad de ser el más pequeño y único varón entre cinco hermanos, gozó de una infancia privilegiada; sin embargo, esta condición llevaba implícita la carga sociocultural propia de los albores del siglo XX: la ineludible obligación de encarnar el honor familiar.

Esa presión derivó en su ingreso a la instrucción sacerdotal. Dicho internado adoctrinaba a los pupilos en el repudio a la sociedad contemporánea, concebida como una entidad corruptora. Por consiguiente, se imponía una reclusión hermética que censuraba el acceso a la prensa o la radiodifusión y erradicaba cualquier vínculo afectivo con familiares y amistades, dejando su existencia de manera exclusiva a la consagración académica.

Semejante antecedente propició en él un cuadro de alexitimia —condición patológica que imposibilita la experimentación y el reconocimiento de emociones propias o ajenas—, derivando en una severa inflexibilidad ante nuevas alternativas. Su cosmovisión quedó circunscrita, de forma excluyente, a los postulados del dogma eclesiástico y del nacionalismo.

Dicho fenómeno obedece al asedio mediático y omnipresente que padecía la Iglesia durante aquel periodo histórico, a pesar de carecer ya de facultades prácticas en la toma de decisiones políticas. En respuesta, ciertas academias clericales implantaron modelos formativos sustentados en el rigor y la apatía militar, con el fin de forjar auténticos soldados invulnerables a la crítica externa. Si bien este ensayo pedagógico resulta analíticamente de gran interés, la instrucción teológica en el mundo era mucho más variada que este caso, no reduciéndose a esta única metodología.

El peso de esta disciplina imprimió en él innegables rasgos sacerdotales: utilizaba siempre indumentaria negra y evitaba sistemáticamente la notoriedad. En la esfera íntima, careció de vínculos románticos; aunque algunos testimonios debaten sobre una eventual relación con su ama de llaves, este jamás le concedió estatus de consorte, configurando una interacción estrictamente marginal.

En paralelo a su rigidez monástica, cristalizó una dedicación compulsiva al escrutinio académico —con particular énfasis en la teoría económica, la praxis contable y las ciencias políticas—. Dicha confluencia de atributos engendró una racionalidad metódica e implacable, dotándolo de un don estratégico que cimentaría las directrices que veremos más adelante.

Ideología política

Previo al escrutinio de su praxis política, es importante señalar su reiterada renuencia a asumir la jefatura gubernamental. Pese a gozar de un excepcional prestigio docente y del absoluto respaldo del estamento militar, requirió un sexenio de persuasión para aceptar el cargo. Su claudicación estuvo supeditada a una exigencia: la potestad exclusiva para autorizar cada escudo gastado por cualquier departamento de la administración pública.

Tal centralización instauró un régimen de severa ortodoxia financiera. La eficacia en la contención del gasto resultó en un superávit presupuestario prácticamente crónico, logrando posicionar las reservas de la nación entre las diez mayores del mundo. Este rigor coercitivo abarcaba la microgestión del aparato estatal: se evitaba cualquier iluminación innecesaria y se obligó a los funcionarios a sufragar cualquier desperfecto material —normativa que él mismo acataba, pagando de su propio sueldo la rotura de enseres menores, como tazas o luminarias—.

A nivel individual, dicha austeridad adquirió tintes excéntricos. Su guardarropa se reducía a un único traje, sustituido exclusivamente al agotar su vida útil. Asimismo, su patrimonio se limitaba a una sola residencia privada, la cual, mediante mandato testamentario explícito, ordenó restituir al Estado tras su defunción.

Aunque la revisión preliminar sugiera una gestión exenta de despotismo burocrático o ineficacia, la radicalidad del régimen aflora en la ejecución irrestricta de sus dos pilares ideológicos: el proyecto colonial y la Doctrina Social de la Iglesia.

Fundamentada en las encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimo Anno, dicha matriz teológica reivindica la propiedad privada —reconociendo simultáneamente su inherente fragilidad— y postula una concertación tripartita entre obreros, patronal y gobierno. Bajo este esquema corporativista, el aparato estatal asume la rectoría económica absoluta y la designación de las cúpulas sindicales; se neutraliza así la acumulación de poder empresarial para legitimar, en contrapartida, un Estado hipertrofiado.

La consecuencia empírica fue la proscripción categórica del sindicalismo libre. Tal arquitectura institucional suscitó el elogio del papa Pío XII, quien proclamó a la nación lusitana como paradigma de la modernización estatal. El Vaticano hallaba por fin la plasmación de su anhelada «tercera vía»: una alternativa sistémica distanciada del socialismo marxista y, con mayor ahínco, del capitalismo liberal.

Críticas de la DSIC

Para aquilatar la viabilidad de este modelo, resulta imperativo diseccionar las objeciones papales al sistema liberal. La articulación de un paradigma alternativo, delineada en ambas encíclicas, se fundamentó en las siguientes críticas:

1. La agudización de la pobreza estructural. Este reproche interpelaba de manera directa a Inglaterra —vanguardia histórica del liberalismo—, cuyos estratos proletarios exhibían las condiciones de subsistencia más deplorables del periodo.
   
2. La desmercantilización de la remuneración obrera. Se impugnó la reducción del salario a un mero valor de cambio, prescribiéndole en su lugar una función dignificadora del núcleo familiar.
   
3. La inexorabilidad monopolística del libre mercado. Se argumentó que la desregulación competitiva precipita, de forma ineludible, la fagocitación de las entidades menores por parte de corporaciones hegemónicas, consolidando así la concentración oligopólica del poder.
   
4. La financiarización del capital. Acuñada bajo el término de «execrable imperio del dinero», esta censura denuncia la escisión transaccional entre el flujo monetario y la economía productiva en claro beneficio de la especulación.  Esto lleva a que  una minúscula oligarquía bancaria sea el arbitrio absoluto sobre la viabilidad y supervivencia material de los actores sociales.
   
5. Determinismo monopólico. La praxis desregulada aboca inexorablemente a la absorción de actores menores por conglomerados dominantes; cristaliza, de tal modo, un oligopolio del poder.
   
6. Dictadura rentista. Bajo el epíteto de «execrable imperio del dinero», se condena el interés por el dinero de las personas, diciendo que las aísla, las vuelve menos comunitarias y destrozan toda voluntad de caridad.

Dos matices muy importantes, debo aclarar para dar seriedad a los resultados, por lo tanto sí hay limitaciones.

1. Realismo productivo. El dogma eclesiástico reconocía los límites materiales en la generación de riqueza, exigiendo su estricto sustento en la producción corporativa; en consecuencia, negaba atajos macroeconómicos como el endeudamiento soberano o la redistribución expropiatoria al margen de los pactos empresariales.
2. Subversión de la subsidiariedad. La matriz teórica concebía un Estado de ultima ratio, cuya injerencia debía restringirse a arbitrar el fracaso de la concertación obrero-patronal o sofocar injusticias flagrantes. No obstante, la evidencia empírica demuestra que ni este modelo ni sus corolarios históricos —como el franquismo o el justicialismo peronista— acataron dicho rol supletorio, decantándose en su lugar por una hiperregulación gubernamental de carácter omnipresente.

Resultados económicos de su política (1960)

Abordar la métrica del crecimiento impone una salvedad metodológica: si bien la doctrina social católica no consagra la expansión material como fin teleológico, dicha variable constituye un baremo del dinamismo productivo.

Durante la fase de corporativismo rígido del salazarismo (1930-1960), el PIB per cápita lusitano —cuantificado de 1.500 a 2.956 dólares internacionales de 1990, según el Proyecto Maddison— se estancó como el más atrasado de Europa Occidental. Marginalmente superior al de economías bajo planificación socialista (Albania, Rumania, Yugoslavia), su atraso estructural resulta innegable al contrastarlo con el subcontinente latinoamericano. Lejos de alcanzar la modesta media regional de 3.100 USD, la renta portuguesa fue rebasada por Argentina, Chile, Perú, México, Venezuela y Uruguay; únicamente logró aventajar a Colombia y Brasil. (Bolt. 2024)

La revisión de la retribución obrera bajo el modelo lusitano evidencia una severa disfunción material. Mientras el salario era entre 800 y 1.200 escudos al mes (Lopes. 1996), la mera supervivencia biológica de un núcleo familiar de cuatro miembros —restringida a alimentación, indumentaria y autoconstrucción habitacional— exigía entre 1.500 (entorno rural) y 2.000 escudos (urbano) (Pereirinha. 2013). Semejante déficit crónico vedaba el acceso a servicios integrales o escolaridad, invalidando en la praxis el anhelado «salario digno» prescrito por la doctrina eclesiástica. 

Dicha precariedad estructural contrasta frontalmente con la viabilidad de los modelos foráneos contemporáneos. La economía británica garantizaba una manutención familiar completa (casa, auto, comida vestido, educación, etc.) con 650 libras esterlinas (Ministry of Labour. 1962), rebasadas por una media salarial de 733 (Ministry of Labour. 1961). Por su parte, la Alemania Occidental —caracterizada por la liberalización competitiva de sus mercados y la inexistencia de fijación salarial mínima— registraba un umbral de subsistencia de 450 marcos (Deutscher Bundestag. 1961). frente a ingresos promedios de 500 mensuales (Statistisches Bundesamt.1961).

Despojado de su dinámica mercantil, el salario fue reconfigurado como un estricto costo operativo sin horizonte de rentabilidad laboral. El propio Ejecutivo prohibía sistemáticamente las pujas retributivas, instrumentalizando esta mano de obra pauperizada como ventaja comparativa para captar inversión corporativa.

Frente a la presunta crítica antimonopólica de tales directrices, el entramado mutó en un oligopolio hermético. Al amparo de la Ley de Condicionamiento Industrial, apenas cuatro estirpes —los grupos CUF y Champalimaud, el conglomerado Espírito Santo y SACOR— fagocitaron los enclaves productivos de la nación. Semejante prerrogativa jurídica les otorgó la concesión absoluta sobre la explotación petrolera, la industria química y siderúrgica, la construcción naval, la síntesis de fertilizantes y el sistema bancario.

Década de 1960 – 1970

Entre 1953 y 1960, tres países de Europa —España, Grecia y Portugal— inauguraron una paulatina apertura comercial. Apremiado por un crónico letargo productivo, el Estado lusitano cofundó la Asociación Europea de Libre Comercio junto al Reino Unido; sin embargo, preservó una arquitectura legal coercitiva. Toda iniciativa corporativa exigía el permiso gubernamental, limitando la adjudicación de contratos a una oligarquía estrictamente funcional al régimen. Aun bajo este yugo regulatorio, la nueva red de intercambios indujo un crecimiento moderado.

En las antípodas financieras, la bancarrota soberana precipitó la liberalización helena y española —dinámica ajena a un Portugal pertrechado con vastas reservas de oro—. Esta urgencia de solvencia desembocó en el Plan de Estabilización español y las reformas de Markezinis en Grecia: sendos programas de ajuste que impulsaron la afluencia masiva de capital extranjero, la drástica contracción del gasto público, la erradicación de controles a la importación y la devaluación estratégica de sus divisas.

La pertinencia metodológica de seleccionar esta tríada nacional radica en la similitud de su renta per cápita en 1960. Una década más tarde, la divergencia macroeconómica se hizo patente: mientras España y Grecia escalaron a la cota de los 6.300 dólares, Portugal se estancó en 5.400. Semejante brecha exige corroborar estas magnitudes al nivel de vida del estrato asalariado.

Es importante establecer una salvedad estructural común a las tres economías durante dicho periodo: la severa precariedad retributiva del entorno rural. Esta marginación agraria, perpetuaba una innegable vulnerabilidad económica.

Si revisamos solo los enclaves industrial y de servicios, se constata que la remuneración en las economías helena y española bastaba para sufragar íntegramente las necesidades de reproducción material y promoción familiar —alimentación, indumentaria, vivienda, automoción y escolarización de los hijos—

En España, la reproducción material íntegra de un núcleo familiar de cuatro miembros exigía 12.000 pesetas mensuales; cuota holgadamente satisfecha tanto por el sector industrial (15.000-18.000) como por los servicios (16.000-19.000) (INE. 1971). Una viabilidad análoga regía en Grecia: frente a un umbral requerido de 9.000 dracmas, el estrato industrial devengaba entre 8.500 y 10.000, ascendiendo el sector terciario de 10.000 a 14.000 (Bank of Greece. 1971).

El caso lusitano impone homologar el baremo. Al transitar del cálculo de mera subsistencia (3.000 escudos) al estándar de bienestar integral —vivienda, automoción, indumentaria, nutrición y escolaridad—, el costo se elevaba a 6.000 escudos. No obstante, la industria apenas retribuía entre 3.000 y 3.500, mientras los servicios oscilaban de 4.000 a 6.000 (Barreto. 1996) (Amaral. 2010). Alcanzar dicha suficiencia constituía, por tanto, un privilegio exclusivo de la alta burocracia, cúpulas bancarias o ingeniería especializada. Para la masa asalariada restante, paliar el déficit estructural imponía la inserción laboral forzosa de mujeres y menores.

Procede, no obstante, introducir un matiz: la incipiente apertura comercial lusitana catalizó durante esta década un progreso superior al del bloque socialista. Si bien la precariedad histórica de Portugal se hallaba en igualdad con economías socialistas, las reformas sesenteras revirtieron tal simetría; en términos de renta per cápita, la nación superó holgadamente a Hungría, Polonia, Rumania, Albania, Bulgaria y Checoslovaquia, encontrando similitud estadística exclusiva en la Unión Soviética.

A pesar de este repunte macroeconómico, las patologías del liberalismo denostadas por el dogma papal jamás fueron corregidas. La clase obrera careció de mejoras materiales efectivas y las estructuras monopólicas, lejos de extinguirse, exacerbaron su concentración. El régimen fue igualmente incapaz de mitigar el trabajo infantil —cuya incidencia en 1970 desbordaba con creces la media de Europa Occidental—; ante la insuficiencia del jornal patriarcal, la estricta supervivencia alimentaria condenaba a mujeres y menores al extenuante trabajo agrícola de subsistencia.

Enfoque espiritual

La matriz teórica antiliberal presuponía la extinción de la caridad y la disolución comunitaria —patología sociológica innegable en las metrópolis, signadas por la despersonalización relacional—. El escrutinio de la praxis asistencial lusitana, no obstante, desmitifica tal premisa.

Bajo este régimen, la filantropía privada y el tejido asociativo independiente fueron suprimidos. La beneficencia quedó monopolizada por una diarquía Estado-Iglesia, operativizada fundamentalmente mediante las Santas Casas da Misericórdia. Dicha red institucional ejecutaba 1.600 millones de escudos anuales (Pimentel. 2001) en infraestructura hospitalaria, orfanatos y comedores. Sin embargo, su arquitectura financiera refuta cualquier arraigo de caridad voluntaria genuina: la operatividad dependía de una subvención estatal minoritaria (20%) y, abrumadoramente, de la recaudación lúdica a través del monopolio de la lotería (80%) (Pires. 2013).

Aun concediendo, a efectos dialécticos, que la adquisición de lotería obedeciera a un altruismo genuino y no al afán de lucro, el contraste empírico con el modelo liberal resulta lapidario. Al homologar divisas, la recaudación asistencial lusitana rozaba apenas los 23 millones de libras esterlinas anuales. En contrapartida, durante 1970, la Inglaterra estigmatizada por el dogma papal canalizó 3.600 millones de libras en aportaciones estrictamente voluntarias (Prochaska. 1988); un flujo filantrópico exento de mediación estatal o incentivos de azar, cuya vasta magnitud posibilitaba la financiación de operaciones transnacionales.

Dicha precariedad endógena halla su máximo exponente en la operatividad de Cáritas Portugal, entidad consagrada a paliar la severa desnutrición infantil mediante asistencia alimentaria. Paradójicamente, el grueso de estas provisiones procedía de donaciones de Estados Unidos (Pires. 2010) —baluarte del denostado capitalismo liberal—. Semejante dependencia exterior corrobora un axioma económico ineludible: el ejercicio de la caridad está inexorablemente supeditado a la previa generación de excedentes materiales.

Colonialismo

El deterioro material de la población lusitana halla otro vector causal en su necedad colonialista. A contrapelo de la paulatina descolonización global, el Estado perpetuó una dominación imperialista irrestricta, sustentada en una doble racionalidad: el extractivismo mineral y la escenificación geopolítica de un estatus de «gran potencia» ante el continente europeo.

Esta ilusión de grandeza permeó el aparato propagandístico escolar. La cartografía oficial amalgamaba la metrópoli con Angola, Mozambique, Guinea-Bisáu, Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde bajo la ficción de un territorio unitario; un espejismo pluricontinental que permitía al régimen autoerigirse como la nación más vasta de Europa y una potencia demográfica de veinte millones de súbditos. Las posesiones asiáticas, no obstante, padecieron una omisión sistemática en esta métrica dada su irrelevancia territorial frente a los dominios africanos.

El sostenimiento de la triple ofensiva africana agotó la mitad del erario, cortando la inversión en infraestructura civil, educativa y sanitaria frente a una metrópoli asediada por la miseria endémica. En paralelo, el Estado Novo movilizó a más de un millón de efectivos mediante una conscripción forzosa que retenía a la juventud hasta por cuatro años.

El paroxismo de esta violencia estructural cristalizó en la hambruna de Cabo Verde (1940-1950), cuyo saldo alcanzó las 45.000 víctimas por inanición. Aunque catalizada por una fuerte sequía, la catástrofe fue corolario directo del extractivismo imperial: los monopolios agroexportadores —amparados por el régimen— antepusieron la rentabilidad de remitir café y cacao a Lisboa sobre la supervivencia autóctona. Los cultivos foráneos agotaron las reservas acuíferas, proscribiendo el desarrollo agrícola de subsistencia (maíz y frijol).

Frente a la mortandad, el Ejecutivo instauró una censura mediática absoluta. Lejos de proveer asistencia material, la única directriz oficial consistió en la deportación sistemática de contingentes desde colonias saturadas hacia periferias despobladas; un ejercicio de ingeniería demográfica destinado, exclusivamente, a redistribuir aritméticamente la escasez.

La migración

Una regresión configuró una anomalía demográfica inaudita en el contexto europeo. En franca contravención a la expansión poblacional global de la época, el censo metropolitano lusitano experimentó una severa contracción entre 1963 y 1971, retrocediendo de 9 a 8,6 millones de habitantes.

La etiología de este vaciamiento territorial tiene dos razones: el apremiante éxodo socioeconómico frente a la precariedad endógena y la elusión sistemática de la conscripción militar —impuesta para perpetuar la dominación colonial—. Como consecuencia de ambas fugas, el saldo migratorio acumulado durante la vigencia del Estado Novo ascendió a 1,5 millones de expatriados.

Austeridad en su máximo esplendor

El aparato represivo del salazarismo exhibió una eficacia para neutralizar la disidencia. Pese a erigirse como una de las autocracias más cruentas de Occidente —acaso solo secundada por el castrismo—, evitó el confinamiento masivo.

En contraste con los modelos concentracionarios soviético y maoísta, el Estado Novo cimentó su control sociopolítico mediante la tortura sistemática y el terror psicológico, prescindiendo de la retención prolongada.

Dicha rotación carcelaria complejiza el escrutinio estadístico anual; no por no estar documentados, sino por la efímera duración de las reclusiones. Consecuentemente, el contingente crónico de prisioneros de conciencia resultó muy pequeño (entre 100 y 200 individuos), reportándose apenas 120 cautivos por disidencia grave en vísperas de 1974.

La represión salazarista operaba bajo una lógica de bajo coste y estricta selectividad penal. El penal de Tarrafal (Cabo Verde) se reservó para la disidencia reincidente o de alta peligrosidad —predominantemente comunista—. Pese a su lúgubre notoriedad, su censo histórico apenas rozó los 400 reclusos, registrando 37 decesos. La atrocidad de este recinto, bautizado localmente como «muerte lenta», radicaba en la tortura térmica: confinamiento en celdas solares a 60 °C con raciones cada dos días de pan y agua; coerción extrema que garantizaba la sumisión ideológica o la huida al exilio.

En la metrópoli, la escala punitiva abarcó a unos 36.000 interrogados, cifra sustancial pero estadísticamente inferior a los grandes totalitarismos contemporáneos. La PIDE (policía política) priorizaba el quiebre psicológico sobre el exterminio o la reclusión crónica. Mediante retenciones breves, inducían el colapso mental combinando privación del sueño con hostigamiento físico menor (contusiones, punciones, hipotermia inducida). Su técnica cumbre, el «método de la estatua», obligaba al detenido a permanecer de pie contra un muro hasta por dos semanas, provocando una claudicación neuromuscular y psicológica absoluta sin requerir infraestructura penitenciaria masiva.

La praxis punitiva salazarista operaba bajo una estricta optimización fiscal. La reintegración de las víctimas al tejido social funcionaba para causar un terror preventivo que paralizaba cualquier intento de insurgencia. Simultáneamente, el destierro se consolidó como una táctica sumamente redituable: extirpaba la disidencia y suprimía los altos costos de vigilancia estatal. Pese a su innegable oprobio humanitario, el régimen instrumentalizó la represión con una eficiencia económica implacable.

Relación de la Iglesia y Salazar

Durante las décadas de 1930 y 1940, el Vaticano respaldó fervientemente al salazarismo, erigido como la materialización pragmática más fiel de la Doctrina Social de la Iglesia. Esta simbiosis abarcó el proyecto imperial: mediante concordato, el clero monopolizó la instrucción pública metropolitana y ultramarina, legitimando el dogma de una nación cristiana pluricontinental.

Sin embargo, la relación experimentó un gran desgaste. Paradójicamente, aunque Roma preservó intacto su corpus teológico, acabó renegando de su propio experimento lusitano, despojándolo del estatus de Estado cristiano.

Pese a la hegemonía del régimen, la Iglesia lusa no fue un bloque monolítico; voces como la de António Ferreira Gomes articularon una disidencia interna frontal. No obstante, el pontificado de Pío XI y Pío XII blindó al dictador, canonizándolo como el paradigma del estadista católico.

El inicio de la ruptura sobrevino tras el Concilio Vaticano II (1962). Si bien el disenso económico persistía, el núcleo del conflicto viró hacia la inviabilidad ética del colonialismo y la represión militar, factores que erosionaban el prestigio vaticano en Occidente. La entente colapsó cuando la Santa Sede legitimó a los movimientos independentistas africanos. En su ocaso, un Salazar aislado acusó al Papa de traición, afirmando que solo él y la Unión Soviética permanecían en abierta oposición a la nueva línea pontificia.

El ocaso de Salazar

Tras cuatro décadas de hegemonía, la vejez de Salazar forzó su relevo institucional en vida. No obstante, el aparato estatal —viciado en la simulación sistemática— orquestó una escenografía de poder para el dictador convaleciente. Confinado y despojado de autoridad real, Salazar jamás fue notificado de su sustitución.

La PIDE y su entorno inmediato mantuvieron una ficción administrativa absoluta: se editaba una gaceta exclusiva carente de menciones al nuevo Ejecutivo y se le sometían a rúbrica expedientes espurios. Esta farsa burocrática preservó el espejismo de mando del dictador en un aislamiento paliativo, prolongando su realidad paralela hasta el deceso final.

Bibliografía

Bolt, J., & van Zanden, J. L. (2023). Maddison Project Database, version 2023. Groningen Growth and Development Centre, University of Groningen. Recuperado de https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/ 

Rosas, F. (1994). O Estado Novo (1926-1974) (Vol. 7 de História de Portugal, dir. José Mattoso). Círculo de Leitores. 

 Silva Lopes, J. da. (1996). A economia portuguesa desde 1960. Gradiva.

 Pereirinha, J. A., & Branco, F. (2013). Uma abordagem histórica dos padrões de rendimento mínimo em Portugal. Ler História, (64), 55–84. https://doi.org/10.4000/lerhistoria.671

Ministry of Labour. (1961). Ministry of Labour Gazette (Vol. 69). Her Majesty’s Stationery Office (HMSO).

Ministry of Labour. (1962). Family Expenditure Survey: Report for 1960 and 1961. Her Majesty’s Stationery Office (HMSO).

Statistisches Bundesamt. (1961). Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1961 [Anuario Estadístico de la República Federal de Alemania 1961]. W. Kohlhammer GmbH.

Deutscher Bundestag. (1961). Bundessozialhilfegesetz (BSHG) [Ley Federal de Asistencia Social de 1961]. Bundesgesetzblatt (BGBl) I, p. 815.

Instituto Nacional de Estadística (INE). (1971). Encuesta de Presupuestos Familiares 1970. Artes Gráficas del INE. Nota: Fuente oficial primaria que desglosa el gasto medio por hogar y la capacidad de compra de las familias españolas en el cambio de década.

Bank of Greece. (1971). The Economy of Greece in 1970: Report of the Governor for the Year 1970. Bank of Greece Printing Works.

Barreto, A. (1996). A Situação Social em Portugal, 1960-1995. Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

Amaral, L. (2010). Economia Portuguesa: As Últimas Décadas. Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Pires de Almeida, M. A. (2013). Dicionário de História de Portugal: O Estado Novo. Figueirinhas.

Pimentel, I. F. (2001). A Assistência Social e Familiar no Estado Novo. Editorial Estampa.

Prochaska, F. (1988). The Voluntary Impulse: Philanthropy in Modern Britain. Faber & Faber.

Pires, A. P. (2010). Cáritas Portuguesa: a assistência e a ajuda externa (1956-1974). População e Sociedade, (18), 129-145.