El crecimiento económico de México es menguante y las perspectivas de otros indicadores son sombrías. El 29 de septiembre, el Banco de México anunció un incremento de 75 puntos base en la tasa de interés objetivo para ubicarla en torno al 9.25%. Con esta medida, Banxico anuncia al público que las presiones inflacionarias de corto plazo son preocupantes y que es importante «apretar» el flujo del crédito en el país para evitar más crecimientos en los precios transmitidos a través de la oferta monetaria.

Y hoy, 3 de octubre, el presidente ha anunciado una serie de compromisos con el sector privado, en un intento de reducir el costo de la canasta básica en 8%; como lo describe el Universal, «el gobierno federal otorgará una licencia universal que exime a las empresas de trámites y permisos, tanto sanitarios como fitosanitarios, así como al impuesto general de importación de alimentos o insumos para la elaboración de sus productos» [1]. Pero esta última medida, si bien puede tener algunos efectos positivos, habla de una alianza preocupante entre el gobierno y el sector privado que será el foco de este artículo.

En otros artículos de la serie #ThinkFreedom, hemos descrito el efecto de las políticas públicas actuales sobre el estado económico de México. Hoy, podemos aprovechar el espacio para ofrecer una visión más general del problema y ofrecerle al lector una de las principales causas del estancamiento económico.

El tipo de gobierno que tenemos en México

Un gobierno necesita tomar recursos de la población para sobrevivir y operar en un territorio. Todo gobierno, sin embargo, enfrenta un problema: si toma demasiados recursos de la población y asalta con recurrencia la propiedad de los habitantes del territorio, resta incentivos a la producción de riqueza. Y si resta incentivos a la producción de riqueza, no puede tomar tantos recursos como quisiera.

Según el economista Stephen Haber, los gobiernos han encontrado dos tipos de soluciones al problema. La primera solución consiste en la aplicación de contrapesos a las decisiones gubernamentales y la promoción de instituciones liberales que ponen límites al poder gubernamental. Pero aunque esta es la solución que ha sido adoptada con mayor éxito en los países desarrollados, hay un segundo tipo de solución que predomina en los países más pobres.

La segunda solución consiste en proteger la propiedad y activos de sectores privilegiados de la población. A esta solución acuden los gobiernos de países pobres con deficiencias institucionales; es decir, los países sin instituciones liberales de límites al poder. Consiste en ofrecerle insumos subsidiados y prometerle rendimientos superiores a los del mercado a grupos privilegiados. A cambio de estos privilegios, el gobierno puede compartir parte de las rentas y sustraer riqueza del resto de la población. De esta manera, el gobierno puede asegurar que cierta riqueza es creada mientras persigue sus objetivos.

Pero el segundo tipo de solución viene con problemas: ineficiencia en la asignación de recursos, menor crecimiento económico, menor movilidad social (el pobre permanece pobre y el rico, rico) y despilfarro de recursos en búsqueda de privilegios (en detrimento de la creación de valor de un sistema de mercado).

México, como tantos otros países latinoamericanos, es un ejemplo de la mengua en actividades productivas que crea una economía de privilegios y protecciones. El gobierno actual, así como gobiernos anteriores, teje una red de influencias entre funcionarios, políticos y seudo empresarios allegados al poder. Los pactos de control de precios son un ejemplo; a cambio de alinearse a una agenda de control de precios gubernamental, los empresarios favorecidos reciben una serie de recompensas regulatorias en desmedro de sus competidores.

Importancia de contrapesos y limitación de poder

¿Por qué son importantes, desde un punto de vista económico, los contrapesos gubernamentales?

Parece cercano a la realidad pensar en el gobierno no como un dictador benevolente que busca maximizar el bienestar social, sino como un agente conformado por organizaciones políticas que compiten por el control de un territorio.

Para maximizar su permanencia en el control de cierto territorio, las organizaciones políticas emplean medidas redistributivas. Extraen recursos del grupo A para dárselos al grupo B. Por cada recurso que le quitan al grupo A, pierden capacidad de control; pero por cada recurso que le otorgan al grupo B, incrementan su capacidad de permanecer en control. Maximizarán su capacidad de permanecer en control si redistribuyen recursos hasta el punto en el que la ganancia marginal del último recurso asignado al grupo B sea idéntica a la pérdida marginal del último recurso extraído del grupo A.

Lo que es interesante de modelar al gobierno de esta forma es que nos ayuda a comprender la conformación de grupos de interés. La población no responderá pasivamente a las políticas de redistribución gubernamentales. La redistribución crea ganadores y perdedores. Y ser un ganador en el juego de la redistribución puede ser bastante rentable. Por lo tanto, habrá empresas y coaliciones que invertirán en recursos con el propósito de asegurar los beneficios de la redistribución gubernamental. Esto es lo que en la literatura económica conocemos como “búsqueda de rentas”. Y la prevalencia de este fenómeno explica por qué los gobiernos y los grupos de interés crecen aparejadamente.

La formación de grupos de interés facilita la tarea de las organizaciones políticas de maximizar su control de un territorio determinado al volver más efectiva su redistribución. Y un gobierno con mejor capacidad de control incrementa la rentabilidad de una coalición.

Dado que la redistribución del gobierno no sólo transfiere recursos de un grupo a otro, sino que crea incentivos para capturar esos recursos (o para evadir la extracción de recursos), reduce la capacidad productiva de una economía. Recursos que podrían haberse empleado en producir bienes o servicios para satisfacer a los miembros de una población son empleados para estar en el lado ganador de la redistribución o evitar estar en el lado perdedor de la redistribución. Y eso provee una razón económica de la importancia de los contrapesos gubernamentales: limitan la capacidad redistributiva del gobierno y el daño colateral de esa actividad en el nivel productivo de una economía.

México no crece porque está ahogado en privilegios

El gobierno mexicano premia la inversión en capturar rentas monopólicas. Premia la inversión en conseguir influencia en el juego político. Premia estrechar manos con gobernantes y funcionarios públicos. Y lo hace restando los incentivos a la innovación, a la competencia empresarial, a la crítica de la sociedad civil.

Una forma de comprender la perversión de un sistema político y económico como el nuestro es modelando el tipo de decisión que enfrenta el director general de una empresa promedio, como en el siguiente diagrama:

Cuando el director general de una empresa enfrenta un clima político como el nuestro, tiene que o adaptarse a él o sufrir la consecuencia de ser reemplazado. Eso es lo que sucede en México. La prioridad de las empresas, dado cierto nivel de expansión y crecimiento, es asignar una mayor parte de su presupuesto a conseguir alianzas con el poder político.

Esto es lo que el premio Nobel Angus Deaton tiene en mente cuando escribe lo siguiente en El Gran Escape (2013):

«La búsqueda de rentas puede llevar a que el crecimiento económico sea remplazado por la guerra intestina en la cual cada grupo pelea de manera cada vez más maligna por porciones de un todo que se contrae. Tomando ventajas de las circunstancias, los grupos de interés pueden enriquecer a unos pocos a expensas de la mayoría, cada uno de cuyos integrantes podrá perder tan poco que siente que no vale la pena organizarse para impedir el despojo; los efectos acumulativos de varios de estos grupos pueden, empero, corroer a una economía desde sus entrañas y ahogar el crecimiento. Las élites poderosas y ricas han frenado el crecimiento económico en el pasado, y lo pueden frenar nuevamente si se permite que socaven a las instituciones de las que depende el crecimiento dotado de una base amplia».

El lastre de México, más allá de las políticas públicas particulares que ha adoptado y el juego de incentivos que le han seguido, es la prevalencia de grupos de interés que carcomen sus instituciones y juegan contra los ingredientes adecuados para un crecimiento económico sostenido.

[1] Cita recuperada de https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-y-empresarios-firman-nuevo-acuerdo-contra-inflacion-buscan-reducir-canasta-basica-8