El huracán Otis dejó serios estragos tras su paso por Acapulco, Guerrero. De acuerdo a la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, hay cerca de 45 muertos y 47 desaparecidos. A la cifra de víctimas inmediatas y heridos se suma el desconsuelo de decenas de hogares cuyas propiedades y sustento quedó desvanecido.

El gobierno federal solía contar con recursos que servían para afrontar este tipo de desastres: el FONDEN (Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales). Pero el gobierno actual desapareció el fondo, arguyendo que se empleaba para desviar recursos y que no servía realmente para apoyar a los damnificados. Congruente con su carácter centralista, el presidente decidió eliminar un candado institucional al empleo de recursos que podrían solventar contingencias.

A la herida de la desaparición del FONDEN, el gobierno agregó otra estocada: sólo camiones militares pueden entregar ayuda a las personas desamparadas tras el huracán. El general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de Defensa Nacional, informó que las despensas y los víveres sólo podrán entrar por medio del ejército. Como anunció el presidente López Obrador en la conferencia mañanera del 26 de octubre:

«Queremos que la distribución de las despensas las haga la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, no las autoridades civiles ni del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni del gobierno municipal y mucho menos organizaciones sociales llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, para que nadie se aproveche de la necesidad de la gente. En forma directa se va a atender a todo el pueblo, a todos los damnificados de Acapulco».

Esta instrucción presidencial muestra uno de los lados más siniestros de la administración actual: el punto no es ayudar a los pobres, sino cuidar la apariencia de que el gobierno y sólo el gobierno, sin mediación de ningún privado, vela por los damnificados.

Ante un desastre natural, la cooperación descentralizada es la forma más efectiva de allegar recursos a los afectados. México ha sido ejemplo internacional de cooperación espontánea y privada en tiempos de crisis. En los sismos de 1985 y 2017, fue el sector privado –y no el gobierno– el primero en movilizarse. El altruismo es ejemplar en los ciudadanos mexicanos, que reaccionan a los daños ofreciendo su ayuda y sumando sus energías y recursos.

Centralizar las ayudas merma la capacidad de respuesta de la población civil. Es una reacción agresiva del gobierno contra el altruismo. Los más afectados son los hogares destruidos y las personas que no saben cómo vivirán sin el patrimonio que el huracán les arrebató.

No ha sido la primera vez que el gobierno reacciona al afán de ayuda de la sociedad civil. En 2021, la diputada de Morena, Andrea Chávez Treviño, escribía en Twitter lo siguiente en contra de las deducciones por concepto de donaciones:

«Imagínense que soy millonaria y el día de mañana despierto con el corazón altruista, así que dono millones de pesos a un museo. Me aplauden, ponen mi nombre en letras de oro y regreso a mi oficina para decirle a mi contador que quiero el dinero de vuelta.

Mi contador tramita la deducción fiscal y el Estado me devuelve el dinero. Tremendo, ¿no? Pues es aún peor. Súmenle que el museo pertenece a mi familia».

Con esta clase de mentiras, el gobierno logró convencer a un sector de la ciudadanía a castigar las deducciones por donaciones. Andrea Chávez sugería que bastaría a un donador hacer donativos a diestra y siniestra para consumir recursos del erario a su antojo: una propuesta tan ridícula como falsa.

La deducibilidad a las donaciones permitía reducir el ingreso gravable del donador. El donador no robaba dinero del erario, sino que recibía el incentivo en forma de un cobro de impuestos más bajos a canalizar recursos a fines sociales importantes.

La deducibilidad le restaba ingresos al gobierno, pero también le permitía reducir sus gastos. Si el sector privado es altruista, redirige recursos a poblaciones afectadas y vigila que haya respuestas rápidas a problemáticas sociales, el gobierno puede prescindir de gastar dinero en esos fines. El gobierno tendría más recursos libres para concentrarse en aquellas áreas de mayor eficiencia.

El gobierno castigó las deducciones por donativos y, con ello, castigó al altruismo. De no haber ejecutado el castigo, hoy la capacidad de respuesta para ayudar a las personas de Acapulco sería mucho más alta. En su lugar, el gobierno le asegura a la población que el ejército entregará ayudas, en un proceso completamente opaco. El lector crítico podría apuntar: ¿Y no es eso un ejemplo de corrupción?

Lo es. La corrupción consiste en manipular la ley o violar las reglas en beneficio de grupos de poder. El gobierno federal centraliza las ayudas porque eso le sirve para incrementar su capital político frente a grupos de interés de importancia electoral: el ejército y las personas marginadas. El gobierno federal centraliza las ayudas porque no desea que el sector privado y las organizaciones civiles pongan en evidencia su baja capacidad de respuesta.

La intervención de las organizaciones no gubernamentales es fundamental en un desastre porque tienen experiencia, gente capacitada y dispuesta y recursos disponibles para ayudar de la mejor forma. No hay razón por la cual no pueda haber una sinergia entre este tipo de organizaciones y los tres niveles de gobierno para ayudar en las tareas de reconstrucción y apoyo.

Que el gobierno rechace la intervención del sector privado en el apoyo a las personas vulnerables no sólo es poco eficiente.

ES CRIMINAL.