Una pesadilla recorre a México: la pesadilla de la inseguridad.

La noche del 5 de marzo estremeció a la ciudadanía mexicana tras los terribles acontecimientos en el Estadio Corregidora, en Querétaro, que fue testigo de ataques violentos por parte de unos aficionados a otros. La violencia impune, la falta de protección y seguridad y la pasiva respuesta de las autoridades despertaron el justo reclamo de los mexicanos. Y a los testimonios de indignación se sumaron los testimonios de sorpresa de que un acontecimiento de esa naturaleza ocurriera en un estado relativamente pacífico en comparación con otras entidades del país. En una encuesta organizada por el INEGI (a la que volveremos más adelante), el 39.7% de la población de Querétaro mayor de 18 años manifestó sentirse insegura, en contraste con el promedio de 65.8% a nivel nacional.

Lamentablemente, hay evidencia de que lo ocurrido en Querétaro es síntoma de un problema grave en nuestro país que se ha recrudecido en los últimos años. La violencia y la inseguridad son el lastre que detiene a México de progresar económicamente, además de los tropiezos y errores en política económica de distintos gobernantes del país.

En la opinión de diversos analistas, México no ha crecido al ritmo esperado, y las perspectivas para 2022 son todo menos alentadoras. Tras el rezago de la pandemia, con sus consecuencias negativas sobre la inversión y el comercio internacional, la recuperación sigue lejana. La última encuesta de expectativas de especialistas del sector privado, publicada por Banxico, reveló una revisión a la baja en las previsiones de crecimiento del PIB real en 2022 por parte de los encuestados: de 2.20% en la encuesta previa a 2%. Considerando que la economía mexicana crecía a un ritmo relativamente similar en los años anteriores a la pandemia, las perspectivas son desde luego sombrías. Y las principales preocupaciones de los encuestados con relación al entorno fueron «la incertidumbre política interna (15% de las respuestas) [y] los problemas de inseguridad pública (12% de las respuestas)». Notemos que ambos factores abonan a la inseguridad en nuestro país.

Pese a que la violencia y la inseguridad son palpables, demasiados analistas prefieren volver la vista a otros factores. Señalan que México no crece porque está demasiado expuesto a la volatilidad extranjera o que todo es culpa de reformas «neoliberales» adoptadas por administraciones anteriores. Bajo tal tenor, aprovechan el descontento para ofrecer viejas «soluciones» en nuevas presentaciones: más proteccionismo, regulación, supresión de la iniciativa privada y centralización de los recursos. Pero así como volver a usar la sangría para tratar dolencias físicas sería tan anticuado como peligroso, atender las viejas soluciones propuestas retrasaría las posibilidades de enriquecimiento y bienestar del país.

¿Qué falta, entonces, en México?

La respuesta es contundente: Una mejor defensa de los derechos de propiedad, mediante la cual haya mayor seguridad patrimonial y mayor protección a la integridad física.

Tenemos evidencia que respalda la afirmación anterior en los reportes de libertad económica mundial que elabora el Instituto Fraser.

En el ranking de libertad económica, México ocupa el lugar 75. Para dar una idea de su posición relativa, podemos contrastarla con Chile, que se encuentra en el lugar 29, y con Venezuela, que se encuentra en el lugar 165 (el último lugar de la lista). México se ubica en el segundo cuartil de países más libres.

La calificación con la cual se evalúa el índice de libertad económica de cada país toma en cuenta las siguientes variables: 1) Tamaño del Gobierno, 2) Sistema Legal y Derechos de Propiedad, 3) Dinero Sólido, 4) Libertad para Comerciar Internacionalmente y 5) Regulación. Cada variable se evalúa en una escala del 1 al 10.

¿Cómo le fue a México en cada una de estas variables? La siguiente tabla resume los resultados:

La calificación de cada variable computable para el índice de libertad económica está entre 7 y 8, con excepción de la variable marcada en rojo: Sistema Legal y Derechos de Propiedad. Dentro de esta variable, dos componentes especialmente graves corresponden a los indicadores de Integridad del Sistema Legal y Confianza en la Policía, que miden, respectivamente la fortaleza e imparcialidad del sistema legal, así como la confianza en los servicios policíacos para garantizar la ley y el orden:

Aunado a lo anterior, la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el INEGI, revela que más de dos tercios de la población perciben inseguridad en el país desde hace más de ocho años (véase la figura más abajo). Si bien se percibe una tendencia a la baja en esta percepción (que es consecuencia obvia de la parálisis económica de la pandemia), desde septiembre de 2021 observamos una incipiente tendencia a la alza.

¿Cuál es la importancia de un sistema legal que garantice una defensa efectiva de los derechos de propiedad, incluyendo la integridad física?

Los derechos de propiedad privada tienen tres elementos básicos, de acuerdo al economista Armen Alchian :

1.         La autoridad exclusiva para determinar cómo usar un recurso,

2.         La exclusividad de los derechos a los servicios de un recurso y

3.         El derecho a intercambiar el recurso en términos mutuamente aceptables.

Si, por ejemplo, yo tengo un terreno que es de mi propiedad, tengo el derecho exclusivo a definir cualquier uso del terreno: usarlo para construir una casa, un edificio departamental, un estacionamiento; tengo derecho exclusivo a cualquier ingreso o servicio que se pueda derivar de algún uso de mi terreno: habitar la casa que construya en el terreno, recibir alquiler si construyo departamentos en él o quedarme con los cobros de estacionamiento si decido convertir el terreno en un estacionamiento; y tengo derecho a ceder mi terreno como regalo o a venderlo en términos que un comprador y yo aceptemos.

Una economía de mercado libre presupone derechos de propiedad bien definidos y protegidos. Derechos de propiedad bien definidos y protegidos permiten que los recursos fluyan, mediante el intercambio, de usos de menor valor hacia usos de mayor valor. Cuando los recursos fluyen hacia usos de mayor valor, la riqueza de un país aumenta, pues la riqueza consiste en aquello que valoramos. El intercambio pone bienes y servicios a disposición de aquellos que los valoran más. Cuando entrego mi billete de 50 pesos por una torta de milanesa, mi riqueza aumenta: tengo una torta que valoro más que los 50 pesos que di a cambio. Y la riqueza del tortero aumenta: recibe 50 pesos que valora más que la torta que dio a cambio.

Pero el intercambio entre el tortero y yo sólo puede ocurrir si yo soy el dueño legítimo de los 50 pesos y si el tortero es dueño legítimo de la torta que produce; sólo puede ocurrir si el tortero puede convertir el pan, la milanesa y los aderezos que posee en una torta (primera característica de los derechos de propiedad) y sólo puede ocurrir si ambos somos libres de participar en el intercambio a esos términos mutuamente aceptables. Si se forzara al tortero a vender su torta en 60 pesos, un precio superior al que estoy dispuesto a pagar, no ocurriría el intercambio (tercera característica de los derechos de propiedad).

Controles de precios, limitaciones a los usos permitidos sobre una propiedad y escasa defensa y reconocimiento legal de la propiedad son formas de reducir el alcance que tienen los derechos de propiedad para permitir que los recursos se usen de forma eficiente (es decir, y para reiterar, en aquellos usos de mayor valor).

Un sistema jurídico débil, que no penaliza a los agresores de la propiedad ajena y que no vela por el cumplimiento de los contratos es un sistema que merma el segundo elemento básico de la propiedad privada: el derecho a los servicios que otorga un recurso. Y es el segundo elemento el que está más ligado al crecimiento económico. Indispensable para el crecimiento económico es el ahorro que se transforma en inversión y acumulación en capital físico y humano. Si los dueños de un recurso no están seguros de obtener todos los servicios, pecuniarios o no pecuniarios, que el recurso es capaz de ofrecer, tendrán menores incentivos a emprender un negocio o formar un capital que después les pueda ser expropiado de forma impune. Exigirán un rendimiento mayor por sus inversiones, en virtud de que aumentarán su exposición al riesgo, al abstenerse de usar recursos en el presente que después les puedan ser arrebatados; en consecuencia, habrá menos inversiones y menos capital que vuelva más productivo a los trabajadores. Salarios e ingresos crecerán a un menor ritmo.

La misma Constitución mexicana permite al gobierno la expropiación de un recurso por causas de utilidad pública (causas que el gobierno puede definir a su antojo en la práctica) y por la cual no necesariamente se ofrece una compensación que refleje términos aceptables por ambas partes.

Mientras en el país no exista una mejor defensa de los derechos de propiedad, los avances en otras áreas de la economía seguirán siendo contrarrestados y la inversión tendrá un ritmo de crecimiento mediocre, con las consecuentes pérdidas de eficiencia y bienestar para los mexicanos.

Conseguir un crecimiento económico elevado requiere de diversos ingredientes. Requiere atraer inversión privada para acumular capital físico y capital humano; requiere una mayor apertura al comercio internacional; requiere permitir la operación del sector privado en cadenas de valor tradicionalmente intervenidas por burocracias gubernamentales; requiere un estado de derecho con contrapesos institucionales al ejercicio del poder; requiere mayor seguridad patrimonial, certeza y eficiencia jurídica para proteger derechos individuales de propiedad y alentar planes de inversión con horizontes de plazo más largo; requiere canalizar fuerzas del mercado para asignar recursos de forma más eficiente; requiere acompañar la austeridad del gasto público con un ejercicio más inteligente del gasto. Requiere, en suma, avanzar de una economía proteccionista y de instituciones laxas con un pobre estado de derecho a una economía de reglas claras, justas (aplicables a todos por igual) y de libre intercambio.

 En la medida en que el país persista en una senda divergente de los requisitos anteriores, los riesgos de un declive más pronunciado serán crecientes. El gasto público debe ser un instrumento para proveer, principalmente, seguridad; no obstante, parece que se ha ejercido de forma más discrecional, recortando programas diseñados para generar retroalimentación adecuada de su desempeño. Asimismo, no parece haber políticas claras contra la inseguridad. En tanto el gobierno no atienda las causas de la inseguridad, el riesgo asociado a la inversión tendrá un reflejo en precios más altos, un crecimiento menguante; menores posibilidades de crédito a las personas más pobres que viven en las regiones más inseguras del país; y un retraso en las capacidades de desarrollo profesional e integral de los mexicanos.