¿Qué significa hoy hablar de justicia y propiedad? La lección de un teólogo del siglo XVI puede seguir iluminando nuestra época de crisis económica y política.
Luis de Molina, jesuita, teólogo y jurista español del siglo XVI, es una de las figuras más originales de la Escolástica tardía, corriente filosófico-jurídica que tuvo su cúspide en la llamada Escuela de Salamanca. que floreció en los siglos XVI y XVII en la Universidad local, registró la aportación de teólogos y juristas, principalmente dominicos y jesuitas, entre ellos pensadores como Francisco de Vitoria, considerado el fundador, Domingo de Soto y Juan de Mariana. La Escuela es considerada precursora del liberalismo clásico, por su contribución a la teoría económica, el derecho natural y la defensa de la libertad individual.
Estos principios fueron desarrollados por Molina en De Iustitia et Iure, publicado por primera vez en 1593, donde aborda la cuestión de la propiedad y la justicia económica con un equilibrio extraordinariamente oportuno. Sus elaboraciones, basadas en la defensa de la propiedad privada y el libre comercio, representan un claro rechazo a cualquier forma de intervencionismo estatal y de redistribución forzosa de la riqueza.
«Dominium non est nisi ex iusta causa et sine iniuria alterius» (La propiedad sólo existe por una causa justa y sin injusticia para los demás), afirma con aparente sencillez, y cuestiona las políticas fiscales y redistributivas modernas, que ahogan el incentivo al trabajo y obstaculizan la creación de riqueza.
Como puede constatarse a cada momento, en la época actual y en cualquier latitud el debate sobre la propiedad y la justicia distributiva vuelve cíclicamente al centro de la escena. Desde la regulación del mercado de la vivienda hasta la fiscalidad de la riqueza, pasando hasta por las políticas de salario mínimo, los dilemas ya abordados por el jesuita español español. Su distinción entre dominium utile y dominium eminens -es decir, entre propiedad privada efectiva y el derecho del Estado a regular su uso en casos de necesidad pública- es visible hoy en día en las políticas de expropiación y regulación de la renta de la propiedad. Pero mientras algunos tienden a considerar al Estado como árbitro supremo, el académico salmantino advierte de los riesgos de un poder excesivo: «Nihil enim magis adversatur libertati hominis quam immoderata potestas principum’ (Nada es más adverso a la libertad del hombre que un poder excesivo de los gobernantes).
Cualquier intento de control estatal del mercado acaba por generar ineficiencia y corrupción, trayendo más perjuicios que beneficios. Este razonamiento se aplica directamente a las recientes medidas de control sobre el mercado inmobiliario, como los alquileres regulados en algunas capitales europeas y americanas. Mientras que por un lado, las leyes que imponen límites a los precios de los alquileres parecen responder a una necesidad de equidad social, corren el riesgo de crear efectos secundarios desastrosos al desincentivar la inversión y agravando la escasez de vivienda. La postura del citado Molina es clara: la propiedad es un derecho fundamental, y cualquier limitación impuesta desde arriba genera distorsiones económicas. La llamada «justicia social» no es más que un pretexto para imponer una planificación económica ineficiente y dañina.
Su pensamiento es, pues, de actualidad, ya que también aparece en los debates contemporáneos sobre la fiscalidad del patrimonio. La idea de gravar los grandes patrimonios para redistribuir la riqueza ha resurgido varias veces, sobre todo en tiempos de crisis económica. El teólogo español, aun reconociendo el papel del Estado en la gestión de la justicia distributiva, advierte de que una fiscalidad excesiva puede dar lugar a una injusticia mayor: «Tributum debet esse moderatum, ne nimia onera civibus imponantur» (La tributación debe ser la fiscalidad debe ser moderada, para no imponer una carga excesiva a los ciudadanos). Este principio choca con las propuestas modernas de gravar fuertemente la propiedad y la riqueza, que a menudo acaban afectando no sólo a los grandes ricos, sino también a los ricos.
El concepto de «precio justo» (pretium iustum) desarrollado por el pensador salmantino también da qué pensar. En el siglo XVI, el mercado aún estaba regulado en gran medida por normas y costumbres eclesiásticas, pero el pensador entiende que el valor de un bien depende del contexto y no de un precio impuesto desde arriba. «Pretium rerum non ex arbitrio principum, sed ex communi consensu mercatorum pendet» (El precio de las cosas no depende de la arbitrariedad de los gobernantes, sino del común consentimiento de los comerciantes). Esta intuición, que anticipa la moderna teoría de la oferta y la demanda, demuestra la ingenuidad de ciertas políticas de control de precios, que a menudo acaban distorsionando el mercado en lugar de garantizar una mayor justicia.
La relevancia del intelectual escolástico no se detiene, sin embargo, en la economía. Sus aportaciones sobre la libertad individual y el equilibrio entre derecho y moral tiene implicaciones en el debate actual sobre regulación tecnológica y privacidad. Si en el siglo XVI el poder que había que temer era el del soberano, hoy la amenaza viene también de las grandes plataformas digitales y gobiernos que buscan cada vez más controlar la información y los datos personales. La idea de que la libertad económica está ligada a la libertad política y social encuentra en los debates actuales sobre la libertad de expresión y la vigilancia digital.
Luis de Molina nos enseña que el Derecho no es una mera suma de normas abstractas sino el resultado de un equilibrio dinámico entre la libertad individual y el bien común. En una época en la que gobiernos e instituciones supranacionales imponen regulaciones cada vez más invasivas en la vida económica y privada, su obra es una advertencia contra los excesos del intervencionismo y una llamada a defender la libertad como pilar de la sociedad. Sigue siendo también un punto de referencia para entender que la justicia no es una imposición desde arriba, sino el fruto de un orden espontáneo basado en el respeto mutuo y la armonía entre derechos y deberes.
Sandro Scoppa: abogado, presidente de la Fundación Vincenzo Scoppa, director editorial de Liber@mente, presidente de la Confedilizia Catanzaro y Calabria.
Twitter: @sandroscoppa