Petróleos Mexicanos (PEMEX) es hoy, sin exagerar, el mayor riesgo fiscal para el país. Una empresa estatal técnicamente quebrada, que en lugar de reestructurarse se ha convertido en un símbolo ideológico al servicio del régimen de Morena. En nombre de una falsa soberanía energética, el gobierno federal ha canalizado recursos multimillonarios para sostener un modelo ineficiente, corrupto y financieramente inviable. Con cada sexenio la petrolera se ha deteriorado más, pero fue con la llegada del actual gobierno que se abandonaron por completo las decisiones técnicas para sustituirlas por discursos populistas.

La reciente decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de absorber parte de la deuda de PEMEX —más de 11 mil millones de dólares en vencimientos para 2025— confirma lo que analistas, calificadoras y organismos internacionales han advertido por años: la petrolera estatal está en quiebra operativa y es incapaz de sostenerse sin rescates permanentes del erario. El Estado mexicano, al asumir sus pasivos una y otra vez, está comprometiendo recursos públicos que deberían destinarse a infraestructura, salud, educación y seguridad, y los está redirigiendo a una empresa que no genera rentabilidad ni crecimiento económico.

Lo más grave es que el rescate de PEMEX no responde a una lógica económica ni a una visión de política energética de largo plazo. Es un movimiento político, ideológicamente cargado, que responde a la necesidad del gobierno de mantener viva su narrativa de autosuficiencia energética y “recuperación de la soberanía”, aunque la realidad sea exactamente lo opuesto: dependencia de deuda, captura institucional y fracaso operativo.

Morena ha utilizado a PEMEX como estandarte electoral, como botín burocrático y como excusa para canalizar recursos discrecionalmente. Mientras tanto, la producción petrolera continúa cayendo, los proyectos de refinación como Dos Bocas están sobreejecutados y sin resultados, y la empresa acumula más pasivos que activos. En pocas palabras, PEMEX no es un activo estratégico: es un pasivo tóxico.

Hoy enfrentamos una encrucijada similar a la que provocó el Fobaproa en los años 90: el dilema de socializar pérdidas privadas o enfrentar una crisis fiscal. Pero esta vez, el problema no es un sistema financiero desregulado, sino una empresa pública parasitada por intereses políticos. Este ensayo plantea que el verdadero riesgo no es la quiebra de PEMEX, sino el costo de seguir rescatándola sin reformarla, y propone una salida desde la teoría liberal económica —no desde el dogma, sino desde el pragmatismo fiscal

PEMEX y sus números

PEMEX ya no es una empresa rentable ni un motor económico del país: es un lastre financiero e institucional. Las cifras más recientes dejan claro su deterioro estructural:

• Al cierre del primer trimestre de 2025 su deuda bruta financiera ascendió a 2.05 billones de pesos, torno a 101 mmdd, un incremento del 21 % respecto al año anterior. Esa cifra representa aproximadamente 5.7 % del PIB estimado del país
• La deuda comercial con proveedores se ubicó en 430 mil millones de pesos a mediados de 2025, 18.8 % mayor que un año antes, y sigue creciendo
•  en 2025, estas se deben en gran medida a utilidades cambiarias, no a un modelo productivo viable. La producción de crudo se mantiene estancada en cerca de 1.6 mbd, muy por debajo de la meta de 1.8 mbd.

En este contexto, ganar dinero es incidental; mantener la empresa a flote implica transferencias constantes: en 2025 el gobierno autorizó aportaciones por más de 130 mil millones de pesos para amortizaciones, y se ha planteado una colocación de bonos que podría llegar hasta 246 mil millones de pesos de endeudamiento, es decir, uno de cada cinco pesos de nueva deuda pública apuntalará a PEMEX.

Una empresa disfuncional

Desde el arribo de Morena al poder, PEMEX ha dejado de operar con lógica técnica o financiera. Se ha convertido en vehículo de una nueva versión de nacionalismo petrolero: un discurso paternalista que justifica inversiones sin señales de retorno, como la refinería de Dos Bocas (Olmeca), que costó millones extra y aún no produce valor proporcional. El régimen ha preferido eslóganes de soberanía, mientras evita enfrentar la dura realidad: ineficiencia crónica, producción en declive y proyectos inflados por motivos políticos.

Se afirma combatir la corrupción, pero en la práctica la paraestatal funciona como un botín. Contratos inflados, adjudicaciones directas y protección política a directivos citados por irregularidades (como Octavio Romero) han persistido sin consecuencias reales. La complicidad institucional ha permitido que los sobrecostos, principalmente en proyectos estructurales, se conviertan en rutina, no en excepción.

Las señales globales.

No se trata solo de una percepción interna: organismos internacionales y fondos éticos han reaccionado. Por ejemplo, el fondo soberano de Noruega salió completamente de PEMEX en mayo de 2025, citando preocupaciones éticas por sospechas de corrupción y falta de transparencia en investigaciones como Odebrecht y Altos Hornos.

Este retiro no es anecdótico: es una advertencia sobre cómo los riesgos de gobernabilidad impactan directamente en la capacidad de financiamiento extranjero y en la credibilidad crediticia de la empresa y del país.

Corrupción señalada

La administración de Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con la bandera del combate frontal a la corrupción. Sin embargo, en el caso de PEMEX, esa promesa no solo ha sido incumplida, sino que ha sido reemplazada por un sistema de simulación institucional, encubrimiento político y uso faccioso de recursos públicos. La empresa no ha dejado de ser corrupta; simplemente cambió de beneficiarios.

Adjudicaciones directas como norma, no excepción

Uno de los síntomas más claros de la opacidad bajo el actual régimen ha sido el uso excesivo de adjudicaciones directas. En 2023, más del 80% de los contratos asignados por PEMEX se realizaron sin licitación pública, rompiendo con principios básicos de transparencia y competencia. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha advertido que estos esquemas facilitan el sobreprecio, la concentración de obras y la falta de fiscalización real.

En el caso emblemático de la refinería de Dos Bocas, se ha documentado que más del 75% del presupuesto fue asignado por adjudicación directa o invitación restringida. Empresas sin experiencia previa, ligadas a militares o a operadores políticos del régimen, recibieron contratos millonarios sin justificar su capacidad técnica ni financiera.

Sobreprecios

La ASF ha documentado múltiples irregularidades en el manejo presupuestal de PEMEX. En su informe de 2023 sobre la Cuenta Pública 2021 y 2022, se detectaron desviaciones por más de 28 mil millones de pesos en diversos proyectos, incluyendo Dos Bocas, la rehabilitación de refinerías y contrataciones con proveedores sin documentación completa. A pesar de las alertas técnicas, el gobierno ha optado por ignorar las observaciones o descalificarlas como “ataques” de los conservadores, en lugar de corregirlas.

La ASF incluso ha señalado que PEMEX reincide sistemáticamente en prácticas irregulares, como no acreditar el uso del gasto, inflar costos sin justificación técnica y modificar contratos con ampliaciones sospechosas. En cualquier empresa privada, esto habría desencadenado despidos, sanciones e investigaciones penales. En PEMEX, bajo el actual régimen, ha habido impunidad total.

El blindaje político de Octavio Romero

El director general de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, es uno de los funcionarios más cercanos al presidente López Obrador. Ingeniero agrónomo sin experiencia en el sector energético, ha sido blindado por el poder presidencial pese a los múltiples fracasos operativos y financieros de su gestión. Bajo su dirección, PEMEX ha alcanzado las mayores pérdidas de su historia reciente, ha incrementado su dependencia del erario y ha deteriorado su producción… sin consecuencias.

Las críticas hacia Romero Oropeza —por parte de expertos, académicos, la ASF y medios internacionales— han sido sistemáticamente ignoradas o minimizadas. No se le exige rendición de cuentas, ni se le evalúa con base en resultados, sino con base en lealtad política al Ejecutivo. Esta lógica clientelar ha debilitado la institucionalidad de PEMEX y ha consolidado una cultura de impunidad administrativa.

PEMEX como maquinaria de propaganda

Más allá de su función económica, PEMEX ha sido transformada en una plataforma de propaganda oficial. La narrativa gubernamental insiste, sin evidencia ni resultados, en que la empresa es “estratégica”, “patriótica” y “motor de desarrollo nacional”. En los hechos, esa narrativa sirve para justificar inyecciones presupuestales multimillonarias, condonaciones fiscales y subsidios disfrazados.

El discurso de “autosuficiencia energética” ha sido repetido hasta el cansancio, pero la realidad muestra lo contrario: México sigue importando gasolina y gas en proporciones significativas, y el sistema de refinación nacional opera por debajo del 50% de su capacidad real. Aun así, el gobierno promueve una imagen mítica de PEMEX como columna vertebral del Estado, cuando en realidad es una estructura deteriorada que consume recursos sin producir valor.

Además, los “logros” de PEMEX han sido utilizados como herramienta electoral. Cada supuesta inauguración, producción marginal o contrato con aliados estratégicos es amplificada en las mañaneras y en medios afines al oficialismo, aunque no se traduzca en mejoras reales ni en ingresos para el país.

El Fobaproa de Morena

Cuando se menciona la palabra «Fobaproa» en la conversación pública mexicana, se encienden pasiones y se revive uno de los episodios más costosos, pero también más incomprendidos, de la historia económica reciente. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), convertido en IPAB, permitió rescatar al sistema financiero mexicano tras la crisis de 1994, evitando un colapso bancario masivo y una corrida sistémica. Aunque su ejecución fue opaca y su costo enorme —más de 100 mil millones de dólares, que se siguen pagando—, cumplió su función estabilizadora.

El caso de PEMEX es diferente, y por eso aún más preocupante. Porque mientras el Fobaproa respondió a una crisis sistémica en el sector financiero, el rescate de PEMEX responde a una crisis autogenerada, por decisiones políticas irresponsables, por corrupción institucionalizada y por una obsesión ideológica con sostener artificialmente a una empresa inviable. Lo que se está gestando hoy no es un rescate de emergencia: es un rescate anunciado, gradual y crónicamente irresponsable. Es, sin duda, el Fobaproa de Morena, pero sin la justificación de evitar un colapso sistémico.

Desde 2019, el gobierno federal ha transferido más de 1.3 billones de pesos a PEMEX entre apoyos directos, condonaciones fiscales, inyecciones de capital y pagos de deuda. En 2025, la SHCP ha anunciado que absorberá directamente más de 11 mil millones de dólares en vencimientos, y autorizará emisiones de deuda adicionales para cubrir necesidades de capital y operación. Esta acción equivale a trasladar las pérdidas estructurales de PEMEX al contribuyente, exactamente como ocurrió con la banca en los 90, pero sin una reestructuración formal, sin transparencia y sin rendición de cuentas.

La diferencia fundamental es que el Fobaproa fue presentado como una solución de última instancia, mientras que el rescate de PEMEX ha sido planeado, reiterado y justificado ideológicamente desde el discurso oficial. Es decir, se está normalizando el uso del presupuesto público para sostener una empresa que no genera valor, que opera con pérdidas y que arrastra una cultura de impunidad operativa y financiera.

Costos fiscales

La deuda de PEMEX representa ya más del 5.7% del PIB, y su servicio presiona crecientemente las finanzas públicas. Cada peso que se destina a PEMEX es un peso menos para salud, educación, infraestructura o seguridad pública. Según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el costo fiscal de sostener a PEMEX superará los 340 mil millones de pesos en 2025, sin contar el efecto que eso tiene sobre la confianza de inversionistas y calificadoras.

Además, el financiamiento para PEMEX no proviene de ingresos extraordinarios ni de un superávit fiscal —que no existe—, sino de endeudamiento público. En otras palabras, el país se está endeudando para sostener pérdidas, lo que afecta directamente el costo del crédito soberano, encarece el financiamiento de estados, municipios y empresas, y pone en riesgo la estabilidad fiscal a mediano plazo.

López Obrador construyó su carrera política criticando el Fobaproa, calificándolo como el “mayor atraco del neoliberalismo”, y prometió que jamás permitiría un nuevo rescate de grandes intereses económicos con dinero del pueblo. Sin embargo, en la práctica, ha hecho exactamente eso: ha creado su propio Fobaproa, solo que en vez de salvar bancos privados, está rescatando a una empresa pública quebrada que sirve como plataforma electoral, símbolo político y fuente de contratos discrecionales.

La diferencia es que, mientras el Fobaproa fue gestionado con la presión de organismos multilaterales y bajo ciertas condiciones técnicas, el rescate de PEMEX ocurre sin ningún contrapeso, con la complacencia de una mayoría legislativa, sin evaluación externa y bajo una narrativa que niega la quiebra.

Este nuevo Fobaproa, por tanto, no es solo económico, sino también político e institucional. Es una forma de financiar la propaganda del régimen, de posponer una decisión necesaria —reestructurar o liquidar parcialmente PEMEX— y de simular estabilidad donde no la hay.

El gran error de este nuevo Fobaproa es que no se acompaña de una reestructura real de la empresa, ni de reglas de transparencia, ni de compromisos con la rendición de cuentas. Solo se está posponiendo lo inevitable: la necesidad de redimensionar a PEMEX, de abrir el mercado energético, de permitir inversión privada sin tabúes ideológicos, y de reconocer que la empresa no es estratégica, sino tóxica para la hacienda pública.

Si no se rompe con este patrón de socialización de pérdidas, México se dirige a una crisis fiscal de segunda generación, una donde no será un evento externo o una burbuja financiera lo que detone la crisis, sino la tozudez de un régimen que prefirió sostener un mito que enfrentar la realidad económica.

Salidas para PEMEX:

Frente al colapso anunciado de PEMEX, las salidas no pueden ser ni nostálgica. La solución no está en seguir financiando una empresa fallida por razones de orgullo nacional, pero tampoco en venderla al mejor postor como si fuera un remate. El reto es mayor: romper con la narrativa populista que secuestra la política energética y reencauzarla hacia la competencia, la transparencia y la eficiencia.

El liberalismo económico ofrece respuestas, pero no desde la caricatura del “Estado mínimo” o el dogma del “mercado perfecto”, sino desde una visión funcional y realista. Se trata de liberar al sector energético del peso de una empresa zombi, reducir el costo fiscal de su existencia, y permitir que nuevos actores, nacionales e internacionales, generen inversión, innovación y empleo en condiciones de competencia.

4 puntos importantes:

1. Separación institucional entre PEMEX y el Estado

Uno de los principales vicios del modelo actual es que PEMEX opera como una extensión informal del poder presidencial, sin contrapesos técnicos ni escrutinio independiente. El primer paso realista es aplicar una “muralla institucional” entre PEMEX y el Ejecutivo. Esto implica:

• Convertir a PEMEX en una verdadera empresa pública, sujeta a auditorías externas, a códigos de gobierno corporativo internacionales, y con un consejo directivo autónomo, sin cuotas partidistas ni lealtades personales.
• Establecer mecanismos de evaluación de desempeño independientes, que incluyan metas de rentabilidad, eficiencia operativa y transparencia financiera.
• Eliminar su papel como “brazo social” del gobierno: si el Estado quiere subsidios o gasto social, que lo haga desde el presupuesto federal y no desde el balance de una empresa técnica.

Esta reforma no requiere cambiar la Constitución: exige voluntad política para tratar a PEMEX como una entidad sujeta a evaluación, no como tótem nacional.

2. Reestructurar financieramente, no rescatar eternamente

El liberalismo no está en contra de la intervención del Estado, sino de su uso ineficiente. La prioridad es detener la sangría fiscal que implica sostener a PEMEX sin condiciones. Para ello, se propone:

• Un plan de reestructura escalonado, con tres fases:
  • Reducción inmediata de costos operativos, recorte de plazas superfluas, cierre de proyectos sin retorno (como plantas subutilizadas).
  • Venta o cesión de activos no estratégicos: flotilla aérea, inmuebles improductivos, subsidiarias con pérdidas crónicas.
  • Consolidación de deuda con quita y condiciones de mercado, pactando con acreedores institucionales una reprogramación ordenada, no bajo presión.

Este enfoque reconoce la necesidad de absorber parcialmente el pasivo de PEMEX, pero exige a cambio disciplina y resultados, no inyecciones sin control.

3. Abrir el mercado energético a la competencia con reglas claras

PEMEX no puede ser reformada mientras funcione como monopolio protegido, y el resto del mercado viva bajo un régimen hostil. Para crear un ecosistema competitivo y funcional, se requiere:

• Eliminar barreras regulatorias que impiden la entrada y operación de empresas privadas en exploración, refinación, logística y distribución.
• Restaurar las funciones de órganos reguladores como la CRE y la CNH, que han sido debilitados deliberadamente por el actual gobierno.
• Crear un marco fiscal y legal equitativo, donde PEMEX compita en igualdad de condiciones, sin subsidios ni excepciones fiscales encubiertas.
• Promover asociaciones público-privadas con transparencia, no como privatizaciones disfrazadas, sino como vehículos para atraer capital y conocimiento sin comprometer propiedad estatal si así se desea mantener.

En países como Noruega o Colombia, modelos híbridos han funcionado sin renunciar a la rectoría del Estado, pero fomentando eficiencia y competencia.

4. Comunicar la verdad y desmitificar a PEMEX

La narrativa oficial ha impuesto la idea de que “salvar a PEMEX es salvar a México”. Nada más alejado de la realidad. Un enfoque liberal realista exige romper con los mitos que impiden avanzar:

• PEMEX no es sinónimo de soberanía: la soberanía se construye con instituciones fuertes, no con empresas quebradas.
• PEMEX no es estratégica por su producción: representa apenas el 3% del PIB y menos del 10% de los ingresos públicos; su peso económico ha disminuido constantemente desde los 2000.
• PEMEX no es patrimonio del pueblo, es una carga que hoy pagan los contribuyentes, en forma de deuda, menor inversión en servicios públicos y riesgo macroeconómico.

Es urgente iniciar una campaña de pedagogía pública, basada en datos duros, que desmonte las narrativas que impiden la reforma y expliquen claramente los costos de sostener la mentira.

La salida a la crisis de PEMEX no está en rescates eternos ni en privatizaciones improvisadas. Está en una transición firme, gradual y con visión de largo plazo hacia un modelo energético competitivo, transparente y diversificado. El liberalismo realista propone justamente eso: una economía con reglas, no con monopolios ideológicos, donde el Estado regule y supervise, pero no opere con criterios políticos.

Seguir inyectando dinero a PEMEX sin exigirle nada a cambio no es política energética: es populismo fiscal. México tiene la oportunidad de evitar otra catástrofe económica, pero sólo si tiene el valor de derribar mitos y enfrentar la realidad con visión, no con nostalgia.

Conclusión

PEMEX ya no es una empresa productiva, ni siquiera una empresa viable. Es un instrumento político del régimen de Morena, sostenido por dinero público, protegido por opacidad y defendido con discursos populistas. Convertirla en el nuevo Fobaproa es una decisión irresponsable, que compromete el futuro fiscal del país por defender un símbolo que sólo sobrevive en la propaganda presidencial.

El camino liberal realista no es vender todo ni cerrar de golpe, sino aplicar criterios económicos, eliminar la interferencia política, abrir mercados y cortar de raíz la corrupción institucionalizada. Si no se hace ahora, México no sólo cargará con la deuda de PEMEX, sino con las consecuencias de haber sacrificado el futuro por una mentira del pasado.