El Reglamento de la UE sobre “restauración de la naturaleza” , que entró oficialmente en vigor el 18 de agosto de 2024, representa una de las novedades más significativas en el panorama de las políticas medioambientales europeas. Esta ambiciosa legislación tiene como objetivo restaurar al menos el 20% de las superficies terrestres y marinas de la UE de aquí a 2030 y todos los ecosistemas degradados de aquí a 2050. Sin embargo, a pesar de la aprobación y entrada en vigor del reglamento, ya se encuentra en el centro de un acalorado debate.
De hecho, pese a haberse presentado como una respuesta necesaria a la supuesta crisis ecológica y climática, surgen varias cuestiones respecto a la nueva iniciativa europea que merecen ser exploradas con mayor profundidad. No sólo en lo que respecta a las implicaciones económicas y políticas de la ley, sino también en lo que respecta a la narrativa dominante de la propia crisis ambiental.
La base en la que se basa el Reglamento es bastante conocida: está representada por la idea de una crisis medioambiental sin precedentes, que requeriría intervenciones urgentes y radicales. Sin embargo, es legítimo preguntarse si esta narrativa está completamente fundada o si, por el contrario, no es exagerada para justificar una expansión del control estatal y una mayor centralización de las decisiones a nivel europeo.
Si analizamos la historia, queda claro que ha habido muchas predicciones catastróficas relacionadas con el medio ambiente que nunca se han materializado. En los años 70, por ejemplo, se hablaba de una inminente edad de hielo, mientras que hoy el principal temor parece ser el del calentamiento global. La evolución de la ciencia y la tecnología a menudo ha refutado las predicciones más alarmistas, y muchos problemas ambientales que parecían insuperables se han resuelto mediante la innovación y la adaptación.
Uno de los académicos más influyentes a la hora de cuestionar la narrativa catastrofista fue el economista Julian Simon. Ha revocado radicalmente la concepción común de “recursos naturales”, argumentando que no existen en la naturaleza como tales. En su opinión, es el ingenio humano el que transforma las materias primas en recursos útiles. Los recursos, subrayó, no son finitos y limitados, sino infinitos, ya que el progreso tecnológico y la creatividad humana aumentan continuamente su disponibilidad y utilización: «los recursos naturales –escribió en particular– son creados por el intelecto humano; Lo que consideramos ‘escaso’ se vuelve abundante a medida que aprendemos a hacer un mejor uso de ellos.”
Esta es, sin duda, una perspectiva que anula la perspectiva ambiental dominante, sugiriendo que la humanidad no está destinada a agotar los recursos del planeta, sino que tiene la capacidad de expandir y mejorar continuamente su base de recursos a través de la innovación. Simon subrayó que el hombre, con su capacidad de innovar y adaptarse, es el “recurso último”, el factor clave para superar cualquier límite percibido impuesto por la naturaleza.
Su visión contrasta, por supuesto, con el alarmismo de muchos ambientalistas, que ven el crecimiento económico y el uso de los recursos naturales como una amenaza existencial. Por el contrario, el propio Simon y muchos otros economistas liberales ven la libertad económica y el libre mercado como el principal motor del progreso y la sostenibilidad a largo plazo. En este contexto, la descripción de la crisis ambiental puede parecer una herramienta para justificar un control cada vez más estricto de los recursos y las economías por parte de los gobiernos y las instituciones supranacionales, más que un fenómeno basado en la escasez real.
Aparte de esto, también hay que considerar que incluso si se admitiera la supuesta crisis medioambiental, seguirían existiendo fuertes dudas sobre cómo debería abordar el Reglamento de la UE esta supuesta emergencia. De hecho, las disposiciones imponen importantes limitaciones a los Estados miembros, las empresas y los ciudadanos, lo que genera preocupaciones en varios frentes.
Uno de los aspectos más controvertidos de la medida es la centralización del poder de decisión en Bruselas. En una Unión Europea que profesa ser democrática, imponer reglas estrictas desde arriba podría percibirse como un ataque a la soberanía de los estados miembros. Las naciones individuales están mejor posicionadas para comprender y gestionar sus problemas ambientales específicos, e imponer estándares uniformes podría resultar contraproducente.
Albert Epstein, un economista conocido por sus críticas a las regulaciones ambientales y por defender el libre mercado como solución a los problemas ecológicos, observó que “la estandarización excesiva es enemiga de la resiliencia y la innovación locales”. Y la centralización corre el riesgo de amplificar la burocracia, ralentizar la implementación de políticas y aumentar los costos para los ciudadanos.
También hay que señalar a este respecto que el reglamento exige enormes inversiones para la restauración de los ecosistemas, pero no aclara adecuadamente cómo se asumirán estos costes. Incluso si la UE promete apoyo financiero, es probable que gran parte de la carga recaiga sobre los contribuyentes y las pequeñas y medianas empresas, ya presionadas por regulaciones cada vez más onerosas. Los agricultores, en particular, podrían verse obligados a renunciar a tierras productivas para ayudar a restaurar los hábitats naturales, con consecuencias directas sobre sus ingresos y la seguridad alimentaria de Europa. En tiempos de incertidumbre económica global, las políticas que penalizan la productividad agrícola e industrial podrían tener efectos desastrosos.
Por último, existe el riesgo de que el énfasis en el cumplimiento de normas europeas detalladas pueda crear un ambiente de inercia burocrática, donde la innovación y las soluciones locales se vean sofocadas. Las regulaciones ambientales deberían fomentar la creatividad y la búsqueda de soluciones sostenibles, en lugar de imponer una serie de obligaciones rígidas que dejan poco margen a la iniciativa individual.
A lo anterior se suma que las predicciones más pesimistas sobre el medio ambiente muchas veces no toman en cuenta la capacidad de la naturaleza para regenerarse y adaptarse. A este respecto, no está de más recordar lo que dijo Patrick Moore, cofundador de Greenpeace y posteriormente crítico del ambientalismo extremo: «El movimiento ecologista ha abandonado la ciencia y la lógica en favor del miedo y la propaganda. Los alarmistas medioambientales apelan a una imagen distorsionada de la realidad para manipular la opinión pública.” Moore señaló que muchas de las amenazas ambientales proclamadas no están respaldadas por evidencia científica sólida, sino que son exageraciones destinadas a promover una agenda política específica.
Klaus Schwab, a su vez, en el libro “El gran reinicio” analizó la idea de una transformación radical de la economía global, que tiene mucho en común con el enfoque de Bruselas. Sin embargo, advirtió del peligro de una “sobrerregulación” que podría asfixiar las economías nacionales y limitar las libertades individuales. Por lo tanto, es imprescindible hacer un llamado a la cautela cuando se trata de implementar políticas de tan amplio alcance.
Continuando con el tema, Victor Klaus, economista y ex Presidente de la República Checa, escribió: «El verdadero peligro es la explotación de la crisis medioambiental para justificar políticas que restringen las libertades e imponen costes insostenibles. Siempre debemos preguntarnos quién se beneficia realmente de estas medidas”. Su observación pone de relieve el riesgo de que la crisis medioambiental se utilice como pretexto para ampliar el control estatal y limitar las opciones individuales.
En última instancia, se puede argumentar que el Reglamento de la UE en cuestión, aunque puede mostrar aspectos que requieren atención, en cualquier caso expresa el ejemplo de cómo el enfoque intervencionista, burocrático y centralizado puede resultar problemático. Si realmente existe la necesidad de proteger el medio ambiente, no hay duda de que el objetivo debe perseguirse de manera que se respete la libertad política y económica, la soberanía nacional y la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas.
En esencia, en lugar de imponer reglas rígidas desde arriba, la UE debería limitar su alcance y promover un enfoque más descentralizado, basado en el mercado y la cooperación voluntaria, que incentive prácticas sostenibles a través de la competencia, la innovación y la responsabilidad individual. Al dejar más espacio para soluciones locales y privadas, se podrían lograr mejores resultados sin sacrificar la libertad y el bienestar económico. Sólo así podremos garantizar un futuro en el que la prosperidad y la libertad vayan de la mano de la conservación del medio ambiente.
Agradecemos al autor su amable permiso para retomar su artículo, publicado originalmente en Strade: https://www.stradeonline.it/scienza-e-razionalita/4933-natura-contro-liberta-il-regolamento-ue-che-divide-l-europa
Sandro Scoppa: abogado, presidente de la Fundación Vincenzo Scoppa, director editorial de Liber@mente, presidente de la Confedilizia Catanzaro y Calabria.
Twitter: @sandroscoppa