Hace algunos años tomé una clase de federalismo fiscal y, en una de las lecciones, el profesor reflexionó sobre los monopolios gubernamentales en México. “Pemex es claramente un monopolio”, dijo, “pero al menos es nuestro monopolio”.

Vea aquí video de presentación de este ensayo: https://youtu.be/bE1oEL_QN5Y

Este tipo de afirmaciones son populares en nuestro país, pero su aparente fortaleza retórica no sobrevive a ningún análisis económico serio. La afirmación no responde, por ejemplo, cuál es el supuesto beneficio de que el monopolio sea nuestro (lo que sea que eso signifique) y no de alguien más. Contrario a lo que piensan decenas de mexicanos, no es automáticamente obvio que un recurso como el petróleo deba ser gestionado por el gobierno. Así que antes de hablar de los problemas con la visión actual del gobierno, es útil dar un paso atrás y pensar sobre las implicaciones económicas de un monopolio gubernamental.

La parábola del forastero

Invoquemos una economía hipotética. En esta economía hipotética, el gobierno de un pequeño pueblo cela un pozo petrolero. El gobierno vende un barril por 60 dólares, pero los costos por la extracción y distribución de ese barril son de 55 dólares, que pagan los contribuyentes del pueblo vía impuestos. La ganancia neta del pueblo –suponiendo que los beneficios se distribuyen entre sus miembros– es, entonces, de un máximo de 5 dólares.

Al pueblo de nuestra economía hipotética llega un forastero y ofrece pagarle al gobierno 10 dólares por cada barril que extraiga del pozo a cambio del derecho de vender ese barril y quedarse con el dinero. El forastero encontró un método de extracción más eficiente, con el cual puede extraer y distribuir el barril por 35 dólares. Con ese costo, proyecta que podría ganar 25 dólares por barril (suponiendo que el precio por barril de 60 dólares no cambiara), para quedarse con una ganancia neta de 15 dólares luego de pagarle al gobierno los 10 dólares.

¿Le conviene al pueblo escuchar al forastero? Resumamos la información en la siguiente tabla:

Si el gobierno cediera la administración del pozo al forastero, tendría más dinero para distribuir al pueblo y pagar bienes y servicios. El costo de extraer y distribuir un barril dejaría de recaer en los contribuyentes para ser asumido por el forastero. Esta es la posibilidad que abre un mercado abierto a la participación privada: el enriquecimiento recíproco. Notemos, entonces, que cuando un tercero puede ser más eficiente en la gestión de un recurso, deja de ser obvio que el gobierno sea el más indicado para monopolizarlo.

Cuando un sector de la economía se abre al mercado, hay incentivos para que aquellas empresas u organizaciones con ventaja comparativa compitan por participar en él. Y eso a largo plazo beneficia a la sociedad en su conjunto, pues los mercados abiertos permiten que los consumidores asuman menos costos por los bienes y servicios que consumen.

La lógica del control político

Si podemos invocar una excepción teórica sencilla que derrumba la aparente solidez del caso a favor de los monopolios gubernamentales, ¿por qué persisten? ¿Por qué el gobierno actual guarda tanto interés en centralizar de vuelta al sector energético?

En la economía hipotética, supusimos implícitamente que los habitantes y el gobierno se beneficiaban directamente de una mayor eficiencia y, por lo tanto, estaba en su interés dejar la gestión del pozo petrolero al forastero. Por lo regular, sin embargo, los políticos no se benefician de una mayor eficiencia económica de los monopolios bajo su supervisión. Contrario a un participante en un mercado abierto, su riqueza no está subordinada a la eficiencia con que gestionan los recursos bajo su cargo.

Pero tener un monopolio puede conferir otro tipo de ganancias a la clase política.

Un político puede extraer rentas del sector energético para premiar a grupos de interés y consolidar de ese modo su permanencia en el poder, a cambio de pasarle la cuenta a contribuyentes dispersos que pagan el alto costo de sus decisiones administrativas. A pesar de la ineficiencia de la gestión gubernamental, el político tiene un interés en conservar el control sobre el sector energético porque eso le permite distribuir recursos a grupos aliados o votantes clave. Los monopolios gubernamentales son el fulcro del poder político.

El caso de Gas… ¿Bienestar?

El 28 de julio de este año, la Secretaría de Energía exhortó a la Comisión Reguladora de Energía a fijar precios máximos al consumidor final de gas LP, bajo la premisa de que los consumidores estaban pagando precios excesivos. El gobierno acusó a la liberalización del sector energético en el sexenio pasado de los incrementos en el precio del gas, y aunado a los precios máximos anunció la creación de Gas Bienestar: una nueva empresa gubernamental que prometería precios más bajos y una mayor satisfacción de los consumidores de gas.

Al poco tiempo de la entrada en vigor de los precios máximos, el sector privado reaccionó de la manera esperada. Los precios máximos reducen el incentivo del sector privado a suministrar gas al público. El sector privado no es insensible a precios controlados.

¿Cuál es, de vuelta, la lógica detrás de este tipo de controles? Reducir el incentivo privado a participar en el mercado, a fin de provocar un exceso de demanda que los privados no vean rentable cubrir a los precios controlados. Entonces ha de entrar Gas Bienestar a salvar el día.

Gas Bienestar es un instrumento monopólico del gobierno que eventualmente significará una mayor presión fiscal a las finanzas del gobierno federal. Alrededor del 70% del gas que se consume en México es importado y se vende a un precio internacional. El gobierno federal tendrá que cubrir la diferencia entre el precio internacional y el precio controlado para cubrir la demanda adicional. Eso implica subsidiar el gas. Y los subsidios no son gratuitos: los paga el ciudadano de a pie, y en especial los más pobres, con sus impuestos, sea en el presente o en el futuro. Tarde o temprano pasan la factura. Ese no es un sacrificio inteligente, incluso en el contexto actual al escribir la nota en que los precios internacionales del gas LP han caído.

Gas Bienestar es un ejemplo más de una política que crea una relación asimétrica al privilegiar al gobierno por encima del sector privado. Significará una mayor presión sobre el bolsillo de los ciudadanos que no será compensada por un gas artificialmente más barato. Reducirá el incentivo a invertir en el sector, con lo que a largo plazo el subsidio tendrá que ser más alto. Además, significará crear un nuevo elefante blanco y burocrático que tendremos que mantener con nuestro dinero.

¿Por qué estamos donde estamos?

El sector energético en México carece de un desarrollo adecuado por las carencias institucionales de gobiernos anteriores. Décadas de control gubernamental contribuyeron al rezago del sector, pues inhibieron la incorporación de mecanismos de mercado que disciplinaran la toma de decisiones y las orientaran hacia la satisfacción de los consumidores.

El caso del gas, por ejemplo, es bastante ilustrativo. Durante las últimas tres décadas, la demanda de gas natural crecía tras el crecimiento de la población en México y otros avances tecnológicos que requerían un mayor consumo de energía. Pero Pemex carecía de incentivos adecuados para desarrollar la infraestructura en la provisión de gas y su distribución. ¿Por qué? Como explica Aldo Flores Quiroga en Reforma Energética: Hidrocarburos (2008), “El gas natural no era un buen negocio para Pemex o sus clientes, [y] el monopolio impedía que otras empresas entraran al mercado”. Como Pemex tenía pocos incentivos a producir una mayor cantidad de gas, la creciente demanda se vio satisfecha con más importaciones.

La importación de gas natural no es un problema por si mismo. Es más eficiente para la economía que se empleen recursos para obtener gas más barato del exterior cuando ese sea el caso, pero el problema es que con Pemex como monopolio, las barreras de entrada a nuevos competidores impedían un mayor nivel de producción doméstico. Con un mercado abierto, es plausible que disminuya la importación de gas natural. Es paradójico querer volver a un esquema de centralización energética que condujo al país a depender tanto del extranjero para satisfacer su demanda interna de gas.

Conclusiones y advertencia

La visión de que el gobierno debe gestionar recursos calificados de esenciales carece de rigor económico. A priori, no sabemos qué participante de la sociedad pueda gestionar un recurso de manera más eficiente. Los mercados abiertos son arenas en las cuales los emprendedores pueden arriesgar sus propios recursos y ver si pasan la prueba de que pueden suministrar un bien de mejor forma que sus competidores. Cuando no pasan la prueba, otros competidores están listos para ganarles una mayor cuota de mercado o tomar su lugar por completo. Por esta razón, aunque imperfectos, los mercados son vías más seguras para garantizar un mejor uso de nuestros recursos. El presidente tiene que dejar su capricho por hacer del sector público una especie de salvador portentoso capaz de asumir cualquier tarea. Hay tareas que son más eficientes en manos privadas que en elefantes blancos estatales. En lugar de retroceder en el tiempo hacia una mayor centralización gubernamental, su administración debería sumar esfuerzos para abrir aún más el mercado energético. Eso sí generaría bienestar en las familias mexicanas.