Introducción:

El presente trabajo explicará las consecuencias que han traído el control del mercado energético en México por parte del gobierno. El análisis contemplará cifras sobre las finanzas públicas, expectativas y consecuencias sobre la ciudadanía.

Después de la introducción, el trabajo se divide de la siguiente manera: en el según punto se analizará el mercado de petróleo en México. En el tercer punto el mercado eléctrico, finalmente se presentarás las conclusiones.

2.- El mercado de petróleo en México

El año pasado, Pemex anunció que había llegado a un acuerdo con la compañía de petróleo y gas Shell para adquirir su participación, que es de poco más de la mitad, en su refinería Deer Park en Houston, Texas. Dado que ya posee la otra mitad, si se concreta esta transacción, Pemex se convertirá en el único propietario de la empresa.

Según el comunicado de Shell, la adquisición de Pemex fue «indeseable», lo que en la práctica significa que la empresa no ha mostrado ningún plan de liquidación. Sin embargo, la compañía dejó en claro que la venta respaldaría sus planes globales para reducir su cartera de refinerías, para priorizar la producción de petroquímicos y energía limpia.

Pemex justifica su labor en el contexto de una nueva “política comercial” propuesta por el presidente de la República, encaminada a producir todo tipo de combustible que necesita el país.

Esta adquisición detendrá estos proyectos productivos internos: la renovación de seis refinerías existentes, la reconfiguración de la planta de Tula y la construcción de la planta de Dos Bocas. En general, el gobierno planea lograr la autosuficiencia en gasolina, diésel, combustible para aviones y otros productos derivados del petróleo para 2023.

La compra de acciones en Deer Park tiene restricciones en México. Sin duda, lo más importante es que esta actividad en relación con el resto de la inversión en refinación confirma el interés del gobierno por comerciar con el petróleo a pesar de su principal responsabilidad.

En particular, esto se enfoca en empresas que absorben recursos generales que necesariamente tienen costos de oportunidad. El acuerdo de la refinería de Houston ejerce una presión adicional sobre las finanzas públicas.

El precio de compra ascendió a $596 millones, incluidos $106 millones en efectivo y $490 millones para asumir las obligaciones de la respectiva empresa con Shell.

Se espera que Pemex pague una cantidad adicional por inventario cuando se cierre el trato, que se espera que tenga lugar en el cuarto trimestre de este año, que podría estar entre $250 millones y $350 millones en efectivo.

El impacto más obvio del desembolso y la absorción de los compromisos es que el control y la operación de Deer Park se transferirán de Shell a Pemex. Es probable que el gobierno vea esto como una forma de enfocar la producción en el procesamiento de crudo mexicano, que en cualquier caso tendrá que encajar en los contratos de suministro de petróleo existentes y los contratos de entrega de productos con otros países.

La ventaja de Deer Park es que el petróleo pesado se puede procesar sin generar fuel oil, una propiedad limitante de las instalaciones mexicanas. Sin embargo, es posible que la eficiencia operativa de la empresa disminuya debido a la operación ineficiente de Pemex en las refinerías locales, así como a la baja calidad del crudo que se explota localmente, lo que generará un aumento en los costos de procesamiento.

Una limitación adicional proviene del aumento de las regulaciones ambientales en los Estados Unidos, que incluyen posibles disposiciones destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Las consideraciones anteriores sugieren que la rentabilidad del proyecto es incierta, especialmente en un mundo donde las principales compañías petroleras están reduciendo su exposición en las refinerías como resultado del uso de energía y la pureza está aumentando.

Además, invertir para lograr la autosuficiencia en productos refinados del petróleo no tiene sentido para el país. Para cualquier bien o servicio, el comercio internacional brinda la oportunidad de especializarse, es decir, obtenerlo al menor costo posible, incluyendo claramente la posibilidad de importación.

Pero incluso cuando la autodeterminación está justificada, Deer Park no contribuye a ella. La refinación de petróleo en el exterior seguirá demandando importaciones, provocando un impacto “negativo” en la balanza comercial petrolera.

Finalmente, la autosuficiencia no justificará las restricciones a la participación emergente del sector privado en el sector energético impuestas por los cambios regulatorios recientes. Obviamente, el objetivo real es el control gubernamental del proceso de producción, más que la publicidad misma.

3.- El mercado eléctrico en México

Si bien la producción, transmisión y distribución de energía eléctrica en general representa una pequeña parte del PIB, y en México la tasa de participación es menor al 2.0%, ninguna actividad económica moderna puede prescindir de estos insumos.

La electricidad también es fundamental para la adopción de nuevas tecnologías que hacen más productivo el trabajo y estimulan el crecimiento económico potencial.

A pesar de su importancia, la actual administración en México ha buscado impedir la apertura gradual del sector eléctrico a la participación del sector privado, poniendo en peligro el suministro y la calidad de la electricidad del país en el futuro.

El mandato del gobierno parece haber sido «nacionalizar» la industria eléctrica en 1960, cuando la constitución escribió que la industria estaba «dedicada a la nación para la generación, gestión, transformación, distribución y provisión de energía». Electricidad con el fin de ahorrar electricidad. Servicios públicos. «

Esta restricción comenzó a levantarse en 1992, al permitir que la generación de energía eléctrica del sector privado fuera autosuficiente, venta a CFE o exportación, con la especificación legal de que estas capacidades no se consideraban «código de servicio».

La mayor apertura se logró en la reforma de 2013, en la que se legalizó la participación del sector privado en la producción y comercialización de energía eléctrica en condiciones “libres y competitivas”.

Entre los muchos cambios resultantes, destacó la formación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en el que los fabricantes suministran energía eléctrica a grandes comercializadores y usuarios, reconocidos a costos variables, cambiándolos, de menor a mayor, hasta cubrir la necesidad.

El precio que se les paga es el último costo que soporta el abonado, por lo que las estaciones tienen un incentivo para producir electricidad al menor costo. En este sentido, tienen una ventaja los procesos de energía limpia, cuyos costes variables suelen ser inferiores a los procesos tecnológicos tradicionales.

La capacidad de subastar contratos de suministro de energía a largo plazo a los proveedores de servicios primarios, ahora CFE, también se ha abierto a los productores de energía limpia. Así que se realizaron tres subastas para asegurar un suministro de electricidad a largo plazo y de bajo costo.

La administración actual ha tratado de impedir y revertir este progreso de tres maneras. La primera se basa en medidas administrativas, como la cancelación de subastas de nuevas coberturas eléctricas y la suspensión de pruebas preoperativas para plantas eólicas y fotovoltaicas.

La segunda es la Iniciativa de Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), aprobada por la Asamblea Nacional en marzo de 2021. Las reformas incluyen priorizar el ingreso de las plantas de la CFE al MEM, incluidas las máquinas más contaminantes. Adjudicación directa de contratos de entrega física en fecha y hora determinada, excluyendo centrales eléctricas limpias, y revisión y cancelación de permisos de producción existentes.

El tercero es el proyecto de reforma constitucional, que busca profundizar y ampliar los cambios a la ley de vida. Se consideró el control del gobierno sobre todas las fases de la industria, restricciones a la participación de centrales eléctricas privadas, cancelación de todos los permisos de producción y acuerdos de compra de energía, y el colapso del MEM, entre muchos otros.

Como todos sabemos, el 7 de abril, el Consejo Supremo de Justicia y Rendición de Cuentas rechazó la acción de inconstitucionalidad de la LIE impulsada por varios senadores, al no lograr una mayoría calificada para derogar esta ley. Esto no quiere decir que la MENTIRA haya sido declarada constitucional. Además, la acción protectora continúa.

Conclusiones:

La tendencia a convertirse en contratista y empresario del gobierno implica un derroche de recursos, amenazando las funciones sagradas del gobierno, como la seguridad pública, la administración judicial, la prestación de servicios, los servicios de salud y la educación básica. El sesgo corporativo oficial impide el progreso económico y social de México.

Desafortunadamente, en México, el debate sobre la participación del sector privado en el sector eléctrico está impulsado por un argumento exclusivamente político, lo que se ha traducido en cambios de leyes y medidas discrecionales, quitando argumentos. El punto económico como base. El país necesita reactivar la inversión privada, pero un regreso al pasado que quería el gobierno ha provocado lo contrario, socavando las perspectivas de crecimiento económico del país.

Referencias bibliográficas

Bresser Pereira, Luiz Carlos y Nuria Cunill Grau (eds.). Lo público no estatal en la reforma del Estado.

Villamíl Jenaro, “La estrategia perversa: menos estado, menos soberanía”. Proceso, 14 de diciembre de 2021.

SAXE FERNÁNDEZ, JOHN, “Flexibilización constitucional y el regreso a México de las petroleras nacionalizadas, Jaime (coord.). Reforma energética: análisis y consecuencias. México, UNAM,2022 (inedito). Alianza Editorial.