1.
La semana pasada, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, afirmó lo siguiente: “El pago de impuestos, en estricto sentido, no es un tema de derechos humanos”. Por su puesto que lo es. Lo explico paso por paso, comenzando por la justicia y terminando por el derecho.
La justicia es la virtud (por lo tanto, antes que al ámbito de lo legal, pertenece al de la ética), por la cual respetamos los derechos de los demás, comenzando por los naturales, que son los que nos corresponden por ser personas: a la vida, la libertad individual y la propiedad privada (dejando de lado, porque en este contexto no vienen al caso, los derechos contractuales, que las personas adquieren voluntariamente por así haberlo acordado con alguien más, como es el caso de los derechos mercantiles).
El derecho natural de Juan es la obligación de Pedro de no realizar determinadas conductas: no matarlo, respetar su derecho a la vida; no secuestrarlo, respetar su derecho a la libertad individual; no robarle, respetar su derecho a la propiedad privada. El derecho de alguien es la obligación de alguien más, y quienes cumplen con esas obligaciones actúan con justicia, la única de las cuatro virtudes cardinales (las otras son: prudencia, fortaleza y templanza), que es social, no en el sentido del término en el concepto justicia social, sino en el sentido de que para practicarla se requiere que, por lo menos, dos personas convivan: Pedro, con sus derechos frente a Juan, derechos de Pedro que son las obligaciones de Juan; Juan, con sus derechos frente a Pedro, derechos de Juan que son las obligaciones de Pedro.
Si la justicia es la virtud por la cual se respetan los derechos de lo demás, se requiere de lo demás para poder practicarla. Un náufrago, solo en una isla, tiene que practicar, si quiere sobrevivir, la prudencia, la fortaleza y la templanza, pero no puede practicar la justicia, al menos que crea, erróneamente, que tiene derechos y obligaciones para consigo mismo. Para consigo mismo tiene intereses, sobrevivir antes que cualquier otro, pero no, estrictamente hablando, derechos y obligaciones, que son hechos sociales.
¿Qué tiene que ver todo lo anterior, desde la justicia hasta los derechos, con el cobro de impuestos? Según Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nada. Pero, si aceptamos lo dicho en los párrafos anteriores, mucho.
Dado que las personas tenemos el derecho al producto íntegro de nuestro trabajo, que es parte del derecho a la propiedad privada, entonces hay que encontrar la justificación correcta al cobro de impuestos, por los cuales el gobierno nos obliga, bajo amenaza de castigo, a entregarle una parte de nuestros ingresos, del producto de nuestro trabajo.
Si se afirma, como lo hace el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que “el pago de impuestos, en estricto sentido, no es un tema de derechos humanos”, entonces no hay que buscar esa justificación y se abre la puerta, más de lo que ya lo está, a la expoliación tributaria, propia del Estado de chueco, antítesis del Estado de Derecho.
2.
Si se afirma, como lo hace el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, que “el pago de impuestos, en estricto sentido, no es un tema de derechos humanos”, entonces basta que el gobierno decida qué impuestos cobrar (pocos o muchos), a qué tasa (baja o elevada), y a quiénes (a algunos o a todos), para que el cobro, cualquiera que sea, se justifique.
El cobro de impuestos sí es un tema de derechos humanos, en concreto de derechos naturales, que nos corresponden por ser personas: a la propiedad privada y a la libertad individual, dos caras de la misma moneda. La condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual es la propiedad privada, porque la libertad siempre se ejerce sobre alguna propiedad. Los impuestos violan ambos derechos. Y, sin embargo, se cobran.
Hay quienes afirman que los impuestos son un robo. Tienen razón. Robar implica, entre otras posibilidades, obligar a alguien, bajo amenaza, a entregar algo que es suyo. Y eso, precisamente, es lo que hace el gobierno al cobrar impuestos: obligar al contribuyente, bajo amenaza, a entregar algo que es suyo, una parte de su ingreso, una parte del producto de su trabajo.
Hay quienes afirman que, si un ladrón obliga a alguien, amenazándolo, a entregarle algo que es suyo, por tratarse de un ladrón, sí se trata de un robo, pero que, si un gobierno obliga a los contribuyentes, amenazándolos, a entregarle algo que es de ellos, por tratarse del gobierno, no se trata de un robo, lo cual implica calificar una conducta por la identidad del agente (si lo hace un ladrón es malo, si lo hace el gobierno es bueno), lo cual es un error. Las conductas deben calificarse por la naturaleza de la acción, no por la identidad del agente.
Hay quienes afirman que, dado que la conducta del ladrón no está autorizada por la ley, sí se trata de un robo, de la violación del derecho de propiedad privada, de una injusticia, pero que, dado que la conducta del recaudador sí está autorizada por una ley (en México cada impuesto tiene su ley), no se trata de una injusticia, de la violación del derecho de propiedad privada, de un robo. El cobro de impuestos, si hay una ley de por medio, es legal, conforme a la ley, pero no justo, conforme al respeto al derecho de propiedad privada.
Armemos el silogismo. Premisa mayor: robar es obligar a alguien, bajo amenaza de castigo, a entregar algo que es suyo. Premisa menor: cobrar impuestos es obligar a alguien, bajo amenaza de castigo, a entregar algo que es suyo. Conclusión: cobrar impuestos es robar, conclusión que algunos podrán rechazar argumentando que, dado que el gobierno te da algo a cambio de los impuestos, no se trata de un robo, tema que trataré en la última entrega.
Llegados a este punto recuerdo lo que alguien me dijo cuando estábamos dialogando sobre el tema: “Los impuestos son el precio que hay que pagar por vivir en sociedad”, lo cual no es cierto. El precio que hay que pagar por vivir en sociedad, sobre todo si por ello entendemos convivir civilizadamente, es respetar los derechos de lo demás, lo cual, antes que por obligación legal (heteronomía), debe hacerse por convicción ética (autonomía).
Si cobrar impuestos es robar, ¿hay manera de justificar ese robo? Los anarcocapitalistas afirman que no. ¿Conclusión? El gobierno debe desaparecer.
3.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, afirmó que “el pago de impuestos, en estricto sentido, no es un tema de derechos humanos”, lo cual no es cierto. Dado que el cobro de impuestos es un robo, sí es un tema de derechos humanos.
Vuelvo al silogismo. Premisa mayor: robar es obligar a alguien, bajo amenaza de castigo, a entregar algo que es suyo. Premisa menor: cobrar impuestos es obligar a alguien, bajo amenaza de castigo, a entregar algo que es suyo. Conclusión: cobrar impuestos es robar. ¿Hay manera de justificar ese robo?
El gobierno es un mal necesario. Necesario por los bienes que debe proveer: (i) prohibir que se violen derechos; (ii) prevenir que se violen derechos; si la prohibición y la prevención fallaron (iii) castigar al violador (asesino, secuestrador, ladrón) y (iv) obligarlo a resarcir. Mal por la manera que tiene de financiar tales actividades: cobrando impuestos, es decir, obligando a los contribuyentes, bajo amenaza de castigo, a entregarle una parte de su ingreso, una parte del producto de su trabajo, violando el derecho de propiedad privada. Este robo, ¿puede justificarse? Y si existe justificación, ¿es la excepción que confirma la regla (suponiendo que la excepción confirma la regla): prohibido robar?
Si el gobierno provee un bien que todos (inclusive los delincuentes, quienes quieren cometer delitos, pero no ser víctimas de delitos), quieren para sí mismos (prohibir y prevenir la violación de derechos e impartir justicia en su doble vertiente: castigar al violador y obligarlo a resarcir), ¿por qué no dejar que los ciudadanos lo financien con aportaciones voluntarias? Porque aparecerían los gorrones, quienes no aportarían, pero sí recibirían, sin tener derecho a ello por no haber contribuido a financiarlo, la protección del gobierno. ¿Cómo evitarlos? Cobrándoles lo mismo a todos para darles a todos lo mismo, de tal manera que no haya redistribución del ingreso, ni por el lado del cobro de impuestos, cobrándoles más a unos que a otros, ni por el lado del gasto del gobierno, dándoles más a unos que a otros.
Lo ideal es el impuesto único (ni uno más), universal (sin excepción ni de objeto ni de sujeto gravable), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), no expoliatorio (para financiar únicamente las legítimas tareas del gobierno: prohibir y prevenir la violación de derechos, y castigar y obligarlo a resarcir al violador), a la compra de bienes y servicios para el consumo final (no a los ingresos, no a las propiedades, no a la compra, de parte de las empresas, de factores de la producción). El cobro de este impuesto implica limitar al gobierno a la realización de sus legítimas tareas, lo cual, si no imposible, si es muy poco probable que suceda (y me estoy viendo sumamente optimista).
¿Cuál es la justificación correcta para cobro de impuestos? El hecho de que el gobierno es un mal necesario (necesario por los bienes que debe proveer y mal por la manera de financiarse), y que no se debe financiar, dada la aparición de los gorrones que ello provocaría, con aportaciones voluntarias, sino con aportaciones obligatorias. Y eso, aportaciones obligatorias, son los impuestos. Esta, que considero la justificación correcta para el cobro de impuestos, ¿es suficiente justificación?
4.
Comienzo por el silogismo. Premisa mayor: robar es obligar a alguien, bajo amenaza de castigo, a entregar algo que es suyo. Premisa menor: cobrar impuestos es obligar a alguien, bajo amenaza de castigo, a entregar algo que es suyo. Conclusión: cobrar impuestos es robar. ¿Puede justificarse?
Sí, como lo expliqué en el anterior Pesos y Contrapesos: cobrándoles el mismo impuesto a todos para darles a todos lo mismo, de tal manera que no haya redistribución del ingreso, ni por el lado del cobro de impuestos, cobrándoles más a unos que a otros, ni por el lado del gasto, dándoles más a unos que a otros, algo que en México no sucede: hay redistribución del ingreso, tanto por el cobro de impuestos (a unos se les cobra más que a otros), como por el gasto gubernamental (a unos se les da más que a otros).
Si cobrar el mismo impuesto a todos, para darle a todos lo mismo, es un tema de derechos de propiedad privada, cobrarles más a unos que a otros, para darles más a unos que a otros, lo es todavía más (suponiendo que en este asunto haya grados), aunque el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, haya afirmado que “el pago de impuestos, en estricto sentido, no es un tema de derechos humanos”. Por supuesto que lo es, porque involucra la violación del derecho de propiedad privada, que se justifica si se les cobra a todos el mismo impuesto, para darles a todos lo mismo: prohibición y prevención de delitos, de violación de derechos, de injusticias y, de fallar, impartición de justicia: castigar y obligar a resarcir a los injustos, a los violadores de derechos, a los delincuentes. Gobierno que no realiza, con toda honestidad y con la mayor eficacia posible, estas tareas, no tiene justificación ética para cobrar impuestos, por más que tenga la justificación legal, que en este caso resulta injusta. Y si el gobierno no tiene la justificación ética para cobrar impuestos, los ciudadanos no tienen la obligación, también ética, de pagarlos, por más que tengan la legal, lo cual los coloca frente a un dilema milenario, el mismo que enfrentó Antígona: obedecer a su conciencia o a Creonte, el rey de Tebas.
El problema en México es que el gobierno cobra muchos impuestos (17 federales y 11 estatales), para financiar tareas que no le corresponden, que nada tienen que ver con prohibir y prevenir las injusticias, con sancionar y obligar a resarcir a los injustos. Y el problema es cada vez mayor.
En 2018, antes de que empezara la 4T, del total del gasto programable del sector público federal el 9.8% se destinó a financiar las legítimas tareas del gobierno: prohibir y prevenir injusticias, sancionar y obligar a resarcir a los injustos. En 2026 se destinará el 4.6%, 53.1% menos. En 2018 el 62.6% se destinó a desarrollo social: redistribución del ingreso por medio de los programas sociales. En 2026 se destinará el 70.9%, 13.3% más. En 2018 el 27.6% se destinó a desarrollo económico: fomento a sectores productivos, impulso a la innovación y la tecnología, promoción del empleo y la competitividad, desarrollo energético, promoción turística y desarrollo regional. En 2026 se destinará el 24.4%, 11.6% menos.
En 2026 el 95.3% del gasto programable se destinará a financiar tareas que legítimamente no le corresponden al gobierno, lo cual da lugar a la expoliación tributaria, tema de derechos humanos.
Recurro, nuevamente, al silogismo. Premisa mayor: robar es obligar a alguien, por la fuerza, bajo amenaza, a entregar algo que es suyo. Premisa menor: cobrar impuestos es obligar a alguien, por la fuerza, bajo amenaza, a entregar algo que es suyo. Conclusión: cobrar impuestos es robar.
Habrá quienes argumenten que, dado que el gobierno debe dar algo a cambio de los impuestos, estos no son un robo, porque quien roba no debe dar algo a cambio de lo robado. ¿Y qué es lo que debe dar a cambio? Lo señalado en más de una ocasión: prohibir y prevenir la violación de derechos, las injusticias, los delitos, y castigar y obligar a resarcir a los delincuentes, los injustos, los violadores. ¿Será?
Supongamos que pasamos frente a una tienda y el dueño, a punta de pistola, nos roba la cartera y, “a cambio”, nos da una bolsa con papas y una lata con refresco. ¿Nos robó o no, sobre todo si, en términos dinerarios, lo que nos da es menos de lo que nos quitó? Te roba la cartera con $2,000 y te da una bolsa con papas y una lata con refresco cuyo precio es, por dar una cantidad, $60.
Además, hay que tener en cuenta que el gobierno es incapaz, o porque no puede (malo), o porque no quiere (peor), de evitar todas las injusticias (siempre se cometerán, en mayor o menor medida, delitos), y de castigar y obligar a resarcir a todos los injustos (siempre habrá, en menor o mayor grado, impunidad). Lo anterior quiere decir que no a todos les da lo que, “a cambio” del cobro de impuestos, debe darles. Para algunos, pocos (malo) o muchos (peor), el gobierno siempre será un gobierno fallido: les quitó, pero no les dio lo que debía darles. En tal caso, ¿se justifica haberles quitado?
Comparemos las tres posibilidades. (I) Transacción comercial: el vendedor le cobra al comprador, quien paga voluntariamente, y a cambio le entrega la mercancía comprada. Resultado: ambas partes ganan, juego de suma positiva. (II) Robo: el ladrón obliga a la víctima a entregarle su dinero, quien lo entrega en contra de su voluntad, sin recibir nada a cambio. Resultado: el ladrón gana, la víctima pierde, juego de suma cero o, inclusive negativa. (III) Cobro de impuestos: el gobierno obliga al contribuyente a entregarle su dinero, quien lo entrega en contra de su voluntad, debiendo recibir algo a cambio, pero sin que sea estrictamente necesario, porque ningún gobierno es capaz, o porque no puede, o porque no quiere, de cumplir, para todos y todo el tiempo, su tarea esencial: prohibir y evitar todas las injusticias, y castigar y obligar a resarcir a todos los injustos.
¿Qué tiene el cobro de impuestos en común con el robo? Que el ladrón y el gobierno nos obligan, bajo amenaza, por la fuerza, a entregarles lo que es nuestro. ¿Qué los diferencia? Que el ladrón no debe dar nada a cambio y el gobierno sí.
¿Qué tiene el cobro de impuestos en común con la transacción comercial? Que el comerciante y el gobierno deben dar a algo a cambio de lo que cobran. ¿Qué los diferencia? Que el comerciante debe y puede hacerlo en todos casos y que el gobierno debe, pero no puede, hacerlo en todos los casos, gobierno que siempre será, en alguna medida, un gobierno fallido.
No es verdad, como lo dijo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, que “el pago de impuestos, en estricto sentido, no es un tema de derechos humanos”. Sí lo es y como tal hay que tratarlo.
Agradecemos al autor su permiso para reproducir su serie de artículos, publicados originalmente en La Razón: https://www.razon.com.mx/autores/arturo-damm-arnal/
Arturo Damm Arnal, economista y Doctor en filosofía, periodista y profesor universitario. Publica regularmente en La Razón y participa constantemente en los programas informativos y de opinión de TV Azteca.
X: @ArturoDammArnal