Introducción

En 2016, el portal WikiLeaks filtró un informe de la compañía Nestlé que escandalizó al público a través de medios de comunicación[1]. El informe contenía un análisis que Nestlé había enviado a funcionarios gubernamentales estadounidenses en 2009. En el informe, Nestlé afirmaba que uno de los problemas más graves de la humanidad para 2050 sería una creciente escasez de agua, la cual preocupaba más a la compañía que la entonces crisis financiera que había comenzado en 2008. Algunas notas resaltaron la parte del informe que aludía a la incidencia del consumo de carne sobre la demanda de agua[2]. Lo interesante, sin embargo, es que prácticamente ninguna nota señaló las recomendaciones de Nestlé. Nestlé recomendaba, en traducción propia, lo siguiente:

1) La creación de un mercado virtual de agua, para que este bien escaso pueda ser intercambiado a través de las fronteras y para que su precio refleje el verdadero valor de su escasez.

2) La eliminación de subsidios y reglas de mezcla obligatorias para los biocombustibles. Las presentes reglas que combinan subsidios a los precios del agua y de los combustibles distorsionan el mercado del agua y de los combustibles.

3) La introducción y aceptación universal de cultivos genéticamente modificados.

4) La liberalización del comercio agrícola.

Lo que destaca de las recomendaciones presentadas por Nestlé es que todas pasan por emplear mecanismos de mercado para regular el consumo de agua. Pero, ¿por qué hablar de un informe de 2009 filtrado en 2016? Porque sus lecciones son especialmente relevantes hoy. En 2022, el gobierno del estado de Nuevo León, por ejemplo, ha implementado mayores controles sobre la presión de agua tras una escasez que amenaza el consumo de agua en el estado. Las presas que alimentan el suministro de agua para la población regiomontana están en niveles críticos. El 22 de marzo, Día Mundial del Agua, el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, escribió lo siguiente en Twitter: «No es posible que nuestras presas estén secas, que consumamos más de 160 litros de agua al día cuando lo recomendado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) son 100 y que las administraciones pasadas no hicieran nada para cuidarla»[3].

Ante una creciente escasez del agua, las autoridades estatales regiomontanas han implementado una serie de políticas tradicionales: iniciativas para multas más grandes para ciudadanos que desperdicien agua; vigilancia más rigurosa de los usos domésticos del agua; recortes de presión segmentados por regiones durante ciertos días de la semana; reparaciones de fugas y tuberías importantes; auditorías de pozos privados para sancionar a «free-riders» y negociaciones para trasvasar agua de otras presas, como la Presa Cerro Prieto, con la cual se busca extender la vida útil de la principal presa del estado: la Presa la Boca.

Si bien las medidas enunciadas pueden ayudar a mitigar las condiciones de escasez, el problema es que, en contraste con la visión de las medidas enumeradas por Nestlé, dependen preponderantemente de la eficacia de autoridades gubernamentales y no de pensar en los incentivos que enfrentan los consumidores de agua.

Cortes en la presión de agua y hoy no circula

Los recortes en presión de agua que ha implementado el gobierno del estado de Nuevo León son similares a la política del Hoy no Circula: restringen, por un día de la semana, el flujo de presión del agua para cada una de las siete regiones en que se dividió el estado (ver imagen debajo), así como el Hoy no Circula restringe la circulación de automóviles un día a la semana con el propósito de reducir la contaminación.

El problema con este tipo de políticas es que reducen coercitivamente el consumo de un bien o servicio sin que eso refleje las preferencias de ajuste de los consumidores. Por ejemplo, supongamos que un hogar de cuatro integrantes valoraría consumir 400 litros de agua en promedio de lunes a viernes, pero que reduciría drásticamente su consumo de agua los fines de semana sin tanto problema si tuviera que hacerlo. Al forzarla a reducir su consumo de agua un lunes o martes, por ejemplo, el hogar debe sacrificar su consumo en los días en que valora tener más agua cuando podría hacer el mismo sacrificio en días que el uso de agua le fuera menos valioso. El gobierno no tiene forma de saber qué días son más o menos valiosos para cada hogar en particular. Su decisión de recortar el consumo necesariamente es arbitraria e ineficiente.

De ahí el atractivo de soluciones de mercado como las que proponía Nestlé a una escala global. Si, por ejemplo, en lugar de restricciones arbitrarias en la presión de agua, las tarifas subieran en respuesta a las condiciones de demanda, los consumidores empezarían a hacer sus ajustes de consumo en función de sus preferencias. A fin de evitar la tarifa más alta, el hogar hipotético antes aludido trasladaría su mayor consumo de agua entre semana y reduciría su consumo durante los fines. Y otros hogares cambiarían la distribución de su consumo de acuerdo a sus necesidades. La misma reducción en el consumo de agua se lograría a menor costo, pues pagarían por un mayor consumo sólo quienes valoraran tanto el consumo adicional como el costo adicional a pagar y los usuarios recortarían su uso no en los días dictados por el gobierno sino en los días en que valoraran menos un mayor consumo.

Escasez y derechos

Uno de los problemas en catalogar a un recurso escaso como un derecho es que pasamos de largo los problemas económicos de producirlo y distribuirlo de manera eficiente. Cuando pensamos en el agua como un derecho, es fácil caer en la tentación de interpretarlo como un recurso de acceso abierto que el gobierno debe administrar para procurar el cumplimiento del derecho. Una vez que un recurso escaso es catalogado como un derecho es muy difícil tener una discusión sobre la posibilidad de cambiar el esquema institucional en el que se provee. Tan pronto como alguien esboza la posibilidad de una mayor privatización en el suministro del agua como un mecanismo más eficiente, la opinión pública se escandaliza. De igual modo hay escándalo ante anuncios de tarifas más altas. Con los derechos, al parecer, no se debe comerciar. No obstante, este modo de pensamiento ha significado el agotamiento del agua en alta velocidad. Los incentivos de los gobernantes no necesariamente están alineados con la conservación del recurso y actúan cuando parece demasiado tarde o comienza a haber reacciones políticamente rentables entre la sociedad civil. Catalogar al agua de derecho la convierte en un bien con características propias de un bien comunal. Un bien comunal es un bien que tiende a ser deteriorado y explotado por encima del nivel que sería eficiente[4].

El reto que enfrenta tanto el estado de Nuevo León como el país es abandonar la retórica predominante en la que el agua es un derecho inagotable que debe ser administrado por el gobierno. El agua es un bien económico, y podemos regular nuestro consumo de ella y explorar fuentes más eficientes para obtenerla si nos asistimos del sistema de precios de un mercado abierto.

[1] Informe en WikiLeaks: https://wikileaks.org/plusd/cables/09BERN129_a.html

[2] Como es el caso de la nota de Regeneración: https://regeneracion.mx/informe-secreto-de-eu-revela-que-el-agua-potable-se-agotara-en-2050/

[3] Tuit recuperado de https://twitter.com/samuel_garcias/status/1506450409056997377

[4] Véase https://www.econlib.org/library/Enc/TragedyoftheCommons.html