La reciente intención de Donald Trump de imponer aranceles del 30% a países con los que Estados Unidos mantiene déficits comerciales ha encendido las alarmas en México, su principal socio comercial. Muchos en el gobierno mexicano han optado por culpar a Washington de las tensiones comerciales, como si la política arancelaria estadounidense surgiera del capricho o de una obsesión personal de Trump. Pero esta narrativa es simplista y evasiva. La verdad incómoda es que Estados Unidos responde a señales claras de descomposición institucional en México, señales que afectan directamente la percepción de riesgo para sus inversiones, su seguridad fronteriza y sus cadenas de suministro.

Durante años, México ha vivido de las rentas del libre comercio, beneficiándose de tratados como el TLCAN y hoy el T-MEC, sin asumir plenamente las obligaciones estructurales que este modelo exige: certeza jurídica, seguridad física, respeto a contratos, infraestructura funcional y una institucionalidad sólida. Hoy, esa negligencia pasa factura. No se puede hablar de libre comercio mientras el crimen organizado controla regiones completas, mientras empresas enfrentan extorsiones en parques industriales, mientras grupos criminales vulneran la soberanía sin consecuencia alguna.

A esto se suman las recientes revelaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las operaciones transnacionales del Cártel de Sinaloa, particularmente ligadas a Ovidio Guzmán y sus vínculos financieros en Asia, Europa y Norteamérica. Esta narrativa, que ya forma parte del discurso político estadounidense, debilita la imagen internacional de México y justifica —al menos políticamente— la imposición de medidas proteccionistas en nombre de la seguridad nacional.

En este contexto, culpar exclusivamente a Trump o al proteccionismo estadounidense es no entender el fondo del problema. El verdadero talón de Aquiles de México no es la globalización, sino la falta de capacidad del Estado mexicano para garantizar condiciones mínimas de gobernabilidad, legalidad y seguridad. Si el país desea mantener las ventajas del comercio internacional, debe dejar de reaccionar con diplomacia pasiva y empezar a actuar con visión estratégica y reformas estructurales profundas. De lo contrario, ni el mejor tratado comercial podrá sostener una relación económica en medio del caos.

La inseguridad, el debilitamiento del Estado de derecho, y la injerencia cada vez más descarada del crimen organizado —como quedó exhibido en las revelaciones sobre Ovidio Guzmán y el narcotráfico en EE.UU.— han hecho que México sea percibido como un socio cada vez más riesgoso.

El problema no es Trump: el problema es México

Donald Trump no ha engañado a nadie. Desde su primera campaña en 2016, dejó en claro su intención de renegociar tratados, imponer aranceles, repatriar industrias y priorizar la producción estadounidense a cualquier costo. Su retórica puede ser agresiva, pero es predecible. La defensa de los intereses de Estados Unidos —por controversiales que sean— es coherente con su narrativa nacionalista, proteccionista y electoral. Trump responde a su electorado, a sus votantes del “Cinturón del Óxido” que perdieron empleos industriales y que perciben a México no como un socio, sino como un competidor desleal y desordenado.

El verdadero problema no está en la Casa Blanca. Está en Palacio Nacional, en los estados fallidos de la República, en los vacíos legales que permiten que los cárteles se adueñen de puertos, aduanas y corredores logísticos. México no puede aspirar a relaciones comerciales sólidas mientras exhibe un nivel de ingobernabilidad que espanta a los inversionistas y genera incertidumbre para cualquier socio comercial. El gobierno mexicano exige respeto al tratado comercial, pero al mismo tiempo tolera bloqueos ferroviarios, invasiones a instalaciones industriales, extorsiones generalizadas y la total impunidad del crimen organizado.

La percepción desde Washington —y desde muchas otras capitales del mundo— es la de un país que ha perdido el control de su propio destino. Las imágenes de Ovidio Guzmán siendo liberado en 2019 tras un operativo fallido, las revelaciones de sus operaciones financieras internacionales y los videos de convoyes armados circulando libremente en estados clave para la producción, han erosionado la confianza en el Estado mexicano como interlocutor válido y confiable. No es sólo un tema de comercio: es un tema de seguridad nacional, de control territorial y de integridad institucional.

Además, México ha desperdiciado las herramientas que tiene a su favor. Los mecanismos del T-MEC para la solución de controversias han sido ignorados o utilizados de forma errática. No se ha articulado una política industrial seria que fortalezca la competitividad interna ni una estrategia diplomática contundente para mostrarle al mundo que somos más que un país rehén del crimen. En vez de presentar una imagen de fortaleza y estabilidad, México ha adoptado una actitud errática, ambigua y muchas veces pasiva frente a la presión internacional.

En este contexto, culpar a Trump —o a cualquier presidente estadounidense— es infantil. No se le puede exigir trato de socio estratégico a un país que no puede garantizar el libre tránsito en sus carreteras o la seguridad de sus aduanas. Mientras México no recupere el control de su territorio, refuerce el Estado de derecho y reconstruya su capacidad institucional, seguirá siendo visto no como un aliado comercial, sino como un riesgo económico y logístico que hay que contener, incluso con aranceles o intervención.

La falta de Estado de derecho como talón de Aquiles

Uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento del libre comercio es el Estado de derecho. Sin él, no hay certidumbre jurídica, no hay inversión, y por tanto no hay comercio sostenible. En este sentido, México no solo enfrenta una crisis de seguridad, sino una erosión profunda de sus instituciones jurídicas y administrativas, que hoy lo colocan como un socio comercial frágil e inestable. Esta debilidad estructural ha sido reconocida por organismos internacionales, calificadoras y hasta por las propias empresas extranjeras establecidas en el país.

Según el Índice de Estado de Derecho 2024 del World Justice Project, México ocupa el lugar 116 de 142 países, destacando negativamente en rubros como ausencia de corrupción, justicia penal, orden y seguridad. Entre los países de América Latina, solo Haití y Venezuela están peor posicionados. Esta debilidad se refleja directamente en los costos económicos del país: se estima que la inseguridad y la violencia cuestan alrededor del 14% del PIB mexicano, según el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), lo que representa más de 3.8 billones de pesos anuales.

A esto se suma el impacto directo en la inversión extranjera directa (IED). Aunque México es el principal socio comercial de Estados Unidos, la IED de empresas mexicanas no figura entre los principales motores de desarrollo en ese país.

Durante el 2024, la nueva IED para adquirir, establecer o expandir empresas estadounidenses ascendieron a 151,000 millones de dólares, según las estadísticas preliminares publicadas este viernes por la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés).

En la lista destaca que México no se encuentra dentro del top 10, pues ocupó el lugar 21 con 224 mdd y por debajo de los Emiratos Árabes Unidos, con 284 mdd. Por ejemplo:

• En Guanajuato, uno de los estados clave para el sector automotriz, el 80% de las empresas reportaron haber sido víctimas de algún delito en 2024, incluyendo extorsión, robo a transporte y amenazas.
• Kia Motors en Nuevo León y BMW en San Luis Potosí han solicitado protección federal adicional debido a amenazas del crimen organizado contra sus líneas logísticas.
• En el estado de Michoacán, la salida de Vulcan Materials (una empresa estadounidense) tras la ocupación ilegal de su predio por parte de autoridades locales y federales, se convirtió en un caso internacional que incluso generó tensiones diplomáticas.

Estos hechos no son aislados. Forman parte de una tendencia en la que la ley ha dejado de ser el marco regulador de la actividad económica, y ha sido reemplazada por la negociación informal con actores violentos, sindicatos radicales o autoridades locales coludidas.

Por otra parte, los bloqueos en vías férreas, carreteras y puertos han generado pérdidas millonarias para sectores clave de exportación. Tan solo en el primer trimestre de 2024, los bloqueos al tren de carga en Michoacán y Guerrero provocaron pérdidas estimadas por más de 12 mil millones de pesos en el sector acerero, automotriz y agrícola, según el Consejo Coordinador Empresarial. Estos eventos no solo interrumpen cadenas de valor; también afectan la imagen del país como un socio confiable para las empresas norteamericanas, particularmente en el contexto del nearshoring.

En un entorno global donde los países compiten por atraer inversiones de alto valor agregado, México se está disparando en el pie. Estados como Vietnam, Indonesia y Polonia están ganando terreno porque ofrecen estabilidad, seguridad jurídica y certidumbre fiscal. Mientras tanto, México, a pesar de su ubicación privilegiada y tratado comercial con Estados Unidos, pierde atractivo por su incapacidad de ofrecer condiciones básicas de operación.

La fragilidad del Estado de derecho en México no solo es un problema interno: se ha convertido en una barrera estructural para el comercio internacional. No importa cuántos tratados se firmen ni qué tan bajos sean los aranceles si las reglas no se cumplen, si la policía no protege, si los jueces no juzgan y si el crimen organizado dicta las condiciones económicas en regiones enteras.

Una solución desde el liberalismo económico y la política realista

Frente al endurecimiento proteccionista de Estados Unidos y la debilidad interna del Estado mexicano, la respuesta no puede ser la victimización ni la retórica nacionalista. Desde una visión liberal clásica —basada en instituciones fuertes, mercados abiertos y gobierno limitado pero eficaz—, la solución a los problemas comerciales de México no está en responder con aranceles, sino en reformar las bases institucionales, recuperar el Estado de derecho y ofrecer un entorno competitivo y confiable para el comercio y la inversión.

1. Reconstruir el Estado de derecho con visión económica

La inseguridad y la impunidad no solo son problemas sociales: son costos económicos enormes. En 2025, el INEGI estima que los costos asociados a la inseguridad —incluyendo pérdidas por delitos, inversión en protección privada y afectaciones logísticas— ascienden a 4.2 billones de pesos, equivalentes al 14.6% del PIB. Esto frena la inversión, reduce la productividad y encarece el comercio exterior.

Desde nuestra perspectiva, es urgente que el gobierno federal retome el control de zonas económicas estratégicas: corredores industriales, puertos, aduanas, parques tecnológicos. Esto implica:

• Profesionalizar y despolitizar cuerpos de seguridad.
• Implementar zonas económicas seguras con presencia federal efectiva.
• Fortalecer tribunales de justicia especializados en comercio, propiedad intelectual y contratos internacionales.

Un Estado que garantiza la ley es un Estado que facilita la inversión.

2. Blindar el comercio con reglas claras y defensa activa en el T-MEC

México cuenta con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como un escudo jurídico ante medidas unilaterales como los aranceles propuestos por Trump. Sin embargo, México ha usado de manera pasiva los mecanismos de solución de controversias. Mientras Estados Unidos ha promovido más de 20 paneles desde 2021, México apenas ha impulsado tres.

Una estrategia verdadera implica activar todos los instrumentos del tratado: desde la cláusula de trato nacional hasta la protección a inversiones extranjeras. Se deben establecer equipos técnicos especializados, autónomos del poder político, que defiendan a las empresas mexicanas ante cualquier sanción injustificada.

3. Diversificar mercados: romper la dependencia del 80% con EE.UU.

En 2025, el 79.2% de las exportaciones mexicanas siguen dependiendo de Estados Unidos, según datos del Banco de México. Esta concentración es un riesgo geopolítico y económico. La política comercial debe orientarse a:

• Fortalecer relaciones con Europa (TLCUEM modernizado), Asia (TLC con Corea del Sur) y América Latina (Alianza del Pacífico).
• Incentivar exportaciones en sectores de alto valor: farmacéutico, aeroespacial, agroindustria premium.
• Apoyar a las pymes exportadoras con financiamiento, certificaciones internacionales y logística.

La apertura comercial no significa sumisión a un solo mercado, sino aprovechar el mercado global con inteligencia estratégica.

4. Reactivar la inversión privada como motor del comercio

En 2025, la inversión fija bruta en México cayó 1.3% en el primer trimestre, con una contracción preocupante en construcción e infraestructura logística. Mientras tanto, países competidores como Vietnam, Polonia y Malasia están captando capital global gracias a su seguridad jurídica y ventajas competitivas.

México necesita una política de inversión privada alineada con la integración global, que incluya:

• Estabilidad fiscal (sin cambios unilaterales o confiscatorios).
• Respeto absoluto a los contratos.
• Incentivos para clústeres exportadores tecnológicos y manufactureros.
• Facilitación aduanera y reducción de trámites.

Los tratados de libre comercio son inútiles si las empresas no tienen incentivos reales para producir y exportar.

Conclusión

El problema no es Trump. No es Estados Unidos. El problema es que México se ha rendido sin dar la pelea. Hemos permitido que el crimen organizado se convierta en un actor económico. Que la ley sea negociable. Que los empresarios vivan entre la extorsión y la indiferencia del Estado. Que los tratados se firmen como si fueran amuletos mágicos, mientras el país real se desmorona a tiros, a sobornos y a simulaciones.

Los aranceles de Trump son solo una advertencia: el mundo no hará negocios con un país roto. Un país donde las vías férreas son bloqueadas por grupos criminales, donde las aduanas son botín político, donde los contratos pueden ser revocados por un “decreto” presidencial, y donde la justicia sirve al poder, no a la ley.

Esto no es solo una crisis comercial, es una crisis moral. Porque cada vez que un inversionista se va, se va una oportunidad de empleo para un joven. Cada vez que un parque industrial se convierte en campo de batalla, perdemos futuro. Cada vez que el gobierno se arrodilla frente al crimen, condena a millones de mexicanos a sobrevivir, no a vivir.

Pero aún hay salida. México tiene talento, recursos, ubicación estratégica, acuerdos internacionales y una sociedad que no se resigna. Lo que falta no es capacidad, es carácter. Carácter para enfrentar al narco, para romper con la corrupción, para defender la ley por encima de los intereses políticos. Carácter para entender que el libre comercio no se sostiene con retórica, sino con instituciones.