La violencia política es inadmisible desde cualquier perspectiva que defienda la libertad individual, la propiedad privada y el orden espontáneo de la sociedad. Sin embargo, en los últimos años, ha emergido una peligrosa tendencia que normaliza, minimiza o justifica la violencia cuando proviene de sectores ideológicamente afines a la izquierda, mientras magnifica y condena con severidad todo acto violento —real o supuesto— que se asocie con la derecha.

Este doble rasero no es un accidente. Es una construcción discursiva que pretende monopolizar la legitimidad política y moral. En Europa y América, organizaciones de izquierda han cometido actos de violencia explícita, y gobiernos progresistas han reprimido brutalmente protestas ciudadanas. Sin embargo, estas acciones rara vez reciben la condena internacional, la cobertura mediática o el castigo judicial que reciben sus equivalentes del otro lado del espectro político.

Desde una perspectiva libertaria, el principio de no agresión es innegociable: nadie —ni siquiera en nombre de la “justicia social” o de la “lucha contra el fascismo”— tiene derecho a recurrir a la fuerza para imponer su visión del mundo. Este artículo documenta casos históricos, organizaciones concretas, líderes responsables y fechas verificables para desenmascarar una de las hipocresías más corrosivas del debate político actual.

CUANDO LA VIOLENCIA SE JUSTIFICA SEGÚN QUIÉN LA EJERZA

La indulgencia selectiva en Europa se manifiesta de forma clara. Los disturbios y la violencia promovidos por grupos de extrema izquierda son frecuentemente tratados con una condescendencia que jamás se aplicaría a sus opuestos ideológicos.

• Alemania: La «Hammerbande» y la romantización de la violencia. En mayo de 2023, la militante de extrema izquierda Lina Engel fue condenada por liderar la «Hammerbande» (Banda del Martillo), un grupo que se dedicaba a cazar y atacar brutalmente a presuntos neonazis. A pesar de la violencia planificada, que incluía el uso de martillos y barras de hierro, parte de la prensa alemana y movimientos de izquierda la convirtieron en un ícono «antifascista». El diario Die Zeit, por ejemplo, publicó perfiles que exploraban su «idealismo», un tratamiento impensable para un extremista de derecha.
• España: Los disturbios por Pablo Hasél. En febrero de 2021, el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél desató una ola de disturbios en varias ciudades. Aunque su condena fue controvertida, se basó en el contenido de sus letras, que incluían enaltecimiento explícito de grupos terroristas como ETA y los GRAPO. Pese a ello, figuras políticas como Pablo Echenique de Podemos y sectores mediáticos afines describieron la violencia callejera no como vandalismo, sino como una «expresión de malestar legítimo» de la juventud, justificando de facto la destrucción de la propiedad pública y privada.
• Parlamento Europeo y Antifa. El doble rasero alcanza a las instituciones. En enero de 2022, se presentó una pregunta formal en el Parlamento Europeo (E-000144/2022) denunciando que la organización Antifa había elaborado una «lista de objetivos» con los nombres de 53 políticos alemanes del partido AfD. La denuncia, de extrema gravedad, tuvo un eco mediático mínimo en la prensa mayoritaria europea, en contraste con la cobertura masiva que recibe cualquier amenaza, real o supuesta, proveniente de la ultraderecha.

LA VIOLENCIA DE IZQUIERDA EN EL CONTEXTO CONTEMPORÁNEO

De la utopía a la violencia: cuando la izquierda justifica el caos en nombre del progreso

Aunque muchos discursos progresistas intentan asociar la violencia política exclusivamente con la extrema derecha, los hechos demuestran lo contrario: en la última década, la izquierda radical ha protagonizado una ola de violencia sistemática que incluye terrorismo, vandalismo, represión estatal, ocupaciones ilegales y destrucción masiva de propiedad privada. Estos actos, lejos de ser accidentes aislados, responden a una lógica ideológica profundamente antiliberal, que justifica la agresión como forma de “justicia social” o “resistencia anticapitalista”.

Los casos contemporáneos más notorios ilustran esta deriva autoritaria, que, paradójicamente, se presenta como emancipadora.

México: vandalismo anti-libertad de decidir donde vivir y trabajar

En julio de 2025, grupos radicalizados en Ciudad de México protagonizaron actos de violencia durante una serie de protestas convocadas supuestamente contra la gentrificación. Las manifestaciones, iniciadas en barrios como Roma y Condesa, degeneraron en ataques directos a comercios, propiedades privadas y turistas extranjeros. Se vandalizaron vitrinas, se dejaron mensajes como “get out of Mexico” y se quemaron piñatas con banderas extranjeras, especialmente dirigidas a los llamados “nómadas digitales” estadounidenses. El diario El País reportó que los manifestantes utilizaron consignas explícitamente violentas como “kill a gringo”, mientras que medios locales como La Jornada informaron que al menos trece establecimientos comerciales fueron atacados, con saqueos y destrucción de mobiliario urbano.

La alcaldía de Cuauhtémoc y autoridades del gobierno capitalino reconocieron que los disturbios se centraron en zonas de alta afluencia turística, y que el blanco de la violencia fueron comercios asociados al consumo internacional, cafeterías, restaurantes y alojamientos vinculados a plataformas como Airbnb. La protesta coincidió con la discusión pública sobre la reforma a la Ley de Turismo local, impulsada tras el descontento por el aumento del costo de vida y la presión inmobiliaria derivada del turismo extranjero, según informó El País en otro artículo.

Aunque algunos medios y activistas intentaron enmarcar estos hechos como una expresión legítima de descontento social, los ataques evidenciaron una agenda ideológica más profunda, marcada por el rechazo a la propiedad privada, la libre circulación y la presencia extranjera. la verdad es que no se trató únicamente de gentrificación, sino de una violencia políticamente dirigida que instrumentaliza causas sociales para justificar actos de agresión.

Colombia: el “Estallido Social” como mecanismo de caos planificado

Entre abril y junio de 2021, Colombia vivió una ola de protestas conocida como el “Estallido Social”, promovido inicialmente como un rechazo a una reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. Sin embargo, rápidamente degeneró en violencia organizada por grupos de izquierda radical. Según cifras oficiales, más de 1.000 comercios fueron saqueados, más de 150 estaciones de transporte urbano destruidas, y se registraron al menos 22 homicidios y decenas de ataques con explosivos caseros.

Organizaciones como la Primera Línea —formadas durante esas protestas— llegaron incluso a entrenarse con tácticas de guerrilla urbana, protegidas por el discurso de “resistencia popular”. La narrativa socialista justificó estas acciones como parte de una lucha contra el “neoliberalismo”, mientras destruía fuentes de trabajo, infraestructuras públicas y privadas y dejaba un saldo millonario en pérdidas.

Desde una perspectiva libertaria, el “Estallido Social” no fue una expresión legítima de protesta sino un intento de imponer por la fuerza una agenda colectivista que desprecia el orden espontáneo, la propiedad y la libertad individual.

Alemania: la detención de Daniela Klette y el regreso de la RAF

El 26 de febrero de 2024, fue arrestada en Berlín Daniela Klette, exmilitante de la Fracción del Ejército Rojo (RAF), organización terrorista de extrema izquierda responsable de más de 30 asesinatos en Alemania entre los años 70 y 90. Klette llevaba más de tres décadas prófuga, pero no estaba sola: vivía con otros dos exmiembros de la RAF en un piso compartido, con redes de apoyo activo en círculos de la izquierda radical.

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) alertó en 2023 que más de 11.000 personas en Alemania están afiliadas a movimientos de extrema izquierda potencialmente violentos. Grupos como Antifa, que operan con estética antifascista, se han convertido en plataformas para justificar agresiones físicas, destrucción de patrimonio histórico y ataques contra quienes consideran “enemigos del pueblo”.

Este caso demuestra que el extremismo de izquierda no solo no ha desaparecido, sino que cuenta con simpatías tácitas dentro de sectores académicos y mediáticos, donde se lo romantiza como una “lucha por la equidad”.

Francia: Black Blocs y la violencia organizada bajo cobertura progresista

En marzo de 2023, durante las masivas protestas en Francia contra la reforma de las pensiones del gobierno de Emmanuel Macron, grupos de ultraizquierda conocidos como Black Blocs incendiaron edificios, saquearon tiendas y se enfrentaron violentamente con la policía. Según el Ministerio del Interior francés, se registraron más de 1.000 agentes heridos, 500 arrestos y daños estimados en 50 millones de euros.

Los Black Blocs, una red transnacional de anarco-comunistas, actúan como células de sabotaje urbano. Lo hacen en nombre de una supuesta justicia social que desprecia tanto la ley como el mercado, utilizando la violencia como lenguaje político. Mientras tanto, parte de la prensa francesa se negó a catalogar estos actos como terrorismo doméstico, refiriéndose a ellos como “excesos de jóvenes indignados”.

Como advertía Hayek en Camino de Servidumbre, la planificación central y la ingeniería social conducen, inevitablemente, al uso de la fuerza para imponer los fines que los planificadores consideran “justos”. Así, el progresismo violento no es una anomalía: es consecuencia lógica de su lógica totalizante.

Estados Unidos: la zona autónoma de Seattle (CHAZ/CHOP)

Uno de los episodios más ilustrativos del desborde de la violencia de izquierda en Occidente fue la creación de la “Capitol Hill Autonomous Zone” (CHAZ) en Seattle, en junio de 2020, en el contexto de las protestas tras la muerte de George Floyd. Activistas de izquierda y grupos anarquistas ocuparon seis manzanas de la ciudad, expulsaron a la policía y declararon una zona sin ley ni propiedad privada.

Durante tres semanas, CHAZ fue objeto de fascinación mediática por parte de comentaristas progresistas que lo presentaban como un experimento social libertario. Sin embargo, rápidamente degeneró en tiroteos, asesinatos, robos y la creación de “patrullas armadas” internas que impusieron su propia ley tribal. El 29 de junio, la alcaldesa ordenó finalmente el desalojo tras la muerte de dos adolescentes.

Este experimento fallido demuestra que el orden no es un producto espontáneo de la colectividad sin reglas, sino el resultado de normas de propiedad, justicia y contratos. Lo que CHAZ reveló fue la fragilidad del progresismo radical frente a la realidad: cuando se eliminan los principios de libertad individual, responsabilidad y propiedad, solo queda la selva.

LA REPRESIÓN DESDE EL ESTADO: CUANDO EL PODER SE VISTE DE IZQUIERDA

La doble moral es aún más flagrante cuando la violencia la ejerce el Estado. Gobiernos de izquierda en América Latina han usado la represión con una brutalidad que no genera la misma condena internacional que la de gobiernos de otro signo.

• Venezuela: Terrorismo de Estado sistemático. El caso de Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro es quizás el ejemplo más documentado de violencia de Estado ejercida por un gobierno de izquierda en el hemisferio occidental. Lejos de ser actos aislados, la represión constituye una política de Estado diseñada para aniquilar a la disidencia, una realidad confirmada por múltiples informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU. La maquinaria represiva se apoya en cuerpos como las FAES, la DGCIM y el SEBIN, responsables de miles de ejecuciones extrajudiciales, torturas sistemáticas y la existencia de más de 900 presos políticos, según la ONG Foro Penal. Los métodos incluyen asfixia, descargas eléctricas y violencia sexual en centros como «El Helicoide». Durante las protestas de 2014 y 2017, más de 150 manifestantes fueron asesinados. Sin embargo, la reacción de gran parte de la izquierda internacional fue de silencio o complicidad, y la investigación de la Corte Penal Internacional avanza con una lentitud que contrasta con la celeridad exigida para otros casos.
• Nicaragua y Cuba: Dictaduras afines. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortegaasesinó a más de 350 manifestantes en 2018. En Cuba, tras las protestas del 11 de julio de 2021, el régimen desató una ola represiva con más de 1,500 detenidos y condenas de hasta 25 años de cárcel para manifestantes pacíficos, una realidad a menudo minimizada por sectores de la izquierda internacional que aún defienden al régimen.
• La reacción desproporcionada: Cuando el gobierno de centroderecha de Chile reprimió los violentos disturbios de 2019 —que incluyeron la quema de estaciones de metro y causaron pérdidas estimadas en más de 4.500 millones de dólares— el escándalo mediático y la presión de ONGs fue inmediata y global. Este nivel de escrutinio contrasta con la reacción a menudo tibia o ritual frente a las violaciones de derechos humanos sistemáticas y sostenidas en el tiempo en Cuba, Venezuela o Nicaragua.

LA FALSA JUSTIFICACIÓN: LA VIOLENCIA COMO «RESISTENCIA»

Frente a estos hechos, un contraargumento frecuente desde la izquierda es que la violencia ejercida por ciertos grupos no es una agresión, sino una «contraviolencia» o «resistencia legítima» contra un sistema inherentemente opresivo (el capitalismo, el patriarcado, el Estado). Según esta lógica, la «violencia estructural» del sistema justifica una respuesta física.

Desde una perspectiva libertaria, este argumento es una falacia peligrosa. Primero, disuelve la responsabilidad individual en un concepto abstracto de «sistema», permitiendo atacar a personas y propiedades que no han cometido ninguna agresión directa. Segundo, establece un criterio subjetivo de justicia donde cualquier grupo que se autoproclame «oprimido» adquiere una licencia para la violencia, destruyendo el principio de igualdad ante la ley. Finalmente, esta lógica es la misma que han usado todas las tiranías a lo largo de la historia para justificar la eliminación de sus adversarios en nombre de un bien superior.

EL PRINCIPIO DE NO AGRESIÓN NO TIENE COLOR POLÍTICO

La violencia solo es legítima en defensa propia. El principio de no agresión (PNA), formulado por Murray Rothbard, rechaza categóricamente el inicio de la fuerza física contra personas o sus propiedades. Ni los fines revolucionarios, ni la desigualdad estructural, ni las injusticias del pasado justifican los asesinatos, los ataques con martillos, la destrucción de propiedad, la represión estatal o el terrorismo. La violencia es una agresión contra los derechos individuales, y su naturaleza no cambia por la ideología de quien la perpetra. Debe ser condenada con la misma fuerza, venga de donde venga.

EN CONCLUSIÓN

La doble moral ante la violencia política es una amenaza directa al Estado de Derecho y a la paz civil. Justificar la violencia de izquierda mientras se condena la de derecha no solo es hipócrita: es peligroso, pues convierte a la justicia en un instrumento ideológico.

Por ello, no basta con denunciar la hipocresía. Es imperativo exigir estándares éticos uniformes en la cobertura mediática de la violencia, rechazando cualquier intento de romantizarla o justificarla. Como ciudadanos, debemos defender activamente el principio de igualdad ante la ley en el debate público, recordando que la libertad no puede construirse sobre el miedo, la agresión o la impunidad selectiva. La condena a la violencia debe ser universal, o no es más que una herramienta de poder.

Publicado originalmente en el Substack de Carlos: https://caloespinoza.substack.com/p/doble-moral-ante-la-violencia-politica?r=im3nm&utm_medium=ios&triedRedirect=true

Carlos Alberto Espinoza.- médico venezolano, en el exilio. Director de contenido de Libertarian Forum. Más contenido en su Substack: https://caloespinoza.substack.com/

X: @caloespinoza