Introducción
Desde la aparición de Morena como fuerza política hegemónica en México, han surgido diversas denuncias y señalamientos que apuntan a posibles vínculos o tolerancia de sus gobernantes con grupos de narcotráfico. Estas acusaciones, aunque en muchos casos no han derivado en procesos judiciales definitivos, muestran la persistencia de una sombra de impunidad y riesgo de infiltración del crimen organizado en la esfera pública. A continuación se presentan, estado por estado, los principales señalaron contra mandatarios de Morena, documentando fuente por fuente para un análisis riguroso.

1. Indira Vizcaíno Silva (Gobernadora de Colima)

Esta gobernadora tiene un muy largo historial de escándalos que vale la pena repasar, y no solo dejar en las acusaciones con el crimen organizado, pues tiene varios antecedentes que a muchos mexicanos les dará poco gusto recordar.

1.1 Acusaciones de vínculos con grupos criminales (2023‑2024)

En julio de 2023, un comunicado atribuido al Cártel de Colima circuló en redes sociales en el que la gobernadora fue acusada de “proteger” al Cártel Jalisco Nueva Generación y facilitar su operación en la entidad. Esta amenaza explícita no solo implicó el señalamiento de complicidad, sino también la advertencia de violencia directa: “No te confíes Indira… los contrarios del CJNG, al que proteges, tienen mucho poder de fuego”.
Posteriormente, en enero de 2024, la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, fue públicamente expulsada de Morena tras denunciar que miembros del crimen organizado habían sido integrados en estructuras del partido en Colima y que Vizcaíno fungía como “puente” entre el Cártel de Sinaloa y la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum. Estas denuncias —aun sin proceso penal abierto— consolidaron percepciones de tolerancia o pactos con redes narco en su administración.

1.2 Uso indebido de recursos públicos para proselitismo (2023)

Durante el proceso interno para seleccionar candidato presidencial de Morena, en 2023, se documentó que la administración estatal envió por lo menos a quince funcionarios de primer nivel a Jalisco para reclutar brigadistas a favor de Claudia Sheinbaum, utilizando recursos del estado sierva de campaña política. Testimonios apuntan a una instrucción directa de Vizcaíno de exigir “donación” de parte del salario de empleados (hasta 5 %) y obligar su participación en mítines partidistas.
Estas irregularidades provocaron denuncias ante el INE y peticiones de la COPARMEX local para que la fiscalía anticorrupción y la Auditoría Federal investigaran a fondo, aunque el INE finalmente declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas.

1.3 Caso Altozano y despojo patrimonial (2013‑2021)

Como presidenta municipal de Cuauhtémoc, entre 2012 y 2015, se aprobó una permuta de aproximadamente ocho hectáreas de terreno público en Altozano —valorado en más de 200 millones de pesos— a cambio de un terreno mucho menor para construir un recinto ferial. Habitantes de la zona señalaron el daño patrimonial sufrido y presentaron denuncias ante la Fiscalía y el Órgano Superior de Auditoría. Aunque en agosto de 2020 la Fiscalía Anticorrupción abrió una carpeta de investigación, la carpeta fue cerrada poco después y Vizcaíno exonerada tras asumir la gubernatura en diciembre de 2021.

1.4 Enriquecimiento patrimonial: casas millonarias (2022‑2024)

En 2022 y 2023, se dio a conocer que cuatro funcionarios de primer nivel, incluida la gobernadora, adquirieron residencias en una zona residencial de alto valor en Colima. Vizcaíno habría comprado una propiedad de aproximadamente 6.65 millones de pesos, mientras otros funcionarios y su hermano adquirieron inmuebles por valores entre 3.2 y 3.8 millones. Diputados del PRI presentaron denuncias por posible enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía Anticorrupción del estado, sin que hasta enero de 2024 hubiese avance visible en la investigación.

1.5 Aumentos salariales criticados por amiguismo (2022‑2024)

En julio de 2022, la administración de Vizcaíno fue señalada por aumentar los salarios de ella misma (36 %) y de 24 funcionarios de su gabinete. Aunque el subsecretario justificó los ajustes como parte de corrección del tabulador salarial, la medida generó indignación pública al contradecir su discurso de austeridad. El grupo denunciante afirmó además que esos incrementos beneficiaron principalmente a aliados cercanos a la gobernadora.
Posteriormente, el diputado Chuy Dueñas señaló que la gobernadora colocó en puestos clave a amigos cercanos para cubrir actos de desvío, señalando que el secretario de Salud en funciones, Víctor Torrero, fue designado precisamente para esa función.

1.6 Relaciones opacas con el CJNG y control institucional (2022‑2024)

Diversos reportes señalan que la gobernadora ha mantenido vínculos con el CJNG y operadores políticos de ese cártel, quienes presuntamente tienen influencia dentro de la Fiscalía estatal, incluida la figura del “mini fiscal” Bryant Alejandro García Ramírez, con el cual se le atribuye un pacto tácito de impunidad en contra de otras células como Los Mezcales. Cables de la SEDENA filtrados indican que estos vínculos se encuentran protegidos desde instancias oficiales del estado.
Estas versiones sugieren que, más allá de la violencia observada en el territorio, podría existir una articulación funcional entre el gobierno morenista y cárteles rivales en la entidad.

2. Rutilio Escandón Cadenas (Ex gobernador de Chiapas)

Al igual que en el caso anterior veremos un recorrido de todos los actos de corrupción de este personaje, que no solo incluye nexos con el crimen organizado, sino también una serie de pruebas que muestran que él es un verdadero criminal:

2.1 Corrupción y uso de empresas factureras por miles de millones

Durante su mandato (2018–2024), el gobierno de Chiapas, bajo Escandón, fue señalado en auditorías fiscales y mediáticas por contratar empresas factureras—Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS)—por contratos simultáneos con montos que suman, según el SAT y la ASF, más de 6 000 millones de pesos, de los cuales alrededor de 2 576 millones se adjudicaron sólo en su sexenio. Estos contratos, frecuentemente sin licitación o con irregularidades manifiestas, beneficiaron a compañías vinculadas al círculo político del gobernador, y han sido vinculados a prácticas de peculado, soborno y fraude fiscal. La opacidad en dicha contratación comprometió el gasto en infraestructura, servicios de salud y programas sociales en una entidad con altos niveles de marginación.

2.2 Crisis en el sector salud y acusaciones desde el Senado

El sector salud en Chiapas se convirtió en uno de los focos más críticos: abandono de centros médicos, deficiencias estructurales, compras infladas e irregularidades administrativas. El senador Luis Armando Melgar (PVEM) exigió públicamente claridad sobre desvíos de recursos en salud, destacando síntomas de corrupción en hospitales que puso en riesgo la vida de muchos chiapanecos. Se documentó que secretarios y directores vinculados al gobierno adquirieron propiedades de lujo no justificadas por sus ingresos oficiales, reforzando la percepción de enriquecimiento ilícito con recursos públicos destinados a la salud.

2.3 Robo de documentos de la Auditoría Superior del Estado

En noviembre de 2024, oficinas de la Auditoría Superior estatal fueron asaltadas y se robaron paquetes con información contable y cómputo. Ese episodio generó una ola de desconfianza sobre la integridad del sistema de control interno bajo Escandón, pues ocurrió pocos días antes de que concluyera su mandato. Ciudades y el Congreso estatal exigieron una investigación a fondo, sospechando que fue una forma de obstaculizar descubrimientos sobre irregularidades fiscales y financieras.

2.4 Implicación de funcionarios en trata de personas y red de corrupción judicial

En diciembre de 2024, se descubrió que al menos cinco altos funcionarios del poder judicial estatal —entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia y varios magistrados— están siendo investigados por su presunta colusión en una red de trata de personas, lavado de dinero, extorsión y corrupción judicial. El caso gira en torno al juicio 432/2010, donde uno de los peritajes elevó un adeudo inicial de 711 mil pesos a casi 3 mil millones, mediante manipulaciones apreciables. Se acusa que ese entramado funcionó con la complicidad del gobierno de Escandón al permitir impunidad a los autores y beneficiarios de actos judiciales fraudulentos.

2.5 Omisión frente a la infiltración del crimen organizado y violencia extrema

Durante los años de su gestión, Chiapas vivió una alarmante escalada de violencia: fosas clandestinas, desplazamientos forzados, homicidios a plena luz del día. En 2022 se contabilizaron 421 homicidios dolosos en el estado, cifra que creció a 535 en 2023 y 620 en 2024. Expertos han señalado que grupos como el CJNG, reconocido como “La Barredora”, el Cártel de Sinaloa y bandas guatemaltecas ganaron presencia territorial con poca resistencia gubernamental. Su sucesor ha acusado directamente al gobierno de Escandón de omisión o tolerancia, afirmando que la actual administración encontró fosas clandestinas y cuerpos mutilados en municipios como La Concordia como resultado de esa negligencia.

El exgobernador y analistas han sido objeto de acusaciones públicas —como la misiva enviada al expresidente Trump por el exgobernador interino Willy Ochoa— calificando el sexenio de Escandón de “negligente” y vinculándolo a redes criminales, lo que generó reclamos para que no recibiera inmunidad diplomática al ser nombrado cónsul de México en Miami. Aunque la presidenta Sheinbaum negó contundentemente cualquier vínculo con el crimen organizado (“es falso”), sectores de la sociedad y expertos evidencian que el estado quedó como un terreno de violencia impune bajo su gobierno.

3. Evelyn Salgado Pineda (Gobernadora de Guerrero)

En 2024 un informe electrónico indicó que la DEA habría abierto indagatorias contra Salgado y funcionarios de su gabinete por presuntos nexos con cárteles locales, sin que hasta la fecha se hayan hecho públicos cargos formales.
Guerrero sigue siendo uno de los estados con mayor incidencia delictiva en el país, y la propia postura de Salgado de “abrazos, no balazos” ha sido criticada como un posible efecto de tolerancia hacia grupos criminales.

4. Rubén Rocha Moya (Gobernador de Sinaloa)

Tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2025, surgieron versiones periodísticas que afirmaban que Rocha participó en reuniones con líderes del Cártel de Sinaloa; él mismo lo negó, pero el episodio evidenció el riesgo de cercanía política-criminal.
El País señaló que el gobierno estatal enfrentó una escalada violenta con confrontaciones entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, y que Rocha no desplegó una estrategia efectiva para desarticularlas, lo que alimentó dudas sobre su voluntad real de combatir al narcotráfico.

5. Cuitláhuac García Jiménez (Gobernador de Veracruz)

En diciembre de 2021, García denunció públicamente a Jorge Fabián Cádernas Sosa, exfuncionario municipal, como parte de un “entramado delincuencial” vinculado al crimen organizado, reconociendo de paso la existencia de redes narco dentro de su propio partido en la entidad.

Observadores locales han cuestionado que, pese a expresar intenciones de autonomía de la fiscalía, bajo su mandato no se han registrado desmantelamientos significativos de células delictivas en Veracruz, lo que pone en duda su supuesta intención de acabar con el crimen organizado en el estado.

6. Ricardo Peralta Saucedo (subsecretario de Gobernación / Aduanas)

6.1 Acusaciones

Hay diferentes acusaciones a su alrededor, pero no hay ninguna conclusión hasta el momento, por un lado, tenemos declaraciones de los periodistas de código magenta que mencionan que Ricardo Peralta Saucedo tiene nexos con el narcotráfico y tuvo reuniones con diferentes líderes de cárteles tanto de Michoacán como de Sinaloa, por lo cual el funcionario ha levantado una demanda contra dichos periodistas; si bien no es una prueba de sus nexos contra el narcotráfico, sí que podemos ver la falta de libertad de expresión que tiene el país hasta su momento, estos políticos muestran agresividad ante la primer nota que tienen en su contra.

Otra acusación, viene por parte de exgobernadores, Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, y Silvano Aureoles en Michoacán, quienes lo acusan de financiar al narcotráfico, y de tener reuniones en diferentes ocasiones con los líderes del narcotráfico, sin embargo, no podemos considerar a dos exfuncionarios, que sí tienen un proceso penal por relacionarse con el narcotráfico (en el caso de Cabeza de Vaca en Tamaulipas) y de desvío de recursos (en el caso de Silvano Aureoles) como fuentes confiables, pero es importante tener estos antecedentes ante las demás pruebas que veremos.

6.2 Investigaciones de la DEA

Todo lo anterior solo parecen chismes sin una prueba convincente, pero todo cambia cuando descubrimos que la DEA ha seguido los pasos de Peralta por años, pues ha documentado que efectivamente tiene llamadas telefónicas con varios líderes del narcotráfico, y no solo eso, sino que además presumía que gracias a la alianza entre delincuentes y la 4T, podían poner como gobernantes a quienes quisieran, repito, esto según las investigaciones de la propia DEA, sin embargo, por alguna extraña razón, hasta el momento no ha habido un proceso penal, en su contra, tal vez esperan a un pez más grande.

Creo que lo anterior es suficiente para comprobar los nexos de este personaje con el narcotráfico, sin embargo, todavía queda mencionar que 10 funcionarios, puestos por el propio Ricardo Peralta Saucedo, son sujetos de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) desde el año 2021, y fueron desechados por MORENA por no ser personas de confianza, pero qué raro que no han ido por quien los puso en ese lugar, y de todos ellos, el que tiene una investigación frontal de la DEA, es el único que no tenga un proceso en la FGR.

Es necesario señalar que hoy por hoy Peralta ya no forma parte de la 4T, al parecer se le pidió la renuncia en medio de tantos escándalos, pero sigue siendo un promotor constante del partido, es líder del movimiento “Alianza Patriótica” de la 4T y sigue asistiendo a los eventos importantes de MORENA regularmente.

7. Mario Delgado (ex presidente de Morena y luego secretario de Educación Pública)

Es de las personas que actualmente están bajo investigación por parte de la DEA, tiene una denuncia penal en Texas, y podría enfrentar cargos por financiamiento ilícito… tiene una muy buena relación con el difunto empresario Sergio Carmona (El rey del huachicol), de quien hablaremos más adelante.

Este personaje está lleno de controversias, desde infundado financiamiento para su elección como presidente de MORENA, nada menos que 1,500 millones de pesos, al parecer no existe otra cifra más alta para alguien que haya querido ser presidente de un partido.

8. Ricardo Monreal (coordinador de senadores de Morena y ex­gobernador de Zacateca)

Investigado por nexos familiares con el narcotráfico, y no es una sospecha menor, pues en el año 2009, en una supuesta planta deshidratadora de chiles, en Fresnillo, Zacatecas, elementos de SEDENA aseguraron 14 toneladas de marihuana. Este descubrimiento hasta el día de hoy no tiene a ningún culpable, ni ninguna sentencia penal, pero claro, no olvidemos que si la policía sorprendiera a cualquier persona que no tenga vínculos con el gobierno, con un gramo de marihuana, se iría preso, además, su nombre también aparece en denuncias por financiamiento de campañas electorales.

9. Marcelo Ebrard (ex-Secretario de Seguridad de la CDMX en tiempos de AMLO)

9.1 Antecedentes

Señalado en medios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, aunque sin denuncia formal en tribunales, sí que ha sido investigado anteriormente por recibir dinero para financiar las diferentes campañas y medios que patrocinaron a López Obrador en 2006. El testigo Jesús “Rey” Zambada afirmó que en 2008 el cartel de Sinaloa recibió protección por parte de las autoridades en la CDMX, fecha en la que él era jefe de gobierno.

Este personaje además tiene diferentes antecedentes de corrupción, una de las más importantes fue la línea 12 del metro en la CDMX, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, al parecer todos los de MORENA tienen en su decálogo aumentar muchas más veces el presupuesto inicial de proyectos mal hechos, pues tenía un costo inicial de 17,000 millones de pesos a 26,000 millones de pesos, en 2012, casi el triple del presupuesto inicial, y tiempo después aquella estructura a sobre costo, necesitó reparaciones debido a muchos errores en la construcción inicial, como la no coincidencia de las vías, elevando el costo a 47,000 millones de pesos, pero falta considerar, el arrendamiento de trenes, el del diagnóstico y reparación de la obra, y el del transporte público proporcionado a los usuarios afectados mientras no funcionó, en su total terminó costando un total de 104,000 millones de pesos en 2015, es decir, 6 veces el costo inicial, sin embargo, no olvidemos que hubo un terrible accidente en el año 2021, donde se perdieron 29 vidas y 79 heridos, entonces a lo anterior hay que sumar un costo de 1,500 millones de pesos para la reparación de dicho error, lo cual nos deja con un saldo de 105,500 millones de pesos de un proyecto mal hecho desde un principio.

9.2 Controversias con el actual gobierno

Otro dato llamativo es que en el año 2019 gastó 92 millones de dólares para la compra de 671 pipas para ayudar con la distribución de gasolina de PEMEX, el problema fue que después de dos meses de haberlas adquirido solo había unas 62 en funcionamiento, de nuevo no hubo investigación por parte de la FGR sobre dicha irregularidad.

Entre corrupción y aparentes lazos con el narcotráfico, hay muchos intereses que este personaje siente que le facilitan la vida estando en MORENA.

10. Alfonso Durazo (Secretario de Seguridad bajo AMLO, hoy gobernador de Morena en Sonora)

10.1 Acusaciones

Este político fue el protagonista de un “narcovídeo” en el que salen dos encapuchados armados, diciendo que protegía al Cártel de Jalisco, y que mientras él fuera jefe de seguridad, nunca se detendría a dos líderes de dicho cártel como lo son el “mencho” (Nemesio Oseguera Cervantes) y el “cuini” (Abigael González Valencia). No digo que hay que creer lo que dice un vídeo circulando en redes, ni que sea una fuente en la me baso, pero cuando menos tenemos que admitir una sospechosa coincidencia, en la que el “mencho sí sigue libre” y el “cuini” fue liberado por fallos en el proceso judicial en el año 2022.

10.2 Impunidad

Hay algunos señalamientos de periodistas sobre su vínculo con el narcotráfico, como Jesús Lemus, el problema de estas citar a estos periodistas, es que nunca dicen quien es el informante principal para evitar problemas, sin embargo, una prueba contundente de su protectorado con los cárteles, fue que Bryan LeBaron, presentó pruebas de que Alfonso Durazo sabía hace muchos meses que los cárteles tenían controladas carreteras en Sonora, y no hizo nada, y es demandado por el mismo LeBaron pues gracias a ese dominio del cartel mataron a 9 integrantes de su familia. Aunque hubo 10 detenidos por el caso, no hay ninguna pena para Durazo, aunque el juicio sigue abierto, lleva muchos años en proceso sin resolución.

11. Omar García Harfuch (Secretario de Seguridad CDMX desde el inicio de su gobierno)

Anabel Hernández cita como su fuente al “mini Lic.” (Damián López Serrano), antiguo líder del cártel de Sinaloa, diciendo que Harfuch recibió millones de dólares en diferentes sobornos mientras trabajó con Peña Nieto, aunque no se han presentado pruebas judiciales, sí que existe este, y muchos testimonios en su contra, otro testigo protegido bajo el nombre de “Juan” también dijo que recibió sobornos por parte de los cárteles de Guerrero para que los dejaran pasar drogas y armas por todo el estado de Guererro en el año 2014.

12. Hernán Bermúdez Requena Exsecretario de Seguridad de Tabasco (nombrado por Adán Augusto López)

Actualmente es investigado judicialmente, con orden de aprehensión, ficha roja de Interpol y congelamiento de cuentas por liderar la célula criminal “La Barredora” del CJNG. Su caso ha generado presión política directa sobre Adán Augusto e intervención de Sheinbaum para deslindarse públicamente del asunto. Actualmente está prófugo de la justicia, él sabía que había redes criminales en Tabasco, tras recibir decenas de alertas en diferentes grados del gobierno, pero nunca actuó; de igual manera, es muy difícil pensar que otros funcionarios dentro del gobierno de MORENA no se enteraran sobre dicha red criminal, pues las alertas fueran emitidas al Centro Nacional de Inteligencia, Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) Y el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, por lo que hay una muy extensa red de políticos que ignoraron las alertas, curioso que se considere solo a este personaje como el principal responsable.

13. Adan Augusto Lopez (ex gobernador de Tabasco, senador de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO))

Como ya se mencionó, tenía que ser el siguiente sospechoso en la lista, pues fue quien designó a Hernán Bermúdez, aunque niega cualquier conocimiento de que él fuera un delincuente, cosa que también argumenta Claudia Sheinbaum. Si Adán Augusto sabía que era un criminal o si no lo sabía, queda como un completo incompetente en ambos casos para los cargos que ostenta, pues si lo sabía es un cómplice de criminalidad, y si no lo sabía, ¿qué tanto conocía a Hernán Bermúdez que consideró que era el hombre perfecto para el cargo? ¿Se habrá dejado apantallar por palabras o favores para ponerlo en un cargo de seguridad siendo el líder de una banda criminal? Y considerando esto, aún así, los altos mandatarios de MORENA consideran que hace un excelente trabajo, y lo defienden hasta sus últimas consecuencias.

Ahora, tanto si suponemos que el sujeto simplemente tiene retraso mental, como para nunca darse cuenta que había puesto a un líder criminal en un puesto de seguridad, como si consideramos que es un descarado cómplice, no hay un solo rincón, dentro de un proceso lógico de pensamiento, en el que si a un gobierno realmente le interesa su gente, no se abra una investigación directa contra este personaje, que está tomando decisiones importantes en el país, en su lugar prefiere decir la presidente que no habrá investigación alguna, pues parece que confía demasiado en este personaje, este exceso de confianza es altamente sospechoso para cualquiera.

Vamos a suponer que vivimos en un mundo donde las relaciones lógicas pasan desapercibidas, y donde nuestro amiguismo y sentimientos valen mucho más que la seguridad de las personas de las que recibo un sueldo para defender, o peor aún, que no quiera comenzar una investigación para que la oposición no lo use como herramienta para atacar al gobierno, aún bajo este supuesto, el problema es que Adán Augusto tiene otros antecedentes que la misma presidente sabe y aún así decide ignorar. recientemente, Guacamaya Leaks, filtró expedientes de SEDENA del año 2020, en los cuales se puede leer una conversación registrada de huachicoleros diciendo que el gobernador había ordenado homicidios mediante operadores locales, y otra conversación donde se dice que uno de los líderes criminales de la región con el sobrenombre “pantera” estaba aliado con el gobernador, incluso en los mismos documentos se confirma que Hernán Bermúdez era líder de la organización criminal “La Barredora”.

Hay muchas preguntas clave sobre los archivos liberados por Guacamaya Leaks, en primer lugar ¿Por qué si SEDENA sabía desde ese año que Bermúdez era líder del cártel no lo detuvieron? ¿No hay comunicación entre SEDENA y las demás secretarías de gobierno como para que lo siguieran manteniendo en ese cargo? ¿Por qué si tienen declaraciones de este tipo en contra de Adán Augusto no hay al menos una investigación formal? De nuevo las respuestas se dividen en dos variantes, o tenemos un montón de gobernantes que no son capaces de encontrar ninguna conexión lógica, es decir, son retrasados mentales, o hay un gobierno coludido, con un profundo cinismo, al crimen organizado.

14. Sergio Carmona (“El Rey del huachicol”)

Este empresario fue vinculado a diferentes gobernantes del actual partido en el poder, incluso cuando se tuvo acceso a su celular, se descubrió que tenía acuerdos con la diputada Olga Sosa, con Erasmo Gonzalez, entre muchos otros presidentes municipales.

Se comprobó que en su avión privado viajaron Mario Delgado y Américo Villarreal al menos dos veces, lo que demuestra un trato bastante personal de muchos políticos de MORENA con este ladrón.

Convenientemente fue asesinado, con dos tiros en la cabeza en una barbería en Nuevo León, justo cuando había aceptado cooperar con la DEA, de hecho dos días antes de su muerte, había solicitado protección pues temía por su vida.

OTROS POLÍTICOS DE MORENA MENCIONADOS EN INVESTIGACIONES DE LA DEA Y DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS

• Rosa Icela Rodriguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),
• Pedro Haces, Diputado federal y líder de la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México),
• Mauricio Soto Caballero, Empresario vinculado a Morena,
• Rogelio Portillo En 2021 fue candidato a alcalde por Morena en Huetamo, Michoacán, pese a estar buscado por la DEA por conspiración para traficar drogas en EE. UU. Estuvo en prisión en Georgia y figura como fugitivo.
• Americo Villarreal Anaya, Gobernador de Tamaulipas.
• Erasmo Gonzalez Robledo, Diputado y presidente de la comisión de presupuesto.
• Jose Ramon Gomez Real, Senador de la República por el estado de Tmaulipas.
• Eduardo Gattas, Presidente Municipal de Ciudad Victoria.
• Carlos Peña Ortiz, Presidente municipal de Reynosa Tamaulipas.
• Layda Sansores, Gobernadora de Campeche.

Estos políticos aún siguen bajo investigaciones, pero se debe señalar que aún no existe un proceso formal o enjuiciamiento hasta el momento, sin embargo, sí que están bajo sospecha por diferentes organismos gubernamentales en Estados Unidos, y esto no sucede sin pruebas contundentes.

16. Andrés Manuel López Obrador (ex presidente de México)

16.1 Investigación de la DEA en 2006

Nuestro ex presidente, tenía una carpeta formal de investigación por parte de la DEA por la financiación de su campaña en el año 2006, pues se pensó que tenía relaciones con el crimen organizado, sin embargo, declaraciones de agentes en funciones de la DEA que se filtraron a la prensa, fueron muy específicos al decir que dicha investigación no fue suspendida porque se demostrara la inocencia del tabasqueño, si no que fue suspendida por intereses políticos.

16.2 Diplomacias con personajes internacionales vinculados al crimen organizado.

Este personaje está lleno de sospechas, de las cuales solo un fanático a su figura no podría notar, unas de las que se pueden mencionar, son sus preferencias hacia aliados políticos, pues no es ningún secreto que MORENA pertenece al grupo “Foro de Sao Paulo”, y que incluso formó su propio Foro llamado el “Grupo de Puebla”, con casi los mismos invitados junto con otros indeseables de la izquierda internacional. El mero hecho de que pertenezca al Foro de Sao Paulo ya deja muy en claro que no tiene ningún problema en aliarse con grupos criminales, pues los líderes de las FARC también pertenecen a ese grupo, y han financiado a líderes de dicho Foro como a Rafael Correa.

El apoyo a la dictadura cubana también deja de manifiesto que no tiene problema en cooptar con un hombre que permitió, ayudó y se benefició del narcotráfico desde su revolución, como lo es Fidel Castro, aunque supuestamente fusiló a los responsables del narcotráfico en la isla, muchos testimonios posteriores (de informantes y ex funcionarios) declararon por unanimidad que la logística para enviar drogas a Estados Unidos, era dirigida por Fidel Castro, Noriega en Panamá y Pablo Escobar. Aunque el apoyo fue específicamente dirigido a Díaz Canel, este es un sucesor de dichos gobernantes, y ha recibido petróleo y otras formas de financiación para seguir apoyando a su régimen que en múltiples ocasiones fue financiado por el crimen organizado.

Aunque de manera más discreta, AMLO ha sido un amigo del régimen Venezolano, siendo de los pocos gobiernos en occidente que reconocen sus repetidas victorias electorales, que se ha demostrado que más bien se tratan de fraudes. Además de invitarlo a la toma de gobierno, entre otros movimientos bastantes discretos de apoyo. Este personaje junto con Chávez tienen un historial bastante grande sobre su beneficio a través del Narcotráfico, tras recabar todas las pruebas, el sistema de justicia de Estados Unidos los determinó culpables de complicidad con el narcotráfico.

Otro personaje que tiene un historial bastante sospechoso sobre la ampliación en el cultivo de coca es Evo Morales, quien no tiene un juicio formalmente por ese tema, tal vez porque los otros cargos fueron suficientes para sacarlo del poder, pero sí existen informes de la ONU sobre el aumento del cultivo ilegal de coca durante el gobierno de Evo Morales, y el juicio de muchos de sus allegados por facilitar el envío de drogas a Estados Unidos, de nuevo es increíble que Evo Morales no supiera sobre dichos temas, pero la DEA no tiene investigaciones en su contra. Con este político no hubo ninguna sutileza en ayudarlo a escapar cuando su destitución se acercaba, el gobierno mexicano financió su escape (y tenía toda la intención de hacerlo con el corrupto Pedro Castillo también) y lo recibió con alfombra roja.

16.3 Visitas a Badiraguato y a la madre del Chapo Guzmán

Dejando de lado lo que se expone en este artículo, es decir, que hay una enorme y sorprendente cantidad de políticos investigados y/o acusados por sus vínculos con relaciones con grupos del crimen organizado, tenemos otra muy rara coincidencia que a más de uno le sonará a mucho más que un evento casual. La visita de AMLO a la mamá del chapo Guzmán, lo he comentado en otros artículos, pero aquí es el momento clave para señalar dicha visita. La mayoría de personas pensaría que el presidente de una nación tiene demasiadas ocupaciones, como para tomarse el tiempo de visitar a la madre de un criminal por mera solidaridad, incluso si quiere dar una imagen amigable de apoyar a una familia que pasa por momentos difíciles, en momentos donde su hijo estaba siendo juzgado, con demasiadas pruebas obvias en su contra. Por muy iluso que uno sea, puede ver que la señora llega en una muy bonita camioneta, que no fue financiada por ella, esto es obvio porque hasta donde se sabe su ocupación únicamente ha sido de campesina y ama de casa, además de ser muy cercana a su hijo, por lo que fingir que esa camioneta no se obtuvo con recursos del narco, es ser un fanático embrutecido; todo esto lo argumento, porque de repente existe la teoría de que fue para dar una imagen política solidaria a la familia de un inocente que pasa por momentos difíciles, cosa difícil de creer en este contexto, además de que si pretendemos que un presidente tiene demasiado tiempo ocupado, ¿No sería más lógico agendar una llamada telefónica o que la señora fuera a visitar a AMLO?, supuestamente fue a revisar como iba la construcción de una carretera, pero de las 51 carreteras hechas por el gobierno federal, solo se dignó a visitar 5, y la más visitada de ellas, era la que le quedaba más lejos de la comodidad de su casa, la de Badiraguato, con 5 visitas, no solo que fue la carretera más visitada por él, sino que también fue el proyecto más visitado por el tabasqueño, el tren maya, dos bocas y Felipe Ángeles, fueron visitadas 3 veces en promedio, ¿Será que había algo más que este presidente quisiera inspeccionar que el avance de una carretera? Y Si tanto le importan las obras ¿Por qué nunca fue a inspeccionar por qué tanto el tren maya, como Felipe Ángeles y Dos bocas estaban costando el triple del presupuesto inicial?.

16.4 Flexibilidad ante el crimen organizado

Las diferentes afirmaciones del ex presidente como, “a los criminales los acusaré con su mamá”, “el narcotráfico también es pueblo bueno” y “abrazos no balazos”, deja en claro la mano blanda de AMLO hacia los grupos criminales, dejando como consecuencia el sexenio más violento en la historia de México, tanto en asesinatos como en desapariciones, aunque convenientemente se dice que el primero baja mientras sube el segundo, parece una manipulación de cifras para decir que está bajando el homicidio, y mejor dejan el tema en espera para colocarlos como desaparecidos.

No olvidemos que se liberó a Ovidio Guzmán en la primera captura en 2019, y que solo tras presiones estatales de Estados Unidos para llamar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, en el año 2023 lo tomaron y lo extraditaron, y es que el hecho de que haya sido inmediatamente extraditado, deja de manifiesto que lo hicieron por presión externa, no por iniciativa de este gobierno.

Aunque el propio ex dirigente haya señalado a SEGALMEX como un caso de corrupción, y que supuestamente se detuviera a los responsables, en realidad solo tomaron a trabajadores de bajo rango, pero el director de SEGALMEX Ignacio Ovalle, sigue libre con un sueldo de $109,000 pesos en el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), después de que la ASF comprobara irregularidades por 15,000 millones de pesos. Luego su sucesor, Leonel Cota Montaño, aseguró que a su salida, para formar parte ahora del gabinete de Sheinbaum, dejaba el organismo limpio, sin embargo, aunque sí bajaron las irregularidades, a un total de 600 millones de pesos entre 2022 y 2023 (aún no se hacen las investigaciones del año 2024), no es un SEGALMEX limpio, y sigue siendo una fuente de corrupción, sin embargo, lo que nos trae a SEGALMEX, en este artículo sobre las relaciones con el crimen organizado es en realidad el caso, de costales de fentanilo de SEGALMEX que llegaron a Hong Kong, y se decomisó en total una tonelada de dicha droga sintética, sin investigación y que pasó sin pena ni gloria por el gobierno mexicano, es una de las más claras pruebas de la relación que tiene este gobierno con el narcotráfico, dicha noticia es del año 2023, cuando supuestamente SEGALMEX ya estaba “limpio”, ¿Cuanto habrá traficado cuando estaba “sucio”?.

16.5 Inicio de una campaña con fondos de dudosa procedencia

Muchas personas ya tienen olvidado este famoso pasaje en la historia de MORENA, y que en su momento fue un gran escándalo, y fue cuando se hizo público un vídeo de David León Romero entregando sobres con dinero al hermano de AMLO, Pio Obrador, León Romero reconoció que provenía de asambleas donde conocidos daban dinero para financiar la campaña de AMLO, lo que no saben muchos sobre este caso, es que este sujeto tenía muchos vídeos entregando estos sobres a diferentes políticos de MORENA y que era financiado principalmente por Manuel Velasco, un más que comprobado corrupto, ex gobernador de Chiapas, que tiene desvíos por 2,400 millones de pesos (hasta donde se sabe porque las investigaciones se detuvieron cuando MORENA fue ganando en más y más estados), pero a pesar de sus irregularidades y de su comprobada creación de empresas fantasma, no tuvo ninguna sentencia por parte de la FGR, y la misma FGR también señaló que David León Romero era inocente por falta de pruebas, además de que sigue trabajando con MORENA. Aunque esta no es una vinculación directa con el crimen organizado, sí hay fuertes sospechas que de seguir las investigaciones se habrían encontrado recursos de procedencia ilícita, pero eso no lo sabremos por ahora, lo que sí se sabe es que la campaña de AMLO fue financiada en parte por la corrupción de Manuel Velasco, y si no tiene problema en cooperar con un personaje así, deja en claro que podría cooperar con cualquiera.

Las investigaciones de la DEA avanzan rápidamente, y solo es cuestión de tiempo para que salgan más y más evidencias a la luz, hay muchos archivos que aún no están desclasificados, pero tendremos que seguirlos de cerca, no es normal que un gobierno tenga tantas pruebas de colusión con el narcotráfico y tan pocas sentencias (generalmente iniciadas solo si las inicia Estados Unidos), y cabe aclarar que esto no es nuevo, esto viene de muchos años atrás, no es un documento para defender a la oposición, pero sí es la consecuencia de mala administración pasada, ahora se ha votado por el gobierno más descarado en la historia, y con el poder judicial de su lado (que tampoco ayudaba mucho como contrapeso) ya no tendrán ningún freno, y lo más lamentable de todo, es que solo tengan miedo por los procesos que está llevando a cabo la DEA, y no por jueces nacionales, que no hicieron nada cuando eran supuestamente “independientes” y ahora lo harán menos con una corte totalmente dependiente del partido en el poder.

17. Intervención Estadounidense en México.

Donald Trump ha puesto especial énfasis en los cárteles mexicanos —en particular el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación— debido a que los identifica como los principales responsables del flujo masivo de fentanilo, metanfetamina y otras drogas que alimentan la crisis de sobredosis en Estados Unidos. Bajo su administración, Trump firmó una orden ejecutiva el 20 de enero de 2025 para designarlos oficialmente como organizaciones terroristas extranjeras, medida que fue implementada formalmente el 19 de febrero de ese mismo año cuando designó oficialmente a seis cárteles mexicanos bajo esta categoría. Esta categorización le otorga autoridad para imponer sanciones financieras, congelar activos, ampliar jurisdicción judicial y justificar potencialmente acciones militares en territorio mexicano, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional de EE.UU..

Las amenazas de Trump incluyen imponer aranceles punitivos del 25 % a las exportaciones mexicanas si México no incrementaba sus esfuerzos para detener el tráfico de drogas y la cooperación con los cárteles. En febrero de 2025, firmó tres órdenes ejecutivas que gravaron con ese arancel la mayoría de las exportaciones mexicanas, salvo algunas exenciones menores. Asimismo, amenazó con intervención militar indirecta o directa en territorio mexicano, apoyándose en la designación terrorista de los cárteles y justificando una posible operación encubierta con fuerzas especiales, vigilancia con drones y arrestos extraterritoriales.

Ante este escenario, México ha respondido instituyendo represalias diplomáticas y defendiendo su soberanía. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente la narrativa de una alianza entre cárteles y gobierno, y garantizó cooperación coordinada sin subordinación a intereses extranjeros. El gobierno envió una nota diplomática en abril para protestar el despliegue militar de EE.UU. a lo largo de 18 m en la frontera, y reiteró la exigencia de respeto a la autonomía nacional.

Las consecuencias concretas ya alcanzan diversos ámbitos: en materia de seguridad interna, México desplegó 10 000 efectivos de la Guardia Nacional a Tijuana y otras zonas limítrofes, aumentó las operaciones contra laboratorios clandestinos de fentanilo y efectuó arrestos de múltiples capos y destrucción de instalaciones, incluyendo más de 750 laboratorios y más de 178 toneladas de narcóticos incautados. El gobierno también transfirió 29 presos, incluidos narcotraficantes de alto nivel como Rafael Caro Quintero, hacia EE.UU. el 27 de febrero de 2025. Todo ello obedeció en parte a la presión estadounidense combinada con política interna más estricta.

Economía y diplomacia también han sido afectadas: los aranceles impuestos generaron represalias por parte de México y tensiones en la renegociación del TMEC (Tratado México‑EEUU‑Canadá). Aunque se ha pactado una prórroga de 90 días en momentos clave para evitar una escalada arancelaria, la amenaza continúa latente y condiciona la relación comercial bilateral. Además, la designación terrorista introduce mayores supervisiones financieras: bancos y empresas temen sanciones por transacciones en zonas vinculadas a los cárteles.

La puesta en escena de un escenario con una enorme incertidumbre sobre los costos que tendrán los países para acceder al comercio, han caído monedas que se estaban fortaleciendo, Estados Unidos generó muy pocos empleos en julio del 2025, dato que molestó a Donald Trump y pidió la destitución de una funcionaria que fue puesta durante la administración Biden, culpándola de maquillar datos, y aunque nadie defiende la administración Biden, lo cierto es que el proteccionismo nunca ha funcionado, y esta no es la excepción, el hecho de que un país haga más caro el comercio con los demás países, tiene un menor margen para contratar a más trabajadores, con la consiguiente desaceleración de la actividad, Trump está viendo los problemas del proteccionismo y los quiere solucionar con decretos y caprichos. Por otro lado México es la economía que más relación comercial tiene con Estados Unidos, mientras los datos económicos de Trump sigan débiles, también lo serán los de México, acaba de cerrar una de las principales plantas de Nissan en México (municipio de Jiutepec, Morelos), pues la venta de automóviles ha caído en el mundo, precisamente la incertidumbre hace que la gente baje su consumo, y los datos de trabajo de México también cayeron a mínimos históricos en diciembre.

Trump puede destruir una relación muy fructífera entre México y Estados Unidos, y México no tiene otros aliados comerciales que puedan suplir el consumo estadounidense, de hecho los americanos son quienes más consumen en el mundo, lo que deja a México sin muchas opciones… si algo podemos rescatar es que todo el zurderío que decía estar en contra del libre comercio, hoy grita con furia que Trump ponga trabas al mismo intercambio, en el futuro este será un punto a favor para los libertarios, recordar como todo el mundo lloraba ante la negativa del comercio con Estados Unidos.

En el ámbito político interno mexicano, asociaciones electorales y sociales señalan que la presión estadounidense capitaliza el debilitamiento institucional en México: el diputado Gildardo Pérez advirtió que Trump aprovecha la debilidad de los sistemas de justicia mexicana para imponer su agenda. También hay advertencias sobre posibles represalias violentas de los cárteles ante la ofensiva pública de EE.UU., especialmente si sienten sus estructuras amenazadas.

Finalmente, las entidades académicas advierten que la militarización y el encarcelamiento no bastan para frenar la violencia y el reclutamiento cartelar. Estudios recientes sugieren que sólo atacando el reclutamiento desde sus orígenes y fortaleciendo tejido social será posible reducir homicidios y desapariciones a largo plazo. Hasta 2022, se estimaba que los cárteles operaban con entre 160 000 y 185 000 miembros y requerían reclutar 350 personas por semana para mantenerse. Asimismo, la violencia afecta la cohesión territorial y la migración interna, trastocando redes de conectividad y desplazamiento en México.

Conclusión
el análisis de los múltiples señalamientos y denuncias contra altos cargos de Morena —que abarcan desde presuntas complicidades con cárteles, uso indebido de recursos públicos y corrupción fiscal, hasta omisiones frente a la violencia organizada— revela una relación preocupante entre el poder político y el crimen organizado. Aunque muchas de estas acusaciones no han derivado en procesos judiciales definitivos, la persistencia y transversalidad de los casos documentados en Colima, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Veracruz y a nivel federal demuestran la urgencia de:

1. Fortalecer la transparencia en la gestión pública, mediante la publicación exhaustiva y oportuna de contratos, permisos y auditorías estatales y federales.
2. Garantizar la independencia judicial, para que las investigaciones y sanciones no dependan de intereses partidistas ni de presiones externas.
3. Impulsar mecanismos de rendición de cuentas ciudadana, que incluyan instancias civiles y acompañamiento de organismos internacionales, con facultades vinculantes para iniciar averiguaciones.
4. Fomentar la coordinación interinstitucional entre autoridades federales, estatales y organismos de seguridad de EE. UU., como la DEA.

Solo a través de estas medidas se podrá disipar la sombra de impunidad que hasta ahora ha permitido que numerosos políticos investigados o señalados por vínculos con el narcotráfico continúen en el ejercicio del poder sin enfrentar responsabilidades. Una gobernanza libre de presiones criminales exige vigilancia constante, institucionalidad robusta y voluntad política real para sancionar a cualquier servidor público, sin importar su jerarquía o cercanía con el partido en el gobierno, y esto solo se logrará sacando al parásito que se beneficia de dichos grupos en el poder, que no solo incluye a MORENA, incluye de hecho al resto de partidos políticos putrefactos.