Introducción:

En los próximos días publicaremos el trabajo detallado sobre el paquete económico 2024, mismo que el secretario de Hacienda presentó el viernes en la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y aprobación final. Mientras tanto, el presente trabajo explicará cuál será el balance de las finanzas públicas, tomando en cuenta algunas estimaciones del PE2024. Esto quizás sea de particular interés ya que este es el último año fiscal de esta administración. Gran parte de la atracción y la curiosidad generados al comprender los detalles de su diseño ha sido comprobar si el gobierno seguirá imponiendo la brecha de supuesta “responsabilidad fiscal” que, en sus palabras, ha caracterizado en sus primeros cinco años.

Sin embargo, las cuestiones más preocupantes se refieren a la trayectoria del déficit presupuestario nacional y la deuda nacional. Suena contradictorio, incluso descabellado, que ni durante la epidemia, cuando las pérdidas económicas fueron mayores, el gobierno no tenía intención de aumentar el déficit y las deudas para mitigar el impacto negativo en la economía familiar.

Ahora, en el año de su publicación, recomienda fijar los Requerimientos Financiero del Sector Público (RFSE) -la medida más amplia del déficit- en 5,4% del PIB en 2024, frente al 2,7% del PIB en 2023; están duplicando sus esfuerzos por endeudarse, la más grande desde 1988. Finalmente, la propuesta sobre estas necesidades de financiamiento del Estado, es llevarlo a un 48.8% desde el 46.5% actual de deuda respecto al PIB, lo cual, dificilmente, podrá cumplirse y seguramente será mayor el procentaje sobre el indicador de crecimiento.

Retos de las finanzas públicas todavía por cumplirse en 2023

En el primer semestre de 2023, las finanzas públicas continuaron reflejando la postura de este gobierno en sus esfuerzos por contener los desequilibrios fiscales. Este plan tiene un déficit presupuestario menor debido a un ajuste de gasto reducido que compensa con creces el déficit de ingresos. Tanto el gobierno federal como la CFE, IMSS e ISSSTE contribuyeron a la reducción del déficit, siendo Pemex la única excepción, con desequilibrios muy por encima de lo esperado.

Las restricciones al déficit presupuestario combinadas con la recuperación económica de México han llevado a una mejora en la posición financiera del sector público. Por ejemplo, en junio de 2023, el concepto más amplio de deuda pública neta era del 45,8% del PIB, cifra inferior a la de los tres años anteriores. Aunque muchos analistas tienden a interpretar los balances y ratios de deuda favorables del sector público como una señal de una política fiscal «prudente», persisten debilidades y desafíos en las finanzas públicas.

De enero a junio de 2023, la vulnerabilidad se reflejó en los ingresos y gastos. En ese periodo, los ingresos del sector público en realidad disminuyeron un 1,6% en comparación con el mismo período del año pasado. La clasificación más general incluye el agotamiento de los recursos provenientes de los ingresos petroleros. La caída refleja los menores precios del petróleo y el tipo de cambio, así como la duración de la caída en la producción de petróleo, excluyendo el condensado. El pobre desempeño operativo de Pemex sigue siendo una restricción estructural a los ingresos estatales.

Aunque, durante el periodo de referencia, los ingresos no petroleros se incrementaron en términos reales, su principal componente, los ingresos tributarios, se redujo, si se excluye el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de combustibles. En otras palabras, el aumento de los ingresos tributarios se debió exclusivamente a los menores subsidios otorgados por el gobierno para “estabilizar” el precio de los energéticos. En un ambiente de reanimación económica, la estructura de los ingresos tributarios no mostró una fortaleza clara.

Las cuestiones sobre las finanzas públicas pueden volverse más serias si se revisa la distribución del gasto público, especialmente teniendo en cuenta las tareas impuestas al Estado.

Durante el período que abarca el informe, el gasto público total en términos reales anuales aumentó un 3,7%. Este dato refleja plenamente el aumento de los costos de financiación de la deuda como resultado del alza de las tasas de interés, tanto internas como externas ya que el «consumo primario» (definido como el consumo total menos estos costos) se ha estancado en tal periodo.

El gasto programable, por otro lado, el principal componente del gasto total, mostró una caída del 0,9%. En el desglose funcional de estos gastos, la salud es una de las principales partidas, siendo inferior respecto al programa como al año anterior. Esta deficiencia es alarmante si consideramos las cuantiosas y graves carencias en la prestación de atención sanitaria y medicamentos en el sistema nacional de salud.

El consumo de combustible y energía es 1,2 y 1,6 veces mayor que los gastos en educación y salud, respectivamente, lo que también demuestra la ineficiencia en la asignación de recursos y las prioridades políticas sobre las necesidades más urgentes de la ciudadanía.

En la composición de los gastos administrativos, los sectores autónomos cayeron un 1,2% anual en precios comparables, debido a una fuerte disminución de los gastos del INE y al estancamiento de los gastos del sistema judicial. La «austeridad» en estas áreas parece confirmar la intención de debilitar las instituciones clave que hacen que la sociedad y la economía funcionen. Pareciera un tema de venganza que uno institucional de la programación del gasto.

En la categoría económica de gastos se destacó el crecimiento real anual de las inversiones físicas directas del 12,1%. Aunque la inversión pública tiene el potencial de respaldar el crecimiento económico futuro, su contribución será, en el mejor de los casos, pequeña, a juzgar por la cuestionable rentabilidad productiva y social de los proyectos emblemáticos oficiales en los que se ha centrado la mayor parte del gasto de capital público.

En un escenario todavía más realista, el gasto en inversión, habrá de convertirse en deuda sino se refleja pronto una rentabilidad en dichos proyectos; lo anterior, sería una de las principales barreras del crecimiento económico de mediano plazo.

Finalmente, las finanzas públicas enfrentarán enormes presiones de gasto si se tienen en cuenta al menos tres realidades clave: una mayor incertidumbre, que requiere un fortalecimiento significativo del poder judicial; un envejecimiento de la población que conduce a un aumento de la demanda de atención sanitaria y pensiones (no olvidar que sólo el pago de pensiones equivale al 15% del Presupuesto de Egresos de 2023), y un retraso educativo que requiere un sistema escolar radicalmente mejorado.