En economía es aventurado realizar predicciones. Como reza una frase popular, cuya autoría real se desconoce, «Es difícil hacer predicciones, especialmente del futuro». Las predicciones en economía son distintas a las predicciones en ciencias naturales porque tienen el poder de afectar el comportamiento de los sujetos cuyo comportamiento tratamos de predecir. Una roca no cambiará su curso al lanzarla de un lugar elevado; pero los seres humanos pueden cambiar su actuar al popularizarse un pronóstico determinado. Y el cambio en su actuar puede precipitar fenómenos distintos a los predichos.

Los economistas, sin embargo, tenemos la posibilidad de plantear adivinanzas educadas o escenarios probables. La complejidad de los fenómenos que estudiamos nos limita a realizar predicciones sobre patrones de comportamiento, como lo señalaría Hayek:

Esto corresponde a lo que he llamado antes los pronósticos del mero patrón, a los que nos limitamos cada vez más a medida que pasamos del campo donde prevalecen leyes relativamente sencillas al campo de fenómenos regido por la complejidad organizada.

La economía mexicana, pese a su complejidad, revela patrones recientes sobre los cuales podemos enunciar algunas expectativas en, al menos, tres temas: competencia económica; seguridad y entorno macroeconómico.

Competencia económica

La gestión de López Obrador tiene como características la intromisión en los mercados y la búsqueda de control gubernamental. Ambas características limitan la competencia, favoreciendo a monopolios gubernamentales.

Los problemas relacionados con la competencia económica pueden resentirse en sectores como el de la energía. Son previsibles problemas en la oferta de combustible, a causa de la desconfianza del gobierno federal hacia la iniciativa privada. En marzo del año pasado, el economista Eduardo Turrent señaló en un artículo cómo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) erigía barreras de entrada a nuevos participantes:

Las barreras de entrada a nuevos participantes en el mercado pueden estar marcadas por factores puramente económicos –como una inversión inicial de gran tamaño– o por requisitos administrativos. Y este parece ser precisamente el caso con la CRE, que tiene acumuladas pendientes de resolución aproximadamente 10.000 solicitudes para permisos de operación, de las cuales cerca de 8.000 corresponden al sector de hidrocarburos.

Problemas similares aquejan a la infraestructura de almacenamiento, la cual cuenta con relativamente bajo margen de maniobra. Según señala Alicia Zazueta, presidenta de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (Ampes), el inventario de gasolina está lejos del que pretendía el gobierno federal:

Sabemos que hay una política de almacenamiento mínimo por parte de la Secretaría de Energía (Sener) desde 2018, que establece que desde 2020 hasta 2025 debemos tener cinco días de inventario para gasolina… pero los cálculos nos dicen que actualmente debemos estar solo en unos dos días.

Nuevamente, la falla puede adjudicarse al gobierno, que frena las inversiones necesarias con una legislación que no obedece a criterios de costo y beneficio.

Los problemas de competencia se multiplican en otros sectores. La mejor política pública para asegurar un mayor nivel de competencia, con los beneficios que de ella emanan para los consumidores, consiste en reducir o erradicar barreras de entrada. Desde el inicio del sexenio actual, el gobierno federal dio marcha atrás a políticas de apertura al sector privado, en el entendido –erróneo– de que el gobierno es un actor más confiable para administrar recursos “estratégicos”.

El gobierno actual incrementó las barreras de entrada para empresas intensivas en mano de obra no cualificada con una gama de políticas laborales intervencionistas. Los incrementos en el salario mínimo, la regulación a la subcontratación y la extensión de periodos vacacionales suenan como buenas ideas en los mundos ideales de almuerzos gratis. Pero en el México real, pese a los argumentos en contra, constituyen un mayor costo de contratar trabajadores. Los efectos tendrán efectos rezagados sobre el ritmo de contrataciones en un mercado laboral inflexible. Pero todas estas intervenciones comprometen las propuestas de emprendimiento de pequeñas empresas que no cuentan con el capital requerido para atender todos los requisitos nuevos.

Seguridad

La protección contra el patrimonio y la integridad física son indispensables para el desarrollo de la persona. La libertad individual requiere derechos de propiedad bien definidos y protegidos contra amenazas de grupos criminales y decisiones gubernamentales coercitivas. Donde la libertad individual pierde terreno, gana espacio la inseguridad, la violencia y el autoritarismo.

Pese a que López Obrador ha tratado de presumir la imagen de un México seguro, las estadísticas muestran otra historia, con un indicador lamentable: incrementos en homicidios dolosos. Así lo apunta Diego Badillo, en una columna del Economista:

Tan solo si se comparan los indicadores de seguridad de los primeros 59 meses de la actual administración, contra los del mismo periodo de las dos anteriores, el homicidio doloso ha crecido 33.8%, respecto del sexenio de Felipe Calderón y 14.8%, respecto al de Peña Nieto.

Sin seguridad, los incentivos a invertir y producir son menores. A la tristeza de vidas en peligro se suma, entonces, una economía más raquítica.

Entorno macroeconómico

La inflación continúa en niveles elevados, lejos del objetivo de 3%. En la encuesta de expectativas de Banxico más reciente, los especialistas esperan una inflación alrededor del 4% en 2024. Sin embargo, cabe destacar que los incrementos agresivos en tasas de interés objetivo por parte del banco central ayudaron a frenar incrementos inflacionarios potencialmente más peligrosos. La autonomía del banco central ha sido pieza clave para evitar que incentivos perversos contaminen la política monetaria en servicio de objetivos de corto plazo gubernamentales.

El tipo de cambio registró una caída en 2023, de la mano de los incrementos aludidos en la tasa de interés. El precio del dólar, sin embargo, es sensible a tiempos electorales. Por esta razón, probablemente, el mercado ya anticipa una depreciación del peso en 2024 y en 2025.

Lo que es un poco más complicado de predecir, sin embargo, es el ritmo de crecimiento económico. La inversión en proyectos de infraestructura en la última etapa del sexenio probablemente dio un empuje a la producción agregada en 2023. Es un patrón típico del ciclo político económico: incrementos en el gasto público durante momentos críticos (como el periodo electoral) se reflejan en cifras del PIB más altas, al menos en el corto plazo. Pero en la perspectiva más amplia, es claro que López Obrador se quedó muy por debajo de su heroica promesa de un crecimiento de 6% anual.

A largo plazo podemos esperar, sin embargo, que la economía mexicana no crezca al ritmo que requiere para converger a niveles de países más ricos. Lo que requiere la economía mexicana es canalizar la iniciativa empresarial en proyectos que satisfagan a los consumidores a través de mercados libres. Pero el rumbo que hemos seguido representa un desvío serio de ese ideal.