México atraviesa por tiempos de incertidumbre política y económica. El gobierno del presidente López Obrador se ha caracterizado por manifestar abiertamente su simpatía por políticas estatistas. La centralización de su proyecto político es claro ejemplo; su gobierno ha otorgado privilegios a empresas gubernamentales y ha cancelado o frenado la participación del sector privado en diversos sectores, como el energético.

Choca entonces la retórica obradorista con la realidad institucional de un México que negocia tratados comerciales; tratados que requieren una clase de descentralización y apertura empresarial incompatible al gobierno actual.  

En ese tenor, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) reclamó el 20 de julio al gobierno mexicano por políticas que parecen violar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los tratados comerciales son negociaciones entre dos o más países en los que se acuerdan reducciones arancelarias y se incluyen cláusulas o disposiciones mediante las cuales los países participantes buscan favorecer o proteger a grupos de interés nacionales. En particular, los funcionarios de un país buscan que haya una suerte de «piso parejo» entre las partes. Por ejemplo, el país A desea evitar que el país B subsidie sus exportaciones y venda a un precio artificialmente bajo, pues eso pondría en aprietos a productores domésticos del país A. Del mismo modo, el país B le reclamaría al país A si el país A le diera un trato preferencial a sus empresas en negociaciones donde se supondría que habría igualdad de condiciones.

Existe cierta discusión académica en torno a si los tratados comerciales son el medio más eficiente para aprovechar las ventajas del intercambio entre países. Algunos economistas –como un servidor– suscribirían una reducción unilateral de aranceles. Pero, independientemente de esa discusión, lo cierto es que un país que firma un tratado comercial adquiere compromisos institucionales que debe respetar. Por lo tanto, nos concentraremos en los riesgos que México enfrenta al evadir e incumplir los compromisos adquiridos en el T-MEC.

El principal riesgo de incumplimiento del T-MEC tiene que ver con posibles represalias de la economía estadounidense y canadiense; represalias que podrían traducirse en aranceles más altos en sus países para los bienes exportados desde México. Aranceles más altos significarían pérdidas para los consumidores estadounidenses y canadienses, que pagarían precios más altos; pero también significarían pérdidas para las empresas mexicanas cuyos ingresos provienen significativamente de la exportación.

Cabe destacar que la participación de las exportaciones dentro del PIB ha crecido desde hace años, tal cual pueden observar en la Gráfica 1: de un 31% en 2012 a 38% en 2021. Esto significa que una parte creciente de la actividad económica en México está vinculada a satisfacer demandas del extranjero; lo cual es un reflejo de la creciente interdependencia y especialización del comercio internacional.

Gráfica 1

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

Asimismo, las exportaciones son el componente del PIB que más ha crecido en los últimos años, dejando rezagados a otros componentes como el gasto en consumo (privado y gubernamental) y la inversión. La Gráfica 2 muestra que las exportaciones crecieron en 6.9% en 2021, liderando la recuperación en este indicador.

Gráfica 2

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. Entiéndase a la producción para el sector doméstico como la suma del consumo final (privado y gubernamental) más la inversión, neta de importaciones.

Y como revelan cifras del Banco de México, alrededor del 80.6% de las exportaciones totales de México son a Estados Unidos, mientras que un 2.6% se destina a Canadá (una cifra aún superior a la de otros países con los cuales comercia). Estados Unidos y Canadá representan los mercados extranjeros más importantes para los productores mexicanos.

Katherine Tai, la representante de la USTR se expresó así: «Hemos expresado repetidamente serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y su consistencia con los compromisos de México». Y continuó: «Hemos tratado de trabajar constructivamente con el gobierno mexicano en atender estas preocupaciones, pero, desafortunadamente, las compañías estadounidenses continúan enfrentando un tratamiento injusto en México».

Las restricciones comerciales afectan a todos: a los consumidores finales, que deben pagar precios más altos y a los productores cuya ventaja comparativa reside en satisfacer demandas del extranjero. Políticas retaliatorias de Estados Unidos y Canadá serían especialmente perjudiciales para el país, pues limitarían no sólo nuestra capacidad exportadora, sino nuestra capacidad importadora. (Las exportaciones pagan nuestras importaciones). Es importante que el gobierno mexicano atienda con seriedad los reclamos sobre los compromisos que adquirió en nombre de los mexicanos. De otra forma, veremos otra puerta cerrada para el progreso económico mexicano. Y tras una pandemia, un entorno inflacionario grave, carencias de inversión y otras debilidades institucionales, realmente no parece conveniente estrellarnos de narices contra otra puerta cerrada.

Por Sergio Adrián Martínez

Economista por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Administrador de Tu Economista Personal, sitio de reflexiones de economía y mercados libres.

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