Las primeras palabras mayores de la presidenta electa, fueron ordenes; la primera al Tribunal Electoral, del cual recibía su constancia, para que le dieran la Mayoría calificada a su coalición; en cuanto a los magistrados electorales, ahora se les abre la posibilidad no sólo de reelegirse, sino de ser Ministros de la Corte.
La segunda a los legisladores de su “Transformación”, para que, con esa mayoría calificada, aprueben antes de que termine el mandato del presidente López Obrador, la controvertida Reforma Judicial.
Así, por ello ya se ve como inevitable que lo anterior suceda, ya que volvemos a la época, en que las palabras del gran Tloatani sólo se acatan y obedecen.
Al día siguiente de ello, diputados Morenistas, encabezados por el diputado Ignacio Mier Velasco, presentaron un dictamen a la reforma, en donde hacen, según ellos, más de 100 reformas a la iniciativa presidencial; pero estas solo son: incorporar las nuevas ocurrencias del presidente, como que pueda ser juzgador, un recién egresado de una escuela de Derecho, ya que bastará con que tenga su título, un día antes de la convocatoria; o que haya insaculación, o sea: su idea de la tómbola; lo demás, sólo son cambios cosméticos, o de sólo camuflaje, pero manteniendo todo el poder destructivo de la iniciativa y su terrible veneno, haciéndola incluso más terrorífica para los actuales y los futuros juzgadores.
No estoy contra que haya reforma judicial: esta es justa y necesaria; toda la podredumbre que se menciona en los diagnósticos es cierta; mucho menos se puede estar en contra de los propósitos que se señalan, como que la justicia sea honesta, imparcial, ágil, independiente de todo poder económico, político y desde luego criminal, que se ajuste a la Constitución y a las leyes, que proteja los derechos humanos, etcétera.
En lo que se difiere, porque es de sentido común, es porque lo que se propone no acabará con los males, y no logrará los propósitos señalados.
El grupo morenista, que ya tiene todo el poder, y toda la legitimidad, como resultado de las pasadas elecciones, bien podría utilizar su enorme fuerza, en hacer una profunda, integral, exitosa, consensada, eficiente y eficaz reforma judicial; pero para eso se requiere apertura y tiempo, ya que para hacer un buen guisado, una sanación, una obra de arte, o una transformación o lo que sea, se requiere, como dice la poesía de Renato Leduc: “dar tiempo al tiempo”.
El problema es que esto, lo inició el presidente López Obrador, en las postrimerias de su gobierno, y por razones emocionales y personales quiere que quede aprobado antes que termine formalmente su gobierno.
Su decisión es apoyada incondicional e irreflexiblemente por sus vastos seguidores, incluyendo a la presidenta electa.
Por ello no aceptan transigir en los aspectos que AMLO cree fundamentales, como la elección de juzgadores, idea que por ello, no se puede tocar, y sólo se aceptó que se hará en dos partes, para extender la agonía, y la segunda es, que esto quede aprobado, antes que concluya el mandato del presidente López Obrador.
Así, en los foros legislativos, nunca hubo posibilidad de llegar a un análisis objetivo, a una investigación seria de las mejores prácticas internacionales, de llegar a acuerdos, porque el oficialismo mandó a jilgueros y propagandistas, que no estuvieron dispuesto a que se discutiera objetivamente el tema, y tercamente se aferraron y aferran, a una falacia: la de que el pueblo votó por la reforma judicial, cuando la realidad es que los mexicanos votamos porque Claudia Sheinbaum fuera la presidenta y que no lo fueran, ni Xóchil Gálvez, ni Maynes, ni más ni menos; esto es: fue real y legalmente una elección presidencial, pero nunca fue una formal consulta popular, sobre la elección o no de los juzgadores.
Yo aplaudaría, si en lugar de hacer una iniciativa impositiva, el presidente López Obrador hubiera hecho sólo un diagnóstico, con todas sus acertadas críticas, con las que los más estamos de acuerdo, y también hubiera señalado, los fines y propósitos que se deben lograr en esa materia en nuestro país, para contar con un buen Poder Judicial, y convocar a una amplia y plural consulta de expertos, aceptando que él no es un experto, para que elaboraran una propuesta, y realizada esta propuesta por los expertos plurales, someterla a una consulta popular abierta y política, para lograr el mayor consenso, y finalmente darle el resultado a la nueva presidenta, para que la incluyera en su Plan Nacional de Desarrollo, y entonces sÍ: hacer foros legislativos, para que después, se hiciera la iniciativa, la cual se hubiera presentado cómo una propuesta social y colectiva, y no la de una persona, pero todo fue al revés, primero fue la iniciativa, y solo después los foros, en dónde jilgueros, propagandistas y expertos sofistas del gobierno, sólo buscaron y se preocuparon, por justificar la iniciativa, y no por investigar la reforma más conveniente para el país.
Así lo lamentable de todo esto, es que además de todos los costos, incluyendo menor crecimiento en las inversiones, es que se va a desperdiciar la gran oportunidad, de hacer una reforma judicial integral, la que si lograría los propósitos que se plantean, y que permitiera realmente, que fuera una realidad, lo que dice el artículo 39 constitucional, y que existiera un Poder Judicial, que dimane del pueblo, y se instituya “PARA BENEFICIO DE ÉSTE.”
Mario Rosales Betancourt.- Abogado y Maestro en Derecho. Profesor de la asignatura de Derecho en la FES Acatlán de la UNAM y en la UAM-A.
Twitter: @Rosales76059