I.

El capitalismo de compadres, sueño de todo empresario (¿existirá la excepción que confirme la regla?) e intención de cualquier político (¿existirá la excepción que confirme la regla?), es el contubernio entre el poder económico de los empresarios y el poder político de los gobernantes, por la cual el poder político le otorga privilegios al poder económico, que limitan o eliminan la competencia, y por la cual el poder económico, como agradecimiento, le otorga la incondicional política al gobernante.

Se forma, por ellos, entre ellos y con ellos, la cúpula del poder, que es poder político y poder económico, con una permanencia más larga de los empresarios, que pueden formar fácilmente dinastías empresariales, que de los políticos, quienes no forman dinastías políticas tan fácilmente, sobre todo en democracias con sufragio efectivo y no reelección (siendo más importante el sufragio efectivo que la no reelección, todo un tema para analizar y discutir).

Ese contubernio entre los poderes político y económico puede darse de muchas formas, pero el fin que busca el empresario es la reducción o eliminación de la competencia, para lo cual el gobernante puede, por ejemplo, limitar o prohibir las importaciones que le compiten a su empresa, lo cual le permitirá cobrar un mayor precio (ceteris paribus, a menor oferta mayor precio), en perjuicio de los consumidores, y obtener mayores ganancias (dicho sea de paso: la justificación ética de las ganancias del empresario es que las haya hecho en un mercado lo más competido posible, cosa que con el capitalismo de compadres resulta imposible).

Por su parte, lo que busca el gobernante que otorga los privilegios es, en primer lugar, la incondicionalidad política del empresario malamente beneficiado por el privilegio otorgado, incondicionalidad política que fácilmente degenera en complicidad política, y, en segundo término, su ayuda pecuniaria, que a ningún político, le cae mal.

El primer fondo del asunto es la conveniencia, para cualquier empresario, y por ello la intención de todo empresario, de tener el monopolio de lo que produce y ofrece, monopolio que se justifica si lo consigue limpiamente, sin ninguna ayuda del gobierno, a golpe de productividad (capacidad para reducir costos de producción), y competitividad (capacidad para, en términos de precio, calidad y servicio, hacerlo mejor que sus competidores), convirtiéndose limpiamente en la mejor opción para los consumidores.

El segundo fondo del asunto es la conveniencia, para cualquier político, y por lo tanto la intención de todo gobernante, de contar con la incondicionalidad/complicidad de los “hombres del dinero”, cuyo poder económico puede convertirse en eficaz contrapeso de su poder político, posibilidad que, si no se elimina del todo, sí se limita por medio del capitalismo de compadres, lo cual puede darse en detrimento del Estado de Derecho. (¿Pasará en México?)

El capitalismo de compadres viene en muchas presentaciones, y puede darse, ¡cómo se da!, si la empresa es proveedora del gobierno, y no hay gobierno que no necesite de la proveeduría de las empresas, campo fértil para el capitalismo de compadres, como veremos.

II.

Como lo apunté, el capitalismo de compadres, sueño de todo empresario e intención de cualquier político, es el contubernio entre el poder económico y el poder político, por el cual el segundo le concede privilegios al primero, limitando o eliminando la competencia, y por el cual el primero, como agradecimiento por el privilegio recibido, le otorga la incondicionalidad/complicidad política al segundo.

Como también lo apunté, el capitalismo de compadres se practica de muchas maneras, y una de ellas tiene lugar si la empresa es proveedora del gobierno, y no hay gobierno que no necesite de la proveeduría de las empresas, campo fértil para el capitalismo de compadres, tal y como sucede en México, aunque por allí hay quienes tienen otros datos.

Por principio, dado que para ello usa el dinero extraído coactivamente del bolsillo de los contribuyentes, razón más que suficiente para que esos recursos se usen honesta (que llegue al destino que debe llegar), y eficazmente (que llegue en la menor cantidad posible), cualquier compra que haga el gobierno debería ser el resultado de una licitación, de la competencia entre proveedores, desde la compra de enseres para oficina (lápices, plumas, clips, engrapadoras, grapas, ligas, hojas, fólderes, etc.), hasta la construcción de obra gubernamental (desde refinerías, pasando por aeropuertos, hasta trenes, y cualquiera otra).

Desde las construcciones de obra gubernamental, hasta las compras de enseres para oficina, deberían estar sujetas a licitación, a la competencia entre proveedores, para asegurarse que todo lo que se compró se pagó al menor precio posible, en “beneficio” de los contribuyentes de cuyos bolsillos salió, coactivamente, ese dinero.

Las adjudicaciones directas, sin licitación, son corrupción, y una de las manifestaciones del capitalismo de compadres, del contubernio entre el poder político y el poder económico, en este caso en contra del interés que tenemos los contribuyentes de que la parte del producto de nuestro trabajo que nos obligan a entregarles por el cobro de impuestos se use honestamente, llegando al destino que debe llegar, y eficazmente, llegando en la menor cantidad posible: Para lograr esto último se requiere de la competencia entre los proveedores del gobierno, de las licitaciones.

El Gobierno de la 4T presume que se acabó la corrupción, para lo cual, entre otras cosas, deberían de haberse acabado las adjudicaciones directas de obra gubernamental, lo cual no ha sucedido. Hace algunos días nos enteramos, por el Reforma, que “remodelan AICM con obras sin licitar”, sin haber organizado la competencia entre posibles proveedores para elegir al que podría haber proveído al menor precio posible, lo cual es corrupción (¿a cambio de cuánto, porque se trata de un cuánto, ¿o no?, se le asignó de manera directa la obra a quien se le asignó?), propia del capitalismo de compadres (el contubernio entre el poder gubernamental y el poder empresarial). Sin licitaciones, ¿es posible que las compras, de lo que sea, se realicen al menor precio posible? ¿Es posible que no haya corrupción? Sí, ¿pero qué tan probable? El capitalismo de compadres, en general, y las adjudicaciones directas, en particular, son Estado de chueco, antítesis del Estado de Derecho.

Arturo Damm Arnal, economista y Doctor en filosofía, periodista y profesor universitario. Publica regularmente en La Razón y participa constantemente en los programas de TV Azteca.

Twitter: @ArturoDammArnal.