Para esta altura del mes de agosto, el debate turbulento en las redes sociales se ha convertido en un verdadero aluvión de críticas y argumentos; aunque, por supuesto, no sobran las falacias y los ataques sin sentido.
Los temas principales en mi timeline bailan entre la política, el activismo de minorías, el
género y muy poquito de arte y cine.
Fugazmente, mi atención se centra desde el jueves el asesinato de Valentina Cancela, de 17 años (en Uruguay). El homicida, quien era su novio hasta no hace mucho y tiene la misma edad, habría sido denunciado al menos tres veces por violencia.
En resumen, Valentina se encontró con su ex, con quien fue a una playa donde fue asesinada y enterrada parcialmente en una duna.
Luego, entre los procedimientos de búsqueda y el alboroto que un caso de desaparición ocasiona en este pequeño país, el joven confesó haberla matado e indicó el lugar donde dejó el cadáver.
Debido a que es menor de edad y le cabe imputación como adolescente infractor, el homicida enfrentará una pena de hasta 10 años de prisión, la máxima para este tipo de hechos.
Este caso, como era de esperarse, generó una oleada de protestas tanto en Punta del Este, donde ocurrió el homicidio, como en la capital del país. Grupos de feministas radicales y aliados señalan como responsable al sistema patriarcal opresor, mientras que la familia de la víctima apunta a la Justicia y a la policía.
El jueves 17 de agosto, bajo una intensa lluvia, el feminismo uruguayo se hizo presente en la plaza de La Libertad para cantar al unísono “si tocan a una, nos tocan a todas”.
Simultáneamente, y continuando con la rutina de ese día, varias legisladoras feministas apuntaron al sistema y alegaron que las leyes conquistadas no se aplican por falta de recursos.
Pero, siendo ellas parte del sistema, cada vez que las leo o las escucho, me surgen varias preguntas: ¿No tienen responsabilidad ellas? ¿Sigue siendo correcto catalogar al sistema patriarcal si ya existen leyes que, en teoría, lo hacen más igualitario?
Empedrado de buenas intenciones
Para responder la primera pregunta recurro a un dicho que me gusta mucho y aplica plenamente a la actividad política: El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.
Nos hemos acostumbrado a juzgar los proyectos de ley basándonos en la intención que expresa quien los promueve; pero, aunque no nos guste, este tipo de medidas deben juzgarse durante su aplicación, y con base en sus consecuencias.
La Ley 19580, también conocida como Ley contra la Violencia de Género, fue promulgada en Uruguay hace más de seis años. La primera línea del artículo 1 reza: “Esta ley tiene como objeto garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género.”
A simple vista, y sólo leyendo esa línea, podemos concluir que la ley es buena y punto. Por supuesto, ¿quién no va a querer garantizar mediante decreto el efectivo goce de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género?
Aunque, si lo analizamos de forma más profunda, no es tan sencilla la cosa. En principio, podemos objetar que en la constitución de Uruguay ya se reconoce la igualdad de todos los individuos que habiten el país, sin distinción por motivos de raza, sexo, credo, etc.
Por ende, entenderíamos entonces que la problemática en torno a la violencia de género (sic) tiene un origen distinto al institucional. Otro punto a considerar es lo que supone una Ley de tal magnitud, focalizada únicamente en los individuos que presentan una identidad de género determinada. Rompería, en caso de ser aplicada correctamente, la igualdad ante la ley.
Para esta altura, podemos inferir que el sistema uruguayo no es ni patriarcal ni misógino. Ahora, ¿quiénes conforman el sistema? La respuesta a esta pregunta no está ni cerca de ser sencilla de estructurar, pero vamos a intentarlo brevemente.
Si consideramos que el Estado es “…un conjunto de instituciones burocráticas estables (…) dentro de unos límites territoriales establecidos”, podríamos decir entonces que el sistema es tanto el Estado como todos aquellos que forman parte fundamental del mismo: Legisladores, ministros, la policía, la justicia, asesores, empleados públicos, entre otros.
Por ende, no estaríamos equivocados al sostener que las legisladoras feministas participantes en la redacción de la Ley 19580 son parte del sistema. Así como tampoco sería un error señalar que las activistas feministas que hoy ocupan cargos dentro del Estado uruguayo, también forman parte del mismo.
De esa forma, al asegurar que la responsabilidad es del sistema, también están asegurando que es responsabilidad de ellas que el sistema falle. Aunque no son capaces de admitirlo, ni de hacer autocrítica.
Las leyes que corrigen el sistema
Nunca me ha quedado claro a qué se refieren ciertos grupos cuando hablan del patriarcado o un sistema patriarcal.
Si nos apegamos a la definición de la Real Academia Española, el patriarcado es una “organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aun lejanos de un mismo linaje”. Y, evidentemente, en este hemisferio eso no existe a gran escala.
Nuestros sistemas de gobierno, salvo unas pocas excepciones, habilitan a que cualquier hombre o mujer pueda ser electo para desempeñar cargos públicos, siempre que cumpla con unos requisitos mínimos, entre los cuales ya no figura el sexo, el estado civil, ni la orientación sexual.
Aún pudiendo alegar que las leyes de los siglos XIX y XX podrían ser consideradas discriminatorias, la realidad es que institucionalmente Hispanoamérica ha ido relegando el carácter patriarcal de los Estados.
Es cierto que todavía prevalecen agrupaciones cuyo sistema de organización puede enmarcarse en el concepto de patriarcal, más que nada en zonas rurales y entre aborígenes; pero esto no supone el común denominador de las sociedades hispanoamericanas.
En un mundo tan interconectado, multicultural y diverso, es complicado que no existan injusticias, más cuando tomamos en cuenta que los seres humanos somos individuos imperfectos y ninguna de nuestras creaciones está exenta de fallar.
Por esto es primordial entender que las soluciones a las injusticias pasan necesariamente por la igualdad ante la ley y que, solo contemplando esta última, podremos desarrollarnos plenamente como individuos y como sociedad.
En la Ley 19580, que consta de 98 artículos y que no pretendo desglosar en esta oportunidad, la palabra “mujeres” se repite un total de 177 veces; mientras que “hombres” solo figura en dos oportunidades y haciendo alusión a una igualdad que la ley no contempla.
Esto, a priori, nos da a entender que más que una ley contra la violencia de género, el Legislativo uruguayo aprobó y promulgó una ley para la protección de las mujeres. También es difícil ignorar que, luego de 6 años de vigencia de esta ley, lamentablemente la situación no ha cambiado.
En conclusión, además de la indignación que siento por el asesinato de una joven que tenía toda la vida por delante, creo que cada una de las personas que se sienten interpeladas por este trágico suceso deberían analizar un poco más en profundidad si los reclamos son acordes.
De nada nos sirve reclamar al patriarcado, que al final de la partida resulta un concepto abstracto, mientras que quienes se supone que ejercen cierta representación ante el Estado se lavan las manos y responsabilizan de sus errores al sistema.
Referencias:
Uruguay: Envían a prisión al autor del feminicidio de una joven de 17 años hallada muerta (https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/valentina-cancela-uruguay-envian-a-prision-al-autor-del-femicidio-de-una-joven-de-17-anos-hallada-muerta-maldonado-jorge-vas-santiago-gandini-luis-lacalle-pou-ultimas-noticia/?ref=ecr)
Ley No 19580, Artículo 1 (https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19580-2017)
Estado – Wikipedia la Enciclopedia Libre (https://es.wikipedia.org/wiki/Estado)
Patriarcado | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE – ASALE (https://dle.rae.es/patriarcado)
Víctor Márquez Cassinese: Analista y escritor radicado en Uruguay, de origen venezolano. Twitter: @LibertadDiversa