Las empresas públicas son las que crea un gobierno con fondos del erario, con un administrador nombrado por el presidente de la República, con trabajadores integrados a la nómina gubernamental y que producen bajo la filosofía de no ser negocios lucrativos que generen ganancias. Es decir, no son empresas capitalistas, sino “de servicio al pueblo”. Pueden ser empresas que administran el agua de un país, o que producen fertilizantes, electricidad, libros, telefonía, pero también hospitales y escuelas.
Sin dueño
El primer problema que tienen estas empresas es que no tienen dueño: no son propiedad de nadie, no hay accionistas. Los directivos son colocados allí por políticos y algunas veces pueden ser personajes caídos en desgracia, castigados por disentir, pero también pueden ser oportunistas o que están preocupados por escalar puestos políticos que les rindan mejores ingresos personales.
Al no existir dueños, nadie se preocupa por el funcionamiento de la empresa. El director durará dos, tres o cuatro años hasta que surja una mejor oportunidad o sea llamado a ocupar otro puesto, de un superior que aspira a niveles superiores. Pero hay que mencionar que quien dirige en el momento a esa empresa estatal se percata que es una buena oportunidad para obtener beneficios extras, ya sea refacturando a precios alzados, colocando a familiares, amigos o compadres que le cubrirán la extracción de recursos. No pocas veces esa extracción de recursos es ordenada por los niveles superiores a fin de promover su propia movilidad política.
Salarios desligados de la productividad
El segundo problema de estas empresas públicas es que todo su personal está anclado a la nómina gubernamental, es decir, reciben cheques seguros del gobierno. No importa si la empresa produce poco o muchos fertilizantes, poco o mucha electricidad, pocas o muchas consultas médicas. Los trabajadores se sienten seguros, inamovibles y protegidos por sus sindicatos. Los salarios del personal administrativo y trabajadores en general son impuestos burocráticamente desde las oficinas de Hacienda del gobierno y cambian cada año mediante falsas negociaciones con el sindicato.
Como los trabajadores de base nada pueden hacer para negociar mejores salarios, optan por trabajar menos; sin antes limpiaba diez salones, luego limpiará 9 y ven que su salario nominal no baja; luego limpiará ocho, 7, 6, 5, y a veces ninguno, pues es una forma natural de hacer lo mínimo, que es equivalente a ganar más por lo que hace. Si es profesor, faltará a sus clases; si es médico, dará cada vez menos consultas, etc. Es una respuesta natural bajo es sistema de empresas o instituciones del gobierno.
Al margen de los beneficios y de las pérdidas
El tercer problema de las empresas públicas es que la variable “ganancia” no les importa. Es más, ven como natural que trabajen con números rojos, es decir, con pérdidas. Su discurso es que mientras rindan “beneficios sociales”, no importan las pérdidas. Así, la producción está regida no por la demanda del mercado, sino por los objetivos políticos del líder; es decir, del gobierno en turno.
Puede ser que ordene entregar toneladas gratis de fertilizantes a los campesinos, ordenar que los hospitales estatales den consultas y medicinas gratis, llevar electricidad a poblaciones muy alejadas sin importar el costo; ordenar que se otorgue matrícula a todos los que quieran entrar a una universidad pública, etc.
Al no preocuparse por los costos y los beneficios, nunca se sabe si se está actuando bien o no, pero más bien, se abre la puerta a la corrupción en todos los niveles. Se desvían los fertilizantes para los mejores amigos; las medicinas se esfuman porque los mismos médicos se la llevan a sus consultorios privados; los edificios se deterioran porque a nadie le interesa darles mantenimiento.
Destrucción del capital
El cuarto problema de esas empresas del gobierno consiste en la destrucción de capital. Nadie quiere poner una fábrica de fertilizante pues el gobierno ya puso una y lo regala. Nadie se anima al negocio educativo pues el gobierno ya puso escuelas y universidades “gratuitas”, nadie pagará en la universidad privada si el gobierno da “educación regalada”; nadie pondrá un hospital privado pues el gobierno ya se arrogó esa actividad. Y así, la gente, el sector privado se ve desplazado, inhibido a producir, a invertir, a innovar o arriesgarse ante la apabullante actividad infructuosa, abusiva y deficiente del Estado. Es competencia desleal y abusiva.
Si una empresa privada fracasa, el propietario la cierra de inmediato para no seguir perdiendo. Una empresa pública puede tener desfalcos, pérdidas, corrupción y seguir como si nada ocurriera, puede durar años, décadas. Pero solo está malgastando los recursos de la sociedad y generando más pobreza. Es el caso manifiesto de las universidades y hospitales públicos. Es tarea casi imposible clausurar estas empresas depredadoras pues se generan mafias sindicales o paramilitares que se oponen a todo cambio.
Ir más allá de la seguridad y la justicia
¿Era necesario que el gobierno se desviara de sus funciones de dar seguridad e impartir justicia? ¿Acaso era necesario que el gobierno construyera escuelas, universidades, hospitales, aeropuertos, etc.? ¿Acaso el Estado estaba seguro de que nadie se interesa en fundar escuelas? Bien pudo haber incentivado a la gente que estaba interesado en abrir una escuela.
Por ejemplo, a quienes ya se habían atrevido a abrir una universidad privada les pudo ofrecer créditos bancarios para que pusieran una, dos o más sucursales. O mejor aún, el presupuesto educativo se coloca en un banco comercial para que cualquier persona interesada en abrir escuelas o universidades pudieran contratar créditos a largo plazo.
El otro sendero
Estos agentes privados naturalmente tendrían que preocuparse por hacer que la escuela funcionara muy bien para que los padres de familia estuvieran dispuestos a pagar la colegiatura. De esos ingresos pagarían al personal docente, administrativo y de apoyo para dar un excelente servicio. Obtendrían ganancias y pagarían la deuda para seguir creciendo.
Lo mismo se podría hacer con las empresas de fertilizantes, telefonía u hospitales. Por ejemplo, se invita a que se formen grupos de médicos para abrir un negocio de hospital privado. Se les facilita que cuenten con créditos bancarios para que compren un terreno o alquilen una casa grande para dar servicios de medicina. Ellos, los médicos, ponen el costo de las consultas, operaciones, cirugías, etc. Y así obtienen ingresos para sus sueldos y pagar los créditos. Si son capaces de ofrecer excelentes servicios y atención al público, obtendrán buenas ganancias para crecer, modernizarse, abrir sucursales y sostenerse en el mercado competitivo.
Gobiernos insensatos
Por supuesto, un gobierno con filosofía liberal nunca trataría de desplazar a la iniciativa privada. Al contrario, buscaría que los agentes privados se apropiaran de la economía, sin obstáculos estatales y promoviendo la libre competencia. Pero no se ha hecho así. No hemos tenido gobiernos liberales cuya función fundamental es la de proteger al individuo y que nadie mate a nadie, nadie robe a nadie y nadie cometa fraudes a nadie.
Más bien, hemos tenido gobiernos que tienen la creencia de que pueden hacerlo mejor que los agentes privados. Pero, la realidad es cruda y demuestra que ningún gobierno, ningún político o burócrata del Estado puede manejar mejor una empresa, porque todas, irremediablemente, fracasan. La explicación es que no arriesgan sus propios recursos.
Un apartado en la Constitución
Luego, deberíamos tener en nuestras constituciones políticas la prohibición expresa de que el gobierno tenga empresas, ni de salud, ni educativas, ni de transporte, ni de calzado, ni de armamento o satelitales. Dejar que un gobierno penetre en el campo empresarial termina por dañar toda la economía de un país. Los casos más extremos de gobiernos que invaden y se apropian de la economía lo vemos en la vieja Unión de Repúblicas Soviéticas, en la Alemania de Hitler, en la Albania del Dictador Enver Halil Hoxha o en la Cuba de Fidel Castro. Todos esos países fracasaron. Sin embargo, los Estados Unidos de América de 1976 hasta 1912 florecieron por la casi nula intervención del Estado, u Hong Kong, con una economía 99% libre y sin intervención estatal, crecieron como hongos en primavera.
Ahora bien, se sabe que fundar una empresa privada no es garantía de éxito. De hecho, el 65% de las nuevas empresas privadas fracasan y terminan por cerrar. Fundar, sostener y llevar al éxito a un negocio no es como coser y cantar.
En resumen, las empresas privadas pueden tener éxito o fracaso; pero las empresas gubernamentales, invariablemente fracasan. Si la empresa privada fracasa, es el dueño el principal afectado; pero el fracaso de una empresa estatal, daña a toda la población que son los que aportaron los recursos vía impuestos.
La lección es clara: Es un error permitir que el gobierno funde y administre empresas. Tenemos que decirles a los gobernantes: “no te metas donde no te corresponde”.
Sobre el autor:
Dr. Santos Mercado Reyes.- Profesor de Economía (UAM Azcapotzalco) y Doctor en Economía Agricola (U. Chapingo). Articulista, docente y Escritor, autor de varios libros sobre libertad económica y vouchers educativos.
Twitter: @santosmercado