Los invito, queridos lectores, a realizar el siguiente ejercicio mental:

Piensa en una nación con impuestos, pero con cero redistribución fiscal entre estados o entidades subnacionales. Un país en el que cada ente subnacional deba gestionar los recursos que recauda de su propia población. ¿Pueden imaginar cuál sería uno de los primeros efectos de este tipo de gestión? Si A y B fueran entidades subnacionales colindantes, y hubiera movilidad de bienes, personas y factores de producción con bajos costos, los políticos de A y B tendrían que competir con bajas tasas de impuestos para atraer los factores de producción hacia ellos: los habitantes de A o B, manteniendo todo lo demás constante, tenderían a migrar hacia la localidad en la que se pidiera tributo a menor tasa impositiva marginal. ¡A y B competirían por extorsionar menos! La recaudación que pudieran obtener los políticos de A y B dependería tanto de su capacidad para ofrecer bienes y servicios públicos de buena calidad, como de ofrecer un esquema de tributación lo más tolerable posible.

Compliquemos la idea un poco. Supongamos que existiera la tentación entre A y B para coludirse y fijar una misma tasa de impuestos lo suficientemente alta para no deprimir tanto la actividad económica (de modo que se recaudara poco), pero sí más alta que la tasa que compitiendo podrían cobrar para lograr recaudar más. Es decir, una tasa más alta que la que ambos cobrarían en competencia.

¿Sería estable esta colusión? Probablemente… no. Tanto A como B estarían tentados a romper el acuerdo en cualquier momento, de forma abierta o velada, para atraer a más personas y factores de producción hacia su territorio e incrementar su recaudación.

Pero, ¿qué tal si entrara un árbitro, un gobierno central, con poder para hacer que tanto A como B se atuvieran a ciertas órdenes? Entonces el gobierno central podría estabilizar la colusión entre A y B, permitiendo que ambas localidades extorsionen a sus súbditos tributarios (sus habitantes) a un nivel mucho mayor de lo que lograrían en competencia fiscal.

Tal es el gran mal de la centralización fiscal, desde el punto de vista de los contribuyentes: es un esquema que permite al gobierno cobrar tasas impositivas más altas de las que de otro modo cobrarían.

Por el contrario, la descentralización fiscal es la cesión del gobierno central de facultades de recaudación, administración fiscal y provisión de bienes y servicios públicos a entes descentralizados.

La descentralización fiscal en México da la impresión de comportarse como un yo-yo: va y vuelve. Pero jamás ha ido tan lejos como para darle una autonomía significativa a las entidades. Los presupuestos estatales y municipales dependen en gran parte de lo que el gobierno federal les reparte. Esta dependencia genera una serie de incentivos perversos en el que los ingresos que gestionan los estados y municipios dependen de los esfuerzos recaudatorios de otro; los gobiernos rinden menos cuentas sobre los recursos que obtienen porque el peso de la entidad A se lo lleva B.

El prorrateo de costos de recaudación entre varias entidades crea un círculo vicioso de gobernantes irresponsables y menor rendición de cuentas. Los costos burocráticos de una mayor centralización también son importantes: la provisión de bienes y servicios tiende a ser más torpe cuando depende de dictámenes emitidos desde una autoridad central, que no puede responder con flexibilidad y rapidez a las demandas sociales.

Actualmente, más del 80% de los ingresos que reciben los estados del país proviene de recursos que le transfiere la federación. Eso significa que la capacidad de generación de ingresos propios de los estados y municipios del país sigue siendo significativamente baja. Además de los problemas mencionados, el alto nivel de dependencia fiscal supone un problema adicional: incentiva tanto niveles crecientes de gasto público como mayores niveles de endeudamiento. La alta dependencia sirve de apalancamiento financiero para las entidades subnacionales, que gracias a ella obtienen un rendimiento más alto por cada peso de endeudamiento. Esto incentiva a los estados a ser menos prudentes financieramente y a comprometer con mayor descuido el dinero de los ciudadanos.

Por esto y más, la descentralización fiscal es un tema fascinante para los que estudian el comportamiento económico de los gobiernos subnacionales; cómo conducir a los gobiernos subnacionales a mayores capacidades de autogestión es un reto del que depende el sino de los recursos que de forma coactiva arrebatan los gobiernos a sus ciudadanos.