Desde el inicio del reciente litigio en contra del ex presidente Donald Trump, existe la sensación de que la institución de la ley está siendo utilizada para lograr un resultado políticamente deseable.

Esto no se refiere a las múltiples demandas derivadas de las elecciones de 2020 y del J/6, que se esperaban, sino más bien a las demandas relacionadas con la vida personal de Trump.

Hace cuatro semanas, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, acusó a Trump de violaciones criminales de las leyes federales de finanzas de campaña, a fin de detallar los pagos a cambio de silencio a la estrella porno Stormy Daniels – supuestamente los dos tuvieron una cita en 2006 -, en los libros de contabilidad privados de Trump, un caso que normalmente los comentaristas progresistas vienen describiendo como “algo complicado” (Stern, Slate, 3/30/23), “dudoso” (Millhiser, Vox, 4/04/23) y con “tantos agujeros en él” (Alan Dershowitz, Esq., 3/23/23).

Como era de esperar, la condena por estos cargos impediría a Trump ocupar cargos públicos en el futuro. Más recientemente, un caso civil se desarrolla ahora en Manhattan contra Trump por supuesta agresión sexual en el probador de un almacén departamental, en 1995 o 1996 (la propia demandante no está segura de cuándo). Especialmente cuando se le ve en contra de otros litigios pendientes – como la demanda de la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, de enero de 2022, alegando fraude fiscal comercial -. Y parece que el proceso judicial está siendo politizado contra el villano favorito.

Debo poner gran énfasis en el término “parece” de la oración anterior. Cada persona puede tener su día en la Corte, y el examen detallado de las quejas durante un proceso judicial siempre es preferible a ser juzgado por los medios sensacionalistas o, mucho menos, ser linchado por una multitud. Al respecto, hasta ahora no ha aparecido ninguna evidencia de que exista alguna coordinación de estas demandas en contra del ex presidente. También es muy concebible que estos cargos ahora den frutos precisamente porque Trump es un villano. El tiempo lo dirá, caso por caso.

Sin embargo, sigue siendo una preocupación legítima el que los enemigos de Trump recurran a la ley para dañarlo, en lugar de derrotarlo en el mercado de ideas. Si es el caso, los progresistas dañarán la percepción del público sobre el poder judicial como apolíticamente neutral, dejando a medio país desconfiando del procedimiento legal.

En efecto, los progresistas pueden lograr la foto policial que desean desesperadamente… pero puede ser a expensas de un país que desconfíe del Estado de Derecho para siempre.

Daniel Donnelly, libertario estadounidense, candidato y miembro del Partido Libertario de Nueva York.