El profesor Bastos explica que el Estado no existe como un sujeto tangible, sino como una construcción conceptual. Todas sus acciones son ejecutadas por individuos concretos que ocupan posiciones de poder. Hablar del Estado como si fuera un ente autónomo oculta la responsabilidad personal de quienes toman decisiones. Más que una institución neutral, el Estado es una estructura de relaciones sociales donde unos individuos ejercen autoridad sobre otros. Esta autoridad no surge de manera espontánea, sino que se organiza, se mantiene y se expande mediante mecanismos políticos, administrativos y coercitivos.
El poder del Estado se sostiene principalmente gracias a la aceptación social. Esta legitimidad se construye a través de la educación, el lenguaje, los símbolos nacionales, el derecho y teorías como el contrato social, que hacen parecer normal, necesaria e inevitable la obediencia al poder político. El uso de expresiones como “el Estado decide”, “el Estado protege” o “el Estado redistribuye” funciona como una abstracción que diluye la responsabilidad individual y presenta decisiones políticas como procesos impersonales, cuando en realidad responden a intereses específicos.
Ahora bien, hablemos de la anarquía. Bastos explica que anarquía no significa desorden absoluto, sino ausencia de un gobierno monopolístico que imponga la fuerza sobre todos. En los sistemas anárquicos funcionales (por ejemplo, relaciones sociales o mercados), existen normas, reglas y mecanismos de cooperación que surgen de la interacción voluntaria entre individuos y no de una autoridad coercitiva impuesta desde arriba. Muchas de las interacciones sociales que consideramos ordenadas, como las relaciones comerciales, asociaciones voluntarias, familia y cooperativas, son formas de anarquía en la medida en que funcionan sin coerción estatal directa, realizándose mediante acuerdos, reputación, normas informales y principios de no agresión.
La anarquía no es únicamente un concepto teórico o utópico, sino que puede ser prácticamente viable en una sociedad donde las funciones que hoy desempeña el Estado (defensa, justicia, protección de derechos) sean provistas por agencias privadas bajo competencia y supervisión voluntaria de los individuos. Esto forma el núcleo del anarcocapitalismo como propuesta política y económica. El orden social no es necesariamente producto de un diseño centralizado, sino el resultado de acciones humanas individuales coordinadas de manera espontánea mediante mercados, normas contractuales y redes de intercambio, donde nadie tiene el monopolio de la justicia o de la fuerza.
Entonces, ¿qué significa que el Estado es anárquico? En sentido estricto, anarquía significa ausencia de un poder por encima. Bastos sostiene que el Estado es anárquico porque no existe una instancia superior que lo limite de forma efectiva. El Estado crea las leyes, el Estado interpreta las leyes, el Estado se castiga (o no) a sí mismo. Por tanto, no está verdaderamente sujeto al derecho; el derecho emana de él.
Aunque se presenta como un sistema de “Estado de derecho”, Bastos argumenta que las normas que limitan al Estado son diseñadas por el propio Estado, los tribunales que deben frenarlo pertenecen al mismo aparato estatal, las sanciones a abusos de poder son excepcionales y políticas, no estructurales. En este sentido, el Estado opera sin un control externo real, lo que lo convierte en una estructura anárquica en la cúspide. Los individuos están sometidos a reglas, sanciones y coerción. El Estado, en cambio, no enfrenta consecuencias equivalentes cuando viola estas reglas.
Por otra lado, El 3 de enero de 2026, las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos penales, incluidos acusaciones de narcoterrorismo y delitos relacionados con drogas y armas. Desde la perspectiva del derecho internacional, la acción ha sido ampliamente cuestionada y condenada por expertos legales, la ONU y varios gobiernos. La Carta de las Naciones Unidas (Art. 2(4)) prohíbe el uso de fuerza militar contra la soberanía y la integridad territorial de otro Estado, salvo que exista autorización del Consejo de Seguridad o una legítima defensa tras un ataque armado real, ninguno de los cuales se aplicó en este caso.
La ONU ha señalado que la intervención viola el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Como sabemos, esta institución no sirve ni para impedir que Maduro dejara morir de hambre a su gente, ni para que otro Estado sin ninguna autoridad interviniera en territorio ajeno.
Desde una perspectiva venezolana, la intervención de Estados Unidos puede interpretarse como una liberación frente a la dictadura del chavismo y de Nicolás Maduro. Para muchos ciudadanos, significó el fin de un régimen autoritario que había cancelado las vías internas de cambio político. En ese plano, la acción adquiere una justificación moral ligada a la salida de una dictadura.
No obstante, desde la perspectiva del derecho internacional, la intervención constituye una invasión que vulnera la soberanía estatal y el principio de no intervención. Este hecho genera inquietud en otros gobiernos latinoamericanos, que perciben el precedente como una amenaza potencial a su propia autonomía frente a potencias extranjeras.
Además, la caída de un régimen no equivale necesariamente a la obtención de una libertad plena. La dependencia de una intervención externa limita la autodeterminación y puede dar lugar a nuevas formas de subordinación política. Así, aunque la intervención haya puesto fin a la dictadura de Maduro, no garantiza que Venezuela quede protegida frente a la aparición de nuevas estructuras de dominación ni asegura una libertad duradera en los términos que muchos esperan.
¿Qué opinas tú, el Estado sigue siendo anárquico?