La decisión de la justicia estadounidense que anuló la maxi-sentencia contra Argentina en el caso YPF, evita un desembolso de miles de millones de dólares, pero no borra el origen del problema.

Todo se remonta a la expropiación de 2012, presentada como una opción política necesaria y luego transformada en una bomba legal que costó decenas de miles de millones.

Cuando el poder interviene en la propiedad, el costo no desaparece: se desplaza con el tiempo y resurge en forma de disputas e inestabilidad. La sentencia no exime de responsabilidad por esa intervención, pero demuestra que aún existen normas que limitan el poder. Una decisión política no basta para reescribir derechos y contratos: tarde o temprano todo vuelve a ser sometido a la consideración de un juez.

Y es precisamente esta previsibilidad —no la fuerza del Estado— lo que hace posible la confianza, las inversiones y el desarrollo. La cuestión es simple y concierne a mucho más que Argentina.

Cada vez que el Estado interviene en la economía prometiendo soluciones rápidas, en cambio crea problemas mayores. Años de litigios, miles de millones en riesgo, credibilidad comprometida. La estabilidad nace en otra parte: en el respeto a la propiedad, en los contratos cumplidos, en las normas que no cambian con cada ciclo político. Todo lo demás es simplemente incertidumbre disfrazada de decisión pública.

Agradecemos al autor su amable permiso para publicar su reflexión.

Publicado originalmente en: https://x.com/sandroscoppa/status/2037637719459844472?s=20