La invasión estadounidense de Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro, el presidente venezolano reconocido a nivel nacional, violaron la Constitución de Estados Unidos y el derecho internacional.

La Constitución establece claramente que solo el Congreso puede autorizar una invasión extranjera. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el Congreso declaraba la guerra a los países que atacaban a Estados Unidos o eran aliados de los que lo hacían, y dichas declaraciones expiraban tras la rendición de las autoridades legales de los países afectados.

En la era posterior al 11-S, el Congreso ha optado por autorizar el uso de la fuerza militar sin prever un mecanismo que la revoque. De hecho, el mes pasado, el Congreso anuló las autorizaciones militares de la era de George W. Bush que habían sido utilizadas por los presidentes Barack Obama y Donald Trump para atacar a grupos que ni siquiera existían al momento de las autorizaciones.

Pero, a pesar de lo moralmente deficientes que fueron las autorizaciones, al menos eran constitucionalmente sólidas, pues fueron producto de solicitudes presidenciales y deliberaciones y autorizaciones del Congreso. Ahora sabemos que al menos dos de ellas fueron fraudulentas: el gobierno mintió al Congreso y a las Naciones Unidas. Pero, insisto, al menos fomentó el debate y reconoció sus obligaciones, bajo la Constitución y la Carta de las Naciones Unidas, de solicitar la aprobación antes de invadir un país extranjero.

La Carta es un tratado redactado por funcionarios estadounidenses tras la Segunda Guerra Mundial y ratificado por el Senado. Según la Constitución, los tratados son, como la propia Constitución, la ley suprema del país.

El presidente Donald Trump violó sus obligaciones juradas y primordiales de preservar, proteger y defender la Constitución cuando ordenó la invasión de Venezuela sin autorización del Congreso y cuando atacó a un estado miembro de la ONU sin autorización de la ONU. 

El propio James Madison argumentó en la Convención Constitucional que si un presidente pudiera declarar y declarar la guerra, sería un príncipe; similar al monarca británico de cuya autoridad acababan de separarse las 13 colonias. Y los redactores estadounidenses de la Carta de la ONU, e incluso los senadores estadounidenses que votaron a favor de ratificarla, comprendieron que su propósito mismo era prevenir ataques ilegales y moralmente injustificados de un país miembro contra otro.

Cuando, tras el arresto del presidente Maduro por parte de las tropas, se le preguntó por qué el gobierno no había cumplido con la Constitución ni solicitado la aprobación del Congreso para la invasión, el secretario de Estado Marco Rubio dio respuestas irrisorias. Primero, dijo que la extracción de Maduro no era una invasión. Bien, una armada de barcos, helicópteros de asalto, cientos de soldados, 80 muertos y dos secuestros en un país extranjero no es una invasión, pero ¿la venta de cocaína a compradores estadounidenses dispuestos sí lo es? 

Luego dijo que no se puede confiar en el Congreso. El Congreso es una rama del gobierno federal con igual poder; según la Constitución, el primero entre iguales.

Luego dijo que la administración Trump se enfrentaba a una emergencia. La ley federal define una emergencia como un evento repentino e inesperado que probablemente tenga un efecto perjudicial en la seguridad nacional o la prosperidad económica. No hubo emergencia el fin de semana pasado.

¿Por qué está mal que el presidente viole la Constitución?

Para empezar, juró preservarla, protegerla y defenderla. Es la fuente de sus poderes gubernamentales. La Corte Suprema ha dictaminado que todo el poder federal proviene de la Constitución y de ninguna otra fuente. Esto se manifiesta en la Décima Enmienda, que ordena que los poderes gubernamentales no delegados en la Constitución al gobierno federal no permanezcan latentes a la espera de una toma federal, sino que permanezcan en el pueblo o en los estados. Esta es, al menos, la visión madisoniana del gobierno constitucional.

Su opuesto es la visión wilsoniana —en honor a aquel pseudoprofesor de derecho constitucional de la Casa Blanca, Woodrow Wilson—, que sostiene que el gobierno federal puede abordar cualquier problema nacional, nacional o internacional, para el que cuente con suficiente apoyo político, salvo las prohibiciones expresas que le impone la Constitución. Lamentablemente, todos los presidentes desde Wilson han sido wilsonianos.

Trump reconoció que los sucesos del fin de semana pasado constituyeron un «ataque a la soberanía» estadounidense. Esto, por supuesto, contradice las declaraciones de la fiscal general de Trump, quien ha instruido a sus fiscales para que aleguen que se trató de un simple arresto de un fugitivo de la justicia.

Debe tener una visión perversa de la justicia, cuya esencia es la equidad. ¿Es justo que la CIA participe en el narcotráfico y luego ayude a procesar a los jefes de estado donde ocurre el tráfico cuando hacen la vista gorda? ¿Es justo que el presidente afirme con rostro serio pero exhausto que Estados Unidos es el «dueño» del petróleo bajo Venezuela? ¿Es justo que el gobierno federal, que no puede entregar el correo, «maneje Venezuela», como Trump afirmó varias veces la semana pasada?

Estas preguntas se presentan como indagaciones morales, pero todas nos remiten a la Constitución. En los años posteriores al 11-S, el poder presidencial se ha expandido y el del Congreso se ha reducido. Esto no se logró modificando la Constitución, sino haciendo la vista gorda ante los asesinatos de presidentes y la esperanza de resultados con aprobación popular.

El resultado ha sido la catástrofe que todos presenciamos en Caracas. Ochenta personas fueron asesinadas por tropas estadounidenses para capturar chivos expiatorios del narcotráfico de la CIA y saciar la codicia estadounidense por el petróleo extranjero. 

Simplemente no hay defensa legal para esto. El propio director de inteligencia nacional de Trump —sin duda el primer testigo de la defensa en el juicio de Maduro— declaró en marzo del año pasado que Venezuela no es proveedor de fentanilo ni cocaína a Estados Unidos; y que Estados Unidos está fuera del negocio del cambio de régimen. Y la propia DEA de Trump, cuyos agentes acompañaron a las tropas estadounidenses en su invasión, ha dicho lo mismo sobre Venezuela.

La invasión estadounidense de Venezuela es un duro golpe a la Constitución. Revela lo que muchos temíamos: una presidencia basada en la ley del más fuerte, una maquinaria autoritaria impulsiva y sin ley que no reconoce límites legales ni morales a sus poderes, ni en el extranjero ni en el país.

Publicado originalmente por el Ron Paul Institute: https://ronpaulinstitute.org/regime-change-and-nation-building-are-back/

Andrew P. Napolitano.- fue juez del Tribunal Superior de Nueva Jersey, es el analista judicial senior de Fox News Channel. El juez Napolitano ha escrito siete libros sobre la Constitución de los Estados Unidos. El más reciente: Pacto Suicida: La expansión radical de los poderes presidenciales y la amenaza letal a la libertad estadounidense.