El presidente López Obrador, en su propósito de tener su consulta de «revocación» y de desprestigiar al Instituto Nacional Electoral (INE), realizó propuestas propias de farmacia similar, lo mismo pero más barato, y propuso que la consulta de «revocación de mandato» , se hiciera por encuestas , o bien por una consulta organizada por el «pueblo sabio», al margen del fifi INE. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), con su reciente resolución, evidenció primero: que la resolución de las ministras de la Corte, integrantes de la Comisión de Receso, fue claramente inconstitucional, porque la Constitución expresamente excluye a la Suprema Corte de las cuestiones electorales, y da la competencia exclusiva en esta materia, al TRIFE, y es evidente que si se trata del Intitulo Electoral, es algo Electoral.

Pero lo más importante de la resolución del TRIFE, es que establece que la revocación tiene que hacerse en los términos establecidos por la Constitución, excluyendo así cualquier otro medio, por lo que obligó al INE a seguir las acciones para realizar la revocación, y lo más importante , es que formalmente obliga al gobierno, a través de la Secretaria de Hacienda, a dar los recursos económicos, o justificar legalmente, el porqué no los diera, ya que es una autoridad obligada a apoyar económicamente las funciones que la Constitución otorga al INE .

De esta manera las cosas no le saldrán al gobierno de AMLO, como quisiera, esto es, la revocación de mandato sólo se podrá hacer en la forma establecida por la Constitución, y los costos económicos y políticos de hacer algo, tan notoriamente inútil, serán para el gobierno de López Obrador, quien tendrá que pagar los costos del capricho, con recursos de la hacienda pública.

La verdad es que, por ejemplo, la consulta anterior, la llamada consulta «sobre los expresidentes», implicó claramente un gasto inútil, porque no sirvió absolutamente para nada, y sólo se desperdició el dinero gastado en ella.

En este nuevo capricho, donde el resultado inevitable será un «no» a la revocación del mandato, tampoco hay duda del resultado, ya que ni siquiera está previsto qué pasaría si ganara el si. Por ejemplo: ¿Se tendría que convocar a elecciones anticipadas?, como sucede en otros países, ¿Quién se quedaría de interino? , donde no sería lógico que fuera un colaborador nombrado o alguien cercano a quien se le revocara el mandato; así sólo se crearía un vacío de poder y una inestabilidad totalmente Indeseable; por lo que dado que ni partidarios de AMLO, a quien nadie niega su popularidad y que son muchos, ni opositores sensatos, que no desean una situación de incertidumbre, votarían por un «Sí» a la revocación del mandato, con lo cual el resultado será un «no». Porque como en la consulta sobre los expresidentes, era evidente que casi nadie iba a votar por la impunidad, aquí muy pocos votarán porque se le revoque el mandato a AMLO, sin saber cómo sería sustituido.

La intención es política: es incrementar el poder político personal del presidente López Obrador, con la intención adicional de desprestigiar al INE, quien por más austeridad que pueda lograr el INE, no podría cubrir los gastos de la revocación, sin violar derechos de terceros, que son acreedores del INE, como sus obligaciones con sus propios trabajadores o a las las disposiciones legales que se le establecen cuales y cómo debe hacer sus funciones , y con ello sus obligaciones, que implica cubrir sus costos para su cumplimiento.

Ello exigirá un costo, que saldrá de la hacienda pública, o sea que directa o indirectamente, lo pagaremos los contribuyentes.

El sueño de AMLO de que su capricho, que no va a servir mas que para sus fines políticos personales, se lleve a cabo sin costo económicos para su gobierno y con los costos políticos para el INE, no va a suceder. Si quiere consulta de revocación de mandato, le costará dinero público y costo político, pero lo malo es que al final, los contribuyentes seremos, los que pagaremos su consulta de revocación.

El Mtro. Mario Rosales Betancourt, es abogado y catedrático en Derecho (UNAM y UAM-A).