Introducción:

Está de moda proponer reformas fiscales para aumentar los ingresos del gobierno y así pagar gastos interminables, desde la creación de un estado de bienestar universal hasta la redistribución de ingresos y riqueza, inversiones masivas en infraestructura y hasta por la lucha contra el calentamiento global. Quienes en México han criticado durante años que los impuestos son demasiado bajos para financiar un «estado moderno», ignoran con tristeza las muchas otras extorsiones que el gobierno impone a los ciudadanos, que en muchos casos superan el 50% de sus ingresos, y los malos servicios que brinda a cambio de nuestras contribuciones.

México coincide en que la ficción de la modernidad se manifiesta en la forma caprichosa en que los gobiernos deciden gastar el dinero sin prestar la más mínima atención a las necesidades de la población y sólo el surgimiento de líderes en proyectos que no superan el más mínimo análisis de costo-beneficio de sus acciones.

La reforma fiscal que desea el oficialismo

La opinión de muchos comentaristas de que la reforma tributaria es inevitable está comenzando a circular nuevamente.

El impulso de la reforma tributaria para dotar al Estado de los recursos «necesarios» y llevar a cabo sus funciones no es nuevo en México, pero al menos es relevante para el sistema tributario vigente de la década de 1960, cuando se empezó a configurar
Desde entonces, el gobierno ha liderado varias iniciativas tributarias que han resultado en una serie de cambios, muchas veces basados ​​en aumentar y disminuir las tasas de los mismos impuestos, especialmente ISR e IVA, o cambiarlos por otros impuestos.

La variación en la recaudación ha resultado, por lo general, inferior a la esperada por las autoridades y, en ocasiones, incluso negativa. Tal vez, por eso, no se extinga el deseo de diseñar una ‘mejor’ reforma fiscal.

Lo que hace especial a nuestro país no es el deseo natural del gobierno de adquirir más recursos, sino el amplio apoyo de expertos y empresas para este fin. Estos intereses contrastan fuertemente con la postura conservadora de la actual administración, que hasta ahora ha creído que podría aumentar la recaudación de impuestos existente.

Las razones del renovado entusiasmo privado por la reforma fiscal no están claras, pero dos factores pueden haber influido.

En primer lugar, parece válida la opinión de que la reforma fiscal sólo proporciona beneficios a la sociedad, con poco o ningún costo. Los beneficios enfatizados por sus defensores incluyen un mayor crecimiento económico, la erradicación de la pobreza y la redistribución del ingreso.

Sin embargo, la implementación de estos efectos enfrenta varias dificultades. El más evidente​ es el hecho de que los impuestos desvían recursos de los individuos hacia el gobierno, que no siempre los usa de manera más eficiente que el propósito planeado. Esto es casi una regla económica no aprendida.

Dada la ineficiencia inherente al sector público, no se puede descartar que el «multiplicador» del gasto sea menor a uno o incluso cercano a cero, es decir, el PIB está creciendo menos que el aumento del gasto público, según se estima en algunos países, incluido Estados Unidos.

Además, las necesidades de gasto están determinadas en gran medida por las elecciones gubernamentales, por lo que no existe una lista objetiva de «necesidades». Los programas gubernamentales a menudo carecen de una evaluación de sus beneficios sociales, y las asignaciones de gastos reflejan en gran medida criterios políticos más que económicos.

Otra dificultad potencialmente seria es que los cambios en las tasas impositivas modifican los incentivos, lo que a menudo conduce a cambios en la toma de decisiones individuales y empresariales. Recaudar impuestos por recaudar impuestos suele contrarrestar la actividad económica y, por lo tanto, desviar el propósito principal: el bienestar de la sociedad.

Por ejemplo, elevar la tasa del impuesto corporativo o empresarial, tiende a reducir la inversión y el gasto en innovación, y extender un tratamiento fiscal diferenciado a las diversas actividades reduce la eficiencia de la asignación de recursos productivos. Todo esto ha frenado el crecimiento económico.

Asimismo, un incremento en las tasas marginales del ISR personal desalienta el ahorro y el esfuerzo laboral, y si se imprime una mayor ‘progresividad’ a la tarifa, atributo considerado casi un mantra por algunos especialistas, se castiga la formación de capital humano, ya que los mayores ingresos por trabajo suelen reflejar el retorno de la educación.

Finalmente, la evidencia internacional revela que las altas tasas impositivas propician la evasión y la elusión fiscales, al magnificar el beneficio neto de esas acciones.

En segundo lugar, los defensores de la reforma tributaria pueden cabildear (pero no necesariamente con éxito) para trasladar la carga tributaria a grupos distintos al suyo, y los grupos informales son los favoritos. Ya sea que esta actitud esté justificada o no, los impuestos más altos no son gratuitos en ninguna industria y tienden a reflejarse en los costos de producción y empleo.

La regla de oro de un sistema tributario, como a continuación lo vamos a explicar, debe procurar ser a favor del crecimiento económico, la cual consiste en que sea fácil de cumplirse, genere el menor número posible de distorsiones, y su carga se distribuya de forma amplia y lo más uniforme posible. Las reformas fiscales dirigidas únicamente a la mayor recaudación suelen ser contraproducentes para la economía y escasamente efectivas para su propósito.

El plan fiscal que incentive la oferta y los ingresos ciudadanos
Las posturas liberales sobre una política fiscal que atribuya a las características del punto anterior, recae sobre un tema ya tocado en este espacio: La economía de la oferta.

La teoría de la oferta, o economía del lado de la oferta, es un concepto macroeconómico que establece que un aumento en la oferta de bienes conduce al crecimiento económico. Los economistas del lado de la oferta argumentan que el gobierno debería aumentar la producción recortando impuestos y regulando menos. Estados Unidos, ha utilizado este tipo de políticas fiscales para dinamizar su economía, a reserva de no haber cumplido cabalmente estas acciones en algunos periodos. El fin es simple: estimular la economía apuntando a factores que aumenten la producción y proporcionen más bienes y servicios.

Los críticos argumentan que la economía del lado de la oferta es fundamentalmente defectuosa y que la oferta por sí sola no crea demanda. La evidencia, según sus fundamentos, ha demostrado repetidamente que esto no es una política en la práctica. A razón de lo anterior, la crítica ha recaído cuando, a nombre de la economía de la oferta, los gobiernos reducen impuestos pero el gasto público lo mantienen igual de vigoroso; evidentemente, eso conllevará a mayor déficit, la economía de la oferta requiere tanto caída de los impuestos como del gasto. Sin embargo, la teoría del lado de la oferta sigue siendo una herramienta en los procesos de formulación de políticas, particularmente en los EE. UU. y el Reino Unido.

Para la economía de la oferta, deben estribar los siguientes objetivos, ejes claros, pero contundentes para el desarrollo económico de un país que decide implementarlo:

• Reducir las tasas de impuestos corporativos para que las empresas tengan remanentes monetarios para reinvertir, lo que puede conllevar a un aumento de su producción y por lo tanto de empleos.

• Tasas de interés más bajas, mediante la competencia bancaria, en préstamos de capital para alentar a las empresas a planificar nuevos proyectos e invertir en bienes de capital como edificios y equipos de producción.

• Flexibilizar las regulaciones de la empresa o del gobierno para eliminar los largos tiempos de procesamiento y los requisitos de informes innecesarios que a menudo acaban con la producción.

En resumen, la economía del lado de la oferta, como su nombre lo indica, trata de estimular la oferta en lugar de la demanda, y está más en la línea de la propuesta de Say (la oferta crea su propia demanda) que de Keynes (tratar de estimular la economía y la demanda agregada a través del gasto público). La economía de la oferta n particular trata de limitar el gasto público (reducción del déficit) y bajar los impuestos. El menor gasto público se verá compensado por el estímulo económico de los recortes de impuestos. Un recorte de impuestos estimula la actividad privada, lo que lleva a más actividad económica y a su vez, acarrea más ingresos fiscales. Esto está relacionado con la curva de Laffer, que muestra brevemente que se debe encontrar la forma óptima de recaudación de impuestos y que los impuestos no deben ser más altos de lo necesario para no frenar el desarrollo económico.

Está de moda proponer reformas fiscales para aumentar los ingresos del gobierno y así pagar gastos interminables, desde la creación de un estado de bienestar universal hasta la redistribución de ingresos y riqueza, inversiones masivas en infraestructura y hasta por la lucha contra el calentamiento global. Quienes en México han criticado durante años que los impuestos son demasiado bajos para financiar un «estado moderno», ignoran con tristeza las muchas otras extorsiones que el gobierno impone a los ciudadanos, que en muchos casos superan el 50% de sus ingresos, y los malos servicios que brinda a cambio de nuestras contribuciones.