A Venustiano Carranza, se le recuerda y honra, por haber promovido la reforma a nuestra Constitución y por haber presentado la iniciativa; pero no impuso su proyecto, sino dejó que los Constituyentes discutieran y aprobaran libremente el texto, gracias a lo cual, se cambió mucho de lo propuesto por Carranza y se incorporaron artículos hoy fundamentales.
MORENA se queda corta, cuando dice que tiene el apoyo de sus electores, la realidad es que no hay nadie que no quiera una reforma judicial, la cual termine con la corrupción, con lo tortuoso y lento de los procesos judiciales, con juzgadores dependiente de los poderes políticos y económicos y aún de criminales; que fuera imparcial y profesional, o sea una reforma judicial, que en verdad sea en beneficio de todos, y no sólo para los políticos en el gobierno.
Pero en lugar de lo anterior, lo que va a aprobarse, no resolverá los problemas, y esto será por una postura intransigente, que desde el principio consideró irreductibles, ciertos aspectos muy cuestionables de la iniciativa del presidente López Obrador, y por la falsa urgencia de aprobarla durante el gobierno del mismo ejecutivo; así será una reforma judicial, que saldrá con insuficiencias, protestas, críticas y que no logrará los propósitos que se plantean, en beneficio del pueblo. Una reforma sí, pero no así.
Lo que se aprobara, no será para proteger mejor los derechos humanos y para evitar los abusos del poder, ya que lo que aprobará la mayoría calificada del gobierno, es que los juzgadores electos actuarán como lo hacen los legisladores electos de la 4T, esto es: su lealtad y aún sumisión será con quien los propuso, no con quien los eligió; así en la misma forma en cómo los diputados de Morena, aprueban y aprobaran lo que les ordena su líder, y en última instancia el presidente; los nuevos ministros, magistrados y jueces electos, actuarán como lo hacen las 3 ministras de AMLO, y obedecerán ciegamente las instrucciones e indicaciones de quien los propuso, o sea fundamentalmente el ejecutivo, y como además habrá un tribunal disciplinario, si no responden a los intereses del gobierno, se les acusara de ir contra el interés público y se les destituirá, con lo cual se acabará con la independencia Judicial; cómo ya se acabó en los hechos, con la independencia del poder legislativo.
Así con toda la popularidad y apoyos que tiene el presidente López Obrador, podría haber pasado a la historia, por promover e iniciar una Reforma judicial, con la que todos estaríamos de acuerdo, y sobretodo con la certeza de que sería eficiente, eficaz y beneficiosa, que además fuera resultado de un amplio consenso, pero saldrá una reforma que es rechazada por quienes actualmente y en el futuro van a llevarla a práctica, o van a ser sus usuarios; tampoco será conveniente que la aprobación será en un gobierno, pero su implementación dependerá de otro gobierno.
Cuando fracase, ya no habrá la posibilidad de culpar a los gobiernos del pasado.
Así lo peor, es que teniendo todas las condiciones, para hacer una reforma judicial integral y con la certeza de sus beneficios, se aprobará una reforma incompleta, que no resolverá los actuales y futuros problemas en la imparticipación de justicia, incluso lo racionalmente previsible es que los empeorará; hay que esperar los resultados de esta reforma, y como dice el evangelio: “por sus frutos la conoceréis”. Y ojalá ni unos tengamos que decir “se los dije ” y otros tengan que decir “me arrepiento”.
Mario Rosales Betancourt.- Abogado y Maestro en Derecho. Profesor de la asignatura de Derecho en la FES Acatlán de la UNAM y en la UAM-A.
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