El gobierno de López Obrador ha vuelto a poner en boga la expropiación gubernamental. Fuera de todos los enredos legales bajo los cuales se busca disfrazar esta actividad, en su trasfondo económico la expropiación consiste simple y llanamente en la confiscación de activos propiedad del sector privado por parte del gobierno.
La expropiación es una figura lícita en el marco legal mexicano, pues nuestra constitución, como la de otros países, permite al gobierno tomar recursos privados si invoca una suerte de utilidad pública. Una utilidad pública jamás bien definida, jamás bien defendida, jamás bien justificada.
Bajo el argumento de utilidad pública, el gobierno mexicano absuelve a los funcionarios públicos de demostrarle a la sociedad de que puede hacer un mejor uso de los recursos que un privado.
Supongamos que Guillermo tiene un árbol de manzanas y que Griselda prevé que puede hacer un uso más productivo del árbol que Guillermo. Griselda, en una sociedad civilizada, deberá recurrir a la persuasión para convencer a Guillermo de usar el árbol. Le pagará a Guillermo, por ejemplo, una suma que esté entre el valor del árbol para Guillermo y el valor del árbol que estima extraer. Quizá se equivoque, pero nadie pagará más que ella.
Cuando el gobierno expropia, el gobierno ya no debe demostrar que puede hacer un uso más productivo de los recursos que un privado. A diferencia de Griselda, no asume el riesgo de equivocarse al gestionar recursos. Si tomó una mala decisión al arrebatar recursos, podrá socializar la pérdida. Uno de los efectos de vulnerar los derechos de propiedad es justamente ese: el de redistribuir riesgos de maneras ineficientes.
Quienes defendemos la libertad individual insistimos en la superioridad de la empresa privada. ¿Pero de dónde proviene la insistencia? Empíricamente, las empresas privadas demuestran su superioridad a través del siguiente conjunto de razones muy sencillas:
- Responden a los consumidores.
- Transfieren la propiedad a usos más eficientes.
- Reducen riesgos temerarios.
- Discriminan a sus empleados por sus habilidades productivas.
Los ingresos de las empresas de propiedad estatal están desligados de los deseos de los consumidores. Los ingresos de empresas de propiedad estatal suelen provenir de los recursos extraídos a los ciudadanos mediante impuestos. El gobierno que expropia, expropia al doble: primero al arrebatar recursos de manos privadas; segundo al arrebatar recursos de los ciudadanos para fondear la gestión ineficiente de los recursos expropiados.
Los consumidores revelan sus preferencias a través de sus disposiciones de pago. Sin esa revelación, ¿cómo saber si lo que produzco responde a ellas? Los precios de los bienes o servicios provistos por el gobierno no reflejan la demanda de los consumidores, sino decisiones políticas tomadas de manera arbitraria.
La propiedad privada incentiva transferir recursos a quienes pueden encontrarles mayor valor o explotarlos a menor costo. Si tengo un terreno valioso para una empresa, puedo capitalizar su venta. Este incentivo está ausente o es menor en las empresas de propiedad estatal.
Los gobiernos tienen acceso, a menudo, a lo que en economía llamamos “presupuestos suaves” (soft budgets). Los presupuestos suaves inducen la adopción de riesgos más temerarios a través de un mayor apalancamiento.
Más aún, cuando una empresa no puede capturar de forma significativa las mayores ganancias de contratar empleados más productivos, es más propensa a discriminar de acuerdo a preferencias personales de los empleadores.
Las siguientes son las razones por las cuales conviene transferir los recursos en posesión de un gobierno a manos privadas:
- Mayor Eficiencia.
- Transformas una actividad con pérdidas que subsidias en una actividad con ganancias a la que puedes tributar.
- Capitalizas el valor de una empresa y liberas recursos para otros fines (educación, pobreza).
El gobierno, al expropiar vías férreas, ha mandado una señal inequívoca: el estado de derecho no es primordial. Lo que importa es la arbitrariedad, la discrecionalidad y cambiar las reglas del juego para favorecer a la voluntad política en turno. Un gobierno de ese estilo es el tipo de gobierno que ha empobrecido a diversos países de América Latina y uno al cual nos debemos oponer de manera insistente.
Apéndice: efectos de privatización en México
En un trabajo titulado, Privatization in Latin America: Myths and Reality, se muestran resultados de distintos procesos de privatización en México: incrementos en rentabilidad y en eficiencia operativa son los más sobresalientes. Los resultados se incluyen en la siguiente tabla:
