Las políticas redistributivas benefician a un sector de la población en el corto plazo, pero no contribuyen al crecimiento económico en el largo plazo. ¿De qué depende el crecimiento de largo plazo?

El crecimiento económico en el largo plazo depende de la generación de ideas; es decir, del crecimiento de lo que los economistas llaman capital humano: el conocimiento, educación y salud en el que invierten las personas. Como lo afirma el economista Charles I. Jones en su artículo, The Outlook for Long-Term Economic Growth (2023), “El crecimiento del nivel de vida en los países de la frontera mundial está ligado en última instancia a la tasa de crecimiento demográfico de los países productores de ideas”.

La generación de ideas está vinculada a la promoción de instituciones que favorecen la innovación, la actividad empresarial y la integración económica mundial. Estas instituciones son las de la propiedad privada y los contratos voluntarios. Así lo reconocía el premio Nobel de Economía Douglass North cuando escribía

“Esta libertad de ir y venir, de comprar y vender a su antojo era tan esencial para el crecimiento económico como una cierta seguridad de la propiedad”.

La desigualdad puede, es cierto, retardar el crecimiento económico. En su artículo de 2014, Redistribution, Inequality, and Growth, Jonathan D. Ostry, Andrew Berg y Charalambos G. Tsangarides documentan que “Una menor desigualdad neta está estrechamente relacionada con un crecimiento más rápido y duradero, para un nivel de redistribución dado”. Los autores también documentan que los esfuerzos redistributivos pueden ser relativamente “benignos” en términos de crecimiento económico, pero apuntan que los casos extremos son claramente perjudiciales. En cualquier caso, que haya una correlación positiva entre crecimiento económico y una menor desigualdad no justifica actividades de redistribución potencialmente problemáticas.

¿Cuáles son los costos de políticas de redistribución?

Más impuestos e incentivos distorsionados

Los programas de redistribución no son gratuitos. Aunque parece una verdad trivial, no queda claro que la ciudadanía perciba siempre esta realidad o actúa conforme a ella. El público prefiere, simultáneamente, tasas impositivas más bajas y más servicios gubernamentales; pero un mayor gasto público suele requerir tasas impositivas más elevadas[1], tarde o temprano.  No hay free-lunch. Y un free-rider no escapa de pagar todo el tiempo.

Las tasas impositivas más elevadas desalientan la actividad económica y generan lo que en economía llamamos “pérdida irrecuperable de eficiencia”. Una pérdida irrecuperable de eficiencia es una situación en la cual se pierden actividades mutuamente benéficas. Los impuestos incentivan a las personas a destinar sus recursos a actividades menos lucrativas; a productores, a producir menos de lo socialmente deseable; a consumidores, a consumir menos de lo que desearían consumir.

Los programas sociales de transferencias gubernamentales no sólo implican presiones a tasas impositivas más altas. También reducen el nivel de gasto público que puede ser destinado a tareas potencialmente más importantes. Un gobierno tiene una tarea principal en una democracia liberal: proteger el patrimonio y la integridad física de la ciudadanía. Más recursos destinados a programas de redistribución son menos recursos destinados a fortalecer la administración de justicia y la provisión de seguridad.

Una de las razones del retraso económico de México es la maraña regulatoria y fiscal que incentiva malas asignaciones de recursos. Más de un 55% de los mexicanos está empleado en la informalidad, pero contribuye apenas a una cuarta parte del PIB. Eso significa que el 45% formal sostiene tres cuartas partes de la actividad económica del país. La informalidad es un síntoma, no un problema per se; es atractiva en México por tres problemas fundamentales que identifica este artículo de The Economist: “red tape, taxes and gangsters [burocracia, impuestos y criminales]”.

La burocracia, los impuestos elevados y la presencia criminal no desaparecen con un gobierno que arroja dinero en los bolsillos de sectores cuyo voto desea proteger.

Las reformas económicas prudentes y bien diseñadas suelen no generar beneficios inmediatos y tangibles para grupos específicos, sino que proporcionan ventajas económicas amplias y sostenibles a lo largo del tiempo. En contraste, las reformas económicas mal planificadas pueden ofrecer beneficios visibles a corto plazo, pero lo hacen sacrificando recursos valiosos y comprometiendo el crecimiento a largo plazo. Esta es la razón por la cual el populismo económico, que consiste en distribuir dinero de manera inmediata a ciertos grupos como los ancianos y los jóvenes desempleados, tiende a ser mucho más popular que las medidas económicas responsables y necesarias que el país realmente necesita.

Las reformas económicas sensatas se centran en la estabilidad y el crecimiento a largo plazo. La poca estabilidad macroeconómica que tenemos en México provino de reformas que restaron poder al ejecutivo para implementar medidas discrecionales. Aunque los beneficios de estas medidas no son inmediatos, con el tiempo, crean un entorno económico más robusto y equitativo, generando empleo y aumentando el nivel de vida de toda la población.

Las políticas económicas populistas suelen enfocarse en proporcionar alivio rápido y visible, como subsidios o transferencias directas de dinero. Si bien estas medidas pueden parecer atractivas y ganar apoyo popular rápidamente, no abordan las causas subyacentes de los problemas económicos y, en muchos casos, pueden empeorar la situación a largo plazo. Al no ser sostenibles, estas políticas a menudo resultan en un aumento de la deuda pública y la inflación, lo que afecta negativamente a la economía en su conjunto.

Los programas de redistribución pueden aliviar cierta desigualdad económica; pero cuando acumulan distorsiones y presiones en tasas impositivas más altas tarde o temprano repercuten de manera negativa en el bienestar económico.     

[1] Un incremento en tasas impositivas (t) suele reducir la base imponible (B), pues disuade la actividad económica tasada. El monto de impuestos recaudados, t×B, puede aumentar o disminuir. De ahí la conjetura del economista Arthur Laffer: tasas impositivas más altas pueden reducir B a tal grado que incluso un incremento en t reduzca la recaudación. Pero en el corto plazo, y cuando los incrementos en tasas impositivas no son tan frecuentes, no es evidente que la reducción en B sea tan grande como para contrarrestar el incremento en t.