El análisis de la crisis venezolana ha padecido, durante el último cuarto de siglo, de un error metodológico fundamental que ha condicionado el fracaso de todas las estrategias de cambio político implementadas hasta la fecha. La oposición tradicional, los centros de pensamiento y la comunidad diplomática internacional han operado bajo la premisa de que el conflicto en Venezuela es de naturaleza política. En consecuencia, han aplicado las categorías de análisis propias de la ciencia política convencional: legitimidad, electoralidad, negociación y presión diplomática.

Esta premisa es incorrecta. La evidencia empírica demuestra que el chavismo no es un régimen político autoritario clásico, sino una estructura de crimen organizado transnacional que ha instrumentalizado las instituciones del Estado para asegurar el control territorial y la extracción de rentas ilícitas.

Su objetivo no es la administración de la República, sino el saqueo sistemático protegido por el monopolio de la fuerza.

Este error en el diagnóstico tiene consecuencias operativas devastadoras. Un gobierno autoritario puede ceder ante la pérdida de legitimidad o la presión social, pues su estabilidad depende de cierto grado de consenso o coerción institucional. Una estructura criminal, en cambio, es inmune a la deslegitimación política. Su estabilidad depende exclusivamente de tres factores físicos: el control de los órganos de seguridad, el dominio de los flujos financieros opacos y la capacidad de neutralización judicial de sus adversarios.

Por tanto, la tesis central de este análisis sostiene que la transición hacia una democracia liberal en Venezuela es imposible mediante la acumulación de capital político simbólico. La única ruta viable es la Sustitución Operativa del Poder, entendida como el desarrollo y despliegue de una capacidad coercitiva, financiera y administrativa capaz de desplazar físicamente a la junta directiva criminal que ocupa el Estado.

DISECCIÓN DEL MANDO: EL POLITBURO CRIMINAL CHAVISTA Y LA DIVISIÓN DEL TRABAJO DELICTIVO:

Para diseñar una estrategia de sustitución eficaz, es imperativo diseccionar la estructura de mando del adversario. La reconfiguración del poder anunciada por Nicolás Maduro el 1 de diciembre de 2025, bajo la denominación de un nuevo “Buró Político”, no debe interpretarse como un ajuste ministerial, sino como la consolidación del Directorio Ejecutivo de la organización criminal.

Este buró no responde a una lógica de gestión pública, sino a una lógica de división del trabajo delictivo. Los integrantes de esta cúpula, conocidos en el análisis de inteligencia como los “12 Apóstoles”, administran parcelas de poder específicas que sostienen el sistema.

1. La Gerencia de Coacción y Disciplina (Diosdado Cabello)

Diosdado Cabello ejerce la función de garante de la seguridad interna del régimen. Su poder no emana de un cargo institucional, sino de su control fáctico sobre la cadena de mando en los organismos de inteligencia (SEBIN), contrainteligencia militar (DGCIM) y las unidades de operaciones especiales de la policía.

Su rol es asegurar la cohesión de la estructura represiva y la neutralización de cualquier disidencia dentro de la Fuerza Armada Nacional. Cabello administra la violencia selectiva y sistemática.

Negociar una transición política con este actor es una imposibilidad lógica, pues su supervivencia física depende de mantener el monopolio de la persecución.

2. La Gerencia de Guerra Asimétrica y Narrativa (Jorge Rodríguez)

Jorge Rodríguez opera como el estratega principal de la guerra cognitiva y el blanqueo reputacional. Su función trasciende la vocería política; es el encargado de construir la arquitectura de simulación institucional que permite al régimen mantener canales diplomáticos abiertos y evadir el aislamiento total.

Rodríguez diseña los esquemas de “diálogo” y negociación como mecanismos dilatorios, cuyo único objetivo es ganar tiempo estratégico para la reconfiguración de las operaciones criminales. Su gestión convierte el delito en hecho político.

3. La Gerencia de Economía Ilícita (Delcy Rodríguez)

La viabilidad financiera del régimen no depende de la gestión macroeconómica formal, sino de la administración de una economía sumergida. Delcy Rodríguez dirige la estructura encargada de los flujos financieros no convencionales: la comercialización de minerales estratégicos (oro, coltán), la evasión de sanciones mediante esquemas de triangulación energética y el lavado de activos a gran escala.

Su rol es garantizar la liquidez en divisas necesaria para el mantenimiento de las redes clientelares y la lealtad de la cúpula militar. Sin esta gerencia, el aparato represivo colapsaría por falta de financiamiento.

4. La Gerencia de Blindaje Jurídico y Enlace Territorial (Cilia Flores y Francisco Ameliach)

Cilia Flores controla el sistema de justicia, instrumentalizando al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio Público como herramientas de blindaje corporativo. Su función es asegurar que las acciones criminales del directorio reciban una cobertura de legalidad formal.

Francisco Ameliach, por su parte, funge como el enlace operativo entre la estructura criminal civil y los componentes militares y paramilitares (colectivos, UBCH). Su tarea es la movilización y el control social a través de redes de inteligencia vecinal y coerción local.

LA TEORÍA DE LA SUSTITUCIÓN: PRINCIPIOS DE INGENIERÍA POLÍTICA

Frente a esta estructura consolidada, la propuesta tradicional de una “transición pactada” o gradual carece de sustento en la realidad. La Teoría de la Sustitución Operativa parte del principio de que el poder no admite vacíos funcionales. Si se desplaza a la cúpula chavista sin disponer de una estructura paralela lista para ocupar sus funciones críticas, el resultado será la anarquía o la reconfiguración inmediata de las redes criminales.

La sustitución implica el reemplazo simultáneo de los operadores criminales por operadores institucionales en tres ejes fundamentales.

Eje 1: Sustitución del Aparato de Seguridad (El desafío de Diosdado Cabello)

El obstáculo determinante para la transición es el control de la fuerza. Los actuales órganos de seguridad no son instituciones policiales deformadas, sino estructuras paramilitares adoctrinadas bajo la influencia de inteligencias extranjeras hostiles.

La estrategia de sustitución exige:

  1. Disolución Administrativa y Operativa: La liquidación inmediata del SEBIN y la DGCIM. No es viable la purga o reforma de cuerpos cuyo ethos es criminal.
  2. Creación de una Fuerza de Tarea de Transición: La conformación previa de una unidad de inteligencia y operaciones especiales, reclutada y entrenada bajo estándares occidentales, con capacidad para ocupar físicamente las sedes de inteligencia y asegurar los archivos de seguridad nacional.
  3. Monopolio de la Fuerza: La imposición de la autoridad estatal sobre los territorios controlados por el crimen organizado.

Eje 2: Sustitución de la Estructura Económica (El desafío de Delcy Rodríguez)

La economía criminal dirigida por Delcy Rodríguez y ejecutada por la llamada “boliburguesía” controla la logística nacional de importación y distribución. Una transición política que no controle la logística económica será rehén del sabotaje.

La estrategia de sustitución exige:

  1. Intervención Forense y Extinción de Dominio: La aplicación agresiva de mecanismos legales para la incautación de activos y empresas vinculadas a la red de lavado de dinero, desmantelando la base financiera de los “12 Apóstoles”.
  2. Apertura de Mercados y Sustitución Logística: La transferencia inmediata de la gestión de puertos, aeropuertos y aduanas a operadores privados legítimos, bajo un esquema de libre competencia. Esto es vital para romper los monopolios de importación que financian al régimen.

Eje 3: Sustitución del Sistema de Justicia (El desafío de Cilia Flores)

La continuidad institucional en el Poder Judicial es incompatible con el Estado de Derecho. El TSJ actual es una extensión del bufete criminal del régimen.

La estrategia de sustitución exige:

  1. Vacancia Judicial Absoluta: La destitución inmediata de toda la cúpula judicial y fiscal, argumentando su participación en una estructura de delincuencia organizada.
  2. Tribunales de Jurisdicción Especial: La instalación de cortes de transición integradas por juristas de probada independencia y solvencia técnica.

No se puede juzgar a la mafia con los jueces de la mafia.

EL DÉFICIT OPERATIVO DE LA OPOSICIÓN

La viabilidad de esta teoría choca con una realidad incómoda: la carencia de capacidades operativas en la alternativa democrática. Durante décadas, la oposición venezolana se ha profesionalizado en el activismo electoral, la denuncia de derechos humanos y el cabildeo diplomático, pero ha descuidado la formación de Cuadros de Estado.

Existe un superávit de voceros políticos y un déficit crítico de operadores de seguridad, gerentes de crisis y estrategas financieros. La oposición ha confundido la legitimidad de origen (ganar una elección) con la capacidad de ejercicio (controlar el Estado).

El chavismo ha prevalecido no por tener la razón ni el apoyo popular, sino por tener la capacidad operativa de ejercer el poder sin restricciones morales ni legales. Para derrotarlo, es necesario construir una maquinaria superior en eficacia.

Esto implica pasar de la lógica del partido político a la lógica del “Gabinete en la Sombra”: una estructura jerárquica, disciplinada y técnica.

EN CONCLUSIÓN

La transición en Venezuela no será el resultado de una negociación entre pares políticos, sino el producto del desplazamiento forzoso de una estructura criminal por una estructura institucional superior. La “Teoría de la Sustitución Operativa” establece que la libertad política y la liberalización económica solo son sostenibles si van precedidas por el control físico e institucional del aparato del Estado.

Mientras los “12 Apóstoles” del régimen mantengan el control de las armas, el dinero y los tribunales, cualquier cambio de gobierno será cosmético y reversible.

La tarea histórica de la oposición no es solo ganar la voluntad popular, sino construir la fuerza, la inteligencia y la capacidad gerencial necesarias para sustituir a la corporación criminal que ha secuestrado a la nación. Sin esta capacidad de sustitución real, la República seguirá siendo una ficción jurídica y el crimen organizado seguirá siendo la única constitución vigente.

Publicado originalmente en Carlos’s Substack: https://caloespinoza.substack.com/p/la-teoria-de-la-sustitucion?r=im3nm&utm_medium=ios&triedRedirect=true

Carlos Alberto Espinoza.- médico venezolano, radicado en el exilio. Director de contenido de Libertarian Forum. Más contenido en su Substack: https://caloespinoza.substack.com/

Por Víctor H. Becerra

Presidente de México Libertario y del Partido Libertario Mx. Presidente de la Alianza Libertaria de Iberoamérica. Estudió comunicación política (ITAM). Escribe regularmente en Panampost en español, El Cato y L'Opinione delle Libertà entre otros medios.

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