El movimiento político gobernante de México, Morena, está intentando capturar y derrocar al poder judicial. Pero destruir el poder judicial no es una “reforma judicial”; es una maniobra para dominar los tres poderes del gobierno y subyugarlos al partido. La intención nunca fue reformar o fortalecer el poder judicial; por lo tanto, hablar de este complot como una “reforma” es caer en la trampa.
Ante las falencias del poder judicial en las últimas décadas, la mayoría de los críticos conceden que es necesaria alguna reforma, pasando por alto la importancia de quién la hace y cuándo. Es un error revisar la “reforma” en sus propios méritos, con sus supuestos problemas, beneficios y “áreas de oportunidad”, pues hacerlo es discutir el envoltorio, un señuelo, y no lo que está en el fondo. La “reforma” es un eufemismo para un proyecto político de concentración aún mayor del poder, fijando así el debate en los aspectos técnicos de la propuesta, por ejemplo, los gastos económicos de realizar elecciones para miles de vacantes judiciales o cómo convencer a los ciudadanos de acudir a las urnas entran en el juego del gobierno.
La “reforma” propone que todos los jueces del país sean elegidos por voto popular, pero los jueces no pueden ser elegidos; si lo son, se convierten instantáneamente en otra cosa. Por supuesto, y una vez más, la “reforma” se presenta como un regalo tardío al pueblo. Este encubrimiento no tiene nada que ver con hacer partícipes a los ciudadanos de la vida pública; está únicamente pensado para eliminar la independencia de uno de los pocos poderes autónomos que quedan en México. La elección de jueces es irreconciliable con las democracias constitucionales porque este sistema de gobierno se funda en dos principios igualmente importantes e inseparables: la dimensión electoral y representativa y, en segundo lugar, el control posterior del resultado electoral; la delimitación y los límites de lo que pueden hacer los ganadores.
En parte, la justificación para hablar de esto como un mero cambio de la judicatura burguesa es ignorar su origen, es decir, cómo se trata de una venganza contra el poder del Estado que fue capaz de controlar múltiples abusos de poder durante la actual presidencia. La Corte Suprema anuló algunos de los intentos más descarados de violar la Constitución, como los compromisos de dar a las fuerzas armadas el control total de la seguridad pública o la determinación de eliminar la inversión privada en el sector energético. La actual reforma es, por tanto, parte de una represalia contra quienes se atrevieron a frenar algunos de los proyectos más destructivos de la administración.
Ninguna de las modificaciones propuestas está diseñada para atender alguno de los problemas y deficiencias reales del sistema judicial mexicano. La “reforma” es parte de un proyecto político más amplio que se articula con la captura de las demás instituciones y poderes, principalmente el actual intento ilegal de manipular la asignación de senadores y diputados según la representación proporcional para robar una mayoría calificada en el Congreso. También es importante subrayar que no tener un poder judicial también empeorará la inseguridad de un país ya destrozado por la violencia y redondeará los pocos dígitos que quedan de los niveles de impunidad, que ya superan el 95%.
Por desgracia, la crítica ingenua sólo ha reivindicado la captura política como algo que vale la pena discutir: el falso debate legitimó la destrucción. La agilidad de la crítica para detectar los inconvenientes legales fue paradójicamente perjudicial, ya que validó las falsas debilidades de los jueces que aplican la ley y luego las equiparó con la frivolidad inventada de no escuchar las preocupaciones populares. Pero el poder judicial, ahora considerado deshonestamente como un completo fracaso, es la coartada perfecta para ocultar la intención política y comenzar la eliminación de los jueces. El presidente, que intimidó sin piedad a los jueces que se atrevieron a aplicar la ley en contra de sus deseos, ahora disfruta de la euforia de ocultar algo a plena vista y promocionar la venganza como justicia. La “reforma” debe ser condenada por lo que es: el esquema viejo y sobreutilizado de ocultar ambiciones facciosas bajo el barniz de la voluntad popular.
Agradecemos al autor su permiso para publicar su artículo, publicado originalmente por The Mexico Institute del Wilson Center: https://www.wilsoncenter.org/article/mexicos-judicial-reform-not-about-judiciary
Emiliano Polo Anaya.- Abogado mexicano con experiencia en derecho internacional y análisis político. Es miembro asociado del Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores y tiene una maestría en Asuntos Globales y Seguridad Internacional de la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia.
Twitter: @EmPoloA