Piense en todos los políticos que se reunirán en el Congreso, cualquier día de la semana (podría ser hoy o mañana). ¿Sabe qué decidirán? ¿Tiene idea de los proyectos de ley que pretenden considerar o aprobar? ¿Consideran realmente importantes a estos proyectos de ley para el funcionamiento general de la sociedad? ¿O entienden que estas actividades burocráticas inútiles para el bien son completamente irrelevantes para mi bien, para el suyo y para el de la población en general, y que absolutamente nada de lo que hacen tiene impacto positivo en nuestras vidas?
¿Son plenamente conscientes de que la sociedad, en general, es completamente indiferente a todo lo que hacen, así como a todas las actividades que ocurren en el Congreso?
¿Son los diputados y senadores responsables de hacer las cosas tan importantes que suelen hacer ‒como tomar café, comer facturas y grabar sensacionales videos de YouTube‒, capaces de comprender que prácticamente ninguna de las actividades que realizan tiene realmente impacto positivo en la sociedad? ¿Entienden que las nuevas leyes, decretos, impuestos, aumentos de tasas, garantías y derechos sobre el papel, no mejoran en absoluto la calidad de vida de nadie?
¿Entienden que a casi nadie le importan los proyectos de ley (la gran mayoría completamente inútiles para el bien) que analizan o aprueban? Sobre todo porque, cuando afectan a los ciudadanos, siempre es negativamente.
Desafortunadamente, no creo que los burócratas estatales sean conscientes de su irrelevancia e insignificancia para los ciudadanos comunes y para la sociedad en general. Todo lo contrario: estos piratas modernos del saqueo rutinario a menudo se atribuyen una importancia ostensiblemente irreal, sobre todo porque una parte significativa de políticos y funcionarios públicos creen en la ilusión de que sirven a la sociedad.
La verdad, sin embargo, es muy diferente: ellos se sirven de la sociedad. Los funcionarios públicos no participan en actividades productivas, no emprenden, no aportan ni crean valor, y no construyen nada beneficioso o edificante para la sociedad. En la práctica, todas estas personas no son más que parásitos que viven para extorsionar, extraer y apropiarse de casi todo lo que la sociedad produce.
Los políticos y funcionarios públicos son receptores netos de impuestos. En otras palabras, viven exclusivamente de la parasitación institucionalizada que el Leviathan practica contra todos los sectores productivos de la sociedad. Por consiguiente, es crucial comprender que quienes trabajan para el estado no sirven a la sociedad; los políticos y funcionarios públicos son inducidos a creer esta mentira porque consideran que la verdad de su condición es demasiado dolorosa omo para admitirla: son personas inútiles para el bien, carentes de talento y habilidades reales. Por lo tanto, sólo pueden sobrevivir como sanguijuelas de quienes realmente producen.
Desafortunadamente, los políticos y funcionarios públicos parecen completamente incapaces de comprender que servirían mucho mejor a los deseos y necesidades de la sociedad si dejaran de ser servidores públicos. En primer lugar, porque lo único que hacen estas personas como burócratas estatales es, en su mayoría, crear obstáculos y dificultades para cualquier actividad productiva. Y, en segundo lugar, porque sólo en el sector privado se puede servir verdaderamente a la sociedad, atendiendo las demandas individuales de cada cliente.
Volvamos a lo propuesto al principio del artículo: piense en todas las leyes que han sido aprobadas recientemente. ¿Conoce alguna de ellas? ¿Ha analizado minuciosamente todas sus implicancias institucionales? ¿Comprende lo que se proponen lograr, así como todos sus parámetros e implicacias legales?
Desafortunadamente, eso no importa. El estado no le pidió su opinión sobre las leyes inútiles para el bien recientemente aprobadas, las que pretende usar en su contra en un futuro próximo. Ahora piense en todas las leyes que serán aprobadas esta semana y la próxima. O piense en todos los proyectos de ley que están siendo redactados en este preciso momento. Y ahora piense en cómo todo este trabajo burocrático inútil para el bien, que cuesta mucho dinero, no cambiará su vida para mejor en absoluto. Pero siempre existe la posibilidad de que cambie para peor. El estado siempre puede quitarte. Pero añadirle, agregarle o aumentarle, es algo que simplemente nunca hace si no se forma parte de la mafia del estado.
En esencia, lo que cada nueva ley hace, es desmantelar la libertad, en cierta medida. Piense en las leyes sobre el “discurso de odio”, o en las que combaten el “machismo” y la “misoginia” en línea. Piense en las regulaciones de redes sociales que los jueces de la Corte Suprema (el Totalitarismo Federal Supremo) están obsesionados con implementar. ¿Qué consolidan realmente estas leyes? En la práctica, criminalizan a la gente común por expresar sus opiniones en línea.
Leyes de este tipo no castigan a los verdaderos delincuentes. Lo que hacen en realidad es desmantelar cada vez más la poca libertad de expresión que nos queda, y presionar a la sociedad para que adhiera a la narrativa política progresista, irracional y desquiciada, que se ha convertido en la ideología oficial del establishment, precisamente porque es una ideología que habilita el totalitarismo, con una fachada política de “tolerancia” y “benevolencia”.
Considere ésto: toda operación estatal tiene un costo. Sin embargo, es el dinero de los pagadores netos de impuestos (ciudadanos productivos extorsionados con violencia) el que el gobierno utiliza para arrestar, procesar y juzgar a los delincuentes, que pueden ser tanto criminales empedernidos, homicidas y violentos, como individuos comunes, clasificados arbitrariamente como “transgresores” únicamente desde la perspectiva del estado (aunque son dos categorías diferentes de delincuentes, el estado no hace distinción entre ellos).
Pero ¿cuál sería la mejor manera en que el estado utilizaría sus recursos? ¿Sirve más a la sociedad arrestar, procesar y encarcelar a un asesino, o arrestar, procesar y multar a un hombre que expresó una opinión contraria al feminismo en algún foro en línea?
La vasta, continua e ininterrumpida producción de leyes por parte del estado sólo puede generar injusticia. 99,9% de las leyes aprobadas son inútiles para el bien y refuerzan regulaciones que, además de ser arbitrarias, tiránicas, descabelladas y drásticamente opresivas, son completamente irrelevantes para el bien de 99,9% de la población. Y dado que la moderación es el principio fundamental de toda ley, la producción a escala industrial de leyes que el gobierno se encarga de aplicar, invariablemente contribuirá a la erosión gradual de la libertad.
De hecho, la gran mayoría de las leyes son completamente inútiles para el bien, y no sólo deberían ser ignoradas por completo, sino también sumariamente extinguirse. Pero el estado siempre produce una cantidad ostensiblemente colosal, continua y visceral de leyes inútiles para el bien, que siempre perjudican a la sociedad cuando son aplicadas.
No existe circunstancia posible en la que alguna de estas leyes pueda realmente generar un beneficio real para la población, pero siempre pueden causar daños inconmensurables en algún microcosmos, que los grandes medios de comunicación ‒que no sólo participan en el totalitarismo institucional, sino que son cómplices activos‒ ignorarán, simularán que no ocurrió, y ocultarán deliberadamente a la sociedad.
Además de exacerbar las injusticias sistémicas con su vasto arsenal de leyes opresivas y tiránicas, el estado destruye la prosperidad y el desarrollo económico sofocando la iniciativa privada, enterrándola bajo montañas de burocracia inútil que consume el tiempo y los recursos de las empresas.
En combinación con las regulaciones y el sistema de favores y beneficios que el gobierno otorga sólo a las grandes corporaciones, las pequeñas y medianas empresas terminan lidiando con un entorno empresarial cada vez más irredimible y arbitrario, en el que las oportunidades se vuelven cada vez más limitadas, y los recursos cada vez más escasos.
Esta escasez, sin embargo, es artificial. Es una consecuencia directa de la intervención negativa del estado en todos los sectores de la economía, llevada a cabo para beneficiar sólo a unos pocos corporativistas, quienes ocasionalmente otorgan generosos “regalos” (valijas con dinero) a sus allegados en las clases políticas y judiciales.
De hecho, lo que hacen los burócratas estatales ‒con su producción ininterrumpida a escala industrial de leyes pérfidas, restrictivas, autoritarias y tiránicas‒ es esencialmente burocratizar y criminalizar la actividad humana.
Cada vez una nueva ley, decreto, ordenanza o cualquier otro disparate gubernamental, es implementado, es esencial comprender que se trata, en realidad, de un nuevo obstáculo que es creado y arbitrariamente impuesto a toda la sociedad. Toda nueva ley no es una garantía, un beneficio, una protección, un derecho o una seguridad creada para el beneficio de la población. Es una restricción autoritaria. Las diversas denominaciones que el estado otorga a sus tiránicas imposiciones, no son más que un recurso semántico vulgar y engañoso, bajo el cual camufla su pérfido y vil autoritarismo, y están deliberadamente orquestadas para reducir la resistencia de la población.
La opresiva tiranía gubernamental que esclaviza a todo el país, también explica a la perfección por qué, a pesar de todo nuestro potencial ‒disfrutamos de vastos parques industriales, un enorme contingente de pequeñas y medianas empresas, una considerable mano de obra, innumerables proveedores, tanto extranjeros como nacionales, y una variada abundancia de recursos naturales‒, nuestro país ontinúa siendo subdesarrollado y socialmente más propenso a la pobreza que a la riqueza.
Nuestro país es pobre porque el estado grava con impuestos y burocratiza la actividad económica de forma persistente, descarada e inflexible, lo que dificulta enormemente la supervivencia de las empresas. En consecuencia, a pesar de tener todo el potencial para ser un país emergente, el nuestro terminó convirtiéndose en un país con ínfima productividad y un número cada vez más bajo de empresas, sin aproximarse nunca a su máximo potencial.
Ésto es consecuencia directa de la masiva y perjudicial interferencia del gobierno en la economía. Si no nos estancamos, retrocedemos. Desafortunadamente, el progreso, incluso lento, sin retroceso alguno, no es nuestra especialidad. Pero podría serlo si el gobierno no aterrorizara tan descaradamente a la empresa privada ni estuviera tan ansioso por perturbar, vigilar y acosar a quienes trabajan y producen.
La situación actual del país invita a la reflexión. Es como si mediante su sistema de leyes inútiles para el bien y regulaciones tiránicas, el estado hiciera todo lo posible por impedir el desarrollo del país. Con regulaciones económicas opresivas y monolíticas, el gobierno reduce la competencia de las grandes corporaciones, y facilita la quiebra de innumerables pequeñas y medianas empresas, precisamente para que los omnipotentes conglomerados (que compran a políticos con montones de dinero) tengan menos competencia. Así, se convierten en grandes monopolios, protegidos por el monopolio mayor: el estado.
Además, mediante leyes tiránicas y extremadamente injustas, el estado encarcela a personas por “delitos” de opinión, con el objetivo de ampliar su poder y control sobre los individuos. Y mediante una jurisprudencia saturada de distorsiones ideológicas de izquierda, el estado criminaliza ciertas acciones y discursos, prohibiendo el cuestionamiento y el libre debate de ideas, como si efectivamente deseara frenar la expansión del imperio intelectual de pensadores originales y audaces, a la vez que sofoca el auge de talentos prometedores y emergentes en la medida de lo posible.
De hecho, no cabe duda de que el estado hace todo lo posible por aterrorizar, obstaculizar y perjudicar la vida de la gente común. La legislación estatal funciona como una prerrogativa legal para coartar la libertad de las personas, restringirlas al máximo, impedirles desarrollar sus talentos, impedirles cuestionar el statu quo, y limitarlas económicamente, de modo que carecen de poder alguno y pasan el resto de sus vidas como rehenes del Leviathan, carentes de competencia, influencia o capacidades intelectuales y materiales para desafiar y resistir al orden establecido. Ésto nos muestra que el estado es, de hecho, una estructura institucional de opresión y tiranía, que siempre prioriza el mantenimiento del poder y el control. Su verdadero objetivo no es imponer la justicia y el orden legal en la sociedad, sino mantener el control ‒en un estado de total sometimiento‒ de todas las personas que no forman parte de la estructura de poder.
Restringir legalmente la libertad de las personas e inhibir flagrantemente su desarrollo intelectual, moral y económico, forma parte del proceso de opresión legal inherente al democrático estado de derecho. El estado es la manifestación material de una sórdida e impía deficiencia moral, que utiliza el monopolio de la ley y la represión violenta para mantener la hacienda de esclavos civiles en total sometimiento, como rehenes del miedo y bajo la constante amenaza de represalias permanentes.
Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko
Publicado originalmente por el Instituto Rothbard Brasil: https://rothbardbrasil.com/la-logica-natural-del-estado-es-la-burocratizacion-y-criminalizacion-de-la-actividad-humana/
Wagner Hertzog.- escritor y editor. Miembro del instituto Rothbard Brasil
@WagnerHertzog