El derecho de huelga es una herramienta fundamental en una sociedad libre, pero su abuso o uso distorsionado corre el riesgo de socavar la cohesión social, dañar la libertad de quienes no participan y transformarlo en un medio de lucha política en lugar de negociación.

El derecho de huelga representa una de las principales herramientas para que los trabajadores obtengan mejoras contractuales o protejan las condiciones laborales. Sin embargo, como ha destacado Bruno Leoni , no está libre de críticas, especialmente cuando se ejerce de manera que viola los derechos de los demás o se convierte en abuso.

En particular, el estudioso de Turín abordó el tema con una claridad que sigue siendo muy relevante. Criticó la idea de que el paro laboral pueda considerarse un derecho ilimitado , subrayando cómo su elevación a derecho constitucional corre el riesgo de socavar la libertad de contratación , uno de los pilares fundamentales del liberalismo. En su opinión, la huelga representa una violación de las obligaciones contractuales asumidas por los trabajadores hacia los empleadores. Lo que significa que, cuando uno de ellos se abstiene de prestar su trabajo, no cumple con un compromiso libremente asumido, y esta conducta, aunque legitimada por la ley, contradice el principio de responsabilidad individual que debe regular toda relación contractual.

En una sociedad abierta y libre, basada en la economía de mercado, la libertad contractual es ciertamente fundamental. En su ámbito, cada individuo tiene el derecho a negociar sus propias condiciones de trabajo y al mismo tiempo el deber de respetar los acuerdos estipulados. Pues bien, cuando se utiliza la huelga para interrumpir arbitrariamente la relación contractual, se introduce una forma de coerción que perjudica no sólo a los empleadores, sino también a los compañeros que no participan de la abstención y, sobre todo, a la comunidad. Este es el punto central abordado por el gran pensador liberal, que defendió ante todo el mercado y el carácter pacífico del intercambio y el contrato, oponiéndose a la lógica contradictoria de las visiones sindicalistas influidas por el marxismo y a la hipótesis de un conflicto entre capital y trabajo. Luego señaló que, si no se ejerce responsablemente, la abstención del trabajo se convierte en un medio para imponer una voluntad , violando los derechos de quienes no participan, socavando «toda relación contractual y, en consecuencia, la propia sociedad liberal».

Aparte de esto, otro aspecto particularmente problemático es el uso de la huelga como instrumento de lucha política , como en los casos en que las organizaciones sindicales proclaman abstenciones generales contra decisiones gubernamentales o para ejercer presión sobre políticas públicas. En tales circunstancias, el citado derecho trasciende el ámbito de las negociaciones entre trabajadores y empleadores, para transformarse en un arma política que nada tiene que ver con las condiciones laborales de los empleados, trasladando el conflicto del lugar de trabajo a las calles. Un ejemplo es la general proclamada recientemente por la CGIL y la UIL contra la maniobra financiera del gobierno , que involucra a sectores clave como el transporte público, las escuelas, la sanidad, los correos, la justicia y el comercio. La medida cautelar parcial ordenada por el Ministro de Infraestructura Matteo Salvini , que reduce la duración de la parada de 8 a 4 horas en el sector del transporte, pretendía limitar las molestias para los ciudadanos, pero también suscitó polémicas y acusaciones de limitación del derecho en cuestión. Esta dinámica corre el riesgo de repetirse, empeorando aún más, en el mes de diciembre, en el que se anunciaron otras 15 huelgas , que afectarán una vez más a sectores clave como el transporte y los servicios públicos, multiplicando así el riesgo de parálisis para todo el país. Ante esta escalada, el mismo Ministro declaró que estaba dispuesto a intervenir con nuevas medidas regulatorias para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y reducir las molestias a los ciudadanos.

En esencia, la huelga, para mantener su legitimidad, debe limitarse a la relación entre los trabajadores y las empresas, ya sean públicas o privadas, involucrando exclusivamente a quienes participan. Por tanto, no puede utilizarse como mecanismo de presión contra la mayoría gubernamental ni para obtener concesiones políticas, ya que acaba traicionando su función original: este derecho, como todos los derechos, no puede ejercerse de forma que viole los de otros, y Por tanto, es inaceptable que quienes quieren trabajar o viajar se vean obligados a sufrir las consecuencias de huelgas que bloquean servicios esenciales, como el transporte o la asistencia sanitaria. Se convierte así en un abuso que no sólo socava su legitimidad, sino que incluso corre el riesgo de transformar una acción legítima en un dispositivo de coerción colectiva . En este sentido, Bruno Leoni también insistió en la necesidad de una regulación de la huelga que garantice el respeto de los acuerdos contractuales y de los derechos individuales. Una regulación equilibrada debería prevenir abusos, salvaguardando tanto los derechos de los trabajadores como de los empleadores, sin olvidar los intereses de la comunidad. La protesta no puede utilizarse para impedir el trabajo de quienes no están interesados ​​en participar o para crear inconvenientes desproporcionados con las demandas formuladas.

En definitiva, es más necesario que nunca reconsiderar el papel de la citada herramienta en una sociedad que valora la libertad individual y la responsabilidad personal. Si bien se reconoce la importancia histórica de la huelga como medio para hacer reivindicaciones, es crucial garantizar que se ejerza de manera responsable y de acuerdo con los principios de libertad individual y contractual. Sólo así podrá seguir siendo un derecho legítimo , eficaz para mejorar las condiciones de trabajo sin dañar los derechos de los demás ni comprometer el funcionamiento de la sociedad.

Agradecemos al autor el permiso para publicar su artículo, publicado originalmente en L’Opinione delle Libertà: https://opinione.it/politica/2024/12/02/sandro-scoppa-sciopero-lotta-politica-liberta-contrattuale/

Sandro Scoppa: abogado, presidente de la Fundación Vincenzo Scoppa, director editorial de Liber@mente, presidente de la Confedilizia Catanzaro y Calabria.
Twitter: @sandroscoppa