Cuando la protección reemplaza a la responsabilidad, la libertad retrocede en silencio.
Hay una palabra que funciona como un cajón de sastre en política: «social». Se usa para justificarlo todo, para legitimar cualquier gasto, para silenciar cualquier duda. Social es la bonificación, social es el subsidio, social es la extensión, social es la excepción, social es la intervención «extraordinaria» que se vuelve ordinaria. Pero cuando una palabra se convierte en un cajón de sastre, deja de describir la realidad: empieza a dominarla. Y así, la asistencia, nacida como respuesta a casos de necesidad, se convierte en una estructura permanente de control, una red de dependencias, un laberinto de condiciones y autorizaciones.
Los acontecimientos actuales, tanto en Italia como en Europa, revelan esta caída con una claridad casi vergonzosa. ¿Se está desacelerando la economía? Se prometen nuevas medidas de alivio. ¿Protesta un sector? Se abre un debate y se desarrollan protecciones específicas. ¿Son excesivas las facturas de servicios públicos? Se diseña una medida «temporal» que se renueva con frecuencia. ¿Suben los precios? Se considera una congelación, un límite, una prohibición o un control de precios. ¿Es frágil el empleo? Se multiplican los incentivos y las medidas correctivas. El resultado es un país donde la política ya no gobierna con reglas generales y simples, sino con una sucesión de excepciones. Y donde la excepción, repetida y normalizada, se convierte en el sistema.
Friedrich A. von Hayek captó con precisión esta metamorfosis: lo «social» ya no es el nombre de la cooperación espontánea entre individuos, sino el estandarte bajo el cual se supone que debe gobernarse la sociedad. El problema no es meramente económico, sino cultural: los comportamientos cambian, las expectativas cambian, incluso la idea de la vida adulta cambia. Y, de hecho, escribió sin ambigüedades: « Lo que hemos experimentado bajo el concepto ‘social’ es una metamorfosis que ha transformado el servicio a la sociedad en la exigencia de control absoluto sobre ella » .
He aquí el quid de la cuestión: cuando el Estado se presenta como protector universal, no se limita a ayudar. Decide. Selecciona. Condiciona. Establece quién lo merece, con qué requisitos, en qué plazos y mediante qué procedimientos. Y para ello, debe construir sistemas, controles, auditorías, bases de datos y cumplimiento normativo. El ciudadano ya no es un sujeto que actúa: es un usuario que pregunta, espera, recopila, demuestra y espera.
La paradoja es que esta «protección» termina generando fragilidad. El bienestar permanente nos desacostumbra a la prudencia y la adaptación, porque traslada el riesgo del individuo al poder público. Pero el riesgo no desaparece: se redistribuye y se administra políticamente. Y cuando la intervención penetra en cada rincón, la economía deja de ser un proceso de descubrimiento y se convierte en un viaje guiado, donde vale menos innovar y más obtener una exención; vale menos competir y más negociar; vale menos convencer a los consumidores y más convencer a los gobiernos.
Este modelo también produce un efecto a menudo subestimado: no amplía la libertad, sino que la hace dependiente. Quienes viven de la protección temen el fin de esa protección. Quienes se acostumbran a las prestaciones temen el día en que cambien los criterios. Otros que entran en el circuito de las prestaciones temen ser excluidos. Y la política, para mantener su equilibrio, debe alimentar estos temores con nuevas promesas y nuevas garantías. Mientras tanto, la libertad se ve restringida no por golpes de estado, sino por la acumulación de trámites, condiciones y permisos.
Aquí es donde el científico austriaco planteó la cuestión en su verdadera cara: el peligro moderno no es el poder brutal y manifiesto, sino el poder administrativo, generalizado y cotidiano, basado en la discreción y regulaciones minuciosas. Y, de hecho, advirtió: « …la mejor protección concebida hasta ahora contra el despotismo administrativo, que hoy constituye el mayor peligro para la libertad individual» .
Esta no es una frase abstracta: es una instantánea de cómo la libertad retrocede en las sociedades avanzadas. Retrocede cuando la coerción se disfraza de protección y la obediencia de virtud cívica. A partir de ese momento, ya no se vive por derecho, sino por concesión: todo depende de una forma, un requisito, un permiso.
En este sentido, la crisis del estado de bienestar no es solo una cuestión de presupuestos públicos. Es una crisis de mentalidad. Porque un sistema que promete seguridad total debe necesariamente ejercer un control cada vez mayor, y un sistema que ejerce un control cada vez mayor disminuye la capacidad de las personas para construir una vida independiente. No hay libertad sin responsabilidad, y no hay responsabilidad cuando la autoridad pública se presenta como la garante última, el árbitro permanente y el corrector constante de todo resultado.
La salida no reside en el cinismo ni en la indiferencia. Reside en volver a lo que funciona: reglas generales, pocas, estables, iguales para todos; un perímetro de poder claro; espacio real para la iniciativa, el ahorro, el trabajo y la elección. Porque una sociedad madura no es aquella que le pide al Estado que haga del mundo un lugar seguro, sino aquella que reduce obstáculos, permite la experimentación, permite corregir errores y permite que los individuos sigan siendo dueños de sus propias vidas.
Y cuando «social» vuelva a significar cooperación voluntaria, no dirección, entonces la ayuda dejará de ser una jaula. Y la libertad, por fin, podrá respirar de nuevo.
Sandro Scoppa: abogado, presidente de la Fundación Vincenzo Scoppa, director editorial de Liber@mente, presidente de la Confedilizia Catanzaro y Calabria.
X: SandroScoppa