El crecimiento económico, la estabilidad social y la innovación dependen de la protección de la propiedad y la eficiencia del sistema judicial.
Cuando se habla de prosperidad económica y bienestar social, los derechos de propiedad y un sistema de justicia eficaz emergen como la base indispensable para el desarrollo de una sociedad libre y próspera . Estos principios no son meras abstracciones teóricas, sino condiciones esenciales para una economía de mercado sana y competitiva. En Italia, lamentablemente, ambos pilares muestran claros signos de fragilidad, lo que contribuye a un preocupante estancamiento que nos sitúa en el puesto 30 del Índice de Prosperidad del Instituto Legatum , una organización independiente de Londres. Es una situación que no difiere de la de 2011 y que, aunque refleja una aparente estabilidad, esconde una amarga verdad: nuestro país está parado , mientras sus competidores europeos corren.
La protección de los citados derechos, fundamentales para transformar «activos muertos» en «capital vivo», como subrayó Hernando de Soto , no es sólo una garantía moral o jurídica: es un motor económico. La propiedad privada , de hecho, no es sólo un derecho natural, sino un mecanismo que permite la capitalización de recursos. Lo que significa que, cuando sea sólido y reconocido, el activo podrá utilizarse como garantía para obtener crédito, fomentando la innovación y la inversión. Por el contrario, si no está adecuadamente registrado o protegido o, peor aún, si está continuamente amenazado, no puede integrarse en los circuitos económicos modernos, lo que limita su potencial de crecimiento .
Esto es exactamente lo que sucede en Italia, donde la incertidumbre regulatoria y los procedimientos engorrosos desalientan las inversiones, haciendo que los recursos inmobiliarios y empresariales sean menos productivos. De hecho, la Península tiene un índice de protección de los derechos de propiedad de 4,38 sobre 10, lo que representa el resultado no aleatorio pero tangible de un marco regulatorio caótico y una burocracia invasiva, y está lejos de líderes europeos como Holanda (segundo lugar, con 91,1, frente a 89,9 en 2013), Dinamarca (puesto 11, con 85,4, en constante mejora) y Alemania (puesto 21). lugar, con 85,4, lo que supone un incremento de más de tres puntos en diez años). España y Portugal : posiciones 32 y 33 respectivamente, con valores en torno a 72, se sitúan 20 unidades por encima de Italia, que han aplicado reformas para reforzar las garantías de capital y simplificar los procedimientos administrativos, con efectos tangibles en su competitividad. Hay que añadir también que, en la comparación europea, Italia ha observado un aumento mínimo de su puntuación (+0,10 en diez años), mientras que otros estados han registrado avances de entre el 10 y el 15 por ciento.
Si los derechos de propiedad antes mencionados representan la base material de la prosperidad, la justicia representa su guardiana: “La justicia – observó Adam Smith – es el pilar principal que sostiene todo el edificio de la sociedad”. De esto se deduce que un sistema judicial eficiente garantiza la seguridad jurídica, un elemento esencial para atraer inversiones y generar confianza entre los ciudadanos, mientras que uno ineficiente socava la confianza en la ley, desalienta las inversiones y hace que el contexto económico sea impredecible.
El Bel Paese, según el citado instituto británico, se encuentra estancado en el puesto 130 en confianza en la justicia, con una puntuación que ha caído de 49 en 2013 a 36 en 2023. Este descenso refleja la ineficiencia de un sistema caracterizado por los tiempos bíblicos: (de media) 1.300 días para resolver un caso civil o comercial, frente a los 500 días en Alemania o los 400 en los Países Bajos. Además, la duración excesiva de los procedimientos se traduce en costes sociales muy elevados , con millones de litigios atrasados que paralizan todo el sistema: el número de casos atrasados en 2023 superará el millón y medio, con una reducción marginal de sólo el 2 por ciento en comparación con 2013. Otras naciones, como España (lugar 87, con 51) y Portugal (lugar 113, con 3), a pesar de tener problemas estructurales, registran un crecimiento general de la confianza en justicia.
El fracaso italiano en los ámbitos indicados no es sólo una cuestión técnica, sino el resultado de políticas económicas distorsionadas y asfixiantes , dominadas por el intervencionismo estatal y el dirigismo, que se han mantenido durante mucho tiempo y han desincentivado el libre mercado, privándolo de su capacidad. autorregularse y generar riqueza, y sofocó la iniciativa individual, reduciendo las transacciones económicas y el potencial de crecimiento.
Por tanto, un sistema jurídico sólido orientado a la protección de la propiedad no es un lujo, sino una necesidad. Y es igualmente innegable que al dejar al mercado libre para operar, sin las cadenas de una regulación asfixiante, la prosperidad se extiende, como lo ha demostrado Dinamarca , donde la eficiencia judicial y la seguridad de los derechos han estimulado la apertura de nuevos negocios, atraído capital extranjero y promovido una clima de confianza generalizada.
Siendo así, no hay duda de que, en una fase histórica marcada por profundas incertidumbres económicas y sociales, Italia se encuentra ante una elección fundamental : reforzar los derechos de propiedad como pilar de la justicia y del progreso económico, o seguir cediendo a políticas redistributivas. ¿Tentaciones que corren el riesgo de comprimir las libertades individuales y socavar su tejido productivo?
La elección parece obvia: es más necesario que nunca emprender finalmente un camino de reformas estructurales valientes, desmantelando el laberinto burocrático y reduciendo los tiempos de justicia, adoptando políticas destinadas a la simplificación regulatoria, la digitalización y la protección concreta de la propiedad privada.
En resumen, abrazar la libertad económica, garantizar la primacía de la ley y proteger firmemente la propiedad privada nos permitirá construir una sociedad próspera y dinámica, donde cada individuo sea libre de realizar su potencial y contribuir al progreso de todos.
Agradecemos al autor el permiso para publicar su artículo, publicado originalmente en L’Opinione delle Libertà:
Sandro Scoppa: abogado, presidente de la Fundación Vincenzo Scoppa, director editorial de Liber@mente, presidente de la Confedilizia Catanzaro y Calabria.
Twitter: @sandroscoppa