Introducción:

El monto de dinero en circulación en la economía ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos años, a pesar de los esfuerzos del Banco de México por limitar la disponibilidad de liquidez. Los programas sociales, las remesas y las elecciones prolongarán el desafío de controlar la inflación.

En la política económica de cualquier nación, la relación entre los programas sociales, la inflación y la deuda pública es fundamental para entender la estabilidad y el desarrollo económico a largo plazo. En el contexto mexicano, esta relación adquiere una relevancia particular debido a los desafíos económicos y sociales que enfrenta el país. En este trabajo, se explorará cómo los excesos en los programas sociales pueden contribuir a la inflación y la acumulación de deuda pública, y se analizará esta dinámica desde la perspectiva política y económica mexicana.

El exceso de programas sociales no necesarios

Los programas sociales en México, como en muchos otros países, están diseñados para mejorar el bienestar de la población, reducir la pobreza y promover la equidad. Sin embargo, cuando estos programas se expanden de manera excesiva, pueden tener efectos secundarios adversos.

Aunque estos programas tienen el objetivo de apoyar a los sectores más vulnerables de la población, su expansión sin una planificación fiscal adecuada puede llevar a un aumento desmesurado en el gasto público. Cuando el gasto en programas sociales supera la capacidad de financiamiento del gobierno, se generan presiones sobre el déficit fiscal, lo que puede llevar a un aumento de la deuda pública​.

El problema de lo anterior, además de una mala planificación fiscal, es que, según El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), los programas sociales tienden a favorecer en mayor medida a los sectores de la población con mayores ingresos.

Las transferencias de los programas sociales incrementaron los ingresos del primer decil en un 24%, lo cual es significativo; sin embargo, el beneficio aumenta de manera constante en los deciles superiores, alcanzando hasta un 400% para el decil de la población con mayores ingresos.

De manera desglosada, en 2018, el 28% de los hogares se beneficiaron de estos programas gubernamentales, cifra que aumentó al 34% en 2022, según indica el CEESP. Sin embargo, el porcentaje de hogares que los recibió en los dos deciles más desfavorecidos disminuyó, mientras que aumentó en los dos deciles de mayores ingresos.

Es probable que esto se deba a que los padrones de beneficiarios no están adecuadamente elaborados. En cualquier caso, resulta injustificable que los programas sociales no exhiban progresividad en ningún nivel de ingreso.

Hemos insistido en México Libertario que los programas sociales actuales son principalmente asistenciales. Aunque benefician a los hogares que los reciben, en su mayoría carecen de incentivos para romper el ciclo perpetuo de la pobreza.

La regresividad en cómo los programas sociales afectan los ingresos también se refleja en la extensión de su alcance. El órgano encargado de esto, es la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, llevada a cabo por el Inegi cada dos años para entender los ingresos y gastos de los hogares en términos de cantidad, origen y distribución, ayuda a evaluar el bienestar de los hogares.

Este indica que, en 2022, el número promedio de miembros por hogar a nivel nacional descendió de 3.6 a 3.43 personas en comparación con 2018. Dentro de este grupo, aquellos que tienen ingresos bajaron de 2.38 a 2.25 personas, y el número de ocupados por hogar disminuyó de 1.7 a 1.65 personas.

No obstante, las implicaciones no terminan ahí.

Deuda Pública, más Inflación, el fin del clientelismo por programas sociales

Aunque los analistas valoran positivamente la gestión de la política monetaria y las decisiones de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) para controlar la inflación, el aumento sin precedentes de las remesas y la inyección anual de al menos 700 mil millones de pesos a través de programas sociales están incrementando la cantidad de dinero en circulación, lo que ejerce una presión constante hacia precios más altos en productos, servicios y créditos.

Por un lado, el banco central ha aumentado las tasas de interés para encarecer el financiamiento y desalentar el consumo por parte de empresas y familias. Por otro lado, el gobierno federal sigue una política fiscal expansiva que resultará en un déficit del 5% este año, comprometiendo la efectividad de la política monetaria. Mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) defiende el gasto para estimular la economía, Banxico ha dejado claro desde enero de 2022 que su principal objetivo es combatir la inflación, sin considerar tanto el impacto de tasas más altas en las finanzas públicas.

El financiamiento de programas sociales excesivos a menudo requiere la emisión de deuda pública. Cuando el gobierno no puede financiar estos programas a través de ingresos fiscales, recurre a la emisión de bonos y otros instrumentos de deuda. A largo plazo, un alto nivel de deuda pública puede tener consecuencias significativas para la economía. Esta no es una realidad a futuro, sino una consecuencia muy negativa que ya se lleva acabo con el gobierno de López Obrador.

En México, la deuda pública ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. Una parte significativa está relacionada con el financiamiento de programas sociales y otros gastos públicos. La acumulación de deuda pública no solo aumenta el costo del servicio de la deuda, sino que también puede limitar la capacidad del gobierno para implementar políticas fiscales expansivas en el futuro​

Aunque en 2024 el presupuesto destinado a política social alcanzó un récord histórico de 3 billones 755 mil millones de pesos, lo que equivale al 41% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación, expertos indican que bajo la administración actual ha disminuido el número de programas sociales y los existentes presentan irregularidades en la inscripción de beneficiarios, lo que afecta su funcionamiento y reduce su efectividad para mejorar la situación de los más necesitados.

Actualmente, este incremento en el presupuesto destinado al desarrollo social ocurre en un contexto de restricciones en las finanzas públicas. Por lo tanto, se anticipa que para cubrirlo será necesario recurrir al endeudamiento.

De esta manera, de acuerdo con sus respectivos roles, el Banco de México y el gobierno federal, a través de la SHCP y la Secretaría del Bienestar, están adoptando direcciones divergentes. A pesar del reciente ajuste a la baja de un cuarto de punto porcentual en las tasas de interés, el primero desde febrero de 2021, estas siguen siendo altas y afectan negativamente a las empresas que requieren créditos. Los analistas cuestionan si la política monetaria por sí sola es suficiente, dado que el gobierno implementa una política fiscal expansiva.

Hay suficiente evidencia internacional que, cuando la política fiscal y la política monetaria son convergen, la inflación termina comiéndose el presupuesto público y, por ende, el dinero con suficiente poder adquisitivo para mandarlos a apoyos sociales. Es ahí, cuando el proyecto de los gobiernos de izquierda comienza a colapsar.

Algunos ejemplos

Algunos ejemplos históricos, que cabe destacar, graves de países que experimentaron alta inflación debido a excesivos programas sociales incluyen:

Argentina: Ha enfrentado períodos de alta inflación relacionados con políticas de subsidios y programas sociales expansivos. En la actualidad, se enfrentan a un escenario de constante combate a la inflación con miras a que no será pronto el triunfo y con medidas que colapsará algunos sectores, pero necesarias.

Zimbabwe: Experimentó hiperinflación en la década de 2000, exacerbada por políticas de gasto público descontrolado y programas sociales mal gestionados. En este momento, como prácticamente toda África, no cuentan con mecanismos para enfrentar la inflación, por lo que, la condena inflacionaria, está perpetuada.

Venezuela: Tal vez el más grave de los ejemplos. En los últimos años, políticas de subsidios excesivos y falta de control fiscal contribuyeron significativamente a la hiperinflación desbordada en el país. Desafortunadamente para su población, la dictadura que viven, le ha puesto candados a una posible solución de largo plazo. Sin temor a equivocarnos, las secuelas de su desfallecimiento económico, en le mejor de los casos bajo un régimen de apertura, podría tardar hasta 60 años en recuperarse.

Grecia: Durante la crisis de deuda soberana en la década de 2010, fue generada por una supremacía fiscal en gastos de trasferencias sociales, sobre la política económica. Es un claro ejemplo que, a pesar de las advertencias y de tener una economía más sólida en aquél entonces que los anteriores ejemplos, las políticas redistributivas tan agresivas puede acabar de inmediato con tu economía.

Conclusión

Los programas sociales excesivos pueden desencadenar altos niveles de inflación debido a varios factores interrelacionados. En primer lugar, al aumentar significativamente el gasto público sin contar con ingresos fiscales suficientes, se crea una presión adicional sobre las finanzas del gobierno. Esto puede llevar a déficits presupuestarios que, si se financian mediante la emisión de deuda o la impresión de dinero, pueden aumentar la cantidad de dinero en circulación, contribuyendo así a presiones inflacionarias.

Otro aspecto crítico es el efecto sobre las expectativas inflacionarias. Cuando los ciudadanos y los agentes económicos perciben que los programas sociales excesivos no son sostenibles a largo plazo y podrían llevar a futuras políticas inflacionarias, ajustan sus comportamientos económicos en consecuencia.

Es así que, cuando se acaba el dinero o ya se deterioró el poder adquisitivo de la moneda, es cuando el proyecto de la izquierda se colapsa, habiendo, constantemente, una ausencia de políticas de crecimiento económico.