Portugal se enfrenta a una crisis inmobiliaria sin precedentes. Miles de propietarios se ven penalizados y, sobre todo, obligados a recibir alquileres irrisorios debido a una legislación vinculante obsoleta, que ha puesto de rodillas al mercado inmobiliario. En Lisboa, unos 151.000 propietarios tienen que aceptar alquileres que oscilan entre 20 y 50 euros al mes, cifras que no sólo son ridículas comparadas con el valor de mercado, sino que ni siquiera les permiten cubrir los gastos mínimos de mantenimiento de la propiedad.

A pesar de las promesas electorales del nuevo gobierno presidido por Luís Montenegro, que tomó posesión el pasado mes de abril, hasta ahora no se ha tomado ninguna medida concreta para derogar las restricciones, pero meses después de tomar posesión, aún no se ha visto ninguna acción de este tipo
a tal efecto.

En esta dramática situación, la ALP, Asociación de Propietarios de Viviendas miembro de la UIPI (Unión Internacional de la Propiedad Inmobiliaria), tomó la iniciativa y lanzó una petición pública para llamar la atención del Parlamento. El objetivo es claro: abolir el régimen restrictivo que asfixia el mercado inmobiliario y permitir a los propietarios cobrar alquileres acordes con el valor real de mercado. La petición, en menos de una semana, ya ha recogido más de 3.000 firmas, pero para que sea discutida en sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, pero se necesitan al menos 7.500 firmas. La ALP también ha pedido el apoyo de otras organizaciones miembros de la UIPI, incluida la Confedilizia en Italia, para lograr el objetivo planteado.

Para firmar la petición, haga clic en el siguiente enlace y adjunte un documento de identidad: https://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=ALP&fbclid=IwY2xjawFJs_NleHRuA2FlbQIxMAABHXn_pDagWjAt4gRTiAvLOkci2-0-JDr8eF00zaxnJVXso2tEwTFzdEcdow_aem_JFd1UqL9XW36hVWp_C5AFw

Lo anterior recuerda casos similares en otras ciudades del mundo donde el control de los alquileres ha tenido efectos devastadores. En Nueva York, Berlín, San Francisco y Estocolmo, por citar sólo algunos ejemplos, políticas de idéntico tenor han provocado una drástica reducción de la oferta de vivienda, desincentivando la inversión y empeorando la calidad de las mismas. Como predice el economista sueco Assar Lindbeck, para quien el control del alquiler representa «una de las formas más eficaces de destruir una ciudad, aparte de los bombardeos», subrayando así el impacto devastador de estas políticas sobre las infraestructuras urbanas.

En el caso de Nueva York, en particular, el control de alquileres introducido en 1943 redujo drásticamente la oferta de viviendas, ya que muchos propietarios prefirieron retirar sus propiedades del mercado antes que alquilarlas a precios artificialmente bajos. El resultado fue una degradación progresiva de las propiedades y una escasez crónica de viviendas disponibles.

Berlín también experimentó algo similar: en 2020 impuso una estricta congelación de los alquileres para contrarrestar la subida de los precios inmobiliarios. Sin embargo, la medida tuvo un efecto bumerán, que llevó a muchos propietarios a dejar de alquilar o vender sus inmuebles, reduciendo aún más la oferta. Finalmente, en 2021, el Tribunal Constitucional alemán declaró la medida inconstitucional.

En Suecia, y especialmente en Estocolmo, las estrictas regulaciones de alquiler han creado un mercado inmobiliario paralelo, donde los alquileres se venden ilegalmente a precios inflados. Una vez más, la intervención estatal ha asfixiado el mercado, creando una escasez crónica de y largas listas de espera para acceder a una vivienda asequible.

San Francisco sufrió efectos similares: un estudio de la Universidad de Stanford descubrió que el control de alquileres redujo la oferta en un 15%, ya que los propietarios prefirieron vender o convertir sus propiedades en alquileres de corta duración para evitar las restricciones. Una vez más, las medidas
diseñadas para proteger a los inquilinos les han perjudicado y han agravado la crisis.

Argentina, por otra parte, ofrece un ejemplo positivo de cómo la liberalización del mercado puede
resolver la crisis de la vivienda. Bajo la presidencia de Javier Milei, elegido en 2023, el país abolió
el control de los alquileres e introdujo reformas para estimular la inversión inmobiliaria. El resultado ha sido un aumento considerable de la oferta de vivienda y una reducción de los precios, ya que se ha incentivado a los propietarios a poner en alquiler sus viviendas. La experiencia argentina
demuestra que con la combinación adecuada de desregulación e incentivos fiscales, un mercado
inmobiliario puede prosperar.

Volviendo a Portugal, cabe señalar que Lisboa no es la única ciudad que sufre la crisis de los alquileres. En Oporto, los precios de los alquileres aumentaron un 37% sólo en 2022, empujando a muchos residentes a trasladarse a las afueras para encontrar una vivienda más asequible. Faro y Coimbra también se enfrentan a una creciente dificultad para ofrecer viviendas asequibles, mientras que la demanda de nuevos compradores, a menudo extranjeros, ha contribuido a un aumento de los precios inmobiliarios. Esta dinámica ha desencadenado un proceso de “gentrificación” con los residentes locales abandonando los distritos centrales, sustituidos por inquilinos temporales y turistas, atraídos por plataformas de alquiler a corto plazo como Airbnb.

Además, los costes de las facturas de energía y los gastos de condominio en la península lusitana no dejan de aumentar, con previsiones de un incremento del 5,5% para 2024, lo que hace la vida aún más difícil para las familias que ya están bajo presión.

En esencia, Portugal podría, y debería, aprender de la experiencia de Argentina y abandonar un sistema que ya no responde a las necesidades actuales del mercado. La supresión de la congelación de los alquileres sería el primer paso hacia la modernización del sector inmobiliario, pero sería igualmente crucial introducir incentivos fiscales para los arrendadores y políticas que estimulen la construcción de nuevas viviendas. Sólo así será posible crear un mercado más equilibrado, en el que propietarios e inquilinos puedan beneficiarse de una mayor libertad contractual y de una oferta de vivienda adecuada.

Como recordaba Friedrich A. von Hayek: ««El control de precios es un error que acaba siempre por destruir la función de los mercados, causando inevitablemente escasez e inconvenientes para todos”.

Sandro Scoppa: abogado, presidente de la Fundación Vincenzo Scoppa, director editorial de Liber@mente, presidente de la Confedilizia Catanzaro y Calabria.
Twitter: @sandroscoppa