Durante décadas a Colombia la han gobernado la corrupción, el narcotráfico y los nefastos proyectos burocráticos de la politiquería que ha traicionado al pueblo generando pobreza, violencia y malestar en los procesos políticos.
Tradicionalmente la politiquería no ha dejado que la ciudadanía ejerza sus derechos, porque en este país los derechos los negocian a través de la mermelada y una rama legislativa castigando a una sociedad hambrienta de construir tejido social desde los territorios más marginados del país. Las estadísticas no son tan alentadoras, desde el primer fracaso del proceso de paz, el gobierno de Pastrana fracasó en su lucha no solo para parar un conflicto que lleva más de 80 años el cual solo ha dejado a un país bañado en sangre por culpa del nepotismo corruptible de una clase política inepta la cual no han sido tan eficientes dentro del aparato ejecutivo de un país que clama libertad, justicia, derechos, y progreso.
Los altos índices de desempleo han acompañado la mayoría de los gobernantes en Colombia; desde Pastrana hasta la actualidad, el desempleo ha alcanzado cifras preocupantes, solo con el gobierno de Pastrana el desempleo alcanzo un récords del 13.3% generando una crisis económica y favoreciendo los altos índices de violencia, secuestros, expansión de drogas en el país. Las promesas del plan de trabajo de Pastrana solo fueron promesas incumplidas pues no se cumplió con cerrar las brechas en la educación, ni el mejoramiento del sistema de salud, por el contrario, se generó un mayor clientelismo dentro de su gobierno que ejerció desde el 7 de agosto de 1998 al 7 de agosto del 2002. Su desempeño solo alcanzó un 31% de favorabilidad, uno de los más bajos en el país, y dejando un legado miserable como los aumentos del cultivo de coca en un 65.3%, la pobreza alcanzaba unos de los mayores aumentos 68.5%, los avances en salud y educación fueron tan paupérrimo que la brecha social aumento en 74% dejando así a un país casi sin futuro por construir, mientras el gobierno de Pastrana disfrutaba los impuestos que pagaban los colombianos.
La corrupción en los gobiernos de Uribe también se reflejó, pero no podemos olvidar que Uribe a través de un modelo gubernamental dañino violó la constitución y se reeligió al estilo Chávez en Venezuela; los famosos subsidios del agro ingreso seguro se convertirían en una chequera politiquera, solo con el fin de hacer proselitismo burocrático bajo su mandato. Mientras Uribe aumentó las horas de trabajo en Colombia, un trabajador asalariado no alcanzaba a solventar las responsabilidades de su hogar, lo que produciría un aumento en el trabajo informal del 14% en el país.
Mientras la violencia no cesaba en el territorio nacional, Uribe no condenaba a su equipo de gobierno el cual estaban involucrado en graves escándalos de corrupción; uno de estos escándalos fue el de los bonos del agua que su exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, haría para apoderarse de estas ayudas que estaban destinadas a la gente que no contaba con agua potable en las regiones del país, lo que generaba un gran malestar dentro de una sociedad que buscaba soluciones concretas mientras el poder ejecutivo se adueñaba de erario público.
Con Uribe se privatizó la salud y la educación, lo cual solo generó una brecha social del más del 70% siendo Colombia un país privilegiado hasta entonces con una educación y una salud dignas. Santos se robaría las elecciones del 2018 y también se reeligió, cambiando artículos constitucionales y siendo candidato del Petro-uribismo, aunque Santos nunca lo ha reconocido. La corrupción aumentó la informalidad laboral, que se dispararía generando la peor desigualdad social en un país gobernado por una enorme polarización política, por culpa de su nefasto acuerdo de paz que premiaría a los narcoterroristas de la FARC. Santos se doblegó al castrochavismo para luego hablar y condenar la crueldad que sus amiguetes Chávez y Maduro estaban haciendo en Venezuela.
En el gobierno de Duque y en el actual de Petro no hay nada que celebrar: la corrupción en el gobierno de Duque robarían más de 80 mil millones que estaban invirtiendo a la tecnología, como también la entrega de los monómeros al supuesto opositor Juan Guaido en Venezuela cuyo rubro presupuestal no pasaba de los 4 mil millones de dólares solo para desviar los fracasos de su gobierno incompetente entregado al pasado oscuro de este país.
En este gobierno pues no es la excepción: Colombia se retrae en su lucha contra la corrupción y vuelve a los índices más altos de corrupción en los últimos años.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que evalúa desde sobornos y desvío de fondos hasta la «captura del Estado», sugiere que las promesas de cambio estructural han chocado con la persistencia de viejas y nuevas prácticas de corrupción.
Según los resultados del IPC 2025, presentados por Transparencia por Colombia, el país obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100. Aunque esta cifra representa un aumento técnico de dos puntos frente al año anterior, la realidad global es de retroceso: Colombia perdió siete posiciones en el ranking mundial, hundiéndose hasta el puesto 99 entre 182 naciones evaluadas.
Para los expertos, esta puntuación es el síntoma de una enfermedad crónica. Al situarse por debajo de la barrera de los 50 puntos el umbral que separa a los países con problemas graves de aquellos con instituciones sanas, el país ratifica una tendencia al estancamiento. El IPC, que evalúa desde sobornos y desvío de fondos hasta la «captura del Estado», sugiere que las promesas de cambio estructural han chocado con la persistencia de viejas y nuevas prácticas de corrupción.
A pesar de haber llegado al poder con la bandera de la transparencia, la administración de Gustavo Petro enfrenta un duro juicio por parte de analistas y veedores. Algunos expertos consultados por este medio sostienen que la lucha contra la corrupción no ha logrado consolidarse como una prioridad estratégica. Por el contrario, la gestión gubernamental se ha visto empañada por escándalos de alto impacto que han desdibujado la narrativa de un país sin progreso ni avances. La falta de resultados concretos en casos como el desvío de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la ya comprobada financiación irregular de la campaña presidencial y los cuestionamientos persistentes en entidades como Ecopetrol, han generado un clima de indignación y escepticismo. La percepción es clara: mientras el discurso habla de cambio, los círculos cercanos al poder enfrentan interrogantes que la justicia aún no resuelve con celeridad.
$21 billones perdidos
Para comprender la magnitud de lo que está en juego, es necesario remitirse a la «Radiografía de Hechos de Corrupción» presentada por Transparencia por Colombia. Este análisis minucioso de 1.243 casos documentados revela cifras muy elocuentes. Aunque estimaciones extraoficiales elevan el costo de la corrupción a 50 billones de pesos anuales, el estudio confirmó que la pérdida directa por hechos comprobados asciende a $21,28 billones de pesos.
Corruptos, ¿de su sala a la cárcel?
El impacto no es solo financiero; es profundamente humano. De los 14,5 millones de personas afectadas directamente por este flagelo, el grupo más perjudicado es el de los niños, niñas y adolescentes, quienes representan el 24,65 % de las víctimas. Se trata de recursos que debían alimentar, educar o proteger a la infancia y que terminaron en los bolsillos de actores corruptos. Los datos revelaron además un patrón sistemático de un Compromiso presupuestal: $137,65 billones de pesos estuvieron en riesgo en contratos y obras. También se subraya que solo se han recuperado $9,08 billones a través de multas y sanciones, menos de la mitad de lo perdido y que el sector defensa y seguridad aparece como el más impactado, seguido por el judicial, educación, vivienda y salud. existe una «voluntad política al más alto nivel de saquear al Estado» que se combina con una estructura de poder hecha para garantizar la inmunidad de los responsables, configurando lo que denomina una «estructura cleptocrática».
Colombia no está sola en esta preocupación, pero su situación es más grave que el promedio regional. Según datos de la OCDE, la corrupción es la segunda preocupación más apremiante para los latinoamericanos. Mientras que en los países más transparentes de la OCDE solo el 16 % de la población se muestra preocupada por este tema, en América Latina el promedio sube al 49 %. En Colombia, uno de cada diez encuestados reportó que en su hogar se les solicitó un soborno en el último año. Los resultados del IPC 2025 y la radiografía de los últimos años dejan una conclusión ineludible: la corrupción en Colombia es un fenómeno adaptativo que ha permeado los sectores más sensibles de la sociedad, desde la seguridad hasta la alimentación escolar.
Con el país entrando en un nuevo ciclo electoral, el clamor de las organizaciones civiles es que la lucha contra la corrupción deje de ser un eslogan de campaña para convertirse en una política de Estado con resultados medibles. La tarea es monumental y urgente; de ella depende no solo el puntaje en un índice internacional, sino la recuperación de la confianza de millones de ciudadanos que hoy ven cómo sus derechos básicos se diluyen en el entramado de la contratación pública.
Durante la Rendición de Cuentas 2025 se informó que la entidad tiene abiertos 4.698 procesos de responsabilidad fiscal, cuyo presunto daño patrimonial al Estado se estima en $21,56 billones.
Además, se imputó responsabilidad fiscal en diez procesos que sumaron $247.575 millones. Entre los casos destacados por la Contraloría se encuentran procesos contra Medimás por $150.839 millones, el Ministerio del Deporte por $40.641 millones, y el Fondo Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres por el contrato de carrotanques en La Guajira por $22.152 millones.
A través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, la Contraloría emitió 395 alertas tempranas sobre el manejo de recursos públicos en 2025, las cuales se identificaron como riesgos de pérdida de recursos por $15,9 billones.
En el análisis de obras con deficiencias, se han caracterizado 1.769 proyectos, cuyo valor de diagnóstico asciende a $63,28 billones. Los sectores con mayores recursos comprometidos en estos diagnósticos son, en orden, el sector de transporte con $41,10 billones, vivienda, ciudad y territorio con $3,2 billones, y agricultura y desarrollo rural con $1,73 billones.
Colombia no avanza si no retrocede bajo esa enfermedad denominada corrupción y unos gobernantes que no dan solución a los problemas reales de un país sin derechos con los peores índices de violencia con el crimen organizado ojala que este proceso electoral se elija la mejor propuesta y no se bote su voto apoyando a los mismos politiqueros que engañan al pueblo clavándole más impuestos y burocracia estatal.
Dorieth Alfaggeethd Aponte Piñeros: Activista político defensor de la democracia y la libertad; conduce el Space semanal en X de la Alianza Libertaria de Iberoamérica.
Twitter: @Doriethaponte