El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en una de sus conferencias matutinas que presentaría un plan para contener la inflación el 4 de mayo. Ante las advertencias tempranas de la sociedad civil de los peligros de un control de precios, el presidente se apresuró a dar la siguiente aclaración:
«No es un control de precios; vamos a garantizar precios justos en los básicos: precios de garantía en maíz, frijol, arroz, leche. Es parte del plan»[1].
Habría que recordarle al presidente que los precios de garantía, sin embargo, son controles de precios con pasos extra.
Los controles de precios consisten en esfuerzos gubernamentales para mantener el precio de un bien o servicio en un nivel determinado, distinto al que veríamos en un mercado libre. Algunos controles de precios están diseñados para mantener el precio en un nivel superior al precio de mercado (como es el caso del salario mínimo); otros controles, para mantener el precio en un nivel inferior al precio de mercado (como los controles de alquileres). Los precios de garantía son una combinación de los dos controles: el gobierno compromete a los productores a vender a un precio inferior al precio de mercado a cambio de pagarles un precio más alto por su mercancía. De este modo, garantiza tanto un precio elevado para los productores como un precio más bajo para los consumidores. ¿Pero acaso la garantía es gratuita? No lo es. La única forma en que el gobierno puede crear una brecha entre los precios recibidos por los productores y los precios pagados por los consumidores es con subsidios, como ilustramos en la siguiente imagen:
La imagen ilustra un diagrama de oferta y demanda para un bien hipotético antes y después de una política de precios de garantía. Antes de la política de precios de garantía, el precio y cantidad de un mercado libre, en equilibrio, corresponden al conjunto (P*, Q*). La política de precios de garantía consiste en ofrecer subsidios y transferencias a un productor para que produzca unidades adicionales de un bien (Q con subsidio > Q*). El costo del subsidio es igual al rectángulo sombreado, que representa la diferencia entre el precio garantizado al productor y el precio garantizado al consumidor multiplicada por la cantidad ofrecida en el mercado ([Precio garantizado al productor – Precio garantizado al consumidor]×Q con subsidio).
Las políticas de precios de garantía y otros controles de precios han sido probadas en el pasado con graves fracasos.
En primera instancia, los precios de garantía no combaten a la inflación, sino que cambian la forma en que el consumidor paga por ella. Lo que los consumidores no pagan a través de precios de consumo más altos, lo pagan con el mayor gasto público y recursos del erario que se vuelven necesarios para subsidiar a los productores. Por lo tanto, es una política que disfraza la inflación. Y es una política que genera una producción excesiva de bienes infravalorados por los consumidores: el consumidor que no hubiera adquirido una unidad de un bien al precio de mercado, ahora lo adquiere; pero lo adquiere al costo de menos recursos en la economía para la producción de bienes más valorados.
Además, la política de precios de garantía no es automáticamente benéfica y menos en una economía como la mexicana en su contexto actual. Una economía en recesión, con deficiencias en inversión y cuellos de botella en la producción no reacciona inmediatamente al estímulo gubernamental de un subsidio. Es probable que, a corto plazo, el incremento en la producción sea porcentualmente menor que el incremento porcentual en el precio recibido por los productores. De este modo, el subsidio tendrá que ser especialmente elevado durante un tiempo para asegurar que la producción adicional sea lo suficientemente alta para garantizar precios más bajos a los consumidores.
Los recursos que sean retirados de otros usos para cubrir la mayor demanda de los bienes con precios de garantía disminuirán la oferta de otros bienes. La menor oferta de otros bienes puede traducirse en precios de mercado más altos para esos bienes. Por lo que, incluso si efectivamente los precios de garantía en los artículos seleccionados por el presidente disminuyen su peso en el índice nacional de precios al consumidor (INPC), los precios más altos de otros bienes podrían contrarrestar ese efecto y mantener al INPC sin cambio.
Otro riesgo es que el presidente lance una combinación de subsidios y acuerdos con los productores para controlar precios de otras formas. Por ejemplo, el gobierno podría acordar precios controlados a cambio de endurecer su regulación en ciertos sectores o limitar de diversas formas la entrada de nuevos competidores al mercado. Las alianzas del gobierno con empresarios y grupos de interés distan de ser benéficas para los consumidores, sino que favorecen la búsqueda de rentas bajo el pretexto de ayudar a la población.
Los controles de precios son especialmente perjudiciales porque desembocan en una mayor escasez artificial. Cuando el gobierno controla el precio de un bien o servicio por debajo de su nivel en un mercado libre, los consumidores tienen un mayor incentivo a comprar bienes y servicios; pero los productores, con márgenes de beneficio más bajos, tienen un menor incentivo para responder a las demandas de los consumidores. El resultado es un exceso en la demanda de bienes y servicios que crea la necesidad de esquemas de racionamiento menos eficientes: filas, vales o cupones de racionamiento o asignaciones meramente arbitrarias por parte de funcionarios gubernamentales. Tales esquemas son menos eficientes porque evitan que la mayor disposición de pago de algunos consumidores se transforme en un incentivo para los productores.
El presidente López Obrador también ha instigado a productores agrícolas a producir más y ser más autosuficientes; pero las políticas de controles de precios y precios de garantía pervierten los incentivos de los productores y desconectan sus decisiones de producción de las preferencias reales de los consumidores. El presidente probablemente presumirá los precios más bajos de su política y empleará argumentos cargados de emoción para convencer a sus seguidores de la efectividad de su política. Los costos, sin embargo, serán menos visibles, como sucede con toda riqueza que destruye el gobierno con políticas de distorsión de precios. Y si no estamos alertas a los costos, seguiremos asignando capital y factores productivos a fines cada vez menos valiosos sin realmente hacer nada provechoso contra el grave problema de la inflación.
[1] Cita recuperada de la siguiente nota: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/28/politica/amlo-no-habra-control-de-precios-de-la-canasta-basica/