Con dos ministros que terminen en sus funciones, renuncien o se mueran, la 4T podría nulificar a la Corte.

En el conflicto contra la Suprema Corte, se ganó una batalla, pero no la guerra.

El presidente López Obrador dijo que él no era Zedillo, que con un decreto desapareció a la Corte y nombró nuevos ministros. Falsea los hechos, porque el cambio en el número e integración de la Corte, que se hizo durante la Presidencia de Ernesto Zedillo, no fue por un decreto presidencial, sino por una reforma constitucional, aprobada por dos terceras partes de ambas cámaras, y la mayoría de las legislaturas locales.

Y el presidente López Obrador no logró su reforma constitucional electoral, su Plan A, porque no cuenta con esa mayoría calificada.

Por no tener esa mayoría, su proyecto e intención fallida era su Plan B, una reforma sólo legal, aunque contraria a la Constitución, pero que gracias a tener 4 ministras o ministros incondicionales, los que él mismo propuso, la Corte no pudiera considerarla inconstitucional, ya que para una declaración de inconstitucionalidad, se requieren un mínimo de 8 de 11 ministros, con lo cual pensó que con sus cuatro votos incondicionales, quedaría blindado contra resoluciones de inconstitucionalidad de la Corte.

Pero cómo el mismo presidente se ha quejado, dos de los ministros que él propuso, han optado, con valentía y honor, por cumplir con su protesta y obligación establecida en la Constitución, sobre la sumisión a quien los propuso en su cargo, con lo cual solo cuenta como incondicionales con las ministras que son las esposas de dos personas muy cercanos al presidente, y que han demostrado ser totalmente parciales, en favor de los intereses y criterios del presidente.

Al principio logró controlar en mucho a la Corte, gracias a su relación con quien fue presidente de la misma, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, así logró el apoyo de la Suprema Corte, por ejemplo, en cuestiones de dudosa constitucionalidad, como que le aceptarán su Consulta Popular sobre el juicio a los expresidentes.

Los problemas con la Corte empezaron cuando quiso, violando la Constitución, que el ministro Zaldivar se mantuviera en la Presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura, después de concluir su período de 4 años.

Luego le falló también su deseo de que su incondicional Yazmín Esquivel quedara como presidenta, pero el escándalo de su tesis lo impidió.

Logró que su reforma eléctrica no fuera declarada inconstitucional, pero sí su reforma para que la Guardia Nacional quedara bajo el control militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ahora las dos partes de la Reforma Electoral, el llamado Plan B, también fueron declaradas inconstitucionales, y muy posiblemente las más de las reformas que se aprobaron al vapor, al final del pasado período de sesiones, también lo sean.

Contra lo que dice MORENA, de que la Corte tuvo injerencia en el Legislativo, lo que fue realmente evidente fue que el Ejecutivo tuvo una gran injerencia en el Legislativo, y por su presión por hacer las cosas rápidamente, no se cumplieron formalidades esenciales del los procedimientos legislativos, y en materia jurídica la forma es fondo, y requisito fundamental de validez. O sea fue la injerencia del Ejecutivo lo que hizo que el Legislativo hiciera mal sus tareas y por ello, la declaración de inconstitucionalidad.

Ésta fue una victoria de la legalidad, pero agrava la guerra, y se pone en riesgo la autonomía e imparcialidad de la Corte en el futuro.

Ya que tal como se designa actualmente a los ministros de la Corte, es en última instancia el presidente quien decide quién es ministro, ya que el presidente manda la ternas al Senado con quien el presidente quiere, y si manda dos ternas consecutivamente y no se las aprueba el Senado, el presidente puede poner a quien quiera.

O sea: basta con que dos ministros tengan que ser sustituidos, ya sea porque termine su período, renuncien (a lo que se les está presionando muy fuertemente), o mueran, para que el actual presidente o quien lo sustituya, si es de la 4 T, pueda nombrar a 2 incondicionales más, que sumados a las 2 que ya tiene, nulificarían a la Corte, y dejarían libre al gobierno, para aprobar o realizar leyes o actos contrarios a la Constitución, sin la posibilidad de declaratorias de inconstitucionalidad de la Corte, como las que se han dado. Éste es su Plan D, y en la práctica sería el fin de la división de poderes, y una carta blanca para violar la Constitución.

A continuación veremos nuevas presiones contra los ministros, empezando por la guerra por desprestigiarlos, reducirles prestaciones, salarios, amenazarlos, etcétera, para buscar que dos se retiren y sustituirlos por 2 incondicionales. Ese es el plan D, si les falla el C, que es lograr la mayoría de dos terceras partes, para hacer con toda la Corte lo que quieran.


Mario Rosales Betancourt, abogado y Maestro en Derecho. Profesor de la asignatura de Derecho en la FES Acatlán de la UNAM y en la UAM-Azcapotzalco.