Los opositores a la presidencia de López Obrador, pese a sus diferentes posturas ideológicas, suelen coincidir en que una de las peores decisiones del presidente fue la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Para muchos de los opositores que anhelamos un México moderno, abierto a la inversión privada y con instituciones robustas, la cancelación fue un signo claro del gobierno por venir: un gobierno con mano firme para hacer valer su autoritarismo, sin respeto alguno por cumplir contratos que no empaten con la visión ideológica de la 4T. Desde la consulta popular, viciada por huecos legales, corrupción y manipulaciones sumamente evidentes, vimos cómo el presidente no tenía gran empacho por mostrar su pulso dictatorial.
Hoy las consecuencias de la cancelación son claras y, peor aún, continúan acumulándose.
El pasado 2 de febrero, el gobierno federal publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación que prohíbe los vuelos de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El decreto dice lo siguiente:
«Queda cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”, para las operaciones de los concesionarios y permisionarios que proporcionan el servicio al público de transporte aéreo nacional e internacional regular y no regular exclusivo de carga.
Quedan exceptuados los concesionarios y permisionarios que presten servicios combinados de pasajeros y de carga, siempre que la carga sea transportada en las mismas aeronaves que los pasajeros».
Desde la inauguración del aeropuerto que sustituyó al cancelado NAICM —el Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA)—, una de las preocupaciones más inquietantes de López Obrador ha sido mostrar la supuesta superioridad de su reemplazo. Ha fracaso ostensiblemente, sin embargo. Como comenta Alejandro de la Rosa en un artículo publicado por El Economista el 24 de enero,
«Con base en estadísticas del AIFA, el último mes sumaron (en promedio) 60 por operaciones por día, la mitad de las 120 planeadas por el gobierno federal tras la reducción de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (de 61 a 52) desde el 31 de octubre, con el argumento de saturación aérea y de terminales».
A los viajeros no les atrae usar el AIFA y las aerolíneas, que buscan complacer a sus usuarios como cualquier empresa, siguen empleando el saturado AICM. Que los viajeros sigan prefiriendo volar al AICM, pese a los retrasos en los vuelos, las cancelaciones y los costos más elevados probablemente ha enfurecido al presidente y sus aliados.
Es por esa razón que desde la apertura del AIFA, el gobierno federal ha usado un gran género de medidas coercitivas para obligar a las aerolíneas a usar menos el AICM. Ante el fracaso de su proyecto alternativo, sólo le ha quedado la herramienta de la fuerza bruta.
Y eso es la reciente prohibición de los vuelos de carga en el AICM: otra muestra más de coerción, de fuerza bruta. Como apuntó Sergio Sarmiento en su nota de opinión en el Reforma el día de hoy,
«Sólo un 4 por ciento de los vuelos del aeropuerto son enteramente de carga, según Rosario Avilés, analista del sector aéreo. La mayor parte de la carga la transportan aviones que también llevan pasajeros. Para muchas empresas, principalmente pequeñas, sin embargo, trasladar operaciones al AIFA, o a otro aeropuerto, representará costos adicionales sin ingresos nuevos que los compensen».
Es decir, contra lo expuesto por el gobierno federal, la prohibición no responde a una lógica económica; no es respuesta a la saturación del AIFA ni beneficia especialmente al transporte de carga aéreo. Todo lo contrario. La medida elevará los costos de transporte en el país, perjudicando al comercio y la actividad económica. Es una medida política sin un gramo de racionalidad económica; un capricho sin una correspondiente eficiencia.
Las operaciones aéreas de transporte de carga en la Ciudad de México son de las más importantes del país. La Ciudad de México es el vínculo principal geográfico de nuestro país al mundo. Un mejor aeropuerto incentivaría el intercambio de bienes y servicios y contaría con la infraestructura adecuada —con la cual no cuenta el AIFA— para resguardar los artículos y bienes transportados. Lamentablemente, esa no es prioridad del gobierno federal.