Alquileres impagos y derechos pisoteados: la propiedad se convierte en un blanco fácil en un sistema que fomenta la inversión
En un escenario económico cada vez más complejo y articulado, las noticias difundidas por Repubblica , Avvenire y otros periódicos, que retoman un reportaje de SoloAffitti , ponen de relieve un fenómeno creciente que amenaza la economía italiana y pone en riesgo los derechos de propiedad: seis de cada diez inquilinos en Italia están en mora mientras que uno de cada dos abandona el apartamento sin haber saldado las deudas. Son datos que hablan claro y sugieren una situación alarmante generada por un enfoque regulatorio que, más que garantizar el equilibrio entre las partes, parece penalizar a los propietarios.
Se trata de una auténtica emergencia que exige la puesta en marcha de políticas capaces de tratar a quienes invierten en el sector físico no como «privilegiados», sino como una entidad económica activa que participa en la gestión de los activos inmobiliarios.
En Italia – de hecho es innegable – la propiedad inmobiliaria a menudo se mira con sospecha, como si poseer un activo y disponer de él según las necesidades fuera una elección moralmente cuestionable. Tampoco se considera que detrás de cada propiedad casi siempre hay un proyecto, una inversión , unas ganas de ahorrar o aprovechar años de sacrificio. Lamentablemente, estos aspectos no se evalúan como deberían en las iniciativas políticas y legislativas actuales, que, impulsadas por prejuicios antipropiedad y antimercado, favorecen incluso excesivamente la protección de los inquilinos morosos . Y así se desprende del examen de la legislación actual que, en realidad, ofrece numerosas posibilidades de prórroga sin tener en cuenta que cualquier impago representa un perjuicio directo para quienes viven del alquiler como fuente de ingresos. Además, se trata a menudo de pequeños ahorradores , personas que poseen un segundo inmueble heredado o fruto de toda una vida de trabajo, y que lo ven como una garantía de futuro. Ignorar sus derechos supone comprometer la estabilidad de todo el sistema económico y fomentar comportamientos ilegales como el incumplimiento , lo que acaba alimentando la creencia de que los propietarios no pueden actuar eficazmente para obtener el reconocimiento de sus derechos y la debida compensación.
Ante la situación antes mencionada, no cabe duda de que un problema estructural como el de los atrasos debe abordarse sin más dilación, con medidas adecuadas e iniciando una reforma que abandone la vieja retórica ideológica y reconozca finalmente a los propietarios como actores económicos esenciales.
Para ello, también es necesario revisar el funcionamiento del aparato judicial que, actualmente, obstaculiza la rápida recuperación de propiedades, desalentando las inversiones e induciendo a muchos a retirarse del mercado de alquiler. De hecho, no sorprende que muchos propietarios prefieran no alquilar por miedo a los atrasos y retrasos burocráticos, privando así al mercado de una oferta que podría ayudar a aliviar la crisis inmobiliaria.
En esencia, para resolver eficazmente el problema es fundamental liberarnos de la actual lógica paternalista hacia el sector del alquiler y reconocer que los contratos de alquiler son la expresión de un compromiso mutuo que va más allá del simple intercambio económico: representan una forma de cooperación social voluntaria. sistema basado en la confianza, en el que cada parte asume obligaciones específicas. Por un lado, el inquilino tiene derecho a disfrutar de una vivienda, resultado de su elección autónoma en el mercado, libre de problemas estructurales y adecuada a su vida diaria. Por otro lado, el propietario tiene derecho a recibir puntualmente el pago acordado y, en caso de incumplimiento, a recuperar la posesión del inmueble rápidamente y sin complicaciones.
La propiedad privada , nunca debemos olvidar, es un pilar fundamental de cualquier economía libre y reducir a los propietarios a meros proveedores de viviendas sociales sólo devalúa su papel y desincentiva la inversión.
Aparte de esto, también es necesario superar el concepto de «justicia social» , que es más bien un espejismo inalcanzable, que para alcanzarse siempre ha requerido el uso de herramientas que terminaron limitando las libertades individuales e imponiendo limitaciones que, paradójicamente, han conducido a resultados opuestos a los deseados. “El principal resultado negativo de la “justicia social” en nuestra sociedad – escribió Friedrich A. von Hayek – es que este tipo de justicia impide a los individuos lograr lo que podrían lograr, ya que se les quitan todos los medios para obtener más inversiones” . En el caso de los alquileres, a menudo se ha invocado para justificar medidas legislativas y tributarias que han quitado recursos a los particulares, han comprometido los derechos de propiedad, han obstaculizado la acumulación de capital y han reducido la capacidad de invertir y crear nuevas oportunidades económicas.
La verdadera justicia reside más bien en el respeto de los acuerdos , no en la redistribución forzosa a expensas de los particulares. Confiar en un enfoque que sólo proteja a los inquilinos equivale a imponer una especie de impuesto invisible a los propietarios : los atrasos representan en última instancia una imposición indirecta, una pérdida económica que daña no sólo a los propietarios individuales sino a toda la economía. Dificultar la recuperación de propiedades y ofrecer una protección excesiva a los morosos en realidad fomenta la desvinculación del mercado de alquiler, con inevitables efectos negativos en la oferta de vivienda.
En este contexto, las instituciones y los responsables políticos, junto con las organizaciones sindicales que representan a las partes en las relaciones de alquiler, deberían fomentar políticas de mercado basadas en la libre elección y la responsabilidad individual , promoviendo la confianza mutua entre las partes contratantes. Sólo a través de una profunda reforma del sistema legal y el apoyo a un mercado libre no condicionado por la interferencia pública será posible restablecer un auténtico equilibrio, en el que la propiedad sea respetada como un derecho fundamental y los contratos sean efectivamente vinculantes. El camino a seguir es el del respeto a los derechos de quienes han invertido en sus recursos , principio esencial para una sociedad abierta, libre y próspera.
Agradecemos al autor el permiso para publicar su artículo, publicado originalmente en L’Opinione delle Libertà: https://opinione.it/economia/2024/11/06/sandro-scoppa-morosi-affitti-proprietari-tassa-mercato-libero/
Sandro Scoppa: abogado, presidente de la Fundación Vincenzo Scoppa, director editorial de Liber@mente, presidente de la Confedilizia Catanzaro y Calabria.
Twitter: @sandroscoppa